Categoría: Opinión

 

Por Carlos Ordosgoitia Sanin
Alcalde de Montería

Desde el inicio del Gobierno de la Gente entendí que uno de los pilares indispensables para la supervivencia del ser humano es la salud, bien público de vital importancia y determinante del bienestar de una sociedad en su conjunto, que unido a la educación proporciona las condiciones básicas para el desarrollo humano en todos los ámbitos.

Siendo la salud un derecho fundamental plenamente constituido y, entendiendo a cabalidad la necesidad de tener acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad, apoyamos decididamente y sin reserva alguna a los habitantes de la comuna 6, que desde hacía muchos años clamaban por la construcción de un hospital; obra que en 2020 recibimos con ítems no contemplados, muchísimas dificultades y la imposibilidad de que pudiera funcionar si decidíamos seguir la hoja de ruta que estaba planteada. El camino fácil era simplemente parar e indicar que este era un proyecto inviable al que no podíamos darle continuidad, pero ese no es nuestro talante.

En el Gobierno de la Gente, a pesar de esas circunstancias adversas en las que no había una solución a corto plazo, decidimos arroparlo, porque éramos conscientes de su importancia. No podíamos cercenar la esperanza de miles de habitantes del sur de la ciudad. Por el contrario, optamos por el mejor de los caminos, construir sobre lo construido, llevando el Cemento con Corazón para alimentar esa ilusión que hoy es un logro cumplido.

Las obras civiles están al 100 %. Con un área de 3.000 m², que marca el sentimiento noble y justo de una comunidad, este hospital se convierte en el segundo más grande del departamento; lo que demuestra el compromiso que tenemos con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de Montería.

Esta estructura impactará positivamente a más de 150.000 personas de barrios aledaños y corregimientos cercanos y con ella se acabarán las largas distancias para recibir atención médica, lo que redunda en el alivio del bolsillo de los usuarios, quienes se ahorrarán sobrecostos en el transporte.

La inversión en infraestructura de salud es fundamental para el bienestar de nuestra gente. Por eso, este centro asistencial era un compromiso que teníamos que sacar adelante y lo logramos. Nuestro gobierno continúa satisfaciendo las necesidades de Montería y seguimos dando pasos gigantes hacia ese mejor futuro que estamos cimentando para los próximos 50 años, en el que la premisa fundamental es la de que todos los monterianos estemos bien.

Ahora avanzamos muy rápido en dos proyectos para la dotación. Uno con recursos propios para el mobiliario y otro, que ya radicamos en el Ministerio de Salud, en el que se contempla la adquisición de equipos de tecnología de punta y especializados para la atención de urgencias, hospitalización y salas de partos, únicas en la región.

Para ello, se construyeron 17 consultorios para consulta externa con servicios de promoción y mantenimiento de la salud para vacunación y citologías; tres unidades odontológicas; un área de hospitalización; una de internación obstétrica; un área de esterilización; un laboratorio clínico; un área de rayos X y una farmacia.

A lo que sumamos un amplio auditorio con capacidad de más de 100 personas, para la realización de actividades académicas y científicas en beneficio de la comunidad. Trabajamos también para que la sede administrativa de la ESE Vida Sinú quede en la zona contigua al centro de salud.

Este hospital es algo más que un edificio, es un símbolo de esperanza, progreso y prosperidad. Es una muestra más de la grandeza que le hemos impreso a Montería, gracias a la construcción colectiva y a que nuestra prioridad es la resolución de las necesidades de la gente, por encima de todo lo demás. ¡Nos comprometimos y lo hicimos realidad!

 

Por: Luis Gabriel Degiovanni

Hoy en Montería la inseguridad es el pan de cada día.

Este municipio está repleto de historias que nadie quisiera contar. Historias de terror que duelen y se multiplican.

Nos preocupa esta problemática, por eso dialogamos con algunas víctimas, a quienes la vida les cambió en un instante.

Los de la moto negra

“Yo no veo, yo no veo, no me vayas a matar”, le imploraba Andrea a la mujer que la amenazaba con un puñal, diciéndole “si me ves la cara te mato”. Eran las 11:30 de la noche y los momentos de terror los vivía en la terraza de su casa en el barrio Buenavista, sur de Montería, Comuna 3.

Andrea llegaba a su vivienda acompañada de su esposo, a quien un hombre, el cómplice de la delincuente, le apuntaba en la cabeza con un revólver para que se quedara quieto, mientras les robaban sus pertenencias. Los residentes venían de una cena, se bajaron del vehículo y mientras ella abría la puerta, en cuestión de segundos, se les apareció el de la moto negra, para generarles temor.

Se les llevaron cadenas de oro, dinero y celulares. Hoy, tres meses después del hecho, tienen cámaras en su casa, cotizan para comprar rejas y encerrarse ‘desde el piso hasta el techo’ y, según me contó Andrea: “eso no se supera. Ahora cuando llegamos antes de la media noche llamamos a mi mamá para que nos abra la puerta y cuando vemos que hay un motorizado en la zona, damos vueltas y vueltas por la calle, hasta que no vemos a nadie, para podernos bajar del carro.

«No volvimos a sentamos nunca en la terraza, tampoco nuestros vecinos, Montería está invivible, la inseguridad nos mantiene presos en nuestras casas”.

La historia de miedo que sintió en carne propia esta abogada la viven cientos de monterianos, quienes a gritos piden acciones, dejando en claro que enfrentar la problemática es uno de los grandes retos que demanda la ciudad.

El barrio Buenavista donde sucedió este lamentable hecho es uno de los sectores donde el “hurto a personas” aumentó entre los meses de enero y lo que va corrido de mayo de 2023, en comparación con la misma fecha en el 2022, en un 113%.

Según cifras de la Policía Metropolitana de 8 hechos denunciados el año pasado se pasó a 17 en lo que va de 2023.

“Ya no se puede comer tranquilo”

Llegaron a Montería con el único objetivo de disfrutar la ciudad.

Estuvieron de paseo por la Ronda del Sinú, sitio turístico para propios y foráneos, que abraza con todas sus fuerzas, en su recorrido, al majestuoso e imponente río Sinú.

Después de caminar los dos kilómetros que tiene el ‘pulmón ambiental’ decidieron ir a comer al barrio Los Laureles, de la Capital. Este sector está ubicado en la Comuna 7 y en los últimos años ha hecho una transición de residencial a comercial.

Precisamente, en uno de sus restaurantes se sentaron a comer. Carmen llegó con su hijo y una sobrina, menor de edad.
Mientras esperaban el pedido, dos hombres armados entraron al sitio y despojaron de sus celulares, portátil y bolsos a los ocupantes de tres mesas.

“Desde ese día sufro de ansiedad, desconfianza y estrés postraumático, siento que me persiguen. Me vine de Cotorra para Montería y lo que menos esperaba era pasar el peor momento de mi vida”, textualmente esto me contó Carmen, con quien me reuní precisamente porque es necesario conocer a fondo el problema para que las soluciones también lo sean.

El hecho quedó grabado en las cámaras de seguridad del sitio, cuyas imágenes y videos se viralizaron, al tiempo que ratificaron que la otrora Ciudad de Las Golondrinas, donde escuchábamos los cuentos de las abuelas en las esquinas y terrazas; donde hasta altas horas de la noche, en los angostos callejones de algunos barrios los amigos se divertían y las parejas se declaraban su amor, está en crisis por un flagelo que afecta la economía, convivencia y tranquilidad de los monterianos: la inseguridad.

Las cifras respaldan lo que la comunidad manifiesta y los hechos todos los días se publican en los medios de comunicación. Es una verdad que la zozobra se ‘campea’ por la Capital Ganadera de Colombia, a pesar de las acciones que realiza la Fuerza Pública para contrarrestar la problemática.

Triste y endeudada

Luisa también fue víctima de los delincuentes, todavía cuenta su historia y llora.
En diálogo con esta gran madre de familia pude notar su desespero, y no es para menos, pues prestó dinero para comprar un celular que es una herramienta en su trabajo como comunicadora social-periodista.
“Ni siquiera me di cuenta cuando me robaron el celular, pues lo llevaba en el bolso. Iba en transporte público y cuando llegué a mi casa ya no lo tenía. No entiendo qué pasó, yo iba sentada y creería que me echaron algo porque llevaba los audífonos escuchando música, y ni siquiera me percaté que ya no oía nada. Ahora debo dinero y no tengo como responder en el trabajo”, expresó Luisa, quien reside en un sector de la Comuna 5, donde precisamente las cifras de hurtos van en aumento.

Por ejemplo, en El Centro este 2023 van 33 casos reportados, el año anterior para la misma fecha eran 22; Colón pasó de 3 a 11 hechos y Nariño, de cero (0) a 4 reportados.

Andrea, Carmen y Luisa tienen historias parecidas a la de Roberto, quien vive en La Pradera, en la Comuna 6. Todos fueron víctimas de la delincuencia y esperan que Montería mejore en materia de seguridad.

A este último le robaron, durante los primeros días de enero, en la terraza de su casa. Lo encañonaron con un revólver y se le llevaron su celular. No pudo oponer resistencia porque los sujetos que se transportaban en moto amenazaron con matarlo. “No se deje matar….” le dijeron. En ese momento recordó a sus dos hijas y prefirió evitar una tragedia.

Historias como estas, que a muchos ciudadanos les da miedo denunciar, se multiplican en las diferentes comunas y corregimientos de Montería, dejando claro sobre la mesa la necesidad de un plan de seguridad y convivencia para que los monterianos podamos aprovechar esos espacios que se han venido construyendo en el camino por internacionalizar a nuestra Capital, conformada por gente trabajadora, empoderada y emprendedora.

¡Vamos porque Vamos! en la lucha de hacer de Montería una ciudad segura.

 

Por: Marcos Daniel Pineda García

Esta semana, la bancada del Partido Conservador tomó la decisión de no apoyar el texto de Reforma Laboral presentado por el Gobierno nacional y además, solicitar que se archive. No me cansaré de repetirlo: en independencia, acompañaremos sin ningún cálculo político las iniciativas del gobierno que sean benéficas para el país, así como tomaremos distancia de aquellas reformas que consideremos nocivas para los colombianos.

Sabemos que es necesario reformar la normatividad laboral de Colombia. En 1950 se expidió el Código Sustantivo del Trabajo en medio de un Estado de Sitio y sin pasar por el Congreso de la República, debido a la alteración del orden público en el territorio nacional. Han pasado 73 años y este código sigue vigente en nuestro país.

A pesar de haber quedado obsoleto en varios aspectos, en su primer artículo, el Código Sustantivo del Trabajo habla del equilibrio de las relaciones entre empleado y empresa, lo que sentó las bases para un entorno laboral un poco más justo en nuestro país. El proyecto presentado este año por el Gobierno nacional desconoce ese principio, a la luz de todo análisis.

Preocupa mucho que esta iniciativa esté visiblemente dirigida a satisfacer los intereses de una sola de las partes. Quedarían fortalecidos los beneficios para las personas que ya tienen la fortuna de estar empleados, especialmente las que cuentan con fuero sindical, pero se atenta contra las fuentes de empleo y eso evitaría la generación de nuevas oportunidades de trabajo en el país, eso sin contar con el futuro incierto que tendrían las medianas y pequeñas empresas.

El proyecto de Reforma Laboral no combate los dos flagelos más grandes que actualmente azotan el mercado laboral colombiano: el desempleo y la informalidad.

Imponer contratos a término indefinido, incrementar exageradamente las tablas indemnizatorias a cargo del empleador, los recargos al 100% que incrementan costos a los sectores que laboran permanentemente en horario nocturno, contratación de extranjeros sin ninguna restricción y eliminación de la posibilidad de suscribir pactos colectivos entre empresa y trabajadores no sindicalizados, son solo algunos de los puntos del proyecto, que amenazarían fuertemente la estabilidad de las empresas que no cuentan con grandes fuentes de financiación o que no generan lo suficiente para solventar estas obligaciones.

Los mercados cambian y con ellos las necesidades de las empresas, una premisa que se debe tener muy en cuenta, sobre todo si consideramos que se nos vienen más reformas este año y la economía del país no pasa por un buen momento. La creciente informalidad, se convierte en un agravante en esta compleja situación, que preocupa por igual a todos los sectores de la producción.

Hay que reformar la obsoleta normatividad laboral que tenemos desde hace siete décadas, por supuesto, pero también se deben promover las diferentes modalidades de empleo que existen, como las plataformas digitales de las que dependen más de 120 mil repartidores, solo por mencionar uno de tantos ejemplos. En lugar de flexibilizar la contratación para abrir más oportunidades, la reforma tal como está planteada, generaría una carga laboral impositiva que no se compadece con la realidad económica del país.

No podemos acabar con la ilusión de tantos colombianos que hoy hacen fila esperando una oportunidad de trabajo, que quieren emprender o que sostienen a sus familias gracias a un empleo alternativo; tampoco podemos permitir que se nos imponga una reforma que ocasionaría una crisis nacional, por eso es tan importante escuchar a todos los sectores y tener en cuenta el sentir de la gente. ¡Esto no es con radicalismos ideológicos, el reto es sacar adelante reformas que solucionen los problemas estructurales que hoy el país reclama!

 

*Por Carlos Ordosgoitia Sanin*

*Alcalde de Montería*

Montería ha cambiado para bien. Entendimos que el desarrollo no podía ser limitado a sectores exclusivos, motivo por el cual en el Gobierno de la Gente le apostamos al ciudadano, a sus ideas, a sus necesidades, a su sentir y a la visión que ha surgido de la mente, el corazón y los anhelos de cada monteriano.

Los sueños y esperanzas, que nacieron del concurso ciudadano; de recorrer las calles; de sentarnos en mesas de planificación con las comunidades, los gremios y la academia; de tomarnos un café; de dormir en sus casas y de compartir con ustedes en sus jornadas laborales o académicas, están a la vista de todos.

Le hemos hecho frente a los obstáculos, superamos la pandemia y seguimos sorteando las vicisitudes propias de la función y la administración pública. Dificultades que no hemos visto como un problema, sino como una gran oportunidad para mejorar y brindar mayores oportunidades para nuestros niños y niñas, que hoy tienen más de 140.000 m2 de espacios públicos; jóvenes para quienes construimos el CIS Ahora La Gente – Universidad del Sur; sociedad civil; mujeres; adultos mayores y todas nuestras comunidades étnicas, campesinas, víctimas, comunitarias, LGTBIQ+, con discapacidad y protectoras de animales, con las que hemos sostenido diálogos permanentes para garantizar la protección de sus derechos.

El sur, la margen izquierda y la zona rural dejaron de ser las cenicientas. Revertimos esa situación y hemos logrado un gobierno empático y cercano al ciudadano. Las metas, proyectos, acciones e inversiones de nuestro gobierno no se han detenido. Estamos saldando deudas históricas y le hemos devuelto la esperanza a los monterianos.

Somos la capital más segura del Caribe, destacándonos por registrar las menores cifras por cada 100 mil habitantes en homicidios, hurtos, violencia intrafamiliar y extorsión.

En la vigencia anterior, aumentamos un 133 % el parque automotor de la Fuerza Pública para mayores patrullajes y operativos. Pusimos en marcha el POT, sembramos 42.600 árboles, intervenimos más de 2 millones de m2 en zonas verdes, pavimentamos 38 km de vías rurales y urbanas, mejoramos 354 km de vías terciarias, construimos y mejoramos más de 57.000 m2 de parques, logramos matricular a 81.308 estudiantes en nuestras diferentes sedes educativas, entregamos más de 5 millones de raciones alimentarias en el marco del PAE y fuimos la primera ciudad del Caribe con mejores resultados en las Pruebas Saber 11.

Las ferias de emprendimientos lograron ventas superiores a los $400 millones, los Festivales Montería Me Sabe superaron todas las expectativas y se lograron ganancias por encima de los $1.000 millones. Sancionamos las políticas públicas de protección animal y LGTBIQ+, atendimos más de 10 mil estudiantes con la estrategia Prevenir para Vivir Sanamente, invertimos más de $390 millones para la atención del dengue y la malaria e instalamos 575 nuevas señalizaciones verticales y más de 2.000 dispositivos de regulación de velocidad para una mayor seguridad vial.

Beneficiamos a más de 28.000 personas con los programas de inclusión social, realizamos el mantenimiento de nuestros escenarios deportivos. El presupuesto del municipio fue de $1.2 billones y recaudamos más de $51.000 millones de ICA y más de $49.000 millones por concepto del predial.

Cerramos 2022 con cifras maravillosas, lo que nos alienta a trabajar el triple, para seguir afianzado a Montería como una de las ciudades capitales con mayor proyección del país. Continuaremos solidificando las bases de la ciudad con la visión de un desarrollo exitoso durante los próximos 50 años.

Con infinita emoción, orgullo y satisfacción, desde el Gobierno de la Gente podemos mirarlos a los ojos y decirles que hemos consolidado una Montería Grande.

 

Por: Jairo Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

El pasado 23 de mayo, la comisión sexta de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate, la reforma de los Artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 que rige la educación superior y que permite avanzar en la aprobación de un nuevo modelo de sostenibilidad financiera de la universidad pública; un paso importante en el trámite de una reforma necesaria y demandada por los estamentos del sector de la educación superior y los jóvenes de Colombia; la cual tiene como propósito el fortalecimiento de la universidad pública. Importante indicar, que el actual modelo de asignación y distribución de recursos financieros para las universidades que conforman el Sistema Universitario Estatal SUE consta de varios componentes: el presupuesto destinado al funcionamiento e inversión.

Los recursos de funcionamiento orientados al crecimiento sostenible de los provistos por el Estado y requeridos para la marcha de las universidades públicas, conformado por cuatro factores: presupuesto para el funcionamiento con ajustes por diferencias salariales, productividad docente, aumentos de cobertura y cierre de brechas interinstitucionales. Estos recursos tienen un indicador de transferencia IPC. En este sentido, desde 2019 el SUE trabajó y construyó un nuevo modelo de asignación de recursos para la sostenibilidad de las universidades oficiales; que impida, los déficits anuales originados en los costos educativos superiores al IPC. Estos costos han causado el desfinanciamiento estructural de la universidad pública y con ello, una tendencia progresiva a la autosostenibilidad.

La construcción del Ices (índice de la canasta educativa), como nuevo modelo financiero para la asignación estatal de recursos al SUE; reconoce la complejidad del sistema y su diversidad; a la vez que, propende por el cierre de brechas regionales, institucionales y sociales. Entonces, ¿cuál es el contenido del modelo propuesto por el SUE? El nuevo modelo recoge las experiencias vividas por el Sistema, desde la aprobación de la Ley 30 de 1992, donde hemos tenido incremento en cobertura al pasar de 152 mil estudiantes en el año 1993 a 650 mil en 2023. Esta ampliación de cobertura está acompañada de otros cambios como son: la formación de los profesores universitarios, investigación, internacionalización, movilidad de estudiantes, acreditación de programas y todo lo que tiene que ver con lo institucional.

Este crecimiento de las universidades implicó un proceso de mejoramiento en los factores que constituyen una política de aseguramiento de la calidad. Todos los costos asociados a la educación superior pública de calidad tienen crecimientos superiores al IPC; lo que ha generado un desfinanciamiento estructural. El actual modelo de sostenibilidad de las universidades públicas está soportado en el IPC, como indicador de transferencia de la Nación a las universidades; lo que siempre ha sido insuficiente para el financiamiento del SUE. Por consiguiente, el nuevo modelo propuesto corrige el desfinanciamiento y permite la sostenibilidad financiera del SUE.

Hacemos un reconocimiento al liderazgo y apoyo de los congresistas de la comisión sexta de la Cámara de Representantes, por aprobar en primer debate esta reforma de los Artículos 86 y 87 de la Ley 30; un paso importante en el legislativo para hacer realidad una reforma que garantiza la sostenibilidad financiera del SUE.

 

Es la vida de los motociclistas el tema que debe estar en el centro del debate y no las restricciones a ese actor de la movilidad que aporta 7 de cada 10 muertos en siniestros viales.

Por: Oswaldo Marchena Mendoza.

@marchenojob

Lo primero que debe hacer el nuevo alcalde, o alcaldesa de Montería, es proponer la eliminación de la actual Secretaría de Tránsito y crear la Secretaría de la Movilidad. Eso sería un primer avance para tratar de soltar el nudo de la movilidad que se forma en varios puntos de la ciudad y comenzar a bajar el pico de muertes en siniestros viales.

Una Secretaría de Movilidad dotada con tecnología y técnicos expertos en tránsito y transporte, y que tenga la capacidad de diseñar una estrategia de seguridad vial sintonizada con las políticas departamentales y nacionales.

Es contradictorio, pero lo que más les duele a los motociclistas en Montería, no es el hecho que son quienes más aportan a las víctimas mortales en siniestros viales (7 de 10 fallecidos es el promedio en Córdoba), sino que les limiten las movilizaciones por zonas céntricas de la ciudad y la circulación con parrilleros. Nunca se ha visto una manifestación de conductores de motos, protestando porque son ellos quienes más están muriendo en las vías.

En Colombia, según estudios de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, seis de cada diez fallecidos por siniestros viales son motociclistas. Señala esa entidad, que la velocidad sigue siendo uno de los factores que más incide en la letalidad de los siniestros.

Las cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (siempre están rezagadas) indican que este año, con corte a abril, 37 motociclistas perdieron la vida en siniestros viales en Montería, cuatro más que los 33 que fallecieron por la misma causa en dicho período el año pasado. La cifra es mayor, pero me refiero solo a datos oficiales.

Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, en las vías de Montería se apagaron 100 vidas durante el 2022 como consecuencia de los siniestros viales. De lejos, este año vamos a superar esa cifra.

En la carrera por la alcaldía de Montería se le escucha a los candidatos y candidatas prometer que no bajaran de la moto a quienes derivan su sustento de ella, mientras no les consigan alternativas laborales, olvidando en sus narrativas cercanas a la retórica y lejos de la dialéctica que el tema más importante para esos actores de la movilidad es que están perdiendo la vida en su carrera por llevar el pan a sus hogares.

Una Secretaría de Tránsito inoperante.

La actual Secretaría de Tránsito de Montería no cuenta con la tecnología y el talento humano necesario para garantizar la seguridad de las personas cuando se movilizan. Debo aclarar que no me refiero a quienes trabajan en esa entidad, porque el tema pasa por la pobre estructura y

la falta de recursos (financieros y tecnológicos) de la misma. Por muchos buenos propósitos que tenga un secretario de Tránsito de hacer las cosas bien en la ciudad, no podrá adelantar acciones de seguridad vial y de ingeniería de tránsito debido a la precariedad institucional de esa dependencia.

¡Ojo, candidatas y candidatos a la alcaldía de Montería, es la vida de los motociclistas el tema que debe estar en el centro del debate y no las restricciones a ese actor de la movilidad que aporta 7 de cada 10 muertos en siniestros viales en Córdoba!

 

 

Por: Aura Benedetti A.

Les confieso que me equivoqué. En algún momento pensé y hasta lo expresé públicamente: “Más reversa tiene un avión que la integración entre Viva y Avianca”.

Y resulta que no, si algo ha quedado claro con la crisis del sector aéreo que nos golpea a todos es que en el sector transporte cada minuto cuenta. Hace unos días Avianca comunicó que definitivamente no acepta los condicionamientos establecidos por la Aerocivil y que desiste de cualquier integración con Viva. Recordemos que la Aerocivil había decidido favorablemente la integración bajo unas condiciones, algo así como un sí pero no así.

En este mismo sentido, es necesario traer a colación que en el año 2022 esta entidad había emitido pronunciamiento negando la integración, pero como quiera que aún le quedaban recursos a las aerolíneas interesadas, el proceso siguió su curso. De hecho otras aerolíneas del mercado e interesadas en comprar a Viva entraron al proceso y ante ello, Viva comunicó sus reparos al respecto argumentando que cualquier negociación con un tercero le tomaría mucho más tiempo al proceso.

Pero en realidad, ¿duró mucho el proceso?

Para Avianca jugó un papel importante en su decisión final la falta de celeridad, pues se solicitó la integración junto a Viva desde agosto del año pasado, teniendo como argumento principal las dificultades financieras de Viva y salvar los empleos de quienes trabajaban para ésta low cost.

Por su parte, Viva llevaba varios meses insistiendo en la necesidad de integrarse con Avianca y que se tomara una decisión de fondo al respecto y en un plazo lo más expedito posible, como única solución a la crisis que se encontraba atravesando y como si fuera poco desde finales de febrero comunicó de forma sorpresiva para muchos que suspendía temporalmente el negocio de los vuelos, lo que también implicaba a su vez la suspensión del transporte de carga nacional e internacional por las razones ya conocidas: situación financiera y por asuntos relacionados con proveedores. Para otros no fue tan sorpresiva la suspensión pues la aerolínea meses atrás venía cancelando rutas y frecuencias y fue un: “se veía venir”.

Ahora bien, no estamos ante un asunto cualquiera, el transporte es un servicio público regulado por el Estado, el sector transporte y con él, el sector transporte aéreo es uno de los que más ha sufrido con la pandemia ocasionada por el covid 19. Casi que a nivel global los vuelos estuvieron suspendidos más de tres meses, sólo operando el transporte aéreo de carga y apuntémosle a la sinceridad: ¿qué empresa o qué organización se sostiene con tres meses en pausa?

A las aerolíneas como muchas otras empresas que estuvieron en pausa no les ha quedado de otra que buscar estrategias para sobrevivir. Los impactos de la pandemia no sólo fueron los producidos a corto plazo, ya que afectó a todas las compañías aéreas del mundo, y al parecer impactó mucho más a las low cost.

Así las cosas, ¿Necesitamos mecanismos mucho más eficientes en el sector cuando se trata de intereses de esta magnitud? ¿Cómo se le va a responder a los viajeros?

Pese a que esto nos deja entrever que se hace necesario contar con plazos más exprés para los pronunciamientos de algunas entidades del sector y más cuando estamos ante asuntos tan delicados y que no dan espera, aquí la realidad es que Colombia no sólo perdió una low cost, aquí perdieron miles y miles de viajeros nacionales y extranjeros sus vuelos y conexiones, muchas agencias de viajes perdieron, cientos de trabajadores perdieron sus empleos directos e indirectos y es incalculable cómo se afecta a proveedores y cómo impacte en el sector financiero tanto nacional como internacional a mediano y largo plazo, por aquello que todos conocemos: muchas empresas y organizaciones funcionan con los créditos.

Es evidente que hay muchos términos normativos que cumplir estrictamente, pero también muchos meses pasaron esperando una respuesta. Y me queda el sinsabor de si el gobierno nacional hizo o no todo lo que estaba a su alcance.

Ahora bien, ¿Le correspondía al gobierno tirar algún tipo de salvavidas al respecto?

El asunto tiene tanto de largo como de ancho, muchas voces afirmaron que la salida abrupta del mercado de Viva se trataba de una presión mediática realizada por las aerolíneas interesadas para quedarse con todo el monopolio del mercado, pues tuvieron la posibilidad de comunicarle con antelación a los usuarios lo que estaba sucediendo, y aun así siguieron permitiendo la compra de vuelos por parte de los viajeros y por parte de las agencias.

Está claro que las aerolíneas aquí y en la Conchinchina no son ningunas santas palomas. En realidad falta muchísimo más control, las aerolíneas a veces nos dan la impresión de ser una rueda suelta que nadie controla, pero lo peor de lo peor es que los usuarios del transporte nos hemos llegado a sentir huérfanos en la protección de nuestros derechos e intereses y las aerolíneas se deben a los consumidores. Sin consumidores no hay aerolíneas.

A nivel nacional tenemos a la Superintendencia de Industria y Comercio, donde los usuarios afectados tienen la posibilidad de hacer una reclamación sin abogados, pero advierto, son muchas las formalidades y si o si se necesitará de un abogado por muchas variables: el cumplimiento de los términos, la elaboración de la demanda, sustentar los recursos y pare de contar. Una demanda ante la SIC es desgastante incluso para los profesionales del derecho y a esto hay que adicionar que no pueda ser de interés en ocasiones para estos profesionales porque pueden ser negocios de muy bajas cuantías y mucho desgaste.

No puedo terminar este escrito sin resaltar que Avianca desde el cese de operaciones de Viva ha transportado a muchos de los usuarios que perdieron sus vuelos, no sólo de Viva sino también de Ultra, se estima que son cerca de 160 mil pasajeros atendidos por Avianca según datos expresados por la misma aerolínea en su página web y periódicamente ha venido ampliando el plazo para que usuarios de Viva que aún no se han acercado a tomar su vuelo lo hagan.

Ante este panorama se necesita del acompañamiento decidido del gobierno nacional para brindar soluciones a los consumidores. Los usuarios del transporte aéreo necesitamos so-lu-ci-o-nes, mecanismos no sólo más ágiles sino también eficaces para la reclamación de nuestros intereses. ¿Y cómo resolver el problema de fondo? Hay que estudiar medidas desde adentro del sector transporte y desde adentro de la operación aérea que permitan un impacto positivo, tales como: la reducción del IVA al servicio del transporte aéreo y el combustible y que sin lugar a dudas repercutirían positivamente en la operación de las aerolíneas, y que además puede ser tema de otro artículo, porque éste ya se nos extendió demasiado.

Entre tanto, la conclusión se las dejo a ustedes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por: Luis Gabriel Degiovanni

Nací y crecí en el barrio Chuchurubí, en el centro y corazón de la ciudad de Montería, época de la que tengo gratos recuerdos al lado de mis padres y hermanos. Viví una infancia feliz. Recuerdo que la gente solía sentarse en las terrazas de sus casas a “coger fresco” y tertuliar hasta bien entrada la noche. Se conversaba sabroso en interminables noches de vigilia y amistad. Escuchar sobre la ocurrencia de hechos delictivos no era común. Raramente se oía hablar de un robo, un hurto y mucho menos de una muerte violenta.

Hoy Montería respira aires de desarrollo y progreso, y se ha convertido en una de las ciudades intermedias más importantes del país, es un referente de avance urbanístico y en un gran atractivo para inversionistas, proyectos comerciales y de negocios. Hacia los cuatro puntos cardinales se desarrollan proyectos inmobiliarios, se construyen urbanizaciones y conjuntos de torres, hay imponentes centros comerciales, una amplísima oferta gastronómica, buenos hoteles, almacenes y tiendas de cadena y una importante vida nocturna con ofertas para todos los gustos. También han llegado un número importante de universidades e instituciones técnicas que poseen interesantes programas académicos, lo que significa que ya nuestros jóvenes no tienen que ir a otras ciudades a prepararse profesionalmente, sino que lo pueden hacer aquí, con resultados sobresalientes.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de las autoridades, como en otras capitales del país, hoy crecen fenómenos que aquejan a la ciudadanía, y el deterioro en la seguridad es sin duda un tema que preocupa a los hogares en nuestra ciudad. De acuerdo con las estadísticas oficiales, en Montería se registran diariamente 14 delitos de alto impacto, en 11 barrios de la ciudad ocurren hechos de esta naturaleza, pero la situación torna más aguda en el centro, donde han sucedido, en lo que va corrido de 2023, 33 eventos perturbadores del orden público, en el barrio La Pradera, donde han tenido lugar 29 hechos delincuenciales y le siguen La Castellana con 22, La Granja con 19 y Buenavista con 17.

Los delitos que van en aumento son: Hurto a personas, que se incrementó en un 32% frente al mismo periodo de tiempo (enero a mayo de 2022), lesiones en accidentes de tránsito 26%, extorsión 25% y hurto a motocicletas. Se han registrado 270 casos de lesiones personales, 208 de violencia doméstica, 88 de hurto a comercio y 75 de hurto a viviendas. También se han registrado 30 hurtos de motocicletas.

Sobre este tema he conversado con distintas personas. Líderes comunales, comerciantes, empleados, docentes, estudiantes, conductores y todos coinciden en que se sienten inseguros en Montería. Cuando caminan se sienten nerviosos y desconfiados pensando que les van a robar el bolso, el celular o el dinero.

La gente añora los tiempos en que podía sentarse en su terraza a cualquier hora del día y de la noche a charlar, compartir y tomar aire fresco. Las familias decidieron instalar rejas y mecanismos de protección, las casas parecen hoy jaulas, el temor a ser víctima de la delincuencia se apoderó de las personas, las puertas se cerraron y la desconfianza y el desasosiego son el pan de cada día.

Estamos perdiendo una de las cosas más sagradas e importantes de la vida: La tranquilidad y la confianza. Eso que caracterizó al monteriano, al campesino, a la gente del pueblo, eso que nos identificaba y que nos hacía sentir orgullosos de esta tierra, paulatinamente está desapareciendo, sin que actuemos de manera contundente para evitarlo.

La seguridad es vital para construir tejido social y convivencia pacífica. Una ciudad insegura es inhabitable, insostenible, no prospera, no crece, no avanza. Hoy, se requieren decisiones audaces, ejercicio de la autoridad, mucha participación comunitaria, apoyo a la Fuerza Pública y uso de tecnología de punta para prevenir y contrarrestar la delincuencia.

Urge la creación de una secretaría de seguridad y convivencia, que sea el doliente de este asunto, que trace y lidere las políticas y acciones para garantizar uno de los mandamientos esenciales de nuestra constitución: La vida y los bienes de la población.

Poner en marcha un programa de gestoría de convivencia y trabajar de manera articulada con las Juntas de Acción Comunal para que el tema de seguridad se incorpore a la vida cotidiana de la gente, es vital para lograr resultados al corto y mediano plazo.

Hoy no funciona ninguna de las 103 cámaras instaladas para combatir la delincuencia, algo realmente inverosímil. Es necesario, no sólo que funcionen, sino que posean la capacidad de identificar rostros y obtener información y datos de las personas, vehículos y motocicletas. Utilizar elementos como los drones para vigilar zonas complejas y espacios vulnerables al delito, promover la cultura cívica de denuncia ante cualquier hecho sospechoso, crear programas como “Mi barrio seguro”, premiando con obras aquellos sectores que alcancen menores índices de delincuencia y fortalecer los programas de recompensa, son algunas de las acciones que podrían implementarse en aras de mejorar la preocupante inseguridad imperante en la bella y amada Montería.

Sin duda se deben sumar esfuerzos y trabajar arduamente para recuperar la sensación de seguridad que en otros tiempo caracterizó a Montería. Trabajemos para recuperar la tranquilidad, para que podamos volver a las terrazas.

 

 

 

 

 

 

 

Por: Jairo Torres Oviedo

 Rector de la Universidad de Córdoba 

La educación tiene como propósito esencial, formar para transformar la vida de los seres humanos y su entorno social. Esta ha sido la preocupación desde el mundo antiguo, los Griegos centraron su reflexión y acción educativa en el principio de la Epimeleia (cuidado de sí mismo). Era necesario cultivar la dimensión interior del ser, lo que en teología definimos como el alma o espíritu a través de las virtudes; entendidas como hábitos permanentes convertidos en costumbres; ejemplo, la justicia, honestidad, valentía…

Además, el cuidado del cuerpo, en términos físicos; era el Ethos para pensar la educación como Paideia. Esta dimensión filosófica permite pensar la educación en su esencia en estos tiempos de individualismo. El presente muestra una complejidad social que demanda una educación reflexiva y crítica que trasciende por lo humano y sensible; es decir, una dimensión ética y estética de la existencia. Hace más de dos mil años, los griegos crearon la noción de Paideia, con la idea de concebir una educación para toda la vida, idea que ha tenido transformaciones como resultado de los cambios de comportamiento social de quienes son los protagonistas en educación; profesores y estudiantes.

En cuanto a la educación tradicionalista, estaba centrada en la moral; la función del maestro era garantizar su trasmisión y vivenciarla en la vida personal y social. En palabras del profesor Zygmunt Bauman, esta visión de maestro y estudiante es mucho más antigua que la era moderna que la inventó. Lo anterior, se evidencia con el proverbio chino que se anticipó dos mil años a la modernidad: “Si tu plan es para un año plantar arroz, para diez años planta árboles y para cien años educa a los niños”. Esta milenaria sabiduría ha perdido su valor pragmático con la entrada en los líquidos tiempos modernos. La sociedad líquida nos sitúa frente a unas nuevas realidades y formas de concebir la educación, la función del maestro y estudiante, no como algo absoluto; sino el reto de repensar todo el proceso educativo y sus actores en función de estos tiempos de incertidumbres. La sociedad líquida se legitima en la inmediatez, niega lo permanente, las lealtades en lo interpersonal e institucional, los vínculos afectivos; todo debe ser transitorio.

En este sentido, si la vida premoderna o tradicional consistía en una práctica diaria de la infinita duración de todo; excepto la muerte, la vida moderna líquida es un ensayo diario de la transitoriedad. Los ciudadanos del mundo líquido descubren que no hay nada destinado a perdurar. Por consiguiente, la educación en un mundo líquido, para ser de calidad necesita propiciar la conciencia critica; para ello, necesitamos maestros que provoquen e inspiren; que, desde las aulas enfrenten la apatía generada por la distracción y el egoísmo de la cultura del entretenimiento; caracterizada por el narcisismo, hedonismo y Posverdad; donde sus miembros gastan el tiempo, no en el presente; sino en otro lugar, en mundos irrelevantes de las telenovelas, el futbol, reality, mitos y supersticiones. Estos son los nuevos dispositivos de control; los panópticos de lo que hablaba Foucault. Corresponde a los maestros y maestras de Colombia, repensar la educación y hacer de la práctica educativa una acción transformadora.

 

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Alcalde de Montería

A lo largo de este camino que emprendimos, en el Gobierno de la Gente, siempre hemos tenido un rumbo definido en la visión, planificación, construcción y materialización de una Montería Grande.

Pese a las dificultades, propias del ejercicio de la función pública y la administración de la ciudad, hemos salido avante, brindando a la ciudadanía soluciones en tiempo real. Nuestro gobierno ha sido de puertas abiertas y resiliente.

Hacemos lo importante para no tener que hacer lo urgente, esa es una de nuestras premisas fundamentales. Hemos sabido honrar nuestra palabra de llevar el desarrollo a los sectores que durante décadas clamaban por inversiones en sus barrios y corregimientos.

Hoy podemos decir que la margen izquierda, el sur y en especial la zona rural dejaron de ser cenicientas. Pasamos de un cemento frío a un Cemento con Corazón, que alimenta el espíritu de la gente y genera felicidad en las comunidades.

Destinamos más de $225.000 millones para la pavimentación de 95 km, 42 más que en el cuatrienio anterior. En zona rural, superamos los 41 km de nuevos pavimentos construidos, a lo que sumamos el mejoramiento de vías terciarias con maquinaria amarilla, con el que nos acercamos a los 700 kilómetros intervenidos.

Entendemos las preocupaciones de los monterianos y por ellas trabajamos día a día, porque sus anhelos y esperanzas también son nuestros, son el motor y la esencia del Gobierno de la Gente.

Nuestros frentes de obra están en plena actividad, luego de trámites contractuales y administrativos, que en muchas oportunidades no son tan rápidos como quisiéramos; pero los hemos ido superando, gracias a la labor comprometida de nuestros equipos jurídicos, planeación, infraestructura y hacienda. Trabajo que siempre ha sido de la mano de las comunidades.

Las obras de Montería Amable registran porcentajes de ejecución importantes. Con el 100 % tenemos Villa Melissa – Robles, Mandala – Cantaclaro, Nueva Belén – Nueva Jerusalén y Laureles – Altos del Country – Sucre. Obras a las que se suman Santa Clara (94 %), Cantaclaro (85 %), Villa Caribe (73 %) y Los Pericos (70 %).

Montería A Toda Máquina avanza, y hemos reestablecido obras importantes en La Granja, Maracayo, acueducto de El Tapao – El Sabanal, Los Nogales, Róbinson Pitalúa, Villa de Los Alpes y Vereda Tropical. Avanzamos en la construcción de la Unidad Recreodeportiva de Occidente.

Además, adjudicamos la construcción de unidades básicas sanitarias en Patio Bonito, Guateque, El Cerrito, Kilómetro 12, Las Palomas, Tres Piedras, Leticia, El Sabanal y Guasimal. Los mejoramientos de vías en El Dorado, Campo Alegre, La Esperanza y Manuel Jiménez; el mejoramiento desde La Vorágine hasta Quebrada Seca, y los estudios y diseños de la Estación de Policía de la Margen Izquierda.

Le ponemos todo el empeño a estas obras, porque el desarrollo que llevamos no para. Seguir mejorando las condiciones de vida de los monterianos es una premisa fundamental, que siempre estará encendida en nuestra labor y gestión. La voluntad del Gobierno de la Gente es inquebrantable y los meses de trabajo que nos quedan los multiplicamos por tres, porque la consigna es clara: ¡No podemos estar bien si todos no estamos bien!