Categoría: Política Nación

Las declaraciones de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, han reactivado la controversia en torno a los cuestionados títulos académicos de Juliana Guerrero, salpicando directamente al expresidente Gustavo Petro. De acuerdo con el testimonio brindado por Rodríguez al periódico El Tiempo, el exmandatario estaba al tanto de las irregularidades en la documentación presentada por Guerrero y, pese a las alertas, habría dado la orden de proseguir con su designación en el Viceministerio de Juventudes.

Rodríguez detalló que las inconsistencias salieron a la luz durante la revisión de la hoja de vida realizada al inicio del trámite de nombramiento, momento en el que se constató que la aspirante no cumplía con los requisitos profesionales estipulados para asumir la dignidad oficial. A pesar de haber informado formalmente a Petro sobre la invalidez de los soportes académicos, la exfuncionaria sostiene que la indicación desde la Presidencia fue mantener la marcha del proceso administrativo.

José Vicente Lesmes, conocido en el ámbito del conflicto armado como ‘Walter Mendoza’ y quien se presenta como jefe negociador de la organización autodenominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), envió una carta formal dirigida al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, así como al ministro de Justicia e Iván Cancino González, al senador Enrique Gómez Martínez y a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón. En el documento, fechado el 3 de septiembre de 2026, el líder insurgente manifiesta de manera formal la disposición del grupo armado para iniciar y consolidar un proceso de acercamiento y paz integral con el Gobierno Nacional.

En la misiva, Lesmes otorga un poder amplio de representación legal a los abogados Angélica María Martínez Cujar y Leonardo Olmedo Cabrera Riascos, asignándoles la tarea de actuar como voceros y mediadores institucionales ante el Ejecutivo, el Congreso, la Fiscalía General, organismos internacionales y medios de comunicación. El objetivo primordial de esta vocería es gestionar la fase exploratoria de diálogos orientada a avanzar en la reparación de víctimas, la reconstrucción de la verdad histórica, la resocialización y la reincorporación de los combatientes a la vida civil.

El líder de la CNEB sostiene que el diálogo socio-político y la justicia restaurativa constituyen la única vía efectiva para resolver el conflicto armado y detener el impacto de las hostilidades en las comunidades afectadas por la violencia y el uso de cultivos ilícitos. Asimismo, el comunicado incluye una propuesta puntual de ocho peticiones dirigidas al jefe de Estado, entre las que destacan la designación de un delegado formal del Gobierno para instaurar un canal de comunicación directo y verificable, la inclusión prioritaria de las comunidades y víctimas en las mesas de conversación, la creación de oportunidades de empleo y educación para quienes dejen las armas, y la puesta en marcha de un sistema estricto de seguimiento y verificación de los compromisos adquiridos.

El presidente Abelardo de la Espriella impartió una instrucción perentoria a los ministerios de Defensa y Justicia para coordinar, en un plazo máximo de una semana, el sometimiento a la justicia de Fredy Castillo Carrillo, conocido como alias ‘Pinocho’ y señalando como máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

A través de un pronunciamiento oficial, el jefe de Estado enfatizó que la administración no dará margen a negociaciones, dilaciones ni exigencias por parte del grupo armado. Asimismo, advirtió de manera contundente que, de no concretarse su entrega voluntaria y persistir en las actividades delictivas contra la población y el Estado, la fuerza pública tiene la orden directa de darlo de baja conforme a la ley.

Un crítico panorama sobre el acceso a tratamientos médicos reveló la Defensoría del Pueblo tras presentar un informe detallado que evidencia que el 87 % de los usuarios encuestados entre enero y agosto de 2026 enfrentó serias dificultades para reclamar sus medicamentos, siendo el desabastecimiento la principal causa identificada. La afectación ha llevado a que el 46 % de los pacientes deba asumir con sus propios recursos el gasto del tratamiento para no interrumpir sus terapias.

La crisis se refleja además en las cifras de reclamaciones ante la Superintendencia Nacional de Salud, que muestran volúmenes elevados de quejas durante los primeros seis meses de 2026, arrancando con 42.208 registros en enero y situándose en 32.997 para el mes de junio. Ante este escenario, el organismo defensorial hizo un llamado urgente para mitigar la barrera de acceso que continúa vulnerando el derecho fundamental a la salud de los colombianos.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, entregó el reporte de la Dirección Nacional de Bomberos sobre la situación de los incendios forestales en el país.

De los 18 incendios activos en 8 departamentos, el 78 % registra avances superiores al 65 % y el promedio nacional de control llegó al 65,2 %. Entre los avances del día, Aipe pasó del 25 % al 99 % de control, mientras Yumbo avanzó del 85 % al 95 % y entró en guarda de cenizas.

Las principales prioridades son Buga (10 %), Ortega (25 %), Coromoro (40 %) y Chachagüí (50 %). En Chachagüí, un incendio amenaza viviendas y es atendido por bomberos del aeropuerto.

También anunció el ingreso de fuerzas de tarea del Meta a Ortega y del Valle a Buga, además de apoyo aéreo para Coromoro. La instrucción del presidente Abelardo de la Espriella es clara: “No parar”.

El Presidente de la República, Abelardo De La Espriella, destinó su primer sueldo como Mandatario de los colombianos a los ancianatos ‘Consentidos de Jesús’ y ‘Santo Domingo Savio’, del municipio quindiano de Quimbaya.

El Jefe de Estado anunció que continuará entregando mensualmente su salario para apoyar obras sociales, como las destinadas al cuidado de los adultos mayores en diferentes regiones del país.

Durante su visita a Quimbaya, el Mandatario recordó el compromiso que asumió durante su campaña a la Presidencia de no quedarse con el sueldo correspondiente a su cargo.

“Yo prometí en mi campaña que no iba a cobrar el sueldo de Presidente. Y todos los meses, cuando me llegue el pago, voy a ir a una región de Colombia a entregarlo para ayudar a obras tan importantes y tan trascendentales como esta de cuidar a nuestros viejitos”, afirmó.

En el hogar geriátrico Santo Domingo Savio, el Presidente anunció además que el Gobierno priorizará las adecuaciones que requiere el lugar, incluida su cocina, e impartió instrucciones para avanzar en las obras.

“Nosotros vamos a ayudarle y vamos a levantar este lugar y vamos a hacer la cocina y todo lo que se requiera”, aseguró.

Al referirse a la atención de los adultos mayores, el Jefe de Estado resaltó el lugar que estos hogares ocupan en la historia y el legado del país.

“Un país que se olvida de sus abuelitos, de sus viejos, es un país que no tiene futuro. Por eso este Gobierno nunca se va a olvidar de ustedes y siempre estaremos aquí cuando nos necesiten”, expresó.

Al cierre de su intervención, el Presidente reiteró su compromiso con la recuperación de Quimbaya tras el terremoto y aseguró que el propósito es que el municipio no solo se reconstruya, sino que quede en mejores condiciones que antes de la emergencia.

El Presidente de la República, Abelardo De La Espriella, hizo este viernes un llamado a los alcaldes de los municipios afectados por el terremoto para que entreguen un reporte preciso de las afectaciones registradas en sus territorios, información necesaria para organizar la recuperación. La fecha límite fijada es el próximo 17 de septiembre.

Durante su visita al municipio quindiano de Quimbaya, el Mandatario informó que 204 municipios de las zonas afectadas aún no han enviado la información y advirtió que quedan cinco días para cumplir el plazo establecido.

Al explicar la importancia de contar con un reporte preciso de la información en cada territorio, el Presidente destacó la responsabilidad de los mandatarios locales en la caracterización de los daños.

“Para el Gobierno Nacional es fundamental, determinante, sustantivo y prioritario conocer exactamente qué sucedió en cada municipio para organizar correctamente la recuperación. Esa responsabilidad de la caracterización más profunda la tienen ustedes, porque nadie conoce un territorio tanto como su alcalde. Y ustedes nos tienen que dar esa información de manera certera”, afirmó.

Frente a los reportes que siguen pendientes, el Jefe de Estado pidió a la Consejería para las Regiones, el Ministerio de Vivienda y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) agilizar su entrega. “Hay que apretar, como se dice comúnmente, a los alcaldes, apretadera.com, para que nos manden la información, como corresponde”, sostuvo.

El Presidente recalcó que contar con esos datos es determinante para definir la respuesta en cada territorio. “Sin información no se puede estructurar correctamente la reconstrucción”, enfatizó.

Durante la jornada, el Presidente informó que, en conjunto con la Federación Colombiana de Cafeteros, se tienen aprobados 15.000 millones de pesos para apoyar a 5.000 productores cafeteros de la región.

También anunció avances en el proyecto de vivienda prioritaria ‘Bosques de Marsella’ que, una vez terminadas las obras, permitirá contar con 160 nuevos apartamentos en Quimbaya.

Además, priorizó la reconstrucción de dos instituciones educativas en este mismo municipio, con una inversión de 5.000 millones de pesos para cada una.

Por instrucción del Presidente de la República, Abelardo De La Espriella, el Ministerio de Transporte expidió una Resolución que establece nuevos requisitos para la imposición de comparendos de tránsito por exceso de velocidad.

La Ministra de Transporte, Elsa Noguera, explicó el alcance de esta decisión que comenzará a operar de inmediato. “Expedimos una Resolución para que estos vehículos no puedan imponer comparendos sin un agente de tránsito que esté presente en el lugar, que sea visible, que además se identifique, y que opere el dispositivo y expida el comparendo en el lugar de la infracción”, dijo la funcionaria.

Incluso, la Ministra agregó que los vehículos que, hasta el momento, han venido imponiendo las llamadas fotomultas, deben tener autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, máxima autoridad de control de tránsito en el país.

“Si una cámara funciona sin agente, deberá tener autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y cumplir todos los requisitos de una cámara de fotodetección, incluida la señalización visible”, aseguró.

El propósito de esta medida, añadió la jefa de cartera, es controlar el exceso de fotomultas que, originalmente, fueron concebidas como una medida para salvar vidas, no como un mecanismo de recaudo para as Alcaldías.

“Estos carros (cazafotomultas) se escondían para detectar infracciones, pero no ayudaban a que los conductores redujeran la velocidad. Eso no salva vidas: solo busca recaudar”, reiteró.

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La Ministra Noguera señaló que ahora el tema pasará a conocimiento de la Superintendencia de Transporte, entidad encargada de vigilar que las autoridades de tránsito cumplan estas reglas “y no sigan promoviendo la proliferación de estos carros”.

El Ministerio del Trabajo ha declarado la insubsistencia de Sandra Marcela Mendoza Argel, quien ocupaba el cargo de directora Territorial en Córdoba. En su lugar, ha sido designada como directora encargada Lucy Otero Pinaut, una inspectora de Trabajo y funcionaria de carrera en la Dirección Territorial Córdoba.

Este cambio se produce poco después de que la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, visitara el departamento y se reuniera con funcionarios para discutir la mejora de la gestión en la región. Además, el relevo tiene implicaciones políticas en Córdoba, dado el vínculo estrecho de Mendoza Argel con Angélica Verbel, exviceministra de Defensa y figura destacada del petrismo en el departamento.

Golpes contra Eln y narcotráfico

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