Categoría: Opinión

Por : Domingo Cogollo Narváez

San Pedro abrió las llaves desde la madrugada de este domingo primero de febrero de 2026, para conmemorar los 95 años de la masacre y quema de Montería. Las calles de ‘La Perla del Sinú’ parecían una Venecia y las lluvias se extendieron por todo el departamento de Córdoba. En fecha de los hechos se realizaban unas elecciones.

Cuenta la historia que el primero de febrero de 1931 se llevaban a cabo unos comicios electorales para Congreso de la República. Todo comenzó mediante una tensa calma, hasta el mediodía, cuando resultó muerto un policía de una herida en la espalda. El suceso ocurrió en la Plaza Principal, hoy Parque de Bolívar, donde eran las votaciones.

Como consecuencia de la tensa situación se produjeron enfrentamientos entre la policía y los ciudadanos que acudían al debate electoral, resultando varios muertos y heridos, lo mismo que gran cantidad de viviendas incineradas. Según investigaciones la mayoría de los homicidios fueron del Partido Liberal.
La fecha de la matanza y quema de Montería, es un hecho que, por lo general, pasa desapercibido para la mayoría de los 500 mil de habitantes de esta ciudad, En esa época Montería era muy pequeña. Comenzaba en la calle 21 hasta la 34 y de la avenida primera a la carrera octava. La mayor parte de las viviendas estaban construidas con bahareque, techos de palma y algunas de zinc.

Los relatos precisan que el incendio se inició en la carrera segunda con calles 30 y 31 cuando uno grupo de personas prendió fuego en el lugar, luego de la muerte del uniformado. Como era temporada de sequía, el fuego se propagó rápido por las casas de las calles 32, 33 y 34. En cuanto a las carreras, la candela llegó hasta la octava. Lo que quiere decir que gran parte de la ciudad resultó quemada.
El escritor José Luis Garcés González, afirma es sus narraciones que, esa vez hubo 15 muertos y 30 heridos. Pero otro escritor, Joaquín Berrocal Hoyos, (fallecido hace pocos años) aseguraba en entrevistas que pudieron ser 20 las personas que perdieron la vida.

En cuanto al agente, este, habría sido asesinado con un verduguillo. Según La Real Academia Española (RAE), verduguillo es “un estoque de descabello utilizado en la tauromaquia, caracterizado por ser delgado y tener un tope en la punta para limitar la penetración. También se define como un arma blanca (puñal o navaja) y, en términos marineros, un listón de madera”.
La policía de esa temporada era respaldada por el Partido Conservador, que había dominado el territorio nacional con la llamada “Hegemonía Conservadora”, cuyo periodo fue de 1886 a 1930. El último presidente de esa colectividad política, en dicho periodo, fue Miguel Abadía Méndez, famoso por la “masacre de las bananeras” en 1928.

El 7 de agosto de 1930 había asumido como presidente el liberal Enrique Olaya Herrera, quien derrotó al partido azul, y acabó con la mencionada supremacía, luego de ser los amos y señores del poder durante 44 años seguidos.
Algunos investigadores aseguran que la concurrencia de electores del Partido Liberal era bastante numerosa, por lo que se preveía que la colectividad roja podía ganar los comicios electorales programados.

Sin embargo, había cierto entorpecimiento por parte de los agentes del orden, por lo que se pudo registrarse el desenlace contra el agente de la institución oficial. Historiadores consultados precisan que esa fue la primera masacre de orden político ocurrida en Montería.

Por: Carmen Caballero
presidenta de ProColombia

El mundo atraviesa una reconfiguración profunda. Las tensiones geopolíticas, los ajustes en las cadenas globales de valor y la necesidad de mitigar riesgos han llevado a las empresas a repensar dónde y cómo invertir. En este nuevo escenario, las decisiones ya no responden a impulsos coyunturales ni a promesas de corto plazo: hoy invertir es, ante todo, una decisión de confianza.
Las compañías globales buscan algo más que cercanía geográfica o eficiencia en costos. Buscan estabilidad institucional, previsibilidad regulatoria, talento calificado, sostenibilidad y socios que comprendan la complejidad del entorno internacional. En otras palabras, buscan países capaces de ofrecer claridad, acompañamiento y una visión de largo plazo.
Colombia ha venido construyendo ese lugar de manera consistente. No desde la improvisación ni desde discursos simplificados, sino reconociendo sus retos y, al mismo tiempo, poniendo en valor sus capacidades reales. El país cuenta con una ubicación estratégica, una red de acuerdos comerciales que facilita el acceso a mercados, un talento humano competitivo y una diversidad territorial que abre oportunidades en múltiples sectores.
Hoy, Colombia ofrece condiciones para proyectos de inversión en servicios basados en conocimiento, agroindustria, energías limpias, turismo sostenible, infraestructura y manufactura especializada. Son sectores que no solo generan crecimiento económico, sino que permiten encadenamientos productivos, transferencia de conocimiento y desarrollo regional. Invertir en Colombia implica entender el territorio, trabajar con las comunidades y construir valor compartido.
Es cierto que el contexto global y regional plantea desafíos. La incertidumbre existe y forma parte del entorno actual. Sin embargo, también es cierto que Colombia cuenta con una institucionalidad que opera, con reglas que se debaten dentro de los marcos democráticos y con entidades que acompañan al inversionista de principio a fin. Esa capacidad de diálogo y de construcción institucional es una fortaleza que muchos inversionistas valoran.
Desde ProColombia, con el liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, lo constatamos a diario. Las empresas que hoy evalúan al país lo hacen con una mirada estratégica, analizando riesgos, oportunidades y horizontes de largo plazo. No llegan persiguiendo tendencias pasajeras, sino buscando plataformas estables desde las cuales diversificar operaciones, fortalecer cadenas de valor y construir negocios resilientes.
En este contexto, conceptos como la relocalización o el llamado nearshoring solo tienen sentido si se entienden como parte de una transformación más amplia del comercio y la inversión global. No se trata de trasladar operaciones de un lugar a otro sin criterio, sino de construir ecosistemas productivos más cercanos, confiables y sostenibles. Colombia participa de esta conversación desde sus capacidades, no desde promesas exageradas.
El país no compite por ser la opción más costo efectiva ni por ofrecer ventajas efímeras. Compite por ser un socio serio, con visión de futuro, capaz de acompañar decisiones complejas y de adaptarse a un entorno global cambiante. Esa es una propuesta de valor que trasciende coyunturas políticas y se sostiene en el tiempo.
Atraer inversión hoy exige coherencia entre el discurso y la acción, entre los objetivos económicos y el desarrollo social, entre el crecimiento y la sostenibilidad. Colombia avanza en esa dirección, entendiendo que la inversión extranjera es una herramienta para transformar territorios, generar empleo de calidad y seguir fortaleciendo la competitividad del país.
En un mundo que se reordena, los territorios que logren consolidarse como destinos de inversión serán aquellos que ofrezcan confianza, reglas claras y una visión compartida de futuro. Colombia está recorriendo ese camino con responsabilidad y convicción.
Invertir en el país de la belleza hoy, no es una apuesta a la incertidumbre. Es una decisión informada, estratégica y, sobre todo, una apuesta por el largo plazo. Feliz 2026.

Por: Jairo Torres Oviedo 

Recientemente, la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) construyó y presentó ante la comunidad académica nacional y la opinión pública el documento titulado “Educación superior: Una apuesta intergeneracional por Colombia”, con el propósito de contribuir al debate público y promover que los candidatos presidenciales asuman un compromiso firme con la educación superior.

Desde la Asociación hemos sido parte activa y constructiva del desarrollo de la educación superior en el país. Reconocemos los avances relevantes alcanzados en la última década, pese a tensiones estructurales aún sin resolver que requieren soluciones de Estado. Entre ellos, destacamos el crecimiento sostenido de la matrícula, la expansión territorial de la oferta, la diversificación institucional y los esfuerzos recientes por fortalecer la educación pública y garantizar la gratuidad de la matrícula.

Sin embargo, el aumento de la cobertura continúa siendo un desafío complejo, debido a la ausencia de información unificada entre educación formal y no formal, así como a la falta de un marco integral que defina la educación terciaria o postsecundaria. Persisten brechas territoriales y de género, desigualdades en la elección de áreas del conocimiento, sesgos estructurales que afectan la permanencia estudiantil y un modelo de aseguramiento de la calidad que aún no logra equilibrar exigencia, diversidad y pertinencia. A ello se suman tensiones financieras derivadas del marco fiscal, la fragmentación normativa, la necesidad de modernizar la gobernanza y las dificultades para conciliar expansión, calidad y sostenibilidad.

En este contexto, enfrentamos la necesidad de construir una visión de la educación superior que responda a los retos nacionales y globales, tales como el cambio demográfico y la disminución de la natalidad, la transformación tecnológica —especialmente impulsada por la inteligencia artificial—, el cambio climático y la transición energética, así como las crecientes demandas sociales de equidad, inclusión y justicia ambiental.

Por consiguiente, ASCUN propone al próximo gobierno avanzar en la consolidación de un Sistema Nacional de Educación con enfoque de derecho, bien público y corresponsabilidad social. La educación superior debe ser un actor clave para articular esfuerzos intergeneracionales, favorecer la construcción de confianza, conocimiento y formación ciudadana, y generar respuestas integrales y sostenibles a los problemas del país.

Se requiere una nueva gobernanza intersectorial, con políticas que promuevan trayectorias educativas flexibles y diversas, ampliando oportunidades para quienes históricamente han sido excluidos de la educación superior por factores como la edad, la condición laboral o la ubicación territorial. La propuesta de ASCUN impulsa una política pública de ampliación de cobertura con calidad, pertinencia y permanencia. Asimismo, plantea al nuevo gobierno reconocer y resaltar el papel de la educación superior como espacio de encuentro para enfrentar los desafíos nacionales de manera colaborativa y sostenible.

En este sentido, proponemos a los candidatos presidenciales reflexionar sobre las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo lograr que más estudiantes accedan, permanezcan y se gradúen en educación superior? 2. ¿Cómo elevar la calidad y el reconocimiento del sistema de educación superior colombiano?
3. ¿Cómo garantizar una presencia pertinente de las instituciones de educación superior en todo el territorio nacional?
4. ¿Cómo generar mayor impacto de la ciencia, la tecnología y la innovación producidas por las IES?
5. ¿Cómo lograr que el aporte de las IES colombianas sea más visible y responda a los desafíos actuales y futuros?
6. ¿Cómo enfrentar las nuevas tensiones relacionadas con la salud mental, física y el bienestar en las IES?
7. ¿Cómo impulsar la innovación, la transformación digital y la sostenibilidad integral de Colombia desde las IES?
8. ¿Cómo garantizar un equilibrio armónico entre autonomía universitaria, rendición de cuentas e inspección y vigilancia?

Abordar estas y otras preguntas requiere una mirada de país y la convicción de construir consensos que permitan decisiones políticas y normativas orientadas a:
• Fortalecer las políticas de acceso, cobertura y permanencia.
• ⁠Definir un modelo integral y sostenible de financiamiento del sistema mixto.
• ⁠Transformar la gobernanza del sistema.
• ⁠Reorientar el sistema de aseguramiento de la calidad.
• ⁠Desarrollar políticas integrales de bienestar.
• ⁠Impulsar una agenda estratégica de transformación digital y adopción ética y soberana de la inteligencia artificial.
• ⁠Fortalecer la internacionalización como política de Estado.

Comprender la educación superior como una apuesta intergeneracional y como compromiso de Estado permitirá construir colectivamente una visión de futuro y avanzar en las transformaciones del sector. No se trata únicamente de una postura sectorial, sino de una apuesta de país: la convicción de que el desarrollo sostenible, la justicia social, la paz y la productividad dependen de un sistema de educación superior sólido, articulado e innovador.

Por: Jairo Miguel Torres Oviedo
Rector de la Universidad de Córdoba

Con relación al reciente pronunciamiento de la comunidad científica de la Universidad de Córdoba, representada por sus profesores e investigadores, quienes manifestaron su molestia y rechazo ante la negativa del Departamento de Córdoba de firmar la carta de aval que expresara la voluntad de concurrir y participar en la convocatoria de ciencia, tecnología e innovación de Minciencias —en sintonía con el Plan Nacional y Departamental de Desarrollo—, esta decisión injustificada frustró la participación mediante la presentación de seis proyectos enmarcados en dos convocatorias públicas: cuatro proyectos destinados a la formación de capital humano (maestrías y doctorados), lo que impidió que una generación de jóvenes cordobeses y de la región ejerciera su derecho a la educación de alto nivel; y dos proyectos de desarrollo social y comunitario orientados a mejorar las condiciones de vida de comunidades vulnerables del Departamento. Lo anterior representa un costo social, en la medida en que afecta la investigación, la generación de nuevos conocimientos y, por ende, el bienestar general de la sociedad. Estas convocatorias de Minciencia están respaldadas por los recursos financieros aprobados por el Senado de la República, que destinó un presupuesto bienal 2024-2026 del Sistema General de Regalías (SGR) para invertirse en ciencia, tecnología e innovación, con un enfoque territorial y soportado en el liderazgo y conocimiento científico de las universidades.

Es importante señalar que el 76% de los ingresos del SGR provendrá del sector de hidrocarburos y el restante del sector minero. Por consiguiente, seguimos dependiendo directamente de estos sectores para jalonar el desarrollo del país y promover cambios y transformaciones sociales; en consecuencia, la transición energética debe ser gradual y sostenible en el mediano y largo plazo. Recordemos que, de acuerdo con el artículo 361 de la Constitución Nacional: «Los ingresos del SGR se destinarán al financiamiento de proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales; al ahorro para su pasivo pensional; para inversiones físicas en educación; para inversiones en ciencia, tecnología e innovación; para la generación de ahorro público; para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos y el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; además, para aumentar la competitividad general de la economía, buscando mejorar las condiciones sociales de la población».

Para el presente bienio, de los ingresos del SGR, 2,7 billones están orientados a financiar proyectos en ciencia, tecnología e innovación, de los cuales 600.000 millones deben destinarse a proyectos con incidencia en ambiente y desarrollo sostenible. Otra parte de esos recursos financiará, en el marco de una paz total, proyectos que estabilicen y transformen los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional. Asimismo, se asignarán recursos para los grupos étnicos del país, encaminados a proteger los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, así como del pueblo Rrom o gitano de Colombia. Esta priorización de recursos evidencia la voluntad del gobierno de generar impacto y transformación social en sectores históricamente marginados.

La ciencia, la tecnología y la innovación contarán con un presupuesto importante y considerable, que debe hacer énfasis en un enfoque territorial y estar soportado en las universidades, las cuales han venido históricamente desarrollando investigación y transferencia tecnológica pertinente. Estos recursos son asignados con base en convocatorias públicas, con enfoque territorial y participación de las universidades; pero, desafortunadamente, la intermediación o incidencia de las lógicas del poder político tradicional desvirtúa la naturaleza y finalidad de las convocatorias. Es necesario insistir en que esta intermediación debe desaparecer por el bien y fortalecimiento de la ciencia en Colombia. Desde las universidades, continuaremos exigiendo que los recursos de regalías para la ciencia se destinen directamente a las instituciones de educación superior. Es el momento de que nuestro país actúe en esta dirección. De no hacerlo, seguiremos condenados al atraso y a la mercantilización de la ciencia.

Por: Erasmo Elías Zuleta Bechara

Gobernador del departamento de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos

Si la economía crece, el país, las regiones y sus habitantes prosperan. Esto lo ha demostrado la historia de la economía de mercado. Una vez esta crece, es muy relevante analizar las causas de la expansión. Al estudiar los componentes que jalonaron el crecimiento económico del país hasta el mes de sep.-25, que fue de 2,9% acumulado, se destaca que el componente que lo lideró fue el gasto público, con una expansión de 7,1%. Mientras tanto, la inversión creció un 5,6%, vs. una expansión de 2,4% en 2024, y aún recuperándose de la fuerte caída que sufrió en 2023, cuando a septiembre se contrajo un 13,5%.

El comportamiento de la inversión en el Producto Interno Bruto (PIB) es muy importante porque nos habla de los años venideros de un país. Es la siembra hoy, que cosechamos mañana. Lo que sembramos en educación, en salud, en infraestructura, mañana lo podemos cosechar en competitividad y en bienestar.

Por esto preocupa que a sep.-25 la inversión como porcentaje del PIB alcanzó un 17,5%, muy por debajo del promedio de los últimos 20 años, que fue de un 21,4%. Esta cifra es reforzada con el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el país. A sep.-25, el total de la IED en Colombia cayó un 5%, continuando una caída del 28% a sep.-24.

He sido consciente de la importancia de la inversión durante mi vida pública. Por eso, cuando en 2021 la Ley 2112 fue sancionada (una ley que surgió de un proyecto de ley de mi autoría), logramos que los fondos privados de pensiones tuvieran que invertir en el país, en proyectos productivos, a través de Fondos de Capital Privado, como mínimo un 3% de los recursos que administran. Esto significó que estas inversiones pasaran de COP $4,4 billones en abril de 2021 a más de COP $9,4 billones en la actualidad, generando más de 460 mil empleos en Colombia.

Recordando la lucha que en su momento di en el legislativo defendiendo esta iniciativa, y a propósito de las restricciones regulatorias que desde el Gobierno nacional planean para restringir aún más las inversiones que en el exterior hacen los fondos de pensiones, me sorprende el negativismo de muchos líderes políticos y económicos del país. Dicen o insinúan que, si se invierte en el país, se va a perder el ahorro pensional que hemos logrado.

Una cosa sí es cierta.

El dinero de las pensiones no puede ser utilizado para hacer politiquería, en burocracia o para desperdiciarlo. Son recursos que se deben invertir en proyectos prósperos y rentables. Pero de ahí a decir que en Colombia no hay negocios o iniciativas rentables, hay una gran diferencia. Como colombianos, decimos desde entidades como el Ministerio de Comercio o ProColombia, y desde nuestras embajadas en el exterior, que inviertan en Colombia, pero, por otra parte, acá en el territorio, algunos manifiestan que es muy peligroso invertir en este país, que es mejor invertir en mercados internacionales, en empresas extranjeras, y qué paradoja: muchas de ellas reinvierten estos recursos en Colombia.

Soy un convencido de los beneficios de la diversificación del portafolio de los fondos de pensiones y es discutible el límite para invertir recursos en el exterior. Asimismo, se puede discutir el límite de recursos que se puedan invertir en deuda nacional, pero decir que no tenemos empresarios, ideas y proyectos rentables y confiables no solo falta a la verdad, sino que espanta a cualquier inversionista local o extranjero que piense en una oportunidad en Colombia.

Entretanto, en el departamento de Córdoba ya tenemos nuestra primera zona franca permanente, porque el empresariado confía en el país y piensa generar empleo, crecer y exportar. Decimos y creemos, en verdad, que se vale invertir en Colombia. Somos consecuentes entre nuestras palabras y nuestras acciones.

Debemos ser pragmáticos en las inversiones de nuestros ahorros, pero no denigrar falsamente de las capacidades del empresariado colombiano.

Por: Jairo Miguel Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

Los acontecimientos recientes en la geopolítica internacional nos sitúan en un escenario de confrontación y guerra que creíamos superado, fruto de la construcción de un orden internacional basado en acuerdos entre los Estados que dieron origen al derecho internacional y de organismos multilaterales encargados de velar por su aplicación. El ideal del mundo moderno —centrado en la razón y erigido por la cultura occidental, defendido con el propósito de construir un mundo “civilizado”— ha sido hoy sepultado por la lógica imperialista del gobierno de Estados Unidos.

La razón, entendida como logos: discurso, palabra y argumento; como esfuerzo de la modernidad por hacer posible un orden racional, se ha desvanecido. En su lugar se ha instalado la lógica del poder impositivo y violento. Frente a ello, el llamado mundo “civilizado” guarda un silencio cómplice, especialmente la Europa de la Ilustración, del Renacimiento, del Humanismo, del Enciclopedismo y de las revoluciones políticas que dieron origen a la declaración de derechos y libertades y a las teorías del Estado moderno. Esa misma Europa, cuna de civilización y de imperios, pero también de barbarie; sucumbe y se doblega ante el nuevo amo del mundo: antiguos poderes imperiales convertidos en espectadores de la configuración de un nuevo orden internacional. En contraste, América Latina —históricamente sometida y controlada— mantiene intentos de resistencia y organización, buscando fortalecer nuevas narrativas antiimperialistas.

Las relaciones internacionales, marcadas por ciclos de guerra y paz, han estado dominadas por países colonialistas: Inglaterra en el siglo XIX, Estados Unidos en el XX y lo transcurrido del XXI. Este último configura un nuevo orden internacional determinado por su poder y supremacía. La situación se agudiza con Donald Trump, cuyo talante autoritario desconoce las reglas democráticas, mientras proclama la defensa de la democracia, el orden, las libertades y el petróleo. Así construye nuevas formas de relacionamiento entre Estados, no reguladas, sino impuestas.

La lógica del poder del gobierno Trump no es casual ni un accidente de la historia: forma parte del ADN de la sociedad estadounidense. Se centra en la estrategia de imponer miedo y orientar al mundo en una dirección única. La naturaleza del poder autoritario consiste en someter la voluntad de los otros a la voluntad de quien lo ejerce, anulando el derecho internacional y los organismos multilaterales creados para regular las relaciones y conflictos entre Estados.

La era Trump reivindica la supremacía del hombre blanco estadounidense bajo la consigna “América para los americanos”, línea de conducta con la cual gobierna y orienta la política internacional. Ejemplos de ello son: la captura de Nicolás Maduro, vulnerando la soberanía venezolana y controlando sus reservas de petróleo, la amenaza de bombardear a Colombia y detener a su presidente constitucional, decretos presidenciales para perseguir y repatriar inmigrantes, el cierre de la frontera con México, el aumento de aranceles a las importaciones, la negación del cambio climático, iniciativas de neocolonialismo frente a Canadá, Groenlandia y Panamá; el apoyo a Ucrania en la guerra con Rusia, la alianza con Israel que avala el genocidio contra Palestina en Gaza, los bombardeos sobre Irán; y las snciones económicas contra quienes desconozcan sus orientaciones. Todo ello pisotea la autodeterminación y soberanía de los Estados.

Este escenario de la geopolítica internacional se acompaña del resurgimiento de nuevos nacionalismos centrados en la supremacía racial y en la negación de principios esenciales de la democracia liberal. El gobierno Trump amplía la percepción de que la democracia atraviesa un período de retroceso, con abundantes ejemplos en la geografía global. Impone una lógica de poder única y supremacista, con una sola visión y forma de concebir el mundo, sepultando de esta forma, los ideales de la Era Moderna, como son: la razón, la libertad y el progreso de una sociedad.

Por: Erasmo Zuleta Bechara

Gobernador del departamento de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos

Hace unos días, la revista The Economist, reconocida por su rigor técnico y proyecciones casi proféticas, afirmaba que: “En la política global, el 2025 fue el año en que el antiguo orden terminó” y que “con el viejo orden en ruinas, los contornos del nuevo mundo se volverán mucho más claros en 2026”. Este entorno global, sumado a algunos elementos locales, plantea para Colombia un 2026 lleno de desafíos.

En primer lugar, nos guste o no, la doctrina Donroe, revivida por el presidente de los EE. UU. a partir de su antecesor James Donroe hace casi dos siglos, interpretada en pocas palabras como el resurgimiento de la idea de “América para los americanos”, llegó para quedarse, al menos por un buen periodo de tiempo. Con esta realidad, Colombia y sus gobernantes debemos ser muy hábiles interpretando esta nueva dinámica internacional y, de esta forma, procurar sacar el mejor provecho para el bienestar del país. Para nadie es un secreto la relevancia de nuestras relaciones con EE. UU. en términos de comercio exterior, inversión extranjera, turismo, apoyo al sector defensa y respaldo a la democracia y al libre mercado, entre otros.

En segundo lugar, el 2026 será un año electoral en el país. El Congreso de la República y el presidente de la República serán elegidos para dirigir el destino de los colombianos durante los siguientes cuatro años. Cada uno de los colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto tenemos la responsabilidad de elegir dirigentes que sepan interpretar las necesidades del país en medio de este entorno global cambiante y, lejos de intereses mezquinos, lograr las mejores políticas públicas que se traduzcan en mejores condiciones de vida para Colombia.

Por último, estos nuevos dirigentes que elegiremos enfrentarán un conjunto de retos locales que deberán solventar de manera urgente. El sector salud no da espera; los indicadores de las finanzas públicas del orden nacional tampoco, y algo muy similar ocurre con algunos indicadores de seguridad. En esta línea, el nuevo gobierno central tendrá que definir el grado de articulación que implementará con las regiones. Sobre este último elemento quiero profundizar.

Las entidades territoriales no podemos seguir responsabilizándonos de crecientes obligaciones que, de forma expresa o tácita, estaban a nivel central. Por ejemplo, hoy día, dadas las pocas obras de infraestructura vial a nivel regional por parte del gobierno central, somos las entidades territoriales las que, con nuestros propios recursos, propendemos por solventar estas necesidades. Se han estigmatizado las vías como un lujo de “ricos”, cuando son precisamente este tipo de obras las que más beneficios traen a las regiones para sacar sus productos y comercializarlos a nivel local o exportarlos, para conectar a los colombianos con los colegios y universidades, y también para llegar a un centro de salud o atraer turistas.

Algo similar ha sucedido con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), donde de forma creciente este se ha venido financiando cada vez más por los territorios con recursos que el gobierno central también quiere “marchitar”: los recursos de las regalías. Muy fuertes han sido las posturas del gobierno central en contra de los sectores que generan regalías a las regiones, sin proponer una sustitución de los ingresos para estas últimas. Es fácil decir desde Bogotá que se acabe el sector minero-energético sin tener que responder por los recursos faltantes que su desaparición acarrearía.

Son grandes los desafíos por enfrentar en el 2026 a nivel internacional y local, pero nosotros, los colombianos, estamos preparados para enfrentarlos y superarlos, así como muchas veces lo hemos logrado en el pasado.

Dios guíe y cuide a Colombia en este 2026.

Por: Álvaro Segrith Sepúlveda Salgado.

Presidente Ejecutivo
Cámara de Comercio de Montería

Las empresas del país, y especialmente, las 42.500 activas en nuestro departamento, se enfrentan para esta nueva vigencia con una transformación estructural en sus costos operativos denominada por los economistas como un «Choque de Oferta», debido a que los costos de producción (mano de obra) se disparan drásticamente (23% de salario + recargos nocturnos + reducción de jornada laboral), mientras que la capacidad instalada de las MiPymes (96% del tejido empresarial de Córdoba) sigue siendo limitada.

Si las empresas en Córdoba intentan absorber este costo simplemente «subiendo precios», perderán competitividad y mercado. La única salida y estrategia para evitar la quiebra o la informalidad es aumentar la Productividad Marginal del Trabajo. Es decir, cada hora trabajada debe generar más valor que antes.

Este “Choque de Oferta”, es consecuencia de la convergencia de tres factores exógenos como el legislativo y económico, a saber:
1. Incremento Salarial: Un aumento del 23% en el SMLMV ($1.750.905 COP).
2. Reducción de Jornada: La disminución de la oferta laboral a 42 horas semanales (a partir de julio de 2026).
3. Costos Nocturnos: El inicio del recargo nocturno (35%) a partir de las 7:00 PM.

Este escenario desplaza la curva de costos de nuestras MiPymes hacia arriba. En una economía tradicional, la respuesta sería trasladar este costo al precio final del consumidor. Sin embargo, en un mercado competitivo como el de Montería, subir precios indiscriminadamente resultaría en una contracción de la demanda o una fuga de consumidores hacia otros bienes y servicios sustitutivos con precios asequibles, restándole valor y calidad a los productos demandados.

No estamos ante una crisis de costos, sino ante una crisis de productividad. El modelo de negocio basado en «mano de obra barata» ha caducado. La supervivencia de la empresa cordobesa depende ahora de su capacidad técnica para maximizar cada minuto laborado.

En vigencias anteriores, con salarios bajos, las empresas podían permitirse ineficiencias (tiempos muertos, procesos manuales lentos) porque el costo marginal de esa hora era bajo. Pero ante el nuevo escenario, si una MiPyme sigue operando igual que en 2025, pagando $15.000 (costo incluyendo prestaciones) por una hora que solo produce $10.000 en valor, la empresa destruye capital con cada hora que pasa abierta.

Por esta razón, debemos elevar la curva de producción. Necesitamos que esa misma hora de trabajo, que ahora es más costosa, genere $20.000 o $25.000 en valor.

Esto no se logra haciendo que el empleado «sude más», sino dotándolo de herramientas (capital y tecnología) que multipliquen su esfuerzo.

En este orden de ideas, desde la Presidencia Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Montería proponemos, como apuesta por la sostenibilidad de las empresas y la preservación del empleo, la consolidación de “Empresas de Alto Valor”, a través de cuatro líneas de acción inmediatas orientadas a transformar el modelo de gestión empresarial en el departamento de Córdoba. Estas son:

*A. Realizar Reingeniería Horaria: «Gestión de la Demanda»*
Debemos romper el paradigma del horario comercial estático (8:00 AM – 6:00 PM) que ignora los flujos de clientes.
Para ello es necesario, implementar jornadas laborales adaptativas. Si el 80% de las ventas de un comercio ocurren en franjas específicas, el 100% del personal debe estar activo en esos momentos.

*B. Implementar Tecnología como Multiplicador de Fuerza (IA y Digitalización)*
Con la reducción de la jornada a 42 horas, cada empresa «pierde» aproximadamente 20 horas de capacidad humana al mes por empleado. Por lo tanto, no se debe reemplazar esas horas con más contratación (costosa), sino con Inteligencia Artificial (IA) y Automatización. Es clave precisar que la tecnología debe asumir las tareas repetitivas (facturación, agendamiento, respuestas básicas), liberando al talento humano para tareas de alto valor (ventas complejas, servicio postventa, estrategia). La IA es el «Quinto Empleado» de costo marginal cercano a cero.

*C. Implementar una Estrategia Empresarial de Remuneración Variable y por productividad.*
El aumento del salario fijo limita la capacidad de maniobra financiera. Debemos migrar hacia modelos de compensación por resultados. Para ello, debemos estructurar esquemas legales de bonificación por cumplimiento de metas, hitos y objetivos (KPIs – Indicadores Clave de Rendimiento).

Esto permite transformar la mentalidad del colaborador de «gano por estar» a «gano por lograr», alineándose los intereses del empleado con la rentabilidad de la empresa, y se crea un ecosistema de intraemprendimiento dentro de cada negocio.

*D. Crear mecanismos de Asociatividad Funcional para Economías de Escala*
El 96% de nuestras empresas son MiPymes con promedios de 4 empleados. Individualmente, no pueden costear departamentos de innovación o marketing. Se hace indispensable fomentar la creación de grupos de empresas que comparten costos de servicios profesionales especializados (logística compartida, marketing conjunto, compras unificadas), logrando eficiencias de gran empresa con estructura de pequeña empresa.

En suma, estimados empresarios, el “Choque de Oferta” es una realidad irreversible, pero la productividad es una decisión gerencial. Estar ocupado no es sinónimo de ser productivo.

La “productividad inteligente” significa hacer menos cosas, pero que estas tengan un impacto estratégico masivo.
La premisa es clara. Es dejar de gestionar el tiempo (que es finito) y empezar a gestionar la energía (que es renovable).
La nueva era de la “Productividad Inteligente» no se trata de trabajar más duro, sino de trabajar con mejor información y mejores herramientas. El empresario que siga midiendo su éxito por las horas que su equipo pasa en la oficina, perderá competitividad. El empresario que mida su éxito por el valor aportado por hora y se apoye en la tecnología, liderará el mercado.

Desde la Cámara de Comercio de Montería, ponemos a su disposición las herramientas de diagnóstico y capacitación para transitar este camino. La eficiencia es el único antídoto contra la inflación de costos.

Por: Erasmo Zuleta Bechara 

Gobernador del Departamento de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos.

La temporada de fin de año suele ser un periodo para compartir en familia, de reflexión y de evaluación; un periodo de cierres y de establecimiento de nuevas metas para el año que viene. Y como gobernador del departamento, lo tengo que decir claramente: Córdoba y su gente fueron los protagonistas de 2025.

Y esta no es solo la opinión de un cordobés que ama su tierra; es una opinión sustentada en cifras, dejando de lado el subjetivismo y permitiendo que las métricas y los hechos hablen por sí mismos. Por ejemplo, para 2024, Córdoba fue el departamento de la Costa Atlántica que más creció, a una tasa del 1,9 % con respecto a 2023, por encima de Magdalena (1,8 %), Atlántico (1 %) o Sucre (0,9 %), e incluso por encima del país, que creció como un todo un 1,6 %.

El mayor crecimiento económico se tradujo en mayor bienestar para la población. La tasa de desempleo departamental disminuyó del 14,6 % en 2020 al 10,9 % en 2024, y la de la capital, Montería, que equivale al 22 % del mercado laboral del departamento, se ubicó en octubre de 2025 en un 8,1 %, la menor tasa de desempleo desde el año 2015. Este menor desempleo ha significado mayores ingresos para los cordobeses, y es así como la incidencia de la pobreza monetaria departamental alcanzó en 2024 un mínimo histórico desde 2016, al ubicarse en un 49,6 %, casi 10 puntos porcentuales por debajo de la registrada en 2020, cuando fue del 59,4 %.

Estos logros son el resultado de múltiples acciones en diferentes sectores que se han venido adelantando en el departamento, como los servicios públicos, el deporte, el turismo y la infraestructura vial, entre otros.

En servicios públicos, por ejemplo, el número de hogares con servicio de acueducto se ha incrementado de 349 mil en 2019 a 455 mil en 2024. En los últimos dos años hemos instalado casi 11 mil acometidas y contadores, más de 500 kilómetros de redes, cinco plantas nuevas de tratamiento y hemos optimizado otras cuatro, con una inversión de COP$ 334 mil millones.

En el sector deporte logramos que, para 2027, Córdoba y Sucre fueran los departamentos elegidos para la celebración de los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos Paranacionales, y que en 2028 Córdoba sea sede de los Juegos de la Juventud. Estos eventos, además del impulso que representan en las adecuaciones de infraestructura respectiva, han potencializado el sector turismo en el departamento. Y en este último, los resultados también han sido históricos: en lo acumulado de 2025, el sector en el Golfo de Morrosquillo y la Sabana ha crecido un 9,3 % con respecto a 2024, mientras que en el país el sector ha caído un -2,6 %.

En infraestructura vial, llevamos más de 100 kilómetros intervenidos entre construcción, rehabilitación y mejoramiento, y otros 120 intervenidos con maquinaria amarilla, con una inversión que supera los COP$ 100 mil millones. Con el corredor entre Chinú y San Bernardo del Viento, que beneficiará a nueve municipios y a más de 400 mil personas con destino a la zona costanera, por un valor cercano a los COP$ 255 mil millones, vamos a intervenir 70 kilómetros. Lo mismo sucede con la Transversal del Sur, cuya primera fase supera los COP$ 100 mil millones, donde vamos a intervenir 36 kilómetros que conectarán el sur del departamento con los puertos de Urabá.

Todos estos resultados y perspectivas no hubieran sido posibles sin el apoyo de los cordobeses; por esto, mi personaje del año es el departamento de Córdoba.

Por último, espero que con los cambios administrativos que se avecinan en 2026 podamos recibir un apoyo decidido del Gobierno nacional y así multiplicar todos estos esfuerzos territoriales en pro de la población.

Por: Jairo Miguel Torres Oviedo

 Rector de la Universidad de Córdoba 

En estas fiestas de Navidad y fin de año, cargadas de recuerdos, nostalgia, melancolía y anécdotas sobre vivencias pasadas y presentes, evocamos a los amigos de juventud, a los familiares y a los seres queridos ausentes o distantes. Época de regocijo, en la cual las ciudades, pueblos y barrios se llenan de vida, alegría y luces de colores. En donde el centro de esta celebración lo constituyen el pesebre y el árbol de Navidad, símbolos de una tradición cristiana que conservan su originalidad y riqueza espiritual.

Cabe destacar que el pesebre es punto de encuentro para las familias y comunidades: allí se reflexiona, se canta y se espera con júbilo la Nochebuena y el nacimiento del Niño Dios. Comprendamos la riqueza simbólica que representa el pesebre en la vida personal, familiar y comunitaria, inspirados en el mensaje del papa Francisco sobre la Navidad. Para él, los elementos del pesebre reflejan dimensiones de la existencia humana que debemos interiorizar. Francisco nos recuerda que la Navidad, aunque ruidosa, nos invita al silencio para escuchar la voz del amor.

El amor no es solo palabra o expresión: posee un contenido profundo en la vivencia cristiana. Es ayuda al prójimo, definido como hermano. El amor cristiano se encarna en el mensaje de Jesús, tan necesario para la humanidad. Sin amor, la humanidad es una construcción sin sentido. Por ello, alrededor del pesebre debemos escuchar la voz del amor para ser mejores personas.

El papa también nos habla del árbol de Navidad, que simboliza nuestra frágil e imperfecta condición humana, pero que resiste con fortaleza y vigor los vientos de la adversidad, el dolor y la tristeza, así como las dificultades de la vida. Los adornos del árbol representan virtudes, colores que embellecen nuestras vidas. Las campanas de Navidad, al sonar, se convierten en símbolo de unión comunitaria. Nosotros mismos debemos ser campanas, llamados a integrar y congregar.

Asimismo, estamos invitados a ser luz de Navidad: cuando nuestras vidas iluminan el camino de los demás con alegría, paciencia y generosidad. Somos ángeles de Navidad cuando cantamos y proclamamos al mundo un mensaje de paz, justicia y amor. Somos estrella de Navidad cuando guiamos a otros hacia el encuentro con Jesús. Somos Reyes Magos cuando entregamos lo mejor de nosotros, sin importar a quién.

Somos música de Navidad cuando conquistamos la armonía interior. Somos regalo de Navidad cuando nos hacemos verdaderos amigos y hermanos de todo ser humano. Somos tarjeta de Navidad cuando la bondad se escribe en nuestras manos. Somos felicitaciones de Navidad cuando perdonamos y construimos paz en medio del sufrimiento. Somos cena de Navidad cuando compartimos el pan y la esperanza con el pobre que está a nuestro lado.

Que, en esta Navidad, alrededor del pesebre y reunidos en familia y en silencio, podamos vivir y sentir el nacimiento de Jesús en nuestros corazones y en nuestras vidas. Les deseo una feliz Navidad y que nuestras vidas reflejen la sencillez y la esperanza del pesebre.

¡De todo corazón, les deseo una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo!