Categoría: Política Nación

Hasta el próximo 4 de agosto estará abierta la cuarta convocatoria del Órgano Colegiado de Administración y Decisión de Paz (OCAD-Paz) para que los 170 municipios PDET puedan presentar proyectos de desarrollo a ser financiados con recursos de la Asignación para la Paz del Sistema General de Regalías.

​Para esta cuarta convocatoria se destinarán $240.863 millones, distribuidos entre las 16 subregiones PDET.

Durante la etapa ‘Presentación del proyecto de inversión’, a desarrollarse entre el 22 de julio y el 4 de agosto de 2026, los municipios que conforman las 16 subregiones PDET, pueblos y comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras asentadas en estas entidades territoriales (debidamente acreditadas por el ministerio del Interior), y el Gobierno nacional, podrán presentar proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con los recursos de Asignación para la Paz.

Las 16 subregiones PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) son: Alto Patía – Norte del Cauca; Arauca; Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño; Catatumbo; Chocó; Cuenca del Caguán y Piedemonte caqueteño; Macarena – Guaviare; Montes de María; Pacífico y Frontera Nariñense; Pacífico Medio; Putumayo; Sierra Nevada – Perijá; Sur de Bolívar; Sur de Córdoba; Sur de Tolima; y Urabá Antioqueño.

Esta convocatoria hace parte de una serie de cuatro espacios de postulación que se llevan a cabo durante 2025 y 2026. Para la primera convocatoria se destinaron $2,3 billones.

La segunda convocatoria se llevó a cabo entre el 16 de septiembre de 2025 y el 3 de febrero de 2026, con un presupuesto de $2,2 billones. La tercera se realizó entre el 14 de febrero de 2026 y el 6 de julio de 2026 con una disponibilidad presupuestal de $496.000 millones.

Los interesados en presentar sus proyectos pueden encontrar en la página web del SGR, documentos clave para la postulación a través del aplicativo SIIAT. También puede consultar en la cuenta del SGR en la red social X.

Los proyectos presentados deben estar alineados con alguno de los ocho sectores de mayor índice de brecha social en sus municipios, o deben estar asociados a una iniciativa detonante y dinamizadora, disponible en la central de información PDET.

Para mayor información, podrá consultar el plan de convocatorias y los términos de referencia de la convocatoria 4, que se encuentran publicados en la página web del SGR, haciendo clic en este enlace:

Se reitera que la asistencia técnica está disponible para las entidades territoriales y grupos étnicos durante todas las etapas de la convocatoria, sin costo alguno, mediante solicitud al correo electrónico subasistenciatecnica@dnp.gov.

El programa Colombia Solar hace parte de la estrategia del Gobierno del Cambio para acelerar la transición energética justa, acercando a las comunidades la generación distribuida y permitiendo que las familias produzcan energía limpia desde sus propios techos.

Los primeros resultados del programa Colombia Solar ya comienzan a transformar la economía de cientos de familias en Barranquilla. El análisis de las facturas del servicio de energía en el barrio Villas de San Pablo evidencia reducciones históricas, tanto en el consumo como en el valor a pagar, confirmando que la transición energética significa alivio para el bolsillo de los colombianos.

La revisión de las primeras facturas de usuarios con sistemas solares instalados mostró una disminución promedio del 62,6 % en el consumo de energía y del 56,1 % en el valor de la factura. En algunos casos, los hogares lograron reducir hasta en 98,1 % el monto a pagar por el servicio de energía eléctrica.

“La transición energética tiene que sentirse en el bolsillo de la gente. Colombia Solar está demostrando que la energía limpia no solo protege el ambiente, sino que reduce las facturas de las familias y fortalece la justicia energética. Este es el camino para democratizar la energía y garantizar que sus beneficios lleguen primero a quienes más lo necesitan», dijo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

El Gobierno nacional avanza en la consolidación del primer barrio de Colombia Solar del país mediante la instalación de soluciones solares fotovoltaicas en viviendas de estratos 1, 2 y 3.

Esta estrategia busca que los hogares generen parte de la energía que consumen, reduciendo su dependencia de la red eléctrica convencional y fortaleciendo su autonomía energética.

Actualmente, las primeras soluciones instaladas ya reflejan sus beneficios en las facturas. En el próximo periodo de facturación, correspondiente a agosto, 200 usuarios más comenzarán a ver este beneficio, y la cobertura continuará ampliándose de manera periódica hasta completar 2.374 hogares beneficiados en Villas de San Pablo.

Más hogares con energía lim​pia

En forma paralela avanza el proceso para la segunda etapa de Colombia Solar, que contempla 7.740 usuarios adicionales, como parte de la expansión del programa para seguir llevando soluciones de energía limpia a más hogares del país.

El ministro Palma destacó además que la expansión de la energía solar es una de las principales herramientas para fortalecer la seguridad energética del país frente a eventos climáticos extremos.

“El fenómeno de El Niño nos exige diversificar nuestra matriz energética y depender menos de una sola fuente de generación. La energía solar es la mejor respuesta para enfrentar esos periodos de sequía, porque produce más precisamente cuando hay mayor radiación solar. Cada panel que instalamos fortalece la seguridad energética de Colombia y ayuda a estabilizar el sistema eléctrico nacional», señaló.

Con programas como Colombia Solar el Gobierno nacional avanza en la meta de ampliar la participación de las energías renovables en la matriz eléctrica, reducir las tarifas para los usuarios y construir un sistema energético más resiliente, limpio y equitativo para todos los colombianos.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respaldó las acciones de la Fuerza Pública tras el desarrollo de un operativo militar en el sector de Huisitó, en el municipio de El Tambo, Cauca, donde fueron neutralizados en combate dos integrantes de la estructura criminal liderada por alias ‘Mordisco’. El jefe de la cartera de Defensa advirtió que la mayoría de estos integrantes apelan al uso de prendas de civil para camuflarse entre la población civil mientras cometen homicidios, una práctica que vulnera flagrantemente el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario y busca frenar el despliegue operacional de las autoridades en la zona.

​En su pronunciamiento, el funcionario remarcó que las estructuras armadas en la región responden a intereses vinculados al narcotráfico, la instrumentalización de las comunidades y la violación reiterada de las normas internacionales, enfatizando que no existe causa política o social que justifique el accionar terrorista. Sánchez reiteró el apoyo institucional a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional en la persecución de estos grupos e hizo un llamado a la ciudadanía a cooperar con las autoridades a través de las líneas reservadas de denuncia para combatir la criminalidad y prevenir el reclutamiento infantil en el territorio.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le fijó un plazo perentorio de tres meses a la Nueva EPS para que haga públicos sus estados financieros correspondientes a los ejercicios de 2023, 2024 y 2025. Mediante esta decisión judicial, el magistrado ponente dejó en claro que ningún trámite o proceso interno de la entidad puede ser utilizado como pretexto para evadir o postergar el cumplimiento del principio de transparencia y las obligaciones legales en materia de rendición de cuentas.

Fuentes oficiales confirmaron este jueves a Blu Radio que la Brigada 29 del Ejército Nacional de Colombia entró en fase de alistamiento ante la posible posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella en la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca.

La unidad militar, integrada por cerca de 5.000 soldados, sería la encargada de liderar el principal dispositivo de seguridad tanto en la capital caucana como en municipios aledaños. Aunque hasta el momento no se ha emitido una orden formal de despliegue, las tropas ya recibieron instrucciones para permanecer en estado de preparación mientras se toma la decisión definitiva sobre el lugar del acto.

La ceremonia de posesión presidencial está programada para el próximo 7 de agosto de 2026. De La Espriella, quien resultó electo en la segunda vuelta de las elecciones de junio pasado, ha expresado públicamente su intención de realizar el acto en una guarnición militar de Popayán como un gesto de reconocimiento hacia la Fuerza Pública, en lugar de la tradicional sede del Capitolio Nacional en Bogotá.

Esta propuesta requiere autorización del Congreso y ha generado debate político y jurídico en las últimas semanas.

Además de la Brigada 29, las autoridades evalúan reforzar el esquema de seguridad con unidades provenientes de los departamentos de Nariño y Valle del Cauca, según el alcance del operativo y las condiciones de seguridad que se definan.

El dispositivo quedaría bajo la coordinación de la Tercera División del Ejército, que tiene jurisdicción sobre Cauca, Valle del Cauca y Nariño, y cuenta con aproximadamente 22.000 uniformados.

El senador Antonio Correa sentó su posición frente a la propuesta de convertir a Barranquilla en una sede alterna del Congreso de la República, señalando que, si bien puede sonar como un compromiso atractivo de campaña, la iniciativa enfrenta de entrada barreras constitucionales e institucionales de fondo.

​A través de un pronunciamiento publicado en la red social X, el congresista de origen costeño sostuvo que una medida de tal envergadura requiere formalmente «una reforma constitucional, con ocho debates y las mayorías requeridas», enfatizando en que la independencia del poder legislativo se respeta mediante los canales legales y «no los atajos ni las mayorías construidas “por debajo de la mesa”». Correa anticipó que votará «NO» a la propuesta por considerarla una medida meramente «simbólica», alejada de las necesidades estructurales que enfrentan las regiones.

​En contraste, el parlamentario afirmó que concentrará su respaldo en iniciativas orientadas a una verdadera descentralización del presupuesto nacional. En ese sentido, anunció su voto favorable a «una reforma que aumente los recursos del Sistema General de Participaciones para municipios y departamentos» y se mostró partidario de «eliminar los OCAD de regalías para acabar con la intermediación burocrática que tanto daño le ha hecho a las regiones, incluso a los recursos de la paz».

​Correa remarcó que las decisiones legislativas deben alejarse de respuestas orientadas «más al simbolismo o al ego que a las necesidades reales de los territorios», expresando además un mensaje de gratitud hacia la capital del país. Al destacar a Bogotá como «la capital de todos» que le ha brindado oportunidades a ciudadanos de todas las provincias, concluyó que «el verdadero problema sigue siendo el centralismo de los recursos y no el lugar donde sesiona el Congreso», e hizo un llamado a superar los discursos electorales para «concentrarnos en las reformas que transforman la vida de la gente, no en debates que profundizan divisiones innecesarias».

La bancada del Pacto Histórico endureció su postura frente al equipo de transición del mandatario electo, Abelardo De La Espriella, al condicionar su presencia en el acto de transmisión de mando. A través de un pronunciamiento oficial, la colectividad anunció que declinará la invitación a la ceremonia en caso de que esta se lleve a cabo dentro de un recinto de las Fuerzas Militares, bajo la premisa de que tal decisión vulneraría el principio constitucional de la supremacía del poder civil sobre el estamento armado.

​Para el movimiento de oposición, mantener la investidura en los escenarios democráticos tradicionales resulta indispensable para preservar la institucionalidad del país, remarcando que en una democracia consolidada no hay justificación para trasladar un acto civil a una sede castrense. Al tiempo que se sostiene el pulso por la sede del evento, la bancada reafirmó que asumirá su rol de control político de manera rigurosa, enfocados en la defensa de las garantías ciudadanas y el orden constitucional durante el próximo periodo gubernamental.

El Gobierno nacional recibió el primer lote de cloroquina producido por la Universidad de Antioquia, un hecho que, según el Ministerio de Salud y Protección Social, representa un avance en el fortalecimiento de la producción pública de medicamentos y en la estrategia de soberanía sanitaria del país.

La cartera de Salud explicó que este medicamento fue desarrollado con recursos del Fondo de Investigación en Salud, cuenta con registro sanitario del Invima y es resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, la academia y la industria farmacéutica nacional.

La adquisición hace parte de la estrategia para fortalecer las capacidades de producción farmacéutica en Colombia, en el marco del CONPES 4170 de 2025 y del convenio suscrito entre el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y la Universidad de Antioquia para ampliar la infraestructura destinada a la fabricación de medicamentos.

Asimismo, indicó que la compra se realizó a través del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), del cual la Universidad de Antioquia es proveedor para la región, lo que evidencia, según la entidad, el potencial científico y productivo del país.

El Ministerio señaló que esta iniciativa contribuye a consolidar la industria farmacéutica nacional y a garantizar un acceso más oportuno a medicamentos esenciales para la población.

La cloroquina es un medicamento utilizado principalmente para la prevención y el tratamiento de la malaria o paludismo, enfermedad causada por parásitos del género Plasmodium y transmitida por la picadura de mosquitos del género Anopheles.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, en Colombia se registran entre 50.000 y 100.000 casos de malaria cada año. Las zonas con mayor incidencia se concentran en la costa Pacífica, los valles de los ríos Cauca y Sinú, así como en la Amazonía y la Orinoquia, especialmente en comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan áreas rurales dispersas.

«Este es el resultado de confiar en los 30 años de experiencia de una planta de producción de medicamentos pública y en los más de 220 años de historia de una universidad con una sólida vocación investigativa, que cuenta con más de 200 grupos de investigación. De estos, cerca de 11 pertenecen a la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias y algunos se especializan en formulación farmacéutica», afirmó Weber Ríos Ortiz, decano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Universidad de Antioquia.

La audiencia de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, culminó sin éxito tras ser declarada fracasada por el juez a cargo.

La decisión judicial se tomó al determinar que la fiscal Lucy Laborde no contaba con la competencia necesaria para adelantar dicha diligencia en el proceso.

​Este caso, en el que se investiga la presunta violación de datos personales en perjuicio de Day Vásquez, quedará en pausa mientras las autoridades competentes asignan a un nuevo fiscal que asuma formalmente el expediente.

Una vez realizada la designación, el despacho judicial reprogramará la fecha para llevar a cabo la audiencia.

El Senado de la República aprobó la primera proposición para adelantar un debate de control político que citará al Consejo Nacional Electoral (CNE), la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, con el fin de rendir explicaciones sobre las garantías y el desarrollo de la segunda vuelta presidencial celebrada el pasado 21 de junio. La iniciativa aprobada, promovida por el senador Héctor Olimpo Espinosa del Partido Liberal, busca esclarecer las denuncias sobre presiones al electorado en zonas afectadas por la violencia que requerirían una investigación exhaustiva, sumándose también a las pretensiones de bancadas como el Pacto Histórico —lideradas por la senadora Isabel Zuleta— que insisten en revisar presuntas irregularidades en el escrutinio, las auditorías a los sistemas tecnológicos y la transparencia general del proceso. El debate apuntará a verificar si la institucionalidad electoral cumplió con los mandatos constitucionales para garantizar la voluntad popular en las urnas, mientras el Congreso avanza en sus primeras decisiones legislativas, entre las que destaca la venia otorgada por la plenaria del Senado para que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, pueda llevar a cabo su acto de posesión en el departamento del Cauca.