El presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE) y de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), Jairo Torres Oviedo, rector de la Universidad de Córdoba, pidió este lunes que cualquier protocolo para el ingreso de la Fuerza Pública a los campus se construya con las propias universidades y no se imponga de manera unilateral.
Torres Oviedo no evadió el problema de la violencia. La rechazó de forma explícita. Pero situó el debate en otro lugar: en cómo se interviene un campus sin convertir la universidad en un escenario de más confrontación.
“La universidad, por naturaleza, es un escenario para la inteligencia, la racionalidad y el desarrollo de la ciencia”, dijo. Y añadió una advertencia basada, según él, en la experiencia de intervenciones previas: “Cuando la fuerza pública interviene en los campus universitarios… han sido intervenciones desproporcionadas y terminan afectando la misma institución”.
De ahí su exigencia central: “Esos protocolos tienen que ser diseñados conjuntamente”. El rector —vocero de las 34 universidades públicas del país— precisó que espera un diálogo con el Gobierno para “construir estrategias y métodos que efectivamente minimicen el impacto que puedan generar mucha más violencia”.
¿Qué anunció el presidente De la Espriella?
La noche del domingo 13 de septiembre, De la Espriella dijo que su Gobierno establecerá un protocolo nacional para distinguir la protesta pacífica de los hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público. La Policía Nacional, afirmó, será “la primera autoridad operativa” y podrá actuar cuando desde las universidades se preparen actos vandálicos o terroristas.
El mandatario reconoció que las universidades tienen autonomía, “eso no está en discusión”. Pero añadió que esa autonomía “no significa autonomía en materia de orden público ni convierte los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado”. Y cerró con la frase que encendió el debate: “La autonomía universitaria no es una patente de impunidad y voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar”.
También aseguró que no permitirá que las universidades públicas “sigan siendo santuarios de la violencia” y ofreció garantías a quienes quieran estudiar, debatir y protestar de manera pacífica. El detalle del protocolo, según el Ejecutivo, se conocerá en los próximos días.
La línea de Torres Oviedo: ni impunidad ni intervención desproporcionada
La posición del presidente del SUE se mueve entre dos rechazos. El primero, a que la violencia se naturalice dentro de la universidad. El segundo, a que la respuesta del Estado reproduzca una historia de operativos que, en su lectura, han dañado a las instituciones más de lo que han resuelto el problema.
