Tribunal Administrativo de Cundinamarca admite solicitud que busca suspender el traslado de la posesión presidencial a Cali
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio una acción popular que pretende suspender provisionalmente los efectos de las decisiones del Congreso que autorizaron el traslado de su sede a Cali para la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, programada para el próximo 7 de agosto de 2026.
La demanda fue presentada por el ciudadano David Fernando Cano Mazuera. En el escrito solicita una medida cautelar urgente para que se suspenda la ejecución material de las proposiciones y acuerdos del Senado y la Cámara de Representantes que aprobaron el cambio de sede, hasta tanto las autoridades acrediten de manera pública y verificable los soportes documentales, presupuestales, jurídicos, logísticos y de seguridad que respaldan esa decisión.
El accionante argumenta que el traslado podría afectar derechos colectivos como la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la seguridad y salubridad públicas, la legalidad del gasto y las garantías mínimas de control ciudadano.
Aclara que la acción no busca impedir el acto constitucional de posesión presidencial, sino evitar que el traslado excepcional se ejecute sin los soportes suficientes.
El Tribunal ofició de manera urgente al Senado de la República, a la Cámara de Representantes y a otras entidades involucradas (entre ellas el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Hacienda, el DAPRE, la Unidad Nacional de Protección y la Alcaldía de Cali) para que remitan la información requerida antes de resolver la medida cautelar. También vinculó al presidente electo Abelardo Gabriel de la Espriella Otero como tercero con interés directo en el proceso.
La posesión de De la Espriella está prevista para el 7 de agosto en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, luego de que el Congreso aprobara el traslado temporal de su sede a esa ciudad.
Inicialmente se había contemplado realizarla en el Cauca, pero se modificó por razones logísticas y de seguridad.
El despacho concedió plazos cortos para que las entidades respondan y alleguen los documentos solicitados. La decisión sobre la medida cautelar se tomará una vez se reciba la información.
