Categoría: Política Córdoba

• La actual directora jurídica de la entidad asume temporalmente el liderazgo de esta territorial, con el propósito de continuar trabajando por el restablecimiento de los derechos de las comunidades víctimas de despojo y/o abandono forzado de tierras en la región.

El mayor Giovani Yule, director general de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), designó a Paula Villa Vélez como directora territorial encargada de la URT en Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño.
Villa, quien actualmente se desempeña como directora jurídica de la entidad y ha estado encargada de otras territoriales como Apartadó y Meta, es abogada de la Universidad de Antioquia, con Maestría en Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Adicional a su formación académica, ha sido docente en la Universidad de Antioquia, defensora de derechos humanos y de los derechos a la tierra y al territorio. También ha desempeñado cargos públicos en el Consejo de Estado y la Secretaría de Gobierno de Bogotá.
“En este encargo seguiré impulsando al equipo de profesionales de la Dirección Territorial para que continúen cumplimiento las metas que se han propuesto en este Gobierno para el fortalecimiento y reconstrucción del Acuerdo de Paz”, afirmó.
Asimismo, enfatizó que desde la misión y visión de la URT continuará el fortalecimiento en la atención, materialización y goce efectivo de los derechos de las víctimas de despojo y/o abandono forzado en el departamento de Córdoba y la subregión del Bajo Cauca antioqueño, en un marco de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Paula Villa Vélez reemplaza a Ana Cristina Muñoz, quien se desempeñó durante casi un año como directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Córdoba y Bajo Cauca antioqueño.

 El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, realizó visita de inspección a la obra del Megacomando de Montelíbano, una iniciativa del gobierno departamental, que promete marcar un antes y un después en la seguridad de los habitantes del San Jorge.

La Estación Base del Distrito B, se perfila como una herramienta clave en la lucha contra la criminalidad en la subregión del San Jorge beneficiando todos los municipios de esta zona, un área que ha enfrentado diversos desafíos en materia de seguridad.

Este proyecto tiene como propósito no solo fortalecer la presencia policial en la zona, sino también optimizar la coordinación y respuesta ante situaciones de emergencia, garantizando una mayor protección para todos los cordobeses.

Durante su visita, el gobernador Erasmo Zuleta, enfatizó la importancia de avanzar con celeridad en la culminación de esta obra, destacando el impacto positivo que tendrá en la comunidad.

«Este es un proyecto que viene de anteriores administraciones, se han tenido mesas técnicas con el Ministerio del Interior, alcaldía y entes de control, porque la idea es avanzar en esta obra que dignifica la condición laboral de los policías que están en el sur de Córdoba. Hoy, el llamado es encontrar puntos de consenso y avanzar en la materialización de una obra tan importante para nuestra fuerza pública y para la seguridad de todo un territorio», dijo el gobernador.

Por su parte, la secretaria de Infraestructura departamental, Cilia Tobías, subrayó el papel fundamental que jugará esta estación en la estratégia de seguridad del departamento.

«Este proyecto representa un avance significativo para la zona del San Jorge, una región que enfrenta constantes retos relacionados con la violencia y la criminalidad. La Estación Base del Distrito B será un pilar fundamental en nuestra lucha por una Córdoba más segura y próspera», expresó la funcionaria.

Actualmente la obra se encuentra en un 17% y continúa su proceso de construcción. Se espera que, una vez finalizada, se convierta en un referente de seguridad y desarrollo para toda la región.

Cerca de 40 kilómetros de vías, dos puentes vehiculares y una cobertura en agua potable superior al 95% del casco urbano hacen parte de los planes trazados por el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, para proyectar al municipio de Ayapel como un destino turístico de interés nacional e internacional.

Las obras fueron visitadas este viernes 6 de septiembre, en lo que el mandatario departamental definió como la «Ruta por el San Jorge», en la cual supervisó la construcción de la vía que comunica esta localidad con el vecino municipio de La Apartada, la cual tiene una inversión de $6.484 millones.

“Este tramo vial tiene una longitud aproximada de 38.12 kilómetros, de los cuales 26.28 están en jurisdicción del municipio de Ayapel, y 11.84 kilómetros en jurisdicción del municipio de La Apartada, beneficiando a un total de 47.247 personas”, indicó el gobernador.

*Gobernación construirá dos puentes en el San Jorge*

De igual manera, el mandatario aprovechó su estancia en el San Jorge para informar a la comunidad la construcción de dos puentes sobre la citada vía, afectada por las lluvias y las crecientes de las quebradas.

“Ayapel es un municipio con un potencial turístico enorme. Queremos que, cuando las personas transiten por esta vía, lo hagan en una ruta de calidad. Por eso, hoy anuncio que desde la Gobernación del Departamento vamos a financiar la construcción de dos puentes, actualmente en riesgo de colapsar, para que la movilidad en este municipio no tenga fallas. Son dos puentes vehiculares, y también se mejorará la infraestructura vial sobre las quebradas El Caraño y Las Catas, en la vía que comunica los municipios de Ayapel y La Apartada”, explicó Zuleta Bechara.

En otra de sus paradas en el San Jorge, el gobernador visitó el proyecto de agua potable en el casco urbano de Ayapel, que beneficiará a más de 24 mil habitantes.

“Este importante proyecto consiste en rehabilitar tanques existentes, reponer tuberías y modernizar las redes para garantizar un acueducto con una cobertura superior al 95% en el casco urbano de Ayapel. Queremos que, cuando la gente llegue y abra la llave, salga agua potable, porque este es un municipio con un potencial turístico enorme”, reiteró.

El Gerente de Ciudad, Edgardo Espitia Cabrales llegó cargado de buenas noticias a la Feria de Servicios Aquí te Ayudo que se realizó, con éxito, en la Comuna 6, al lado de la sede del Hospital de este sector.

El funcionario les confirmó a los líderes y ciudadanos de esta zona de la ciudad que se pavimentarán 713 metros lineales, lo que seguirá proyectando aún más a la Comuna 6 y mejorando la movilidad en esta zona.

“Esta Feria es para solucionar, para ayudar y para cambiar vidas. Vengo a hacer un importante anuncio que nos llena de alegría el alma. Es una pavimentación que estaba pidiendo la comunidad hace mucho rato”, aseguró Espitia Cabrales.

Se trata de la Carrera 29 entre las calles 8A y 20. La vía tendrá un ancho cinco metros e incluye andenes de 1.20 metros y un box culvert, con una longitud de 8.40 metros y cunetas, en ambos costados de la calzada. El proceso de licitación ya se subió al Secop donde surtirá su respectivo trámite.

*Más de 1.500 personas asistieron a la Feria*

A la jornada número 12 de esta Feria de Servicios de la Alcaldía y la segunda que se realiza en la Comuna 6 asistieron 1.581 personas que visitaron los diferentes stands de las secretarías, así como de las entidades públicas y privadas aliadas.

“Siempre que venimos a la Comuna 6, a La Pradera, Cantaclaro, El Alivio y Seis de Marzo es satisfactorio. Estos barrios son mi casa. Aquí me levanté yo y tengo muchos amigos. A todos los llevo en mi corazón”, dijo Espitia Cabrales.

El Gerente enfatizó diciendo que: “Esta Gerencia de Ciudad es así. Lo que buscaba era que no se perdiera ese contacto con cada uno de ustedes. Agradezco la presencia de cada líder, dirigentes y concejales. Gracias a cada funcionario que no está en su oficina sino aquí. Esta es la visión para la que nos eligieron, para que estemos en los barrios, de la mano con ustedes, estos cuatro años”.

*Aprovecharon la Feria al máximo*

Los residentes en los diferentes barrios de la Comuna 6 aprovecharon al máximo esta jornada de presencia institucional. Varios ciudadanos, entre beneficiarios y participantes opinaron sobre la actividad.

Noelis Doria, líder comunal de la zona, afirmó que: “Lo que más me gusta de esta feria de servicios son todas las ofertas instituciones que ofrece la Alcaldía en los barrios. Muchas veces a la gente se le dificulta acudir a las entidades, por los pasajes. Aquí las consiguen todas”.

Por su parte, Wilson Durango, “Aquí se le da una respuesta totalmente contundente para que el usuario se vaya satisfecho para su hogar.

A su turno, Judith Rodríguez, afirmó que: “Para mí, este Alcalde ha sido muy especial. Esta es una actividad muy buena para toda la comunidad. Gracias al Gerente de la Ciudad por hacer esto posible. Es un sueño hecho realidad”.

Al respecto, Ana Romero, estilista que se vincula a la jornada, afirmó que: “Colaboramos con la comunidad que se beneficia mucho de estos eventos que hace la Alcaldía y la Gerencia de Ciudad”.

Así mismo, Álvaro Álvarez, del gremio de los barberos, que también participa ofreciendo cortes de cabello, dijo que: “La actividad me parece muy bien y excelente. Les hacemos cortes de cabello a las personas que lo necesitan y así se sientan felices”.

Finalmente, Mónica Cuervo, gerente de la empresa Plásticos y Derivados, otra participante en la Feria, aseguró que: “Participar en la Feria es importante para nosotros porque le mostramos a la comunidad cómo podemos recuperar materiales plásticos y darle un nuevo uso”.

A propósito del pronunciamiento de la Contraloría General de la República sobre el acueducto del San Jorge, el gobernador de Córdoba Erasmo Zuleta, señaló en su cuenta de X.

«Desde el mes de enero que asumí esta responsabilidad como gobernador y con el nuevo equipo que está al frente de Aguas de Córdoba, bajó la dirección de Maruen Jabib Janna,
se identificó que el proyecto de acueducto del San Jorge, estaba en riesgo y así lo confirmó la auditoría que hizo la Contraloría, que fue comunicada a finales de ese mismo mes de enero.

Fue por ello, que establecimos una ruta de trabajo que nos está permitiendo sacar adelante este proyecto y evitar que se materialice un daño fiscal en detrimento de los cordobeses.

Los pasos fueron:

1. Presentar un balance definitivo que nos indique qué se requería para dejar la obra funcional y que cumpla con su objeto de entregar cerca de 400 litros por segundo a esas comunidades.

2. Una vez presentado y aprobado por interventores, se radicó a Aguas de Córdoba para su aprobación.

3. Aprobado por la entidad se radica la reformulación ante el Ministerio de Vivienda, y es en este paso donde nos encontramos en los actuales momentos.

Apenas nos aprueben, que debe ser en un corto plazo, ya que hemos efectuado más de 6 meses de trabajo con el Ministerio, podremos reiniciar y culminar esta importante obra.

Nuestro compromiso está en poner a funcionar el acueducto del San Jorge y que sean los habitantes de los municipios de Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Buenavista y La Apartada los que reciban agua potable de calidad y durante las 24 horas.

No vamos a dejar que se materialice un daño fiscal en este ni en ninguna otra obra del departamento de Córdoba» concluyó el gobernador, Zuleta Bechara

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, fue enfático al aseverar que no existe ningún elefante blanco con el proyecto de Businú. El mandatario hizo claridad en que los embarcaderos se están ejecutando y que el próximo año se iniciará la ejecución de las embarcaciones.

El alcalde aseguró que “esta semana se estarán instalando las pasarelas en la estación de Centro Verde y la próxima semana iniciaremos la instalación de los pilotes en el embarcadero de Rancho Grande”.

Además de ello, indicó que en Cartagena se están ejecutando obras que tienen que ver con el tercer embarcadero ubicado en la calle 22 con Av. Primera.

El alcalde expresó que con relación a las embarcaciones se trabaja en los diseños para luego el próximo año iniciar su ejecución, una vez los embarcaderos estén listos. “Luego de que suscribamos un convenio las embarcaciones nos las entregarán ocho meses después. Para este año nuestra meta es la de finalizar las estaciones y vamos por muy buen camino”.

Kerguelén García, recordó que “existía un convenio entre Invías y el municipio por $3.700 millones para las embarcaciones, el que se liquidó. Sin embargo el Ministro de Transporte, nos aseguró que desde el Gobierno Nacional están comprometidos con el proyecto, razón por la que se busca realizar un convenio tripartita con Cotecmar, expertos en todo el tema de transporte marítimo y fluvial”.

En 27 de estos 139 procesos se han decretado medidas cautelares y en 90 se tienen vinculadas aseguradoras.

Además, se adelantan 29 indagaciones preliminares por cuantía estimada de más de $2.887 millones, para un total de 168 actuaciones de responsabilidad fiscal en trámite por cuantía de $ 344.348 millones.

Se destaca un proceso de responsabilidad fiscal por $81.856 millones, por irregularidades en la ejecución del Contrato de Obra No. 016 del 9 de abril de 2015 suscrito por Aguas de Córdoba, con el objeto de efectuar “la Construcción del Sistema de Acueducto Regional San Jorge, para los Municipios de Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Buenavista, La Apartada en el Departamento de Córdoba”.

El valor inicial del contrato fue de $68.742 millones y registró una adición por valor de $24.107 millones, para un valor total de $92.849 millones.

Sobresale también un proceso de responsabilidad fiscal por $16.118 millones, por irregularidades en la ejecución del contrato de obra No. 706 – 2012, cuyo objeto fue la “Construcción y dotación de la unidad materno infantil y mantenimiento de las unidades de apoyo ubicadas en el bloque B de la ESE Hospital San Jerónimo de Montería, Departamento de Córdoba”, suscrito entre el Departamento de Córdoba y el Consorcio Unidad Materno Infantil.

Igualmente, se adelanta proceso de responsabilidad fiscal por $16.842 millones, por irregularidades evidenciadas en el Contrato de obra No. 858 de 2015, cuyo objeto fue el “funcionamiento de la sede de la Universidad de Córdoba en el Municipio de Sahagún”, celebrado entre el Departamento de Córdoba y el Consorcio PAIN 2015, por un valor de $16.842 millones.

Durante el periodo de la actual administración, la Contraloría General de la República ha proferido 28 fallos con responsabilidad fiscal por cuantía de $116.639 millones que se encuentran debidamente ejecutoriados, relacionados con el manejo de recursos públicos en el departamento de Córdoba.

Para destacar un fallo con responsabilidad fiscal por $58.020 millones, por irregularidades en el reconocimiento de reajustes a la pensión de jubilación de algunos docentes del Departamento de Córdoba.

Y se produjo un fallo con responsabilidad fiscal por $25.222 millones debido a que el Departamento de Córdoba, para la vigencia 2014, reconoció y realizó pagos a varias IPS por prestaciones de servicios de salud, consistentes en paquetes integrales de neurodesarrollo y neurorrehabilitación a pacientes considerados como pertenecientes a la población pobre no cubierta con subsidios a la demanda, esto con previa autorización y auditoria médica ejecutada por la Secretaria de Desarrollo de la Salud de Córdoba.
Otro resultado importante es que se han logrado en Córdoba recuperaciones por un total de $16.015 millones (por resarcimiento y recaudo en cobro coactivo).

La Contraloría General de la República, a través de la Contraloría delegada para el Sector Minas y Energía, ha ordenado el inicio de una Actuación Especial de Fiscalización a la Hidroeléctrica de Urrá, con el objetivo investigar presuntas irregularidades en la contratación de la venta de energía, las cuales podrían haber ocasionado significativas pérdidas económicas para la empresa, en la que el Estado colombiano posee una participación del 99,98%.

La actuación se centrará en examinar la posible concentración de la contratación de energía en un reducido número de empresas comercializadoras, así como la presunta adjudicación directa («a dedo») de estos contratos, sin un criterio técnico claro para su asignación.

Se estima que estas prácticas habrían generado pérdidas superiores a los $300.000 millones, debido a los altos márgenes de utilidad que habrían obtenido las empresas vinculadas con la contratación de Urrá.

La Contraloría investigará igualmente una posible afectación al patrimonio público, dado que los precios de los contratos adjudicados podrían no corresponderse con los precios de mercado vigentes para los años 2023 y 2024.

De acuerdo con informes preliminares, el valor total de los contratos objeto de esta investigación fiscal supera los $1,4 billones, cifra que ha sido denunciada a través de diversos medios de comunicación.

Es importante destacar que esta Actuación Especial de Fiscalización ha sido iniciada de manera oficiosa por el órgano de control, en el marco de sus competencias y basada en hechos divulgados por la prensa, sin que hasta la fecha se haya recibido denuncia alguna por parte de otras entidades del Estado o de particulares.

La Contraloría General realizará visitas y solicitará información a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), al operador XM S.A., a la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios), y a todas las empresas del sector que desempeñen funciones relacionadas con el objeto de vigilancia.

Este organismo de control reafirma su compromiso con la transparencia y la protección del patrimonio público, y seguirá informando a la opinión pública sobre los avances de esta investigación.

El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, declaró de Impacto Nacional los hechos relacionados con irregularidades por cerca de 82 mil millones de pesos en el Plan Departamental de Agua para el Departamento de Córdoba, vigencia 2022, por el cual se construiría el sistema de acueducto regional San Jorge, para los municipios de Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Buenavista y La Apartada.

La Contraloría determinó que, contrario a lo planeado, el sistema de acueducto regional San Jorge no es la fuente de abastecimiento para la potabilización del agua de las poblaciones actualmente ubicadas en las cabeceras municipales de los mencionados municipios, y no soporta la demanda en las áreas de influencia del proyecto.

Así mismo, no se ha superado la afectación en la continuidad del servicio de acueducto y el riesgo de adquirir enfermedades transmitidas por la deficiente calidad del agua, especialmente en el caso de los habitantes más vulnerables, niños y ancianos de las localidades.

Estos problemas reflejan una gestión inadecuada de los recursos y un posible mal manejo en la ejecución del contrato, lo que justifica la intervención de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría General de la República, que será desde este momento la que adelante las investigaciones sobre la ejecución de este proyecto.

La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad de 10 años impuesta al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus (2012-2015), por reconocer irregularmente el pago de servicios odontológicos por 3.054 millones de pesos a Instituciones Prestadoras de Salud -IPS- que no tenían un legal vínculo contractual con la entidad territorial.

El órgano de control también confirmó la sanción de destitución e inhabilidad de nueve años a los entonces secretarios de Salud, Alexis José Gaines Acuña (2014), Alfredo José Aruachán (2014) y Edwin de Jesús Preciado Lorduy (2015).

En fallo de segunda instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular señaló que entre 2014 y 2015 la gobernación expidió nueve resoluciones de pago por servicios prestados a las IPS Maxilofacial de Córdoba, Oralcosta, Odontológica IPS SAS y Mauricio Javier Bermúdez Ramos, sin que hubiese negocio jurídico alguno entre las partes, “lo cual se acreditó en las visitas administrativas practicadas a las dependencias de la gobernación y al verificar las resoluciones expedidas”.

Sostuvo que Lyons Muskus, en su calidad de máxima autoridad del ente territorial, dejó de ejercer de manera eficaz su deber de vigilancia y control sobre los secretarios de Salud, “pues no les exigió el trámite precontractual y contractual de acuerdo con la normativa aplicable, con la finalidad de realizar los pagos previa celebración de un acuerdo de voluntades entre las IPS y la gobernación, y así recibir a satisfacción los servicios prestados”.

Para la Procuraduría los investigados tenían la capacidad de conocer la normas previstas para la contratación de servicios en materia de salud y prever que los actos administrativos que reconocían pagos debían estar precedidos del cumplimiento de requisitos.

Por esos hechos, el órgano de control calificó la conducta de los investigados como una falta gravísima cometida con culpa gravísima.

El fallo de segunda instancia quedó en firme y su ejecución procede de manera inmediata, toda vez que el servidor público de elección popular sancionado, es decir Lyons Muskus, no se encuentra actualmente en ejercicio del cargo.