Categoría: Opinión

Por: Jairo Torres Oviedo

Rector de la Universidad de Córdoba

El pasado 10 de agosto, en el auditorio Alfonso López Pumarejo de la Universidad Nacional de Colombia, en presencia de los rectores del Sistema Universitario Estatal colombiano SUE y de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN; se llevó a cabo el acto en el cual, la comisión de la verdad, coordinada por el padre Vicente de Roux entregó a las universidades colombianas la presentación del informe final y del legado de la comisión de la verdad a la universidad colombiana. Recordemos, que la comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición quedó consignada en el Acuerdo de Paz, como un organismo extrajudicial, temporal y, como uno de los pilares del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición; del que también hacen parte la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP y, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD. Los once comisionados seleccionados iniciaron trabajo en mayo de 2018; esta comisión recibió el mandato de esclarecer lo ocurrido durante el conflicto armado interno que vivió Colombia, promover el reconocimiento de responsabilidades, así como el diálogo social y la convivencia, con la finalidad de dejar la guerra para siempre.

En los cuatro años de vida que tuvo la Comisión; se realizaron 14.000 entrevistas y se establecieron conversaciones con más de 30.000 personas de todos los sectores sociales, regiones, identidades étnicas, experiencias de vida, dentro de nuestras fronteras; tanto, por fuera, como dentro de ellas. Adicionalmente, se recibieron más de mil informes de las instituciones públicas, de entidades privadas y de movimientos sociales. De igual manera, se activaron conversaciones inéditas entre sectores, antiguamente enemigos, entre víctimas y responsables, entre partes de la sociedad que piensan diferente, y que nunca se pudieron encontrar para un diálogo constructivo y sereno. En este sentido, las verdades que los comisionados entregaron al país son un conjunto de verdades históricas, extrajudiciales, complejas y centradas en las víctimas. Este Informe Final se suma al conocimiento acumulado que tiene el país respecto a su conflicto. Recoge buena parte de lo producido por el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, la justicia colombiana e internacional; en especial, la justicia transicional, las diversas ONG y, sin dejar a un lado, las de derechos humanos, las organizaciones de víctimas y la academia.

El Informe Final de la Comisión de la Verdad contiene una parte importante de esa verdad necesaria para transitar de un pasado traumático a un porvenir civilizado, donde las diferencias se resuelvan en democracia, y se superen los factores de inequidad, corrupción e inhumanidad que nos ha condenado una y otra vez a la repetición del conflicto. La Comisión de la Verdad es un acontecimiento que no finaliza con la entrega del Informe. El acontecimiento continúa, porque la verdad es una construcción colectiva, plural, histórica, conflictiva y apasionante. Para que las futuras generaciones no repitan la historia de sangre y dolor. Que pueda existir verdad y reconciliación sin renunciar al olvido.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Alcalde de Montería

El viernes pasado adelantamos la actividad Alcaldía con la Gente en Los Garzones. Durante la jornada compartí con los habitantes los esfuerzos e inversiones que estamos haciendo desde el Gobierno de la Gente y tomamos atenta nota de las nuevas obras y políticas públicas que proponen para seguir construyendo una mejor ciudad.

Sin duda, el común denominador de todas las personas que asistieron tiene que ver con que sus bolsillos están asfixiados por el excesivo costo del servicio de energía. Inconformismo que no solo expresan en Los Garzones sino millones de familias del Caribe.

Las tarifas le están arrebatando la tranquilidad a los ciudadanos, en especial a los de estratos 1 y 2, que se ven en la encrucijada de destinar lo poco que ganan para pagar una factura que llega más cara que el valor del arriendo. Gasto que también afecta la compra de productos básicos de la canasta familiar de consumo diario.

Los gobernantes del Caribe estamos en la obligación de seguir alzando la voz ante este atropello y unirnos para trabajar por un mismo objetivo: lograr que las tarifas sean equitativas.

Estamos saliendo de la pandemia del Covid-19, y hoy en el Caribe debemos hacerle frente a esta otra dificultad que está «electrocutando» la esperanza y las finanzas de los ciudadanos. No podemos ser indolentes y quedarnos de brazos cruzados, más aún teniendo en cuenta que desde inicios de 2021 nos enfrentamos a un incremento del 30% de las tarifas, el más elevado en los últimos 10 años.

Ante el anterior panorama, invito a toda la bancada Caribe del Congreso, en especial a nuestros seis senadores y seis representantes cordobeses, a ponerse la camiseta de esta región que clama por una pronta solución.

Tenemos que lograr estructurar un proyecto de ley sólido que deje establecidos recursos y financiaciones en el Plan Nacional de Desarrollo por parte del Gobierno Nacional para que asuma las pérdidas de energía y las inversiones por las que ya pagamos.

Debemos insistirle al nivel central sobre la urgencia de articular acciones para contrarrestar el exorbitante crecimiento del Índice de Precios al Productor, que registró un incremento anual del 32,85% según la última medición del Dane, índice que se toma en cuenta para establecer el componente de distribución que hace parte de la fórmula que establece el valor de la prestación del servicio. A lo que sumamos la modificación de esa fórmula, razón por la que demandamos las resoluciones de la Creg.

El tema energético tiene que ser ese punto de partida para que actuemos unidos por las necesidades más apremiantes de la Región Caribe. En nuestras manos está sacar adelante proyectos como el Tren del Caribe, conexiones viales de doble calzada para reducir los tiempos de viaje entre las ciudades capitales, mejoramientos de vías terciarias, puertos profundos, proyectos de energías limpias que reduzcan las emisiones de gases y la generación de industrias para el crecimiento de nuestra economía y la generación de empleo.

Es hora de fortalecernos en todos los estamentos, trabajando mancomunadamente entre sociedad civil, agremiaciones, gobernantes y legisladores. Alejados de colores políticos y enfocados en ser muy propositivos en aras de aumentar la calidad de vida de las comunidades y elevar el nivel de competitividad para abastecer al país con nuestros productos y abrirnos a mercados internacionales.

Por: Jairo Torres Oviedo

Rector de la Universidad de Córdoba

El pasado 8 de agosto, el ministro de Hacienda y Crédito Público presentó el proyecto de reforma tributaria: “Para la igualdad y la política social” dicha reforma está soportada sobre principios constitucionales de progresividad, equidad y eficiencia del sistema impositivo; esto, con el propósito de implementar medidas encaminadas a fortalecer la tributación de sujetos con mayores capacidades contributivas, robustecer los ingresos del Estado, reforzar la lucha contra la evasión, el abuso y la elusión; además, promover el mejoramiento de la salud pública y el medio ambiente. Esta reforma permite apoyar el gasto social en la lucha por la igualdad y la justicia social. El propósito esencial de la presente reforma es, contribuir a reducir la deuda social histórica que tiene el Estado colombiano con sus habitantes a través del aumento de los ingresos tributarios con el fin de erradicar: el hambre, disminuir la pobreza y desmontar las preferencias tributarias de los más pudientes.

Para ello, el Estado necesita de unos recursos financieros que permitan hacer realidad un paquete de reformas sociales que, amplios sectores de la sociedad demandan para garantizar la justicia social; la cual establece, como imperativo social y moral, poner en práctica principios de justicia y solidaridad. La justicia hace referencia al respeto y reconocimiento de los derechos de los individuos, la solidaridad exige reconocimiento y preocupación por el bienestar de los demás. La vulnerabilidad humana se crea, cuando desconocemos y dejamos de poner en práctica, valores como la solidaridad; que permite la cohesión y construcción de una mejor comunidad; solo así, es posible un orden social que proteja nuestra vulnerabilidad.

En los distintos momentos de la historia humana, independiente de las crisis o fatalidades vividas; se ha necesitado de un sentido de lo humano ejercido en términos práctico. Lo humano, no como una condición fisiológica, sino como, humanidad, la cual se construye desde una dimensión inmanente; es decir; lo humano y la humanidad son el resultado de nuestros actos. Es a partir de lo que hacemos y cómo lo hacemos, lo que determina el resultado de nuestras acciones y comportamientos que se reflejan colectivamente. Cuando esto se realiza, la convivencia se armoniza, contribuyendo al reconocimiento de los derechos y dignidad de las personas; pero, igualmente tenemos que reconocer, que una comunidad requiere en sus procesos de socialización y convivencia vincular los aspectos de derecho y dignidad, que son necesarios e indispensables; pero no suficientes.

En cuanto la calidad de la convivencia, esta no se mide solamente por el grado de solidaridad y por el nivel de bienestar, sino también, atendiendo hasta qué punto los intereses de cada individuo particular se tienen en cuenta por igual en el interés general. De aquí que, necesitamos la acción del Estado en función de la inclusión y justicia social; un país, que actué en función de todos y para todos, independiente a la condición social, económica, política, geográfica, cultural, étnica, religiosa o sexual. En este sentido, requerimos de una reforma tributaria justa y solidaria para que el Estado vuelque su capacidad en función de proteger a los más vulnerables.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin
Alcalde de Montería

Los alcaldes de Asocapitales tuvimos la Primera Cumbre Regional con el Presidente Gustavo Petro. Reunión que resultó muy constructiva por dos razones fundamentales: nos dio a conocer su visión de país, que indudablemente engrana con los procesos que se desarrollan en las regiones, y se mostró muy interesado en trabajar los puntos que le planteamos por el bienestar de las comunidades y fortalecimiento de la Nación.

Acordamos el inicio de mesas conjuntas entre Asocapitales, el equipo ministerial y demás entidades administrativas para viabilizar lo más pronto posible los proyectos que se encuentran en fase tres. Necesarios para la generación de empleo y el crecimiento de las ciudades.

Uno de los temas que podría traer mayor beneficio ciudadano es la armonización de los periodos, que concebimos desde Asocapitales. Los gobiernos locales alinearlos con el Gobierno Nacional. Debemos lograr que inicien al mismo tiempo para gozar de un Estado articulado, con Planes de Desarrollo conjuntos.

Durante un extenso y provechoso espacio de la reunión, hablamos de la búsqueda de soluciones al tema energético. Los alcaldes del Caribe fuimos reiterativos en la urgente necesidad de equilibrar las elevadas tarifas que están afectando la competitividad y asfixiando a las familias más pobres del País, que se encuentran en los estratos 1 y 2 del Caribe Colombiano. El Presidente mostró total interés para trabajar en conjunto y solicitó las demandas que en Montería y Barranquilla interpusimos en contra de las resoluciones de la Creg.

Coincidimos con el Presidente en que es indispensable implementar mecanismos para la generación de energías limpias, que excluyan las emisiones de gases causantes del cambio climático. A lo que sumamos el diseño de políticas para cuidar el agua, los páramos y la selva amazónica.

El primer guardián de la democracia es la seguridad, motivo por el que el Presidente planteó una revisión de la operatividad de los cuadrantes, de acuerdo a los flujos poblacionales, para que haya una mayor efectividad de la Policía en función de la ciudadanía. Esto nos lleva a una reorganización de las estrategias para continuar combatiendo con contundencia la delincuencia y el crimen organizado.

Nos parece de suma importancia la iniciativa del Gobierno de implementar una taza de subsidio al transporte y aumentar los transportes masivos, como lo son vías férreas, tranvías y metrocables, en las ciudades que lo permitan. Lo que abre la puerta para garantizar el tren del Caribe, desde La Guajira hasta Córdoba, con la petición de que llegue hasta Urabá, para aumentar la competitividad, teniendo en cuenta los puertos.

Uno de los temas finales tuvo que ver con el gran beneficio del catastro multipropósito, el que aumenta ingresos y nos da una visión exacta y veraz del territorio, más aún cuando nuestro municipio tiene una gran extensión rural. Lo que contribuirá a una mayor inversión para fortalecer el campo eficientemente.

Estos son los primeros pasos que damos como alcaldes de ciudades capitales, en las que vive cerca del 50% de la población y se genera el 55% del PIB nacional, para robustecer los procesos y apoyos que se requieren del Gobierno del Presidente Petro, a quien le vemos total voluntad para construir una agenda conjunta que beneficie las políticas públicas, enfocadas en lo social, para seguir llevando el progreso a los territorios.

Por: Jairo Torres Oviedo.
Rector de la Universidad de Córdoba

A partir de este 7 de agosto de 2022 inicia un nuevo gobierno en Colombia. Por primera vez, un presidente de izquierda asume las riendas del país en medio de expectativas, dudas, temores, desafíos y oportunidades que todo cambio genera. El éxito del nuevo gobierno debe traducirse y reflejarse en mejores niveles de equidad y bienestar social; para ello, deben tramitarse y aprobarse las reformas estructurales que el país demanda en materia de desarrollo rural integral, salud, política, asistencia social, educación, entre otras; sobre todo, la reforma tributaria, la cual debe generar los recursos para soportar y financiar las transformaciones sociales urgentes. Importante señalar, que el escenario donde se deliberan y aprueba las reformas es el Congreso; institución que representa el país político y con el mayor nivel de desaprobación por parte de la ciudadanía. Este actual Congreso renovado en gran medida por movimientos y partidos políticos alternativos deberá representar una expresión política moderna, que supere las viejas prácticas politiqueras de nuestra premoderna cultura política acentuadas en gran parte del territorio Nacional.

Para que esto suceda, deben aprobarse leyes que hagan posible las reformas que requiere el país nacional representado en millones de colombianos excluidos del bienestar social. La aprobación de estas reformas requiere de un gran acuerdo que el nuevo gobierno ha definido como un pacto histórico. Como todo acuerdo, debe construirse entre iguales y diferentes; es decir, un pacto que evidencie la pluralidad y diversidad de la Nación colombiana y, cuyo fin o propósito sea la justicia social. Muchas de estas reformas deben priorizarse en la agenda legislativa y aprobarse en los períodos respectivos para que hagan parte del Plan de Desarrollo Nacional y puedan ser una realidad. Esto es lo que espera la sociedad colombiana, una actitud que señale el devenir del nuevo gobierno; que, con la implementación de las reformas comience a cumplir las expectativas y necesidades de la gente; sobre todo, los más vulnerables, por ejemplo: que los jóvenes colombianos tengan acceso a la universidad pública y gratuita, los campesinos estén en condiciones para poner a producir la tierra e industrializar el campo, que la tercera edad cuente con subsidios económicos para lograr una vejez digna; además, la reforma política y muchas otras propuestas de cambio con las que alcanzó el apoyo popular el presidente Petro.

Sin duda alguna, lograr lo antes mencionado dependerá del relacionamiento con el Congreso; que debe darse pensando en los cambios que el país necesita y no solo en el poder clientelar que garantizan las maquinarias políticas locales especializadas en ganar elecciones y distribuir el Estado como si fuera su empresa privada. El avance de las reformas depende del acuerdo con el Congreso; la construcción de un pacto por Colombia y su gente, lo que veremos en los próximos meses del nuevo gobierno. El país espera un pacto que trascienda las viejas prácticas; donde se construían acuerdos para gobernar y no transformar. Esperamos del presidente Petro, un liderazgo transformador, que erradique las costumbres politiqueras, que permita el surgimiento de una cultura política moderna centrada en el argumento, la deliberación pública y la preocupación por el otro; es decir, ¡el bien común!

Por: Marcos Daniel Pineda García

Cada cuatro años en Colombia, el siete de agosto se convierte en una fecha esperanzadora, porque inicia un nuevo gobierno. Hoy no es la excepción: comienza el gobierno de Gustavo Petro, el primero en la historia de nuestro país con una ideología de izquierda y por el que millones de colombianos votaron con la ilusión del cambio.

Más allá de las necesidades de cada región y los desafíos sociales, económicos y políticos que debe cumplir de acuerdo a sus promesas de campaña, el gran reto que hoy se le presenta al Presidente, es desmitificar a la izquierda y demostrar que todos podemos trabajar unidos para sacar al país adelante, entendiendo la diversidad y libertad de pensamiento como una riqueza que hace grande a nuestra democracia.

Este gobierno está llamado a tener la suficiente humildad para reconocer que, así como hay infinidad de problemas por resolver, errores que corregir y reformas estructurales por realizar, también hay muchos logros y aciertos que deben ser protegidos para garantizar su continuidad en el tiempo, independientemente del origen político de quienes los consiguieron y encaminaron.

Debemos construir sobre lo construido, obviamente sin pretender que sea ignorado el sentir de la mayoría de los colombianos que decidieron apostarle a un cambio de rumbo y que en franca lid obtuvieron un triunfo que desde hoy deberá comenzar a verse reflejado, Dios quiera, en el bienestar del país y de todos los que vivimos en él.

Siempre he sido un convencido que el gobierno que entienda que Colombia es un país de regiones, podrá conectar con la gente y sus necesidades. La diversidad cultural, económica, geográfica, climática y hasta biológica de nuestro país, es directamente proporcional a sus complejidades, y como tales no pueden ser atendidas y mucho menos comprendidas desde un escritorio en la capital del país. Es necesario conocer de primera mano ese metro cuadrado que rodea a cada colombiano en su día a día y poner en marcha acciones que mejoren de manera equitativa la calidad de vida de todos los ciudadanos.

Es evidente que esta Presidencia deberá unificar al país en una sola bandera que con su amarillo, azul y rojo, pueda ondear triunfante para todos por igual. Que las reformas y acciones que se hagan se den dentro de la concertación y no de la imposición y el autoritarismo, asumiendo que no siempre habrá acuerdo y sabiendo dirimir las diferencias, tanto con los sectores políticos y sociales, como con los gremios y las comunidades.

Para nadie es un secreto que no voté por el gobierno que hoy inicia, pero como colombiano quiero que al presidente Petro le vaya bien, para que gane Colombia y por ende, ganemos todos. Como Senador, lo acompañaré desde la independencia, tomando distancia de lo que considere nocivo para los colombianos, así como lo acompañaré de manera decidida y sin ningún cálculo político en todo aquello que sea beneficioso para el país.

Presidente Petro, ¡éxitos en su gestión!

Por Carlos Ordosgoitia Sanin
Alcalde de Montería

Hoy, 7 de agosto, por mandato constitucional, asume las riendas del país un nuevo Presidente de la República: Dr. Gustavo Petro Urrego. El nuevo mandatario durante los próximos cuatro años tendrá grandes retos para llevar progreso y desarrollo a las regiones. Uno de ellos, el de continuar fortaleciendo la democracia y las libertades civiles por las que tanto lucharon nuestros próceres de la Patria, que un día como hoy en 1819 cristalizaron nuestra independencia en la Batalla de Boyacá.

Desde el Gobierno de la Gente construimos una Montería Grande, sostenible e incluyente. En la que le hemos dado prioridad al mejoramiento educativo y el desarrollo rural. Temas de alto interés para el nuevo Gobierno Nacional.

Desde el primer día de nuestro Gobierno estamos trabajando con la visión de lograr que nuestros campesinos aprovechen más sus tierras. Prueba de ello es que invertimos el 40% del presupuesto, cifra cercana a los $160.000 millones, en infraestructura educativa, desarrollo agrícola, saneamiento básico y mejoramiento de vías. Estas últimas, indispensables para el transporte adecuado a las plazas de mercado de la producción de los alimentos que se cosechan.

Montería es la capital del país con mayor población rural, con una extensión de 320 mil hectáreas, y lejos de convertirse en un obstáculo geográfico y sociológico, en nuestro gobierno lo hemos transformado en grandes oportunidades. Es así como en el campo estamos saldando esas deudas históricas, porque entendemos sus necesidades y conocemos como nunca las bondades de nuestra geografía. De allí, la importancia de articular acciones con la ministra de Agricultura, Cecilia López, para continuar trabajando conjuntamente en la generación de alternativas que fortalezcan a las más de 25 mil familias campesinas del municipio; brindándoles planes de financiación para cultivar la tierra y la intervención de más kilómetros de vías terciarias.

Es necesario también que desde el Ministerio de Minas y Energía se impulse un Proyecto de Ley en el que se legisle para lograr la disminución de las tarifas de energía en el Caribe. Estableciendo un trato equitativo que genere desarrollo y competitividad e incluyendo artículos en el nuevo Plan de Desarrollo Nacional, que contemple para los próximos tres años la estabilización de las tarifas y la realización de inversiones del Presupuesto Nacional para el mejoramiento y optimización del servicio.

A su vez, los alcaldes del Caribe esperamos que se haga realidad la construcción del Tren Regional del Caribe, indispensable para una masiva comercialización de los productos de nuestro campo. Interconexión ferroviaria que va desde La Guajira hasta Córdoba, y la que debe contemplar una extensión hasta el Golfo del Urabá. El tren se convertirá en un gran valor agregado y una sólida oferta de más puertos que sirvan como plataforma de transporte de nuestros productos para satisfacer la demanda mundial.

En materia medio ambiental, es de suma importancia lograr consolidar la construcción de un Parque Tecnológico Ambiental para el manejo de rellenos sanitarios, que beneficie a Montería y al departamento de Córdoba. Proyecto para el adecuado manejo de residuos sólidos y lixiviados, así como la disminución de emisiones de gases y la investigación y desarrollo de procesos amigables con el medio ambiente.

Tras la posesión del nuevo Presidente de la República, visualizamos un Gobierno Nacional sintonizado con Montería, con las regiones. Desde el Gobierno de la Gente, invitamos al Presidente Petro a que se sigan articulando proyectos desde el nivel central en conjunto con nuestra administración para así darle continuidad al trabajo realizado y destinar más inversiones, con el fin de seguir impulsando la economía e implementando los procesos de sostenibilidad ambiental, social y urbanística de la Montería Grande que estamos construyendo.

Por: Jairo Torres Oviedo

Rector universidad de Córdoba

Hemos venido construyendo una reflexión teórica y argumentada, alrededor de un modelo integral de regionalización de la universidad pública; esto, con el propósito de ampliar cobertura en condiciones de pertinencia y calidad; en particular, en los territorios que han sido marginados del bienestar social. Abordemos una reflexión sobre la pertinencia y calidad en educación superior; para ello, tomaremos como referencia el informe de la Organización de Estados Iberoamericanos OEI. año 2020 relacionado con educación superior, productividad y competitividad en Iberoamérica.

Es claro, que Colombia ha hecho esfuerzos en materia de cobertura universitaria; pero aún falta por continuar y sostener. De acuerdos con el organismo en mención, en América Latina y el Caribe, el gasto en educación superior como porcentaje del producto interno (PIB) aumentó de un 1.18% en 2011 a un 1.42% en 2017. Este esfuerzo reflejado en la tasa bruta promedio de matrícula, también se ha incrementado más de 10 puntos porcentuales de 2010 a 2017 en Latinoamérica (de 41,3% a 51.9%). A pesar del avance en la tasa bruta promedio, aún se encuentra por debajo de la registrada por los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE (75.6%) (World Bank, indicators, 2019). Esta cifra muestra que estamos muy por debajo, teniendo en cuenta que Colombia hace parte de la OCDE y, registramos una cobertura universitaria de 51.58%.
Ahora bien, en Latinoamérica un porcentaje cada vez mayor de jóvenes accede a la educación superior, este acceso sigue siendo desigual dependiendo del estatus económico, donde los jóvenes del quintil más rico (Q5) son aproximadamente nueve veces más propensos de acceder a la educación superior (50%) que aquellos del quintil más pobre (Q1), donde únicamente se observa el 6%. Estas brechas de acceso a la educación en Colombia son evidentes en la región Pacífica, Caribe y las zonas azotadas por el conflicto armado. Lo anterior, contrasta con la alta tasa de deserción en América Latina; donde, entre 2004 y 2014, el 41% de la población en edades de 15 a 64 años inicio estudios superiores en la Región; pero, solo el 14% los finalizó.
En este sentido, la calidad de la educación superior se presenta como uno de los principales retos para los actores del sistema educativo. Por consiguiente, es importante mencionar las razones de la baja calidad educativa en la Región, donde en Colombia son:

1. Un desfinanciamiento estructural de la educación superior.

2. Baja calidad de la educación primaria y secundaria, evidenciado por las pruebas PISA.

3. Disminución de la relación profesor/estudiante.

4. Baja proporción de profesores con título de doctorado.

5. Escasa investigación académica y específicamente aplicada.

6. Deficiencia en la calidad de las infraestructuras de educación superior.

7. Un sistema de aseguramiento de la calidad incipiente. En estos aspectos debe centrarse el esfuerzo del próximo Gobierno; fortaleciendo las condiciones para generar un proceso formativo que permita la calidad con pertinencia; es decir, que los graduados de las universidades puedan responder a las demandas y necesidades del sector productivo regional y nacional. Necesitamos una política pública de Estado, que haga de la educación el eje central sobre el cual se construya la nación colombiana.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin
Alcalde de Montería

Luego del pico más alto de la pandemia en 2020, hemos logrado disminuir los índices de desempleo 11,1 puntos porcentuales. En el trimestre comprendido entre abril y junio de 2020, registrábamos una tasa de desempleo del 24,8% y, según la más reciente encuesta del DANE para ese mismo periodo de 2022, registramos un 13,7%.

Recibimos esta medición con especial agrado porque vemos reflejado el arduo trabajo que desde el Gobierno de la Gente venimos realizando desde un principio y el que comienza a cosechar sus frutos brindándole nuevas oportunidades laborales a los monterianos.

Sabemos que tenemos muchos retos por afrontar, razón de más para no cesar en el responsable empeño que le hemos puesto a esta tarea y por lo que con todo nuestro equipo de trabajo seguimos articulando acciones y diseñando planes que impulsen nuestra economía. El camino que hemos elegido es el acertado.

Para nadie es un secreto que el Covid-19 disparó el desempleo. Muchas de las empresas que se habían conformado en los últimos años se vieron en la triste necesidad de cerrar sus puertas. Esa situación se convirtió en un gran desafío para nosotros porque estábamos en la obligación de volver a generar confianza.

Es así como empezamos la articulación de acciones con las promotoras de desarrollo económico, gremios y emprendedores. Concebimos y consolidamos un mecanismo novedoso, el “CrediExpres de la Gente”, iniciativa que con ágil y cómoda consecución ha permitido la liquidez económica de pequeñas y medianas empresas. Mediante esta línea de crédito destinamos $16.000 millones que han permitido impulsar a 1.641 emprendedores de la ciudad. Motivo por el que decidimos ampliarla en este segundo semestre del año con alrededor de $20.000 millones.

Montería y el departamento de Córdoba históricamente han sustentado su economía en la potencialidad agrícola y ganadera. Lo que nos impulsa a abrir nuevos espacios encaminados a un robusto desarrollo comercial e industrial para generar grandes transformaciones económicas y sociales. Para tal fin, en el Gobierno de la Gente solidificamos el area urbana y la zona corregimental con mejoramientos viales, construcción de nuevos parques recreativos, obras de saneamiento básico y ambiental, solidificación de la red de salud y proyectos de infraestructura educativa que son de vital importancia.

Estamos construyendo una Montería Grande, en la que buscamos abrir los espacios necesarios para la industrialización y la apertura de nuestra economía a mercados internacionales. Estamos sellando acuerdos con socios estratégicos del Urabá y la ciudad de David en Panamá, toda vez que visionamos que estas alianzas son fundamentales para la generación de mejores oportunidades y el desarrollo de la capital cordobesa durante décadas.

“Montería A Toda Máquina”, ha sido fundamental para la generación de oportunidades laborales. Los 73 frentes que están en marcha cuentan con más de 5.000 trabajadores. Y seguimos estructurando nuevos proyectos que seguirán abriendo plazas directas e indirectas.

La mejoría del empleo en la ciudad es una respuesta de lo que ha sido la implementación de nuestra política económica y empresarial. Situación que genera esperanza en los ciudadanos y abre un camino de equidad y crecimiento sostenible.

Por: Marcos Daniel Pineda García

El 20 de julio de 2022 es una fecha que recordaré por siempre: el día que tuve el honor de ocupar una curul de Senador en el recinto del Congreso de la República.

Este día representa uno de los pasos más importantes de mi carrera pública, pero también se convirtió en una fecha icónica para el país, porque marca la conformación del Congreso más renovado de la historia reciente. Muchas caras nuevas, jóvenes, mujeres, diversidad étnica y cultural, pluralidad de pensamiento, fenómenos políticos y hasta ‘influencers’, que dieron el salto del mundo digital a la acción real, todos con el desafío de emprender una labor que pueda ser determinante para el futuro del país.

Este Congreso renovado comenzó con un acto poco ejemplar, convirtiendo el Congreso en algo semejante a una gallera, donde el acto solemne de posesión, el discurso, las ideas y el debate, quedaron en segundo plano para dar paso a insultos y arengas dirigidos al presidente Iván Duque Márquez, quien independientemente del partido o la ideología que represente, sigue siendo el primer mandatario de los colombianos hasta el 7 de agosto y como tal debe ser respetado, más aun en la “casa de la democracia”.

Ad portas de iniciar un nuevo gobierno, es necesario que este renovado Congreso pase de los gritos a las acciones, liderando esas reformas estructurales que el país tanto requiere y necesita, que entienda que no se trata de imponer mayorías que atiendan a acuerdos políticos, sino de concertar con el ciudadano, el empresario, el campesino, el gremio y desde luego, todas las fuerzas políticas que acompañaremos el Gran Acuerdo Nacional.

Los congresistas debemos ser conscientes que nuestra prioridad es Colombia y que las reformas que estamos a punto de liderar, no deben llevar un sello político u obedecer a caprichos personales, sino por el contrario, un enfoque social y humano conectado con las necesidades de nuestros territorios, que propendan siempre por el mejoramiento de la calidad de vida de quienes con su voto, nos llevaron a ocupar el lugar y la responsabilidad que hoy ostentamos.

El 20 de julio de 2022 quedó demostrado que luego de una campaña hostil, el país aún se encuentra polarizado, por ello es nuestro deber como congresistas trabajar en la reconciliación nacional, dejando atrás las diferencias y anteponiendo los objetivos e intereses nobles del país, para superar los retos inaplazables que hoy la sociedad nos exige.