Categoría: Política Internacional

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló que solicitó formalmente a su homólogo estadounidense, Donald Trump, una modificación estructural en las normas judiciales de ese país con el fin de contrarrestar la expansión de las multinacionales del crimen dedicadas al narcotráfico.

A través de un pronunciamiento en su cuenta de la red social X, el mandatario colombiano cuestionó el actual marco de beneficios jurídicos de la justicia norteamericana, señalando que los grandes capos reciben rebajas de penas a cambio del compromiso exclusivo de no introducir cocaína en territorio estadounidense.

Según Petro, esta disposición actual resulta contraproducente a nivel global, ya que ha estimulado el crecimiento del mercado ilegal y ha empoderado a organizaciones narcoterroristas en el resto del planeta, protegiendo únicamente las fronteras de los Estados Unidos.

Ante este escenario, el jefe de Estado propuso extender la norma de manera integral, de modo que la prohibición de traficar sustancias ilícitas para acceder a prebendas judiciales aplique para cualquier rincón del mundo, buscando así desmantelar el poder financiero de las bandas criminales a escala internacional.

Como parte de las acciones del Plan Democracia 2026 diseñado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro para garantizar la seguridad en la jornada electoral del próximo domingo 31 de mayo, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia anunció el cierre temporal de los pasos terrestres y fluviales.

De acuerdo con lo establecido por el Decreto 0188 del 27 de febrero de 2026, esta restricción entrará a regir desde las 18:00 horas (6:00 p.m.) del próximo sábado 30 de mayo, y hasta las 06:00 horas (6:00 a.m.) del lunes 1 de junio de 2026.

El artículo 26 de la norma ordena el cierre de los pasos fronterizos autorizados durante ese lapso, y señala que la medida deberá incluir controles migratorios en los puestos terrestres y fluviales. Sin embargo, la restricción será exceptuada parea los casos fortuitos o fuerza mayor.

Durante el periodo de cierre se restringirá el tránsito de viajeros a través de los pasos fronterizos autorizados. Los demás puestos de control migratorio del país continuarán operando bajo los protocolos establecidos y conforme a las disposiciones vigentes.

En desarrollo del Plan Democracia 2026, Migración Colombia desplegará un operativo especial en las zonas fronterizas del país, reforzando los controles de ingreso y salida de viajeros conjuntamente con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para prevenir situaciones que puedan afectar el orden público o comprometer el desarrollo del proceso electoral.

El Plan Democracia 2026 es una estrategia interinstitucional liderada por el Gobierno nacional para garantizar la seguridad, el orden público y el normal desarrollo de la jornada electoral en todo el territorio nacional.

La restricción “es una medida soberana orientada a garantizar la seguridad nacional y el correcto desarrollo del proceso democrático. Migración Colombia mantendrá un despliegue operativo permanente en las zonas fronterizas del país», explicó Gloria Esperanza Arriero López, directora General de Migración Colombia.

La entidad formuló un llamado a a la ciudadanía y a los viajeros para informarse a través de los canales oficiales y a adoptar las medidas necesarias para evitar contratiempos durante la vigencia de esta disposición.

La Registraduría Nacional del Estado Civil y la Cancillería informan que, durante el primer día de votaciones en el exterior para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, se registró un alto flujo de votantes en los consulados de Colombia en Miami (Estados Unidos), Barcelona (España), Londres (Inglaterra), Toronto (Canadá) y Buenos Aires (Argentina).

Las votaciones en el exterior estarán habilitadas hasta el próximo domingo, 31 de mayo, en el horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Por ello, se hace un llamado a los colombianos residentes fuera del país para que se acerquen temprano a los puestos de votación y puedan ejercer su derecho al voto sin ningún inconveniente.

En el exterior están habilitados para votar un total de 1.414.661 colombianos, de los cuales 777.343 son mujeres y 637.318 son hombres. Estos ciudadanos podrán sufragar en 1.489 mesas de votación hasta el 30 de mayo y en 2.181 mesas el 31 de mayo, distribuidas en 253 puestos de votación en 67 países.

Se recuerda que el único documento válido para ejercer el derecho al voto en el exterior es la cédula de ciudadanía, ya sea la amarilla con hologramas o la digital, en su versión física o en el dispositivo móvil.

Por otro lado, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, advirtió que está circulando información falsa sobre resultados electorales en mesas de votación en el exterior y recordó que los resultados preliminares solo se comienzan a divulgar el 31 de mayo, a partir de las 4:00 p. m., hora legal de Colombia.

“Los resultados preliminares de las votaciones en el exterior solo se empiezan a conocer una vez cerradas las elecciones el próximo domingo en Colombia. Es importante señalar que, aquellos jurados de votación o testigos electorales que difundan información de datos parciales en los diferentes puestos de votación en el exterior pueden ser sujetos de investigaciones disciplinarias y hasta penales”, enfatizó.

​Un atroz crimen tiene en máxima alerta a las autoridades de Chile y Colombia tras la detención de un ciudadano colombiano implicado en el asesinato, decapitación y posterior incineración de quien fuera su amigo cercano por más de ocho años. El señalado, identificado como Abel Stiven Carabalí, de 30 años, es un exfutbolista con pasado en el balompié amateur y nexos previos con las divisiones menores del Deportivo Cali.

Las pesquisas lideradas por la Fiscalía chilena indican que el homicidio se perpetró en un edificio de Santiago, desde donde cámaras de seguridad registraron el momento en que los implicados retiraban los restos humanos ocultos en diversos contenedores para luego trasladarlos y prenderles fuego en la comuna de Curacaví.

​La fiscal Carmen Gloria Guevara, miembro del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), detalló que la víctima recibió múltiples agresiones con arma blanca antes de ser decapitada. Por la sevicia del ataque, los investigadores asocian el caso con operaciones de narcotráfico y bandas criminales organizadas, sospecha que se fortaleció luego de que en los operativos de captura se incautaran cuatro armas de fuego, réplicas de fusiles de guerra y cerca de 19 kilos de estupefacientes. Junto a Carabalí fue arrestado otro compatriota acusado de complicidad en la ocultación del cadáver; ambos sospechosos ya enfrentan la medida de prisión preventiva mientras concluye el proceso judicial.

​A cuatro días de celebrarse la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la representante a la Cámara de los Estados Unidos, María Elvira Salazar, anunció oficialmente su apoyo a la candidatura del abogado Abelardo de la Espriella.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la legisladora republicana —cercana al mandatario estadounidense Donald Trump— se dirigió especialmente a la comunidad colombiana radicada en Florida para instar a la unidad de la derecha frente a la izquierda.

En su declaración, Salazar lanzó duras críticas contra la gestión del presidente Gustavo Petro, señalando que bajo su mandato los cultivos de coca alcanzaron un récord cercano a las 300.000 hectáreas, los secuestros se incrementaron en un 200% y se reportó la supuesta entrega de información militar secreta a grupos guerrilleros.

La congresista de origen cubano justificó su respaldo al destacar que De la Espriella es su amigo personal, posee la doble nacionalidad colombo-estadounidense y garantiza una afinidad ideológica y comercial clave para fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

El proceso judicial por el estremecedor caso de envenenamiento masivo con talio en Bogotá ha trasladado su eje de atención a la Reclusión de Mujeres El Buen Pastor. En las últimas horas, una comitiva de alto nivel conformada por representantes diplomáticos y expertos del Reino Unido, tres altos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), dos delegados de la Fiscalía General de la Nación y directivos del penal, lideró una rigurosa inspección técnica a las instalaciones del centro carcelario con el fin de evaluar de primera mano las condiciones de reclusión, el hacinamiento y la infraestructura física y sanitaria del lugar.

Esta inusual verificación internacional responde de manera directa a los requerimientos de la justicia británica en el trámite de extradición de la empresaria colombiana Zulma Guzmán Castro. La mujer, capturada en Londres por la National Crime Agency tras un dramático episodio en el que intentó evadir a las autoridades lanzándose al río Támesis, es la principal sospechosa y el eje central de una macabra investigación criminal.

La Fiscalía colombiana la señala como la presunta autora material e intelectual del homicidio agravado de las menores Emilia Forero e Inés de Bedout, ocurrido en abril de 2025, quienes fallecieron tras consumir frambuesas con chocolate contaminadas deliberadamente con dosis letales de talio —un metal pesado de uso industrial altamente restringido y prohibido para fines domésticos en el país desde hace décadas— durante una tarde de amigas en el exclusivo barrio Rosales de Bogotá.

La defensa de la empresaria en el extranjero ha puesto en entredicho la idoneidad del sistema penitenciario colombiano para salvaguardar la integridad de Guzmán Castro, alegando graves preocupaciones sobre su salud mental y seguridad. Por esta razón, la inspección de la delegación europea se enfocó con especial rigor en las unidades psiquiátricas y en los pabellones de alta seguridad, como el de las extraditables.

El propósito principal del Reino Unido es constatar si el Estado colombiano ofrece las plenas garantías procesales y humanitarias exigidas por los tratados internacionales. Mientras la Fiscalía avanza en el rastreo de facturas electrónicas y rastrea nuevos indicios que sugieren que la procesada habría intentado perpetrar otros envenenamientos bajo la misma modalidad de falsos obsequios, el resultado de esta inspección técnica en El Buen Pastor será determinante para que los tribunales británicos den vía libre o frenen el retorno de la sospechosa a suelo colombiano para responder por sus delitos.

Este reporte contextualiza la inspección en la cárcel El Buen Pastor, detallando los antecedentes del doble homicidio de las menores con frambuesas contaminadas y explicando el motivo por el cual delegados del Reino Unido participan en la verificación del penal debido al actual proceso de extradición de la sospechosa Zulma Guzmán.

En un hito para la política de transformación rural en Colombia, el Gobierno Nacional anunció que el próximo mes de junio se despachará hacia California, Estados Unidos, el primer contenedor con productos agrícolas provenientes de los programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Este avance comercial fue detallado por Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos, en una entrevista concedida al programa 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.

Durante el diálogo transmitido desde Santa Marta, la funcionaria enfatizó que el verdadero éxito de estas iniciativas no radica únicamente en la erradicación de las plantas de coca, sino en garantizar que las familias campesinas cuenten con canales de comercialización estables y rentables para sus nuevas cosechas.

El cargamento inaugural estará constituido por café de alta calidad, cultivado y procesado por comunidades rurales de departamentos como Guaviare, Caquetá, Vichada, Chocó, Meta, Santander, Nariño, Córdoba y Bolívar.

Ante este logro, el presidente Gustavo Petro resaltó en sus canales oficiales la relevancia de abrir las fronteras internacionales a la producción legal del agro colombiano, dignificando el trabajo de los productores locales. Como parte fundamental de esta estrategia de sostenibilidad a largo plazo, también se formalizó la creación de la primera cooperativa nacional de sustitución, la cual agrupa a sectores campesinos, indígenas y afrodescendientes bajo el sello comercial «Sabores de Paz».

Esta marca no solo exportará café, sino también chocolate, caña y ají, con el firme propósito de que los beneficios económicos de la cadena de valor se queden directamente en las comunidades y fortalezcan el tejido social de las regiones.

El presidente Gustavo Petro sostendrá un encuentro oficial con el papa León XIV en el Vaticano el próximo 2 de junio. Ante la relevancia de la cita, el Gobierno nacional ya se encuentra coordinando los detalles de la agenda de trabajo y estructurando la comitiva que acompañará al mandatario.

Se prevé que durante la audiencia con el Sumo Pontífice se aborden temas clave de la agenda internacional y social del país, consolidando así los canales diplomáticos entre Colombia y la Santa Sede.

Tras la captura de los responsables de la muerte de Yulixa Tolosa en Venezuela, -al menos en derecho- no podrán ser extraditados a Colombia, debido a que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prohíbe expresamente la extradición de sus nacionales.

El artículo 69 de la Constitución venezolana, ubicado en el Capítulo IV sobre los Derechos Políticos, establece de manera categórica: “Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas”.

No obstante, aunque Venezuela no extradite a sus ciudadanos, sí podría procesarlos y juzgarlos internamente por delitos cometidos en el extranjero, siempre que se cumplan las condiciones previstas en su legislación penal.

La Cancillería de Bolivia confirmó la expulsión de la embajadora de Colombia en ese país, Elizabeth García Carrillo, tras haber sido declarada formalmente como persona no grata.

De acuerdo con los argumentos entregados por el Gobierno boliviano, la drástica medida diplomática responde a una presunta injerencia por parte del presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, en los asuntos internos de esa nación.

Asimismo, el Ejecutivo del país andino justificó la decisión señalando al mandatario colombiano de brindar un supuesto respaldo a acciones que atentan y afectarían de manera directa la estabilidad democrática de Bolivia.