El jefe guerrillero ‘Walter Mendoza’ pide al presidente Abelardo de la Espriella continuar diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano
José Vicente Lesmes, conocido en el ámbito del conflicto armado como ‘Walter Mendoza’ y quien se presenta como jefe negociador de la organización autodenominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), envió una carta formal dirigida al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, así como al ministro de Justicia e Iván Cancino González, al senador Enrique Gómez Martínez y a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón. En el documento, fechado el 3 de septiembre de 2026, el líder insurgente manifiesta de manera formal la disposición del grupo armado para iniciar y consolidar un proceso de acercamiento y paz integral con el Gobierno Nacional.
En la misiva, Lesmes otorga un poder amplio de representación legal a los abogados Angélica María Martínez Cujar y Leonardo Olmedo Cabrera Riascos, asignándoles la tarea de actuar como voceros y mediadores institucionales ante el Ejecutivo, el Congreso, la Fiscalía General, organismos internacionales y medios de comunicación. El objetivo primordial de esta vocería es gestionar la fase exploratoria de diálogos orientada a avanzar en la reparación de víctimas, la reconstrucción de la verdad histórica, la resocialización y la reincorporación de los combatientes a la vida civil.
El líder de la CNEB sostiene que el diálogo socio-político y la justicia restaurativa constituyen la única vía efectiva para resolver el conflicto armado y detener el impacto de las hostilidades en las comunidades afectadas por la violencia y el uso de cultivos ilícitos. Asimismo, el comunicado incluye una propuesta puntual de ocho peticiones dirigidas al jefe de Estado, entre las que destacan la designación de un delegado formal del Gobierno para instaurar un canal de comunicación directo y verificable, la inclusión prioritaria de las comunidades y víctimas en las mesas de conversación, la creación de oportunidades de empleo y educación para quienes dejen las armas, y la puesta en marcha de un sistema estricto de seguimiento y verificación de los compromisos adquiridos.
