Categoría: Política Nación

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) inició el cargue formal de las hojas de vida de los ministros designados por el presidente electo Abelardo De La Espriella en la plataforma oficial de aspirantes. Con esta gestión de la administración saliente de Gustavo Petro, se despeja el camino normativo para que el nuevo equipo de gobierno pueda juramentar formalmente durante los actos de transmisión de mando del próximo 7 de agosto.

La legislación colombiana estipula que las hojas de vida de los futuros ministros deben permanecer públicas durante un periodo mínimo de tres días para conocimiento y observaciones de la ciudadanía antes de la toma de posesión. De no haberse realizado esta publicación previa por parte del gobierno saliente, los nuevos jefes de cartera se habrían visto obligados a postergar su asunción oficial hasta cumplir dicho plazo reglamentario.

El trámite institucional disipa la incertidumbre generada tras la suspensión de las mesas de empalme entre las comisiones del gobierno Petro y el equipo de De La Espriella, coyuntura marcada por discrepancias políticas respecto a los resultados electorales y las declaraciones cruzadas entre sectores de ambas orillas.

Entre los perfiles ya registrados en la plataforma oficial figuran:

 Ministerio del Interior: Rodrigo Lara Restrepo

 Ministerio de Defensa: Jorge Eduardo Mora

 Ministerio de Agricultura: Indalecio Dangond

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Mauricio Gómez Amín

 Ministerio de Transporte: Elsa Noguera

 Ministerio de Cultura: Paola Holguín

Con el cargue paulatino del total de las 18 carteras ministeriales, se concreta el requisito administrativo previo para la conformación plena del gabinete ejecutivo que asumirá las funciones del Estado colombiano desde este 7 de agosto.

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, respondió a las declaraciones del presidente electo Abelardo De la Espriella sobre el programa Colombia Mayor, asegurando que los recursos para toda la vigencia de 2026 están completamente garantizados. Indicó que el costo anual del programa es de 8,4 billones de pesos, financiados mediante el Presupuesto General de la Nación, la subcuenta del Fondo de Solidaridad Pensional y la cofinanciación del Ministerio del Trabajo, conforme a lo establecido en el CONPES 4176 de 2025.

​Asimismo, explicó que el programa —creado por la Ley 100 de 1993 y ampliado a finales de 2025 para cobijar a 3 millones de beneficiarios con una transferencia mensual de 230.000 pesos— contempla 12 ciclos de pagos para este año, de los cuales ya se han ejecutado seis, estando asegurados los fondos para el séptimo ciclo que iniciará próximamente. El funcionario desmintió que los recursos se hayan dilapidado en el primer semestre o que hayan sido utilizados con fines electorales, recordando que las transferencias son mensuales y obligatorias por ley.

Por último, respaldó la postura del presidente Gustavo Petro respecto a la necesidad de que la Corte Constitucional dé viabilidad a la reforma pensional aprobada por el Congreso para asegurar una renta básica solidaria a los adultos mayores en situación de pobreza.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio una acción popular que pretende suspender provisionalmente los efectos de las decisiones del Congreso que autorizaron el traslado de su sede a Cali para la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, programada para el próximo 7 de agosto de 2026.

La demanda fue presentada por el ciudadano David Fernando Cano Mazuera. En el escrito solicita una medida cautelar urgente para que se suspenda la ejecución material de las proposiciones y acuerdos del Senado y la Cámara de Representantes que aprobaron el cambio de sede, hasta tanto las autoridades acrediten de manera pública y verificable los soportes documentales, presupuestales, jurídicos, logísticos y de seguridad que respaldan esa decisión.

El accionante argumenta que el traslado podría afectar derechos colectivos como la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la seguridad y salubridad públicas, la legalidad del gasto y las garantías mínimas de control ciudadano.

Aclara que la acción no busca impedir el acto constitucional de posesión presidencial, sino evitar que el traslado excepcional se ejecute sin los soportes suficientes.

El Tribunal ofició de manera urgente al Senado de la República, a la Cámara de Representantes y a otras entidades involucradas (entre ellas el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Hacienda, el DAPRE, la Unidad Nacional de Protección y la Alcaldía de Cali) para que remitan la información requerida antes de resolver la medida cautelar. También vinculó al presidente electo Abelardo Gabriel de la Espriella Otero como tercero con interés directo en el proceso.

La posesión de De la Espriella está prevista para el 7 de agosto en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, luego de que el Congreso aprobara el traslado temporal de su sede a esa ciudad.

Inicialmente se había contemplado realizarla en el Cauca, pero se modificó por razones logísticas y de seguridad.

El despacho concedió plazos cortos para que las entidades respondan y alleguen los documentos solicitados. La decisión sobre la medida cautelar se tomará una vez se reciba la información.

Por instrucción del presidente electo Abelardo de la Espriella, el ministro designado de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, anunció este lunes el inicio de la construcción del “Plan Tenderos”, una estrategia nacional que busca beneficiar a más de 500.000 tenderos y pequeños comerciantes del país.

La iniciativa se desarrolla en alianza con Fenalco Nacional y tiene como objetivo entregar herramientas concretas para modernizar los negocios, impulsar la innovación y el uso de tecnología, reforzar la seguridad, aumentar la productividad y mejorar la rentabilidad de estos microempresarios.

Durante una reunión con representantes del gremio, Gómez Amín destacó que el próximo gobierno estará “muy pendiente” de los tenderos y trabajará para que “vivan mejor”.

“La Patria Milagro se construye apoyando a quienes, con trabajo y esfuerzo, sostienen la economía desde cada barrio y cada municipio del país”, afirmó el ministro designado.

Por su parte, directivos de Fenalco reiteraron el respaldo de la federación al nuevo gobierno y se declararon “aliados incondicionales” en el acompañamiento a los pequeños comerciantes. El encuentro culminó con un gesto de compromiso mutuo entre ambas partes.

El Plan Tenderos se presenta como una de las primeras acciones del equipo entrante orientadas a la economía popular, con el propósito de fortalecer el tejido empresarial de base que mueve gran parte del comercio en las ciudades y municipios de Colombia.

El presidente de la República, Gustavo Petro, develó su retrato oficial en la Casa de Nariño, el cual pasará a integrar de manera permanente el tradicional hall de los expresidentes. La obra, valorada en aproximadamente 75 millones de pesos, fue elaborada por el pintor Jaime Rojas y desde ahora compartirá espacio con las pinturas de los demás mandatarios que han gobernado el país a lo largo de su historia republicana. El acto de presentación se llevó a cabo en las instalaciones de la sede de Gobierno, donde el jefe de Estado dio a conocer los detalles del cuadro que inmortaliza su administración.

Desde el Pacto Histórico anunciaron que demandarán la personería jurídica que el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó este lunes al partido Defensores de la Patria, la nueva colectividad del presidente electo Abelardo de la Espriella.
El representante a la Cámara Gabriel Becerra, dirigente de esa bancada, aseguró que la decisión del CNE desconoce “la ley y la jurisprudencia vigente sobre las reglas para el reconocimiento de personerías jurídicas”.
La medida del organismo electoral, adoptada con una votación de 6 a 1, convirtió al movimiento ciudadano con el que De la Espriella llegó a la Presidencia en un partido político formal.
Esto le permite acceder a financiación estatal, organizarse en todo el país y otorgar avales para las elecciones regionales de 2027.
Desde el Pacto Histórico consideran que el CNE aplicó de manera incorrecta los requisitos constitucionales y legales, al reconocer la personería con base en los resultados de las elecciones presidenciales y no en una votación legislativa propia, como establece de manera general la norma.
La demanda se presentará en los próximos días y buscará que se revoque el reconocimiento otorgado a Defensores de la Patria.

El presidente Gustavo Petro reapareció este lunes 3 de agosto de 2026 en una rueda de prensa y lanzó fuertes declaraciones a pocos días de entregar el poder. El mandatario aseguró que, una vez deje la Presidencia, será “el jefe de medio país” y afirmó haber recibido amenazas para que deje de denunciar un supuesto fraude electoral en las elecciones de 2026.

“Se me exige que me porte bien, pero ¿cómo un demócrata puede aceptar un fraude electoral?”, preguntó Petro durante su intervención.

El jefe de Estado también sostuvo que existen intenciones de llevarlo a una cárcel, ya sea en Colombia o en el extranjero, como forma de silenciar sus denuncias sobre irregularidades en el proceso electoral que, según él, favorecieron al presidente electo Abelardo de la Espriella y perjudicaron a Iván Cepeda.

Las declaraciones se producen en medio de las reiteradas afirmaciones de Petro sobre un supuesto fraude masivo, en el que ha hablado de modificación de votos en cientos de puestos electorales y de la necesidad de que la justicia investigue a profundidad las evidencias que, según dice, posee.

Con estos pronunciamientos, el presidente saliente deja claro que no piensa abandonar el protagonismo político tras el 7 de agosto y que mantiene su confrontación con el resultado electoral oficial.

El presidente Gustavo Petro está adelantando gestiones para realizar un viaje a Estados Unidos antes de concluir su mandato el próximo 7 de agosto.

Según conoció en primicia La FM, la Casa de Nariño ya inició los trámites por los canales diplomáticos para solicitar la autorización correspondiente.

La Presidencia de la República confirmó a ese medio que elevó la consulta formal para que el mandatario pueda concretar el desplazamiento.

De materializarse, se trataría de la última salida internacional de Petro antes de dejar el cargo y entregarle el poder al presidente electo Abelardo de la Espriella.

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre las fechas exactas, la agenda prevista ni el motivo específico del posible viaje.

La solicitud se produce a pocos días de la posesión del nuevo gobierno y después de que Petro cancelara, a finales de julio, un viaje previamente programado a Washington y Nueva York, en el que tenía previstos compromisos con la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas.

En su lugar, el jefe de Estado optó por viajar a Cuba, que se convirtió en su última visita oficial confirmada hasta ahora.

La solicitud de autorización a Estados Unidos se da en un contexto de relaciones bilaterales complejas entre ambos países durante los últimos años del gobierno de Petro.

La audiencia de imputación de cargos en contra del periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas fue aplazada tras una jornada en la que la Fiscalía General de la Nación solicitó que el proceso no tenga carácter público y se le aplique un estricto enfoque diferencial de género. Durante el desarrollo de la diligencia judicial, el ente investigador confirmó que son cuatro las víctimas que integran este proceso penal por presuntas conductas de acoso sexual ocurridas en un entorno laboral entre 2024 y 2026. Ante la solicitud de reserva para proteger la intimidad y la integridad de las denunciantes, la jueza encargada del caso indicó que evaluará los argumentos expuestos por las partes y dará a conocer su decisión definitiva este martes a las 9:00 a. m., hora en la cual se retomará el curso de la audiencia.

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 001575 del 29 de julio de 2026, en cumplimiento de la Sentencia de Unificación 297 de 2025 de la Corte Constitucional, con el fin de adoptar nuevas disposiciones orientadas a garantizar el acceso oportuno, integral y sin barreras a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) para mujeres y personas con capacidad de gestar pertenecientes a pueblos indígenas.

 La normativa establece obligaciones específicas para las entidades del sistema de salud y actores indígenas, incorporando un enfoque étnico y diferencial que respeta la cosmovisión y la identidad cultural. Asimismo, garantiza el derecho inmediato a este procedimiento sin imposición de barreras administrativas o comunitarias, prohíbe que autoridades tradicionales supediten o retrasen el acceso, y exige una confidencialidad absoluta sobre la información clínica para evitar sanciones, presiones o procesos disciplinarios basados en normas consuetudinarias.