Categoría: Política Nación

En un movimiento estratégico para fortalecer la seguridad y el control sobre los presuntos autores del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, las autoridades confirmaron el traslado de dos de los implicados claves a cárceles de máxima seguridad. Elder José Arteaga Hernández, conocido con el alias de «Chipi», y William Fernando González, apodado «El Hermano», fueron reubicados en distintas prisiones por fuera de Bogota, marcando un paso más en el proceso judicial.

Elder José Arteaga Hernández, alias «Chipi», ha sido enviado a la cárcel de Palogordo, ubicada en Girón, Santander. Esta prisión es reconocida por su estricto régimen y su alta seguridad, diseñada para albergar a individuos considerados de alto riesgo. El traslado de Arteaga Hernández a este centro penitenciario responde a la necesidad de aislarlo y prevenir cualquier tipo de comunicación o influencia externa que pueda afectar la investigación en curso. Su papel en el entramado del magnicidio ha sido objeto de intensa investigación por parte de las autoridades, quienes buscan desentrañar la totalidad de la red criminal detrás del atentado.

Por su parte, William Fernando González, alias «El Hermano», ha sido trasladado a la cárcel de La Dorada, en Caldas. Al igual que Palogordo, este centro penitenciario cuenta con rigurosos protocolos de seguridad. El traslado de González a este lugar busca asegurar que no pueda contactar con otros coautores o colaboradores, garantizando la integridad de las pruebas y la protección de testigos.

Los datos publicados en distintos medios han señalado a González como una pieza fundamental en la logística del crimen, aunque los detalles exactos de su participación se mantienen bajo estricto secreto sumarial para no comprometer la investigación.

Estos traslados reflejan la determinación de las autoridades colombianas de mantener un control férreo sobre los sospechosos en casos de alta relevancia nacional. La reubicación de «Chipi» y «El Hermano» a prisiones separadas y de máxima seguridad subraya la seriedad con la que se está tratando el caso, buscando evitar cualquier intento de fuga o manipulación del proceso judicial desde dentro del sistema penitenciario.

A medida que avanza la investigación, se espera que estos movimientos ayuden a consolidar las pruebas y a llevar a los responsables ante la justicia de manera definitiva.

Con el objetivo de asegurar el buen uso y control de los recursos de la salud, la ADRES adoptó medidas administrativas frente a 23 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de Atlántico, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca por la presunta inexistencia de infraestructura para atender los pacientes accidentados en la dirección física reportada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).

​En una primera decisión (Resolución 0087804 de 2025), de las 23 instituciones identificadas, la entidad suspendió el reconocimiento y pago de reclamaciones a 12 IPS que radicaron más de $4.911 millones. Estas entidades venían facturando con anterioridad:​

En una segunda decisión (Resolución 0087805 de 2025), a 11 IPS se les suspendió de manera indefinida la solicitud de registro de las cuentas bancarias ante la ADRES. La medida les rechaza facturas nuevas a las siguientes entidades reclamantes:

En cumplimiento del debido proceso, la ADRES realizó ya la notificación a los representantes de estas IPS, las cuales tienen 10 días hábiles para presentar recurso de reposición.

La identificación de estas anomalías se da gracias a las auditorías realizadas por tres firmas contratadas por ADRES desde 2023, con visitas físicas, para hacer control, verificación y reconocimiento de pagos a entidades que presentan reclamaciones por servicios de salud y gastos de transporte derivados de accidentes de tránsito causados por vehículos sin SOAT o no identificados.

En 2024, la ADRES también adoptó medidas administrativas para suspender los pagos a otras 52 IPS que han radicado cuentas por más de 70 mil millones de pesos. De estas, la entidad puso en conocimiento de las Fiscalía General de la Nación, el presunto delito de fraude o intento de fraude, por parte de 36 entidades que no lograron demostrar que contaban con infraestructura física, pese a tener registro de habilitación para la prestación de servicios de salud.

El complejo cocainero era manejado por el bloque ‘Jorge Suárez Briceño’, estructura criminal asociada al cabecilla alias ‘Calarcá’ de las disidencias.

Los laboratorios funcionaban en zona rural del municipio de Puerto Rico (Meta) y fueron ubicados gracias a una labor conjunta de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía.

La operación se efectuó en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, y deja como saldo la destrucción de diez estructuras para el procesamiento de pasta base de coca y un laboratorio de clorhidrato de cocaína.

El laboratorio empleado en la producción de clorhidrato de cocaína contaba con una capacidad logística instalada en diez estructuras de madera, donde se producía tonelada y media mensual de esta sustancia, con un valor estimado de más de 30.000 millones de pesos.

El desmantelamiento de estos laboratorios representa un golpe significativo a las economías ilícitas de esta estructura armada en el sur del Meta, neutralizando su capacidad de expansión.

El Gobierno de Gustavo Petro reafirmó así su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados organizados, y continúa adelantando operaciones ofensivas para desarticular sus redes delictivas.

La elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional enfrenta una serie de desafíos legales, con un total de ocho demandas presentadas ante el Consejo de Estado. Los demandantes alegan que más de 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia estaban impedidos para votar la terna de la que Camargo fue elegido, lo que viciaría el proceso.

El argumento central de las demandas es que familiares y allegados de los magistrados de la Corte Suprema fueron nombrados por Camargo cuando se desempeñaba como Defensor del Pueblo. Este hecho, según las demandas, vulnera principios de igualdad e imparcialidad.

Una de las demandas sostiene que este vicio impidió que el Senado y la opinión pública tuvieran un escrutinio informado sobre la idoneidad de la terna. «Se le negó la información crucial que le habría permitido cuestionar la validez de la postulación del señor Camargo Assis», dice el documento.

La situación también ha llegado al Consejo de Estado, donde el magistrado Omar Joaquín Barreto, de la Sección Quinta, se declaró impedido para conocer el caso. La razón es su «amistad íntima y entrañable» con Camargo, una relación que, según Barreto, data de hace más de 20 años y es ampliamente conocida en sus círculos profesionales y sociales.

Realizamos el II Encuentro de Participación Ciudadana, un espacio de diálogo y construcción colectiva donde reafirmamos nuestro compromiso como garante de los derechos de la niñez, la adolescencia y las familias colombianas. La comunidad compartió sus propuestas y expresó su respaldo al fortalecimiento de esta entidad.

Durante la jornada, Gloria García, integrante del Comité de Control Social del Centro de Desarrollo Infantil Rancho Grande, resaltó: «Yo le doy un excelente al Bienestar Familiar. No me puedo imaginar nuestra sociedad sin esta entidad, que garantiza la vida y los derechos de nuestros niños, niñas, adolescentes y familias».

El encuentro permitió visibilizar las buenas prácticas que hemos adelantado en el departamento e identificar las oportunidades de mejora en la prestación de servicios. Participaron veedores ciudadanos, líderes comunales, beneficiarios de programas como Somos Familia, Somos Comunidad y FAMI-BienVenir, madres sustitutas, líderes cívicos y ciudadanía en general.

Uno de los puntos centrales fue el llamado a fortalecer la participación ciudadana en el seguimiento a las acciones del Bienestar Familiar y sus operadores, con el fin de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos y la protección efectiva de los derechos de la infancia y adolescencia.

Se destacó además el avance de algunos comités de control social, como el del Centro de Desarrollo Infantil El Recuerdo, que están dando el paso hacia la conformación de veedurías ciudadanas para canalizar inquietudes relacionadas con la alimentación y dotación de los centros.

El II Encuentro concluyó con la identificación de problemáticas, la formulación de soluciones y propuestas concretas para mejorar los servicios. Con la comunidad coincidimos en la necesidad de ampliar los espacios de participación como mecanismo para visibilizar los desafíos y construir juntos soluciones que garanticen el bienestar de la niñez, la adolescencia y las familias.

La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio al exviceministro de Cultura, Clímaco Esteban Zabala Ramírez, como presunto responsable de los delitos de fraude procesal y falsedad material en documento público.

En diciembre de 2022, el exfuncionario presentó su hoja de vida y anexos ante el Ministerio de Cultura para aspirar al cargo de asesor código 10B. En su currículo registró un título de maestría en Gerencia de Proyectos de una universidad privada de Bogotá. Esta información fue soportada con copia del diploma y el acta de grado, con fecha diciembre de 2020.

En ese sentido, fue nombrado mediante la Resolución 451 del 20 de diciembre de 2022, y posteriormente, el 7 de marzo de 2023, designado como viceministro encargado de la Creatividad y la Economía Naranja.

Los elementos materiales probatorios obtenidos por un fiscal de Fe Pública de la Seccional Bogotá dan cuenta de que el exviceministro Zabala Ramírez cursó el programa de maestría, pero no cumplió con todos los requisitos para graduarse. Sin embargo, para ingresar al Ministerio de Cultura habría presentado un diploma y un acta de grado que contenían información de otro estudiante que sí culminó sus estudios y recibió oficialmente el título.

Por disposición del juez penal de conocimiento al que le correspondió el estudio del caso, la audiencia preparatoria de juicio comenzará la primera semana de diciembre.

El Gobierno Nacional aceptó la renuncia del ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, a través del decreto 0992, emitido en la tarde del 17 de septiembre. La decisión se da luego de que el Tribunal de Cundinamarca suspendiera a Florián del cargo por un presunto incumplimiento de la cuota de género en el gabinete ministerial.

El decreto nombra a la actual directora del DAPRE, Angie Rodríguez, como ministra de Igualdad (e) mientras el presidente Gustavo Petro designa a un nuevo titular. Pese a la suspensión, el presidente Petro había defendido a Florián, argumentando que la decisión judicial era “innecesaria” y “homofóbica”. Según el mandatario, la paridad de género en su gabinete se mantiene, sin importar la identidad de género del exministro, y la decisión del tribunal desconoce el derecho a la libertad personal y de género.

Fuentes de la Casa de Nariño confirmaron a W Radio que, a pesar de la renuncia, la presidencia publicaría la hoja de vida de Juan Carlos Florián para que aspire de nuevo al cargo.

Ante el reciente anuncio del Presidente de la República de imponer un impuesto de valorización a los predios ubicados en el área de influencia de las vías que comunican a Sincelejo y Montería con Tolú, por una supuesta valorización derivada de la construcción del aeropuerto de este municipio, el senador Marcos Daniel Pineda manifestó su inconformidad y rechazo en la plenaria del Senado.

Las obras viales de Córdoba y Sucre no son gracias a este Gobierno. Son el resultado de administraciones anteriores y, además, ya las hemos pagado con creces: Córdoba con 8 peajes y Sucre con 4, lo que nos convierte en una de las regiones con mayor número de peajes por kilómetro de vía en el país. advirtió el congresista.

El senador Pineda recordó que la inversión pública no es un regalo, sino un deber constitucional. Los recursos de la Nación, enfatizó, deben garantizar equilibrio territorial, cerrar brechas históricas y responder a las necesidades más urgentes de las regiones. Este gobierno ha estado en deuda con el Caribe, con las grandes inversiones que se necesitan para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, agregó.

Asimismo, precisó que la medida demuestra un claro desconocimiento del territorio, ya que los predios sobre estas vías no corresponden a grandes haciendas, sino al complejo cenagoso del Bajo Sinú, y a corregimientos y veredas como Nuevo Agrado, Tijeretas, entre otros, lo que significa que serían campesinos y familias de estas comunidades quienes tendrían que asumir el peso de este nuevo tributo.

Finalmente, el senador Marcos Daniel Pineda hizo un llamado al Gobierno nacional para que en lugar de imponer más cargas económicas, cumpla con el deber de invertir decididamente en el Caribe colombiano: “Necesitamos más inversión, mejores resultados y un verdadero compromiso con nuestra región”, concluyó.

El Gobierno de Colombia ha propuesto una reforma al modelo de salud del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), con el objetivo de mejorar la atención de los docentes y sus familias. La propuesta, discutida en el Consejo de Ministros, busca solucionar problemas como la intermediación, la corrupción y los sobrecostos que, según el Gobierno, han afectado al sistema.

El presidente Gustavo Petro afirmó que el FOMAG ha replicado la metodología de las EPS de la Ley 100 de 1993, lo que ha generado burocracia, falta de libre elección para los pacientes y, por ende, corrupción. En su intervención, denunció que el valor del costo por afiliado pasó de 143.000 pesos a 404.000 en 2025, un incremento que calificó como una «contratación fraudulenta» que amenaza la sostenibilidad financiera del sistema.

¿Qué propone el Gobierno?

Eliminar intermediarios: Se busca que el FOMAG se adscriba directamente al Ministerio de Salud y a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), permitiendo el giro directo de recursos a hospitales y clínicas.

Libre elección: El nuevo modelo garantizaría que los maestros puedan escoger libremente su médico y su Institución Prestadora de Salud (IPS), sin las restricciones impuestas por funcionarios o intermediarios.

Tarifario único: Se crearía un tarifario estatal para regular el costo de medicamentos y tratamientos, lo que, según el Gobierno, controlaría los sobrecostos y permitiría un pago más justo al personal de salud.

Énfasis en la prevención: La propuesta incluye la atención primaria y la medicina preventiva, con equipos médicos que lleguen a las escuelas para realizar diagnósticos oportunos.

La Fiscalía General de la Nación está investigando los bienes de cuatro exdirectivos de la Nueva EPS por su presunto origen ilícito. La Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía rastrea propiedades que los exdirectivos habrían adquirido y transferido antes de la imputación de cargos en febrero de este año.

Los investigados son José Fernando Cardona Uribe (expresidente), Juan Carlos Isaza Correa (exvicepresidente financiero), Edgar Pedraza Castellanos (exgerente de contabilidad) y Fabio Antonio Peralta Núñez (exgerente de cuentas médicas). Aunque la cantidad y el tipo de bienes no han sido revelados por ser parte de la investigación, se presume que son cuantiosos y fueron movidos estratégicamente.

Esta acción podría violar el artículo 97 del Código de Procedimiento Penal, que prohíbe a los imputados vender bienes durante los seis meses posteriores a la formulación de cargos. Además, la Fiscalía ha abierto otra línea de investigación contra la revisoría fiscal de la época por los mismos delitos: peculado por apropiación, fraude procesal, falsedad en documento privado y omisión de control en el sector salud.