Categoría: Política Nación

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) instaló la Sala de Crisis para atender a las familias del Catatumbo que se han visto obligadas a desplazarse a los municipios de Tibú, Ocaña y Cúcuta, como producto de las acciones violentas que se han presentado en esa región de Norte de Santander.

Este mecanismo se activa con la firma del Decreto 1372 de 2024, para atender de manera inmediata a los niños, niñas y adolescentes que requieran los servicios del Estado en medio de la emergencia.

Dentro e las acciones del ICBF se encuentra la activación de seis unidades móviles para brindar atención inmediata y de ser necesario abrir los procesos de restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes, así como activar una ruta para atender a jóvenes que pudieran ser desvinculados de los grupos armados ilegales.

Los equipos interdisciplinarios de Bienestar Familiar están conformados por trabajadores sociales, psicólogos, nutricionistas, que estarán en los albergues instalados en los municipios a donde está llegando la población desplazada.

Además, se coordinó el envío de 2232 unidades de Bienestarina líquida desde Valledupar y 600 cajas de 21.600 unidades del mismo producto desde Celem, planta en el departamento de Caldas.

Asi mismo, desde las modalidades de atención especializada que tiene el ICBF, se realiza el alistamiento para brindar acompañamiento y apoyo psicosocial a los niños, niñas, adolescentes y familias desplazadas.

Por su parte, el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) liderado por el ICBF, articula con los sistemas de atención del riesgo y actores institucionales nacionales y locales, las acciones para garantizar la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, acompañando de manera permanente al Gobierno nacional con el fin de que las ayudas humanitarias de alimentación, colchonetas, kits de emergencia y otros elementos lleguen lo más pronto posible a las familias afectadas por esta grave crisis.

«La crisis humanitaria en el Catatumbo no puede dejarnos indiferentes. Más de 5,000 personas han sido desplazadas, huyendo del conflicto entre el ELN y las disidencias, y 80 muertos han sido confirmados hasta el momento. Estas familias necesitan alimentos, frazadas y ayuda humanitaria urgente», señaló el senador del partido de la U.

«Por eso, hacemos un llamado a la Mesa Directiva del Senado y a todos los congresistas para que voluntariamente donemos parte de nuestro sueldo de enero y destinemos esos recursos a los damnificados. Yo aportaré 2 millones de pesos, y espero que más personas se sumen a esta causa» aseguró Correa Jiménez.

El congresista instó al Gobierno Nacional a reforzar su presencia en la zona y al Congreso de la República a conformar una comisión interpartidista que acuda al territorio, escuche a las víctimas y tome medidas urgentes para atender esta crisis.

«El Catatumbo nos necesita. Es momento de actuar» concluyó Antonio Correa.

La Procuraduría General de la Nación, señaló que a través de sus provinciales en Ocaña y Cúcuta, adelanta acciones para atender la crisis humanitaria por desplazamientos masivos en el Catatumbo.​

Desde Ocaña, se coordinan medidas de protección y se documentan declaraciones de víctimas para activar las rutas de atención necesarias.

En Cúcuta, tras un Comité de Justicia Transicional, se declaró la emergencia humanitaria. En las últimas horas han llegado 70 desplazados desde Sardinata y Tibú, mientras que en el Seminario de Tibú se refugian 120 personas provenientes de “Campo 3” y La Gabarra.

La Procuraduría hace un llamado a reforzar la atención y garantizar los derechos de las víctimas.

El comandante de la Segunda División del Ejército, general Giovanni Rodríguez, anunció el despliegue de 300 uniformados en la región del Catatumbo con el objetivo de reforzar la capacidad ofensiva de las tropas y neutralizar los actos de violencia provocados por el Eln y las disidencias de las Farc, que han agravado la situación de orden público en esa zona del país.

“Hemos hecho un despliegue operacional con aproximadamente 300 hombres, fortaleciendo las capacidades de las bases para neutralizar las confrontaciones entre el grupo armado organizado residual de la estructura 33 y el Eln, que están generando víctimas y afectando a la población en diferentes áreas del Catatumbo», explicó el general Rodríguez.

Cabe recordar que recientemente, el presidente Gustavo Petro anunció la ruptura de los diálogos con Eln, tras catalogar como “crímenes de guerra» el asesinato de civiles y algunos firmantes de paz por parte de este grupo armado en esta región.

En coordinación con la Fuerza Aeroespacial de Colombia (FAC), el Ejército también ha desarrollado operaciones de evacuación para trasladar a las personas heridas en medio de los enfrentamientos armados. Según el general, estas operaciones han permitido evacuar de manera rápida a civiles afectados en municipios como El Tarra y Tibú.

Desde la vereda Tres Aguas, en El Tarra, las tropas lograron estabilizar a una mujer herida por arma de fuego antes de trasladarla a un hospital de Cúcuta. Además, un poblador y su hija fueron evacuados tras resultar heridos durante las confrontaciones en Tibú. También fueron trasladados dos firmantes del Acuerdo de Paz, víctimas de amenazas por parte de los grupos armados organizados.

El general Rodríguez indicó que estas operaciones se llevan a cabo bajo la dirección del Puesto de Mando Unificado instalado en la región, con el apoyo permanente de la aviación del Ejército y las capacidades de la Fuerza Aeroespacial.

“Estas acciones han sido autorizadas por el comandante General de las Fuerzas Militares y el comandante del Ejército. El compromiso es total y las capacidades están puestas para retornar la tranquilidad que debe tener el Catatumbo», reiteró Rodríguez.

En un comunicado oficial, el Ejército Nacional señaló que los enfrentamientos armados entre el Eln y las disidencias tienen lugar en la zona rural de los municipios de Teorama, Convención, Tibú y La Gabarra. Las tropas están desplegadas en el área cumpliendo su misión de garantizar la seguridad y preservar la vida de las comunidades.

“Estos hechos terroristas constituyen una flagrante violación a los derechos humanos e infringen el derecho internacional, atentando contra la vida e integridad de la población civil, incluyendo niños, niñas y adolescentes», concluyó el Ejército Nacional.

El presidente petro llegó a Tibú en la tarde del viernes para liderar un Consejo de Seguridad, en el que participa la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo, autoridades locales y departamentales, la cúpula militar y representantes del Gobierno. Entre los funcionarios que acompañan al jefe de Estado están los ministros del Interior y Educación, el director de Planeación Nacional, el Consejero de Paz, la directora del Departamento Administrativo de Presidencia, la viceministra encargada para políticas de defensa y seguridad, entre otros.

Al concluir el consejo de seguridad extraordinario que presidió el jefe de Estado, Gustavo Petro, el viernes 17 de enero en la población nortesantandereana de Tibú, trascendió que el mandatario declarará el estado de conmoción interior en ese departamento que está padeciendo una crisis humanitaria por cuenta de la confrontación en la región del Catatumbo entre el ELN y el Frente 33, una de las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc.

El presidente de la República alistará este sábado 18 de enero el respectivo decreto que requiere de la firma de todos sus ministros, los cuales ya fueron convocados desde la noche anterior, de acuerdo con lo que establecieron en el eperiódico regional La Opinión.

Se debe recordar que el estado de Conmoción Interior está reglamentado en el artículo 213 de la Constitución colombiana que señala que se puede recurrir a él “en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía” y podrá declararse “en toda la República o parte de ella” por menos de tres meses.

De concretarse, se contempla también cuadriplicar la presencia de la Fuerza Pública y el jefe de Estado contaría con facultades extraordinarias que le permitan obtener recursos para restablecer el orden público en el departamento, agregaron en La Opinión.

Adicionalmente en el medio de comunicación nortesantandereano conocieron que por el momento no hay ninguna posibilidad de que se restablezca el proceso de paz con el ELN ya que se consideró como un problema de seguridad nacional, diferente a lo que está ocurriendo en el Cauca, en el otro extremo del territorio nacional.

La Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud hecha por el defensor de Ciro Ramírez, con la que buscaban que el congresista investigado por el escándalo de corrupción de ‘Las Marionetas 2.0’ quedara en libertad.

Según el defensor, Pedro Nel Ospina, la medida de cárcel tenía como finalidad garantizar la integridad de la instrucción, la administración de justicia y la salvaguarda de los medios probatorios pendientes de práctica.

Sin embargo, el despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas decidió no acceder a esta pretensiones y dejó en firme la cárcel para Ramírez.

“La medida de aseguramiento en contra de CIRO ALEJANDRO RAMÍREZ CORTÉS resulta necesaria a efecto de evitar la obstrucción al proceso”, indica el documento.

El tribunal consideró que no era posible revocar la medida de aseguramiento, debido a que no se ha finalizado con la etapa de la práctica de pruebas, por lo cual los magistrados consideraron necesario mantener a Ramírez privado de la libertad.

Recordemos que en el entramado de corrupción conocido como Marionetas II, el exsenador es investigado porque habría desviado más de 10 millonarios contratos a través de la empresa Proyecta Quindío con financiación del DPS que tenían como objeto la construcción de obras en los departamentos del Quindío y Tolima.

La Sala Especial De Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió sentido de fallo condenatorio contra el general en retiro Yuber Armando Aranguren Rodríguez por los delitos de acoso sexual e injuria. La Sala determinó que el procesado siga en libertad hasta que se emita la sentencia.

De acuerdo con la acusación, el oficial en retiro “asedió y acosó en distintas formas, tanto de palabra como de hecho” a una subalterna cuando en 2018 se desempeñó como comandante de la Brigada número 27 del Ejército, en Mocoa, Putumayo.

El monto de la pena se conocerá en las próximas semanas

El presidente Gustavo Petro suspendió los diálogos en respuesta a la violencia del ELN en el Catatumbo, donde en las últimas horas esa guerrilla asesinó a varios firmantes de paz.
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, señaló que, según información habrían sido sacados de sus viviendas y ejecutados al parecer por miembros del ELN.

“Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo. El ELN no tiene ninguna voluntad de paz”, afirmó el mandatario.
La decisión fue tomada luego de una reunión de emergencia con el Comisionado de Paz, Otty Patiño, y el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Tras el encuentro, Cristo lamentó la situación y condenó los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, que han sumido a la población del Catatumbo en una crisis de violencia.

“Es lamentable que los enfrentamientos terminen con este saldo trágico de muertes y heridos. Condenamos enérgicamente estos asesinatos y exigimos tanto al ELN como a las disidencias de las FARC que detengan estos hechos violentos”, declaró el Ministro del Interior.

El senador del partido Conservador, Marcos Daniel Pineda García, expresó su preocupación por el aumento de los peajes en diversas autopistas del país,  especialmente en El departamento de Córdoba, donde actualmente operan ocho estaciones, siendo esta región la que mayor casetas tiene en las carreteras.

Para el congresista cordobés, las decisiones de los funcionarios de la ANI , sin pisar el territorio solo evidencian lo desconectados que están de la realidad .

«La ANI está totalmente desconectada de la realidad de las regiones. Sus funcionarios deciden dónde ubicar peajes y el valor de sus tarifas desde una oficina en Bogotá, con GPS y cuadros de Excel, sin pisar el territorio», dijo Pineda, en su cuenta de X .

Señalo, que «estas decisiones centralistas, quizás técnicas pero insensibles socialmente, tienen un gran impacto en el bolsillo de los colombianos», por lo que a juicio del senador, las concesiones viales deben estructurarse de manera más responsable y considerando las realidades locales.

Cabe indicar que en Córdoba, algunos peajes están instalados a menos de 100 km entre si , distribuidos de la siguiente maneras seis de la concesión Ruta al Mar,  dos de la concesión Autopistas de la Sabana y uno de Invías.

Resultados destacados del mecanismo Obras por Impuestos (2018-2024)

Distribución de inversiones por sector