Categoría: Política Nación

La Presidencia de la República retiró la candidatura de Juliana Guerrero para el Viceministerio de las Juventudes tras una polémica relacionada con su título profesional. La decisión se tomó luego de que se revelaran irregularidades en su diploma de contaduría pública, emitido por la Fundación Universitaria San José.

La controversia surgió porque en la hoja de vida de Guerrero, inicialmente, no figuraba un título universitario, pero luego fue modificado para incluirlo. Esto levantó sospechas que llevaron a la universidad a anunciar que anulará el diploma, pues Guerrero no cumplió con requisitos como la presentación de la prueba estatal Saber Pro.

Aunque la candidata ha insistido en que no es responsable de lo sucedido, la Fundación San José destituyó y denunció penalmente a su exsecretario general, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, a quien señala como el responsable de las irregularidades.

La salida de Guerrero representa un nuevo revés para el Ministerio de la Igualdad, que ha enfrentado cuestionamientos por la gestión y las designaciones de sus funcionarios. Aún no se ha definido quién ocupará el cargo, clave para la relación del Gobierno con los jóvenes.

El Gobierno del Cambio avanza con hechos en la transformación del transporte público individual. La ministra de Transporte, Mafe Rojas, lideró hoy en Jamundí el Showroom nacional de taxis eléctricos, un espacio para promover la electromovilidad, fortalecer alianzas público-privadas y anunciar recursos clave para acelerar la transición energética.

Rojas confirmó que en el último trimestre de 2025 habrá $12 mil millones disponibles en el fondo económico del Ministerio de Transporte para apoyar la compra de taxis eléctricos e instalar cargadores en casa.

“Cada taxi eléctrico es un hogar que se sostiene y una victoria para la justicia social y ambiental. Desde Jamundí enviamos un mensaje a todo el país: la transición energética ya es una realidad que mejora la vida de los colombianos”, afirmó la ministra, Mafe Rojas.

Cifras y beneficios que marcan la diferencia

Renovación de 54.000 taxis al 2036, lo que reducirá 34% las emisiones actuales del servicio.

300 taxis eléctricos ya circulan en varias ciudades del país, mostrando que la electromovilidad ya es posible.

Un taxi eléctrico reduce los costos mensuales de $1,8 millones a $636.000 y baja 43% el gasto en combustible, aumentando las ganancias del conductor y beneficiando a las familias.

Beneficios legales y operativos: sin pico y placa ni día sin carro, 10% de descuento en SOAT y 30% en revisión técnico-mecánica.

De esta manera, El Ministerio de Transporte, en articulación con alcaldías, gremios, banca y sector privado, construye un ecosistema de movilidad eléctrica:

El SENA forma técnicos especializados para mantener esta flota.

La banca diseña créditos específicos para conductores.

Las empresas energéticas amplían la infraestructura de recarga.

Marcas como BYD, Auteco, Grupo Carrera, Sueléctrico y Renault ya ofrecen taxis eléctricos listos para la venta.

Desde Jamundí, la ministra Mafe Rojas puntualizó que la transición energética no es un discurso, sino una realidad que está mejorando la vida de miles de familias y transformando las ciudades:

“Nuestro compromiso es proteger la vida, aliviar el bolsillo de los trabajadores y reducir la contaminación. Con hechos, no con discursos, demostramos que el transporte público individual puede ser más limpio, más justo y más rentable para quienes lo operan”.

En el evento, la ministra pidió un minuto de silencio para honrar la memoria de Óscar Becerra Aguirre, líder del gremio de taxis, enviando un mensaje de solidaridad a su familia y destacando su legado de compromiso con la movilidad y la dignidad laboral.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico abrió una investigación formal contra la juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla, Claribel Fernández Castillón, por la decisión que tomó el pasado 11 de abril de concederle la libertad condicional al contratista Emilio Tapia, condenado a seis años y cuatro meses de prisión por el escándalo de corrupción de Centros Poblados.

La investigación de la jurisdicción disciplinaria busca esclarecer la actuación de la funcionaria judicial, no solo por haber otorgado el beneficio al contratista, sino también por una presunta demora injustificada para tramitar el recurso de apelación que interpuso la Procuraduría General de la Nación en contra de esa medida.

El Ministerio Público apeló la determinación de la juez al considerar que no se cumplían los presupuestos legales para otorgar la libertad condicional. La Procuraduría fundamentó su recurso en varias normas, entre ellas el artículo 64 del Código Penal, el artículo 150 del Código Penitenciario y Carcelario, y el artículo 36 de la ley 190 de 1995, que exige que las entidades públicas perjudicadas en delitos contra la administración pública se constituyan como parte civil en el proceso penal.

El proceso disciplinario contra Fernández Castillón comenzó el 22 de abril de 2025, cuando la presidencia de la Comisión Seccional del Atlántico compulsó copias para iniciar la actuación.

La maniobra delictiva consistió en la presentación de garantías bancarias falsas por parte de la Unión Temporal Centros Poblados, lo que permitió el desembolso de un anticipo de 70 mil millones de pesos que nunca fueron recuperados.

El objetivo de dicho contrato era llevar conexión a internet a miles de escuelas en poblaciones vulnerables y zonas rurales del país.

Vía el colombiano

La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, inició en el Centro de Investigación Turipaná, de AGROSAVIA, una gira por los Centros de Investigación de la entidad, con el objetivo de hacer seguimiento al trabajo que se adelanta en la conservación de los bancos de germoplasma, la transferencia de conocimiento y el uso de predios con fines investigativos.

Durante el recorrido, la ministra conoció de primera mano los avances en la conservación de la genética de plantas y animales, visitando los bancos de germoplasma vegetal y animal, patrimonio nacional y recurso fundamental para la soberanía alimentaria del país. Allí se preservan especies como la caña flecha, fundamental para las comunidades indígenas artesanas, así como las razas bovinas criollas romosinuano y costeño con cuernos, y el cerdo zungo.

«Muchos cabildos indígenas vienen aquí a buscar la caña flecha, que les asegura la producción de artesanías. Además, somos los custodios de las razas bovinas romosinuano y costeño con cuernos, y del cerdo criollo zungo», explicó Sergio Mejía Kerguelén, director del Centro de Investigación Turipaná.

La visita incluyó la vitrina agroecológica, con experiencias en berenjena, ají, auyama, batata, sistemas agroforestales de cacao y arroces nativos, además de la interacción con investigadores que lideran proyectos de ciencia, tecnología e innovación orientados a la democratización del conocimiento y al fortalecimiento del campo.

“Ustedes son la fuerza de investigación y los custodios del patrimonio más importante para la soberanía alimentaria del país: el banco de germoplasma”, señaló la ministra Carvajalino, al destacar el papel de AGROSAVIA en la construcción de un campo más productivo, resiliente y sostenible.

La jornada, presidida por el director ejecutivo de AGROSAVIA, Miguel Serrano, y el director del Centro de Investigación Turipaná, Sergio Mejía, ratificó el compromiso de la entidad con las comunidades campesinas, la lucha contra el hambre y la pobreza, la adaptación al cambio climático y la construcción de la paz en Colombia.

“Pudimos mostrar parte de lo que hacemos en investigación y transferencia de tecnología y ciencia para las comunidades campesinas y estamos comprometidos en hacerlo cada vez mejor y más efectivo para ellas” aseguró Migue Serrano, director ejecutivo de AGROSVIA.

Juan Diego Marín Franco, hijo del reconocido «zar del contrabando» Diego Marín, fue capturado en la madrugada de este miércoles en el exclusivo sector de Los Morros, en Cartagena. La detención se produjo luego de una fuerte riña en la que su esposa, María Andrea Arango Montenegro, resultó gravemente herida con un arma blanca.

El hecho fue alertado por vecinos que dieron aviso a la Policía. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la mujer, quien al parecer estaba siendo retirada del apartamento por dos hombres que podrían ser escoltas de la familia.

Marín Franco fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía, donde deberá responder por los cargos de violencia intrafamiliar y tentativa de homicidio. El caso ha causado gran conmoción en la ciudad debido a la gravedad de los hechos y al perfil de la familia implicada.

Una juez penal de control garantías de Bogotá impartió legalidad al principio de oportunidad suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y el exasesor Jurídico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Pedro Andrés Rodríguez Melo, vinculado a dos investigaciones relacionadas con actos de corrupción en la contratación de carrotanques, carros de bomberos y materiales para la atención de emergencias en varios departamentos; y en el posible direccionamiento irregular de un contrato de comercialización de licores en Nariño.

Con esta decisión se suspende la acción penal en contra del procesado, por el término de un año, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, en concurso homogéneo y sucesivo; falsedad ideológica en documento público agravado por el uso, en concurso homogéneo y sucesivo; falsedad en documento privado; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; y falsedad material en documento público.

Asimismo, Rodríguez Melo se compromete a servir como testigo de cargo contra 13 personas investigadas en cinco radicados distintos relacionados con tres eventos delictivos: la apropiación de recursos y la contratación irregular en la UNGRD; el proceso de regulación del negocio de licores y su adjudicación en la Gobernación de Nariño; y el proyecto de reconstrucción de Mocoa (Putumayo).

El pasado 8 de abril, el exfuncionario de la UNGRD fue condenado mediante preacuerdo a 4 años, 10 meses y 19 días de prisión por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación agravado en favor propio y de terceros.

Prosperidad Social iniciará el martes 30 de septiembre la entrega de la transferencia correspondiente al noveno ciclo de Colombia Mayor, un programa dirigido a personas mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad. Ese día comenzará a realizar la transferencia a los beneficiarios que la reciben por transacción bancaria. Para aquellos beneficiarios que reciben los recursos a través de la modalidad de giro, el proceso comenzará el 2 de octubre.

La entrega de los recursos se extenderá hasta el 16 de octubre. Un total de 1.635.235 personas mayores recibirán el subsidio, por transferencia bancaria o por giro. Prosperidad Social invertirá 220.055 millones de pesos.

El director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, destacó que 515.973 personas mayores de 80 años recibirán una transferencia diferenciada de 225.000 pesos, gracias a la estrategia de atención prioritaria implementada desde 2024 para esta población.

El aumento anunciado para las mujeres mayores de 70 años y hombres mayores de 75 años, y la nivelación del aumento para los mayores de 80 años, a 230.000 pesos, se llevará a cabo en el décimo ciclo, previsto para la última semana de octubre.

El Banco Agrario de Colombia y su red de aliados estarán a cargo de la entrega de recursos. Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto con la fecha exacta en la que podrán reclamar el subsidio. También podrán consultar esta información a través del siguiente enlace:

https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/ConsultaCM.aspx

Prosperidad Social hace un llamado a los beneficiarios para que mantengan actualizada su información de contacto, lo que es esencial para garantizar una entrega eficaz y sin contratiempos.

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación sobre Ecopetrol, tras recibir denuncias de posibles irregularidades en la gestión de contratos para la importación de gas. Funcionarios de la entidad se presentaron en las oficinas de la petrolera en Bogotá para recolectar pruebas.

La investigación se centra en un posible favorecimiento a la empresa Gaxi S.A. ESP , la cual está vinculada al ex policía Juan Guillermo Mancera. Este empresario es conocido por haberle vendido un apartamento al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, a un precio mucho menor al de mercado. El presunto contrato con Gaxi S.A. ESP implicaría la operación de una planta de regasificación en La Guajira, lo que generaría ingresos anuales de hasta $600 millones de dólares.

*Ecopetrol niega irregularidades*

En un comunicado, Ecopetrol y su presidente, Ricardo Roa, rechazaron las acusaciones y aseguraron que no se ha iniciado ningún proceso de selección formal para este tipo de proyectos.

La empresa aclaró que actualmente solo están realizando un «sondeo de mercado» para explorar la viabilidad de plantas flotantes de regasificación y que aún no se han tomado decisiones sobre la ubicación o el método de adjudicación. Ecopetrol finalizó reiterando que cualquier proyecto de importación de gas es responsabilidad de la empresa y que se están evaluando las mejores opciones, como La Guajira y Coveñas, para una futura planta.

La Superintendencia Nacional de Salud, mediante la Resolución 2025310060008564-6 del 23 de septiembre de 2025, ordenó como medida cautelar la cesación provisional de todas las acciones que ponen en riesgo la vida e integridad de los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG– y la correcta administración de los recursos destinados a la salud. Esta medida tendrá una vigencia de tres meses, entre el 23 de septiembre y el 23 de diciembre de 2025.

En consecuencia, el FOMAG, su Consejo Directivo y la Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del Fondo, deberán detener prácticas que afecten la oportunidad y accesibilidad en la prestación de servicios de salud, así como el incumplimiento en los pagos a la red de prestadores y proveedores.

La resolución ordena al Consejo Directivo del FOMAG la presentación, en un plazo máximo de cinco días hábiles, de un plan de contingencia con acciones verificables, cronogramas, responsables y recursos definidos, orientado a superar los hallazgos detectados. De igual manera, deberá garantizar la red nacional de prestación de servicios, asegurar el monitoreo de la atención y pagos oportunos a prestadores, así como la gestión de riesgos en salud y respuesta a las PQR de los afiliados.

Por su parte, la Fiduprevisora S.A. deberá ejecutar el plan aprobado, remitir informes semanales sobre su cumplimiento, entregar información financiera y contable actualizada, así como garantizar el flujo de recursos y la contratación adecuada de la red de servicios.

Las medidas adoptadas por la Superintendencia Nacional de Salud son de carácter especial y provisional, y están orientadas a proteger de manera inmediata la vida, la integridad de los afiliados al FOMAG y la correcta administración de los recursos públicos. ​

La Superintendencia realizará un seguimiento especial, presencial y permanente en la sede del FOMAG y de la Fiduprevisora S.A. para verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas.

El Pacto Histórico anunció la suspensión de su consulta interna para definir al candidato presidencial de la coalición. A través de un comunicado, el comité político justificó la decisión alegando falta de «certezas jurídicas».

Pese a un fallo judicial que le abría la puerta a la consulta, la coalición optó por aplazar la elección de su candidato y enfocarse en la conformación de las listas al Congreso. La coalición de izquierda aseguró que seguirá trabajando en la consolidación de un «Frente Amplio» para las elecciones presidenciales de 2026.

El comunicado indica que el Pacto Histórico participará en una «consulta interpartidista» para definir sus listas al Senado y la Cámara de Representantes, las cuales serán cerradas, paritarias y con alternancia de género.

Respecto a la candidatura presidencial, la coalición decidió que la selección de su representante se hará en una futura consulta del Frente Amplio, junto a otros líderes y sectores aliados. Mientras tanto, los precandidatos del Pacto Histórico podrán continuar con sus aspiraciones y la promoción de sus propuestas.