Categoría: Opinión

Por: Jairo Torres Oviedo
Rector: Universidad de Córdoba

El pasado 11 y 12 de octubre, se llevó a cabo las ceremonias de graduación de 1321 nuevos profesionales; hombres y mujeres formados académica, científica y humanamente en distintas disciplinas científicas. Esta nueva promoción de egresados de la Universidad de Córdoba tiene un aspecto en común: Juventud. Una juventud educada y portadora de ciencia, saber y conocimiento. En ello radica el verdadero poder que demanda y necesita la sociedad para lograr las transformaciones y cambios sociales que dignifiquen y generen el progreso social y humano. Para estos jóvenes y sus familias, la ceremonia de grado es un acto solemne, un momento sublime y único en su vida, porque representa y materializa un objetivo, una meta a la que se llegó con disciplina, esfuerzo, sacrificio y, sobre todo, por haber superado obstáculos y dificultades; muchas, generadas en nuestras propias subjetividades. Este momento único e irrepetible, reflejado en los rostros núbiles que expresaban sonrisas de júbilo, en donde solo un instante de felicidad desbordante como el que se vivió, puede reflejar este inigualable regocijo. Igualmente, el rostro de alegría y satisfacción por el deber cumplido de las familias; quienes, con humildad, sacrificio, esfuerzo y dificultades acompañaron a sus hijos, para que, por fin pudiesen alcanzar el sueño de obtener un título profesional; lo que representa haber accedido al conocimiento y con ello, no solo cambiar la visión de la vida y del mundo; sino que lo vincula a la sociedad como un sujeto transformado para transformar; ello, solo es posible a través de la educación. Estos padres de familia y sus hijos entendieron, que solo a través de la educación se rompe el círculo perverso e intencional de la pobreza, un logro que a la vez permite la movilidad social.

Estos momentos trascendentales de la vida son posible, gracias a la existencia de la Universidad. En eso radica su encargo y responsabilidad social; la formación científica y humana de las presentes y futuras generaciones de cordobeses; lo cual hemos hecho durante 58 años de existencia y que, ha permitido formar a más de 44 mil profesionales en distintas disciplinas científica contribuyendo a la transformación social del territorio. Por ello, la universidad encarna esa fuerza espiritual, que, a través de la educación y la formación de los jóvenes, hace posible jalonar el desarrollo y progreso de la sociedad. En esta ceremonia de grados, la Universidad de Córdoba se realiza y revitaliza en cuanto a su compromiso y responsabilidad social. Hemos dado lo mejor de nuestras capacidades físicas, tecnológicas y humanas para formarlos en las mejores condiciones y estándares de calidad; inculcamos valores, principios y responsabilidades que deberán reflejarse en sus comportamientos. En cada uno de estos egresados, su realización será nuestra realización, su grandeza será la nuestra. Ustedes son portadores de un poder transformador y liberador… el conocimiento. Irrádienlo y construyan con él un mundo más justo y humanizado.

Para terminar, quiero decirles que, desde este momento histórico, ustedes son y seguirán siendo hijos de la Universidad de Córdoba, y el vínculo que los une a ella es indisoluble. Estará presente hasta el último momento de nuestra existencia; por consiguiente, deben quererla, protegerla e impedir que la destruyan. Como dice nuestro Himno Unicor: “eres grande y nos haces mucho honor, a Dios pedimos que te guarde para bien de la nación”.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin
Alcalde de Montería

La importancia de que las personas estén bien, de que el ser humano se sienta bien, de que la mente se encuentre en paz, es nuestro propósito al presentar “Cero Hambre” al país. Además de ser indispensable el buen aprovechamiento de la tierra, toda vez que tenemos que fortalecer las herramientas de producción de las familias campesinas colombianas.

El más reciente informe de la FAO nos revela que, en 2021, padecían hambre alrededor de 820 millones de personas. Cifra que ha aumentado en unos 150 millones, desde la pandemia. Y hace énfasis en que el año anterior un 11,7% de la población mundial, alrededor de 923 millones de personas, padecieron inseguridad alimentaria grave; siendo África la de mayores porcentajes, seguida de América Latina y el Caribe.

Pensando en todo ese panorama, del que Colombia no escapa, en el marco del Diálogo Vinculante para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, le planteé al Gobierno Nacional que Montería es la indicada para adelantar el que denominamos plan piloto “Cero Hambre”, gran apuesta pensada en las personas y encaminada a disminuir los índices de inseguridad alimentaria.

Montería es una de las ciudades capitales con mayor población rural. Tenemos cerca de 320.000 hectáreas, en las que se concentra el 22% de la población. Esto, antes de ser una preocupación, lo vemos como una gran oportunidad para darle apoyo a las familias de la zona rural con proyectos productivos integrales.

Venimos trabajando en la estructuración de este importante plan piloto para mejorar los ingresos de las familias rurales y aumentar la productividad agrícola. En ese análisis juicioso, por parte de nuestro equipo de Gobierno, en especial el de desarrollo rural, hemos determinado que los ingresos por concepto de producción de hectárea por año en la actualidad son inferiores a los 700 mil pesos; los que pasarán a ser de más de 10 millones de pesos hectárea por año.

Para arrancar, tenemos identificadas 30.000 hectáreas de nuestras fértiles tierras, en las que las comunidades campesinas y pequeños productores asentados en ellas, podrán potenciar sus cultivos transitorios y lograr el gran objetivo de implementar cultivos de largo plazo con apoyo en tecnología, sostenibilidad y comercialización.

“Cero Hambre” incentivará y financiará cultivos de primer, segundo y tercer piso (es decir, en un mismo terreno, varios cultivos), con el propósito de sacarle el 100% de provecho a cada centímetro de tierra, lo que se verá reflejado en mejores condiciones para cultivar y surtir con sus productos las centrales de abastos y almacenes de cadena.

Según las cifras del Ministerio de Agricultura, en 2021, en el país se registró una producción total de 34 millones de toneladas de alimentos. Por ejemplo, en Montería el año anterior se logró una producción aproximada de 31.200 toneladas de maíz, 16.200 toneladas de plátano, 11.100 toneladas de ñame, 6.100 toneladas de arroz, 5.400 toneladas de yuca, 1.680 toneladas de coco, 754 toneladas de piña y 680 toneladas de ahuyama. Cifras que estaríamos en la capacidad de multiplicar con la implementación de “Cero Hambre”.

Estamos construyendo una nueva senda para el desarrollo agrícola, basada en la articulación de acciones de acceso, disponibilidad, utilización y estabilidad alimentaria; que mejoren las condiciones de vida de cerca de 25.000 familias campesinas, indígenas, afros y víctimas, de nuestro municipio. Así, buscamos romper ese ciclo vicioso de inseguridad alimentaria, desarrollo físico y cognitivo deficiente, baja productividad y pobreza.

Una vez logrado este objetivo de abastecer a nuestra población, asegurando la alimentación de los colombianos, también podremos pensar en la producción de los excedentes necesarios para abrirnos paso a mercados internacionales.

Estoy convencido de que “Cero Hambre” será una gran apuesta nacional, que le aportará enormemente a la seguridad alimentaria del país y abrirá el camino para que nuestra zona corregimental se convierta en la despensa agrícola de Colombia y una de las más importantes a nivel latinoamericano.

Por: Marcos Daniel Pineda García

En el año 2003, se aprobó en el Congreso de la República una Reforma Política que introdujo grandes aciertos a la democracia colombiana, permitiendo que pasáramos de 72 a menos de 20 partidos políticos, organizando la elección por listas y dejando a cada partido la decisión de inscribirlas abiertas o cerradas, según sus propios criterios.

Creo en los partidos políticos como plataformas para conducir proyectos y somos conscientes que es necesario seguir avanzando en su consolidación. Sin embargo, no puedo estar de acuerdo con uno de los puntos centrales de la nueva Reforma Política planteada por el Gobierno nacional, que actualmente se debate en el Congreso.

Eliminar las listas abiertas con voto preferente y dejar listas cerradas para todos los cargos de corporaciones públicas, significaría retroceder peligrosamente, para pasar de una democracia participativa a una democracia impositiva. Se invertirían los papeles y sucedería algo contradictorio: en lugar de los candidatos ir a conquistar votos a los barrios, corregimientos y veredas, deberán ir los líderes a Bogotá a hacerle lobby a un lapicero centralista.

¿Se imaginan armar una lista cerrada para el Concejo de El Banco en Magdalena, San Antero en Córdoba o Soplaviento en Bolívar? Y como estos, hay muchos más ejemplos de municipios en los que el número de habitantes permite listas al Concejo de tan solo 11, 13 y 15 miembros; sería una escasa minoría de colombianos, quienes podrían aspirar a cargos de elección popular.

No habría espacios para la renovación de liderazgos regionales y distanciaría la política de la gente, desestimulando la entrada de nuevos actores a la contienda electoral. Estamos en un momento en que la sociedad exige una política en la que el candidato y luego el elegido, sea cercano a sus electores, y claramente, la lista cerrada se traduciría en una política tirana, distante y poco empática con el ciudadano.

Colombia ha demostrado que la fuerza de un caudillo hace brillar una lista, como ocurrió en el año 2014 con el Centro Democrático y recientemente, en el 2022 con el Pacto Histórico y eso es respetable. Sin embargo, hay partidos como el nuestro -Partido Conservador-, cuya representación en el Senado es la sumatoria de liderazgos regionales. Son dinámicas diferentes y todas se tienen que aceptar en democracia.

No podemos quitarle al ciudadano la posibilidad de decidir si quiere votar por un partido o por un líder que lo represente localmente. ¡La democracia es libertad y la libertad no se puede limitar!

Tenemos que legislar también para las futuras generaciones, y yo quiero pensar en los miles de jóvenes líderes que tienen el sueño de ocupar curules en diferentes corporaciones, y que lo puedan lograr a través de un ejercicio libre y democrático, conquistando su electorado a voto limpio.

A la Reforma Política le faltan aún seis debates y espero que el Congreso de la República garantice la libertad de decisión de los colombianos para elegir y ser elegidos. Que sea la fuerza de los resultados y el compromiso con los electores, lo que refrende la voluntad popular para ser reelegidos a las diferentes corporaciones públicas y no el poder centralista de un lapicero rosquero y excluyente.

Por: Antonio Correa J

Hace más de un año se declaró la emergencia en la región de La Mojana que ha dejado miles de damnificados entre agricultores, ganaderos, campesinos y sociedad civil, pero seguimos en las mismas. La historia se repite todos los años, sin que nadie haga nada.

Para quienes no conocen la tristemente célebre región de La Mojana, es una cuenca hidrográfica ubicada entre la margen izquierda del brazo de loba (Río Magdalena), la margen izquierda del Río Cauca y la margen derecha del Río San Jorge, una ubicación privilegiada para el equilibrio ambiental del país, amortiguando los caudales en los ríos, caños y ciénagas, además de servir de refugio-hábitat, de regulación atmosférica y de depuración natural de humedales,.

El coctel de las inundaciones y el mar de corrupción que por años se ha apoderado de la región deja millonarias pérdidas económicas para los productores del sector; los caminos se destruyen y el territorio que es invadido intempestivamente queda modificado física y ambientalmente. Las comunidades biológicas no son capaces de responder a estos cambios, y tanto la flora como la fauna se ven afectadas en alto grado.

Es por esto que la población que habita la región tiene altos índices de pobreza, debido a la inequidad de la distribución de la tierra y bienes comunes, así como
la disminución de las actividades agrícolas y la producción pesquera. Además, tienen muchas deficiencias o carencias de los servicios básicos, de agua, alcantarillado, educación, salud, comunicaciones y vías, entre otros. Y es ahí donde con cada ola invernal se asoman los saqueadores para incrementar las NBI de la región, sino también para birlar los recursos que envían del nivel central. Estos son algunos solo algunos de los más casos emblemáticos:

1- El consorcio San Marcos -Magangué cuyo valor de la obra a realizar era de 70.000 millones y se les desembolso el 20 %. De estos recursos se dice que van rio abajo, pasaron por Magangué y van llegando a Bocas de Ceniza.
2- Las casas millonarias de Achí (Bolívar), las cuales tuvieron un costo total de 60.000 millones para entregar 748 viviendas solo se han entregado 120, es decir que la unidad ha salido en 383.000 millones de pesos.
3- Las casas desocupadas e incompletas entregadas en Sucre-Sucre que hoy se encuentran inundadas. Fueron entregadas a las inundaciones.
4- La joyita del saqueo de 193.000 millones de pesos en convenios entre ellos: Nechi por $15.727 millones que, se entrega ahora en noviembre, seguramente inconcluso porque lleva retrasos importantes; el del municipio de Achí por $9.992.106.828. Este se debió entregar el 1 de octubre, pero debe estar, seguramente, muy atrasado, y sin doliente, que tristeza: De igual forma, en Magangué por valor de $ 9.499.286.967. Este para el corregimiento de Barbosa, Palmarito y Panceguita, con retrasos y pidiendo tiempo y adicionales presupuestales, que vergüenza. Así mismo, el otro en Magangué, al que se le deben colocar no ojos, sino lupa, pues es la obra en Santa Lucía, Tacaloa y Las Brisas por valor de $ 22.781.280.660, y lo que esperamos que no quede a media máquina o peor inconcluso es la obra en el barrio Girardot de Magangué, la cual está contratada por un valor de $38.059.256.860 con un avance de obra del 20.04% y con terminación del contrato el 20 de nov 2022.

Córdoba no es la excepción y para Ayapel se firmó un contrato por $3.782.000 millones que llevaba un avance de obra a julio 31 del 56% y ya debió en septiembre entregarse a satisfacción, pero yo no he visto inauguración.
En Sucre también hubo, uno en Majagual de $14.083.791.808 que se termina el próximo viernes. Espero que los majagualeros salgan y lo reciban, pero no creo porque en julio solo llevaba un 25 % de avance de obra. Todos los anteriores proyectos mencionados en los 4 departamentos fueron provenientes de la UNGRD en cabeza del anterior gobierno. En esta no incluimos la obra del tan conocido chorro de Cara de Gato, porque ya esta es ampliamente conocida en la región. Mi pregunta es porqué nadie denunciaba al generosisimo anterior director de la Unidad de la Gestión del Riesgo y sus jugaditas. Bien por la sociedad civil, a través de las asociaciones si denuncio todos estos actos de corrupción y saqueo. Ahora me pregunto por qué mandó a las alcaldías $19.000 millones en horas de máquina para contratar a dedo. ¿Cuál era el verdadero fin?, porque seguramente por esta “contratitis” a “deditis” traerá apuros a mandatarios porque el flamante gerente nacional, como casi siempre pasa, le saldremos a deber.

Y los habitantes con el agua cuello verán como la ilusión de una solución definitiva y duradera se ahogara como tantas otras veces…

Por: Jairo Torres Oviedo

Rector  de la Universidad de Córdoba 

Desde que asumimos la responsabilidad de dirigir los destinos del alma mater de los cordobeses, lo hicimos con una visión y un pensamiento universitario moderno y transformador, con la férrea convicción de que la universidad debe ser la fuerza espiritual y moral que, desde la ciencia jalone el desarrollo social y humano; una fuerza espiritual entendida, como aquella que impulsa y señala el destino de nuestro pueblo y su gente. Esa fuerza espiritual representada en la ciencia y en ella debe reafirmarse para no perecer. Con esta línea de conducta hemos convertido la Universidad de Córdoba en la conciencia critica de la sociedad; a la vez, un proyecto social y cultural transformador, con excelentes resultados en la modernización administrativa, fortalecimiento del sistema de aseguramiento de la calidad que ha permitido pasar de 3 a 15 programas acreditados en alta calidad, la acreditación internacional de 2 programas académicos, la acreditación institucional, el fortalecimiento de los procesos de investigación que nos permite tener el 37% de grupos de investigación en categoría A1 y A; a esto se sumen más de 30 proyectos de investigación aprobados por Minciencias; haber obtenido 40 becas doctorales en las convocatorias del bicentenario; lo que permitirá, que 40 profesores de Unicórdoba se formen como doctores en los próximos años. Además de esto, la regionalización de la Universidad; gratuidad de la matrícula, internacionalización, modernización de los procesos de gestión institucional que, de acuerdo con la función pública, nos sitúa como la primera universidad estatal del Caribe, la sexta entre las 32 públicas del país y, ser la mejor universidad de la región Caribe de acuerdo con el ranking británico Qs. Asimismo, Fortalecimiento de la política de transparencia y buen gobierno de acuerdo con las auditorías de la contraloría general de la república. De igual modo, hemos volcamos la Universidad al territorio; con presencia en 14 departamentos de Colombia, transfiriendo nuestra capacidad científica. Este liderazgo académico y científico; permitió la confianza, credibilidad y reconocimiento social.

Entre todos, logramos construir un proyecto universitario trazado en el tiempo, que requiere continuidad y consolidación de la comunidad universitaria y la sociedad cordobesa. Devolvimos la universidad a la sociedad; ustedes y nosotros tenemos el deber social y moral de protegerla y preservarla para las presentes y futura generación de jóvenes cordobeses. Con absoluta convicción, continuaremos fortaleciendo la formación de nuestros estudiantes, ellos son nuestra razón de ser y preocupación institucional, formarlos académica, científica y humanamente.

Continuamos trabajando por mantener la acreditación institucional, acreditar el 100% de los programas y acreditación internacional de nuevos programas académicos. De esa misma forma, sostener los indicadores de investigación, fortalecer la planta docente y el proceso de formación doctoral, consolidar el bienestar estudiantil, incrementar el número de docentes de planta con nuevos concursos, fortalecer la infraestructura física, técnica y tecnológica; continuar los procesos de internacionalización. En esa misma dirección consolidar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, la política de transparencia y buen gobierno, materializar la regionalización de la Universidad. Por consiguiente, necesitamos una universidad con gobernabilidad y autodeterminación.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Alcalde de Montería

El turismo es un pilar fundamental para la economía de las regiones, un motor para la generación de empleo y una de las actividades que contribuye a la atracción de inversión extranjera.

Vamos por buen camino. Revisando las cifras de Migración Colombia encontré que más de 615.000 extranjeros llegaron al país entre junio y julio de 2022, lo que representa una reactivación de este sector del 88%, teniendo en cuenta que más de 695.000 extranjeros llegaron en 2019.

Y qué decir del informe del Ministerio de Comercio, que reporta la llegada de más de 2.382.000 visitantes entre enero y julio de 2022. Cada día crecemos y cada día son más los que deciden visitarnos. En el primer semestre de 2022, el tráfico aéreo de vuelos nacionales e internacionales en el país aumentó el 85% con respecto a 2021 y el 163% con relación a 2020.

Gracias a los atractivos naturales de nuestro Caribe Colombiano, esta región desde el turismo es la que más le ha aportado a la recuperación económica, tras la pandemia del Covid-19. Las cifras de Anato son alentadoras, ya que develan que al cierre del primer trimestre del año, 3,9 millones de personas eligieron como destino a Montería, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar y Riohacha.

Este año hemos registrado un importante incremento del número de pasajeros que llegan a Montería, lo que impacta positivamente la economía y aumenta los índices de ocupación hotelera; esta última con un repunte importante en Semana Santa, las Fiestas del Río y la Feria Nacional de la Ganadería.

A la terminal terrestre, a corte de agosto de 2022, arribaron más de 119.000 vehículos y 415.000 pasajeros. En la terminal aérea, según las cifras del Ministerio de Comercio, en el primer semestre de 2022 aterrizaron más de 359.000 pasajeros, lo que corresponde a un aumento del 70% con relación al mismo periodo de 2021 y un 193,5% con relación a 2020.

A esto sumamos que AirPlan nos dio a conocer que, de los seis aeropuertos que opera (Rionegro, Medellín, Montería, Quibdó, Carepa y Corozal), Los Garzones es el de mayor crecimiento. Durante el primer semestre del año, se movilizaron más de 759.000 pasajeros y se realizaron 10.600 operaciones aéreas; siendo la proyección al término del año de 1.600.000 viajeros, cifra histórica que representa un aumento del 59%, con relación a lo reportado en 2019.

Todo este crecimiento conlleva a la necesidad de ampliar la terminal aérea, motivo por el que plantearemos a la ANI, al Ministerio de Transporte y a la Aerocivil la modificación del contrato de concesión, que permita extender la plataforma, construir una nueva estructura con las especificaciones necesarias para una zona internacional de pasajeros y ampliar los parqueaderos. Agregándole la construcción de una nueva torre de control de 30 metros, por parte de la Aerocivil.

El desarrollo y la apuesta de una Montería Grande nos han convertido en una ciudad estratégica y fundamental para el Bajo Cauca, Urabá, Sucre y sur de Bolívar; a lo que se suma el hermanamiento con David en Panamá y la atracción de inversión a través de lo que hemos planteado como el área metropolitana hacia el Golfo de Morrosquillo. Estamos aumentando los kilómetros de la Ronda, parque lineal referente a nivel de Latinoamérica, y nos seguimos potenciando como Biodiverciudad para seguir conectando la naturaleza con la urbe.

Años atrás, éramos una ciudad de paso, de mero tránsito de los turistas que se desplazaban hacia otras zonas del país. Hoy los visitantes nacionales y extranjeros ven una gran oferta de actividades.

Las puertas de Montería están abiertas. El majestuoso río Sinú, nuestros hermosos paisajes naturales, la variedad de especies, la cultura, la gastronomía y la calidez humana de los monterianos se mezclan entre sí para brindar un ambiente maravilloso y atractivo a todos aquellos que buscan conocer nuevos lugares y parajes. Razones poderosas que los hacen pensar en Montería como uno de los destinos más atractivos del Caribe.

A través de la historia de la humanidad, la violencia siempre ha sido una constante, cruel e inhumana, lo que la hace ser, totalmente desnaturalizada en muchas de sus facetas y expresiones; particularmente, en la convivencia social y la universidad pública; esta última, no ha sido la excepción a la tradición que aún se vive. Una de las razones que permite entender la violencia en las universidades es su propia naturaleza, porque representa y refleja lo que es la sociedad; es decir, la universidad en gran medida reproduce la complejidad social en el entendido de que, en ella confluyen pensamientos, ideologías, visiones y concepciones de un mundo diverso y traumático, sin distingo de ideologías, colores políticos, concepciones religiosas o sexuales. Es todo un escenario natural de la pluralidad y diversidad. Esta pluralidad que caracteriza la universidad pública colombiana es una de sus fortalezas edificantes y creativas, que se vislumbra, cuando es vivida y expresada por medio de una acción comunicativa permanente, que permita procesos de diálogo, entendimiento y acuerdos; no con el uso de la falsedad y la violencia expresada de maneras execrables.

Si bien es cierto, Colombia, como una nación en construcción ha desconocido en su pluralidad geográfica, cultural, racial, política e ideológica, características identitarias para construir un proyecto de nación incluyente y democrática. Negación que ha conducido al caos, y a una especie de violencia perpetua originada, desde el mismo momento de la independencia, donde sus actores y protagonistas no se pusieron de acuerdo con el modelo de nación que debía instaurarse. Desde ese momento hasta hoy, no hemos podido salir de nuestros propios conflictos. Ahora bien, guardando las proporciones; la universidad pública en Colombia refleja en gran medida esas visiones del conflicto. Por ello, es necesario insistir en que, la naturaleza de la universidad es la ciencia, el saber y el conocimiento, en ella debe reafirmarse. La ciencia es el reflejo y acumulado histórico de cómo la humanidad se ha edificado, y uno de esos aspectos propositivos de la ciencia ha sido pensar y construir un mundo mejor; en tal sentido, hemos evolucionado como humanidad y hasta hablamos de “progreso”. Al decir que, la universidad es un reflejo de la sociedad, es una especie de metáfora del espejo: “cuando nos situamos frente al espejo podemos reconocernos como somos o simplemente engañarnos”. Esa es la universidad en su esencia, permitirnos ser más conscientes y racionales de nuestras limitaciones y realidades; pero siempre, mejorarlas y ser mejores como seres humanos y sociedad. Por consiguiente, la universidad no puede seguir reproduciendo la violencia en ninguna de sus formas de expresión. Persistir en ello, es un reflejo no solo de la barbarie e irracionalidad sino una ofensa a la inteligencia y sensatez del ser humano. Es desde el uso y ejercicio de la racionalidad comunicativa y dialógica desde donde la inteligencia debe expresarse.

Reafirmamos el llamado permanente y reiterativo al diálogo, ha convertir nuestros campus universitarios en ágoras públicas donde se delibere con argumentos, no solo sobre aspectos institucionales; sino sobre el proyecto de nación que nos debe convocar. Reitero, la violencia es la negación no solo de la racionalidad e inteligencia humana, sino de la esencia misma de la universidad.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Alcalde de Montería

Escucharnos es la clave fundamental para llegar a procesos de planificación y construcción de lo que requieren las comunidades. Así quedó demostrado en el Gran Diálogo que adelantamos con los representantes de las comunidades campesinas, indígenas, afros, víctimas y líderes sociales del municipio de Montería.

Logramos convocar en tiempo récord a representantes de alto nivel del Gobierno Nacional, la Gobernación de Córdoba, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para sentarnos en dos importantes mesas de trabajo, en la búsqueda de soluciones a las peticiones hechas.

Con los representantes del “Convite Étnico y Ecológico” iniciamos la construcción de una hoja de ruta de atención y tomamos la determinación de dejar abierta, y de manera permanente, la mesa de construcción en la que cada entidad territorial tiene plenamente identificados los puntos que son de su competencia.

Gabriel Calle, jefe de Gabinete del Ministerio del Interior, y José Jaramillo, secretario privado del Consejero Presidencial para las Regiones, hicieron presencia en este Gran Diálogo y tomaron atenta nota de temas de territorio, acceso a la tierra, reconocimientos de las comunidades, Plan Nacional de Desarrollo 2023, educación con enfoque para la población campesina, consultas previas y protección de líderes sociales amenazados. El propósito es empezar de inmediato un trabajo conjunto entre los Ministerios encargados de cada uno de estos puntos para estructurar acciones y brindar alternativas de atención a corto, mediano y largo plazo.

El ente departamental, representado por el secretario del Interior, Jairo Vaquero, también adquirió compromisos en materia de una adición de recursos al presupuesto de 2023 para la atención de procesos de las comunidades, cofinanciación de las guardias indígenas del departamento en conjunto con el Ministerio del Interior, entrega de ayudas humanitarias e instalación de reductores de velocidad en las vías departamentales donde se requiera.

De nuestra parte, tenemos la competencia para trabajar en los procesos de inclusión y acceso de estas comunidades a la Universidad del Sur; entregas de ayudas humanitarias; proyecto del relleno sanitario en Patio Bonito, del que piden claridad; mejoramiento de vías terciarias; Plan de Alimentación Escolar; información sobre los recursos utilizados en el manejo de residuos sólidos, y los controles al transporte público ilegal y las plataformas digitales que lo promocionan.

Por otra parte, en reunión conjunta, a la que acudieron otros líderes de comunidades étnicas y sociales, entre gobernadores y capitanes de cabildos, junto con las autoridades nacionales y departamentales, tratamos temas de sumo interés; como certificaciones de juntas directivas de cabildos indígenas, servicios de salud en la zona rural, vías terciarias, saneamiento básico, educación, rellenos sanitarios y licencias ambientales. Acordamos una reunión la próxima semana para articular y darle celeridad a los procesos que vienen solicitando desde hace muchos años.

Montería es ejemplo nacional, porque desde el primer día de nuestro gobierno le hemos apostado al diálogo, le volvimos a dar cabida y poder de decisión a la gente; esfuerzo que se ve reflejado en este tipo de espacios que convocamos con el propósito de trabajar mancomunadamente por el bienestar de todos.

Los monterianos pueden tener la certeza de que en el Gobierno de la Gente tenemos la voluntad de avanzar en cada una de las solicitudes de estas comunidades, porque entendemos todas las dificultades que durante décadas han tenido que padecer por el olvido y desfavorecimiento al que fueron condenadas.

Todas nuestras actuaciones y toda la inversión que hemos hecho son el producto no solo de oír, sino de escuchar con atención las necesidades de la gente para así construir colectivamente y entender de manera clara lo que pasa en el territorio.

Sin duda, seguiremos liderando estos procesos de diálogo y construcción permanente para la inversión del gasto público, porque ese ha sido el talante de nuestro gobierno. De esta manera, estamos logrando consolidar una Montería Grande, totalmente incluyente, para las presentes y futuras generaciones.

Por: Marcos Daniel Pineda García

Una de las metas más importantes que se ha trazado el nuevo gobierno, es entregar tres millones de hectáreas de tierra, una apuesta muy ambiciosa que puede salir muy bien, dejando un precedente para el futuro, o por el contrario, puede ser un fracaso, si no se aborda con una visión integral. Más allá de entregar tierras, el verdadero reto está en transformar la vida de las familias en las zonas rurales de Colombia.

En primera instancia, la entrega de tierras debe ser un proceso con orden social, por eso urge definir los parámetros para escoger a los beneficiarios y socializar la convocatoria en todos los territorios del país. Con esto, contrarrestaríamos la proliferación de invasiones ilegales en terrenos privados, que con el anuncio de este nuevo programa, han aumentado en los últimos meses por cuenta de personas inescrupulosas, que quieren sacar provecho de la situación.

Los criterios de selección deben ser estrictos, para que las tierras sean entregadas a los campesinos que realmente las necesiten, estableciendo condiciones que garanticen que a futuro estas no sean enajenadas. Nada haríamos si al final los terrenos entregados resultan alquilados, vendidos o en el peor de los casos, improductivos.

Para darle un buen uso a los terrenos entregados, hay que saber sincronizar su productividad con la vocación del suelo y las apuestas exportadoras de cada región del país. Esto no es algo que pueda quedar al libre albedrío, por ello se debe orientar al pequeño productor hacia la actividad que más le resulte rentable y conveniente.

Así mismo, considero que la entrega de tierras se debe acompañar con una política integral de desarrollo productivo, que incluya asistencia técnica, acceso fácil a créditos y fomento a la asociatividad, para facilitar la adquisición de maquinaria y canales de comercialización.

Otro reto social importante, será el crecimiento poblacional que se generará con este programa en las zonas rurales dispersas del país. Esto obliga a mejorar las condiciones mínimas de calidad de vida de los beneficiarios, como vivienda digna, agua potable, energía eléctrica, conectividad y la ampliación de la oferta de educación y salud para estas comunidades.

Un último reto para mejorar la competitividad de nuestro campo, es sin lugar a dudas la conexión a través de vías terciarias. Nos ilusiona pensar que nuestro proyecto de ley para crear la Agencia de Vías Comunitarias para la Paz, sea por fin la solución que tanto necesitan los olvidados y maltrechos caminos rurales.

Estamos ante una oportunidad histórica, para redescubrir y aprovechar todo el potencial de nuestras tierras y el valor de nuestros campesinos, impulsando el desarrollo económico, no solo de los terrenos que se entregarán, sino de todo el campo colombiano, consolidándolo como uno de los más fuertes e importantes activos del país.