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Tumban la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga por doble militancia

El Tribunal Administrativo de Santander emitió un fallo en primera instancia que declara nula la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga. La decisión se fundamenta en la violación de la prohibición de doble militancia, situación que ha generado un amplio debate tanto en la ciudadanía como en la clase política regional.

Según el fallo de 122 páginas, los magistrados encontraron evidencia suficiente para demostrar que Jaime Andrés Beltrán incurrió en doble militancia durante su campaña electoral en 2023. El alcalde había sido postulado por el Partido Colombia Justa Libres en coalición con el Movimiento de Salvación Nacional, bajo la unión denominada Juntos por Bucaramanga.

No obstante, el tribunal determinó que Beltrán apoyó a candidatos de otros partidos diferentes a los inscritos en la coalición, lo cual contraviene la normativa electoral que prohíbe esta práctica.

“El entonces aspirante apoyó a candidatos de partidos políticos diferentes a los inscritos por la coalición que aspiraban al Concejo del municipio de Bucaramanga”, establece el fallo.

Ante esta decisión, Jaime Andrés Beltrán se pronunció en su cuenta de X, anunciando que apelará la decisión. “A lo largo de mi vida pública siempre he manifestado el respeto por las instituciones y las decisiones que toman. Frente al fallo del Tribunal Administrativo de Santander haremos uso del recurso de apelación en próximos días”, escribió Beltrán.

El alcalde también destacó su compromiso con la gestión de la ciudad: “Mi responsabilidad como alcalde no va a cambiar, por eso junto a mi equipo en la @AlcaldiaBGA seguiremos trabajando por la seguridad y los temas de ciudad. Dios bendiga a Bucaramanga”.

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Gobierno plantea alternativas para cubrir déficit que deja caída de Ley de Financiamiento

Tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en las comisiones económicas de Cámara y Senado, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de la red social X, donde planteó algunas de las posibilidades del Gobierno para hacerle frente al desbalance del Presupuesto General de la Nación de 2025.
En el trino, el mandatario cuestionó la decisión del Legislativo, que se dio el mismo día en que la revista The Economist consideró la economía colombiana como la sexta mejor economía del mundo en el año que termina.
“Después de ser calificados como la sexta economía mejor dirigida de la OCDE, la mayoría de la clase política tradicional de Colombia en las comisiones económicas decidieron darle un golpe profundo a la economía nacional y al pueblo”, escribió el jefe de Estado.
Agregó: “Casi los mismos que aprobaron ponerle el impuesto a la sopa de Carrasquilla, decidieron no bajarles los impuestos a todas las empresas de Colombia y a la clase media, para proteger los grandes pulpos, unas multinacionales de combustibles fósiles y a los empresarios oscuros de los juegos de suerte y azar en línea”.
También cuestionó que la decisión de las comisiones Terceras y Cuartas de Cámara Y Senado pudo tener razones políticas, más que económicas:
“Decidieron tratar de desfinanciar el Gobierno, buscando volver al poder en el 2026, otra vez con su impuesto a la sopa y a la comida en general y con los bonos del agua con los que dejaron morir miles de niños de desnutrición”, escribió.

Posibles alternativas

En su trino, el mandatario advierte: “Las consecuencias y la reacción del Gobierno serán complejas”.
Añade que la reforma tributaria que presentó su administración nacional al principio del Gobierno “ha sido descuartizada: le quitaron, precisamente, la progresividad que ordena la Constitución al quitar $6 billones anuales en impuestos que debían pagar petroleras y carboneras, y estimularon así la economía fósil que representa el mayor peligro a la existencia en todo el planeta por la crisis climática drástica que provoca y que se expande como el gran cáncer del mundo”.
Insistió el presidente Petro: “Como dije antes: la crisis presupuestal no la pagará el pueblo. El recorte no se hará de manera alguna sobre los programas centrales del Gobierno del Cambio. Quienes pensaban desfinanciar los programas centrales de la justicia social que ya ha sacado millones de personas de la pobreza y el hambre, fracasaron”.
En junio pasado, cuando ya se advertía del ajuste presupuestal que ha hecho el Ejecutivo a lo largo de este año, el jefe de Estado descartó que programas sociales como la Reforma Agraria fueran a quedar desfinanciados: Le puede interesar: Presidente Petro aseguró que la Reforma Agraria no se va a desfinanciar
Algunas de las propuestas que el presidente anunció para financiar el presupuesto de 2024 son:
– “Haré cambios en las esferas tributarias del país. La lucha contra la elusión tributaria, comenzando por los juegos de suerte y azar en línea y el contrabando, deben ser la prioridad central”.
– “El financiamiento de la deuda debe diversificarse a profundidad en todo el mundo”.
– “El recorte presupuestal hacia las regiones debe ser contrario a ampliar las brechas territoriales”.
– “La ausencia de una reforma laboral aprobada por el congreso debe ser compensada por el salario mínimo”.
– “La política de crédito a la producción en el sector público debe priorizar sustancialmente el crédito asociativo a la economía popular, como vector de la reactivación económica”.
– Hay que comenzar la negociación de la transición de las grandes concesiones carboneras hacia su salida y su propia reconversión”.
– “El turismo internacional se ha convertido en un gran generador económico de la transición hacia la descarbonización. Hay que duplicar el impulso”.
– “Hay que expedir de emergencia la solución a miles de proyectos de energías limpias represados; el cambio de la fórmula debe hacerse en función de bajar sustancialmente las tarifas y sin trampas. Bajar a sus costos reales, las tarifas de energía eléctrica, es un gran reactivador económico”.
– “La organización popular debe pasar a ser la gran contratista del Estado bajo la forma del principio constitucional de la democracia participativa”.
El mandatario concluye su trino advirtiendo que “el cuadro político de las fuerzas gubernamentales debe readecuarse de acuerdo al comportamiento de dichas fuerzas en la votación por la Ley de Financiamiento”.
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Gobierno, centrales y gremios buscan concertar salario mínimo de aquí al 15 de diciembre

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, destacó los avances logrados en la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales, donde trabajadores y empleadores pusieron dos cifras sobre la mesa para el incremento del salario mínimo para 2025. La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) propone 5,2% y las centrales 12%.
La titular de la cartera laboral expresó: “Quiero agradecer la confianza que me han dado tanto trabajadores como empresarios para que, efectivamente, empecemos los procesos de acercamiento a través de reuniones bilaterales y multilaterales”.
Indicó que el Gobierno nacional está de acuerdo en ampliar las medidas de desindexación (desvinculación de algunos bienes y servicios del salario mínimo) para avanzar en reducir el costo de la canasta familiar.
“Les comento que los pensionados han trabajado una propuesta que se incluirá en lo planteado por las centrales”, dijo.
La ministra reiteró que las partes trabajan “de manera rigurosa y responsable para que podamos decirles a los colombianos que hay un acuerdo que permite que el costo del salario mantenga su valor adquisitivo y responda a los criterios de la Constitución Nacional”.
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT y representante del Comando Nacional Unitario, Fabio Arias, recalcó: “Buscamos medidas tendientes a mantener el poder adquisitivo; por eso hemos pedido que se revisen los cánones de arrendamiento de vivienda, los incrementos de los productos regulados por el Estado, y que las propuestas de los pensionados se incluyan en el incremento del salario mínimo; que exista la mesada 14 y que se les reduzca las cotizaciones en salud y aportes a las cajas de compensación familiar”.
Reiteró la propuesta de reducir “las tasas de interés del Banco de la República, examinar los costos financieros y que el incremento del salario mínimo sea del 12%, al igual que para el auxilio de transporte”.
El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, manifestó: “Decidimos pedirle a la ministra que, al igual que los años anteriores, hagamos un ejercicio de concertación, que no es sencillo y que requiere de buena voluntad, de buscar acercamiento y dar razones que nos permitan avanzar”.
A su turno, el presidente de Fenalco, Carlos Alberto Cabal, afirmó: “La propuesta de los gremios está clara y es considerar la máxima posibilidad de llegar a una concertación, expresando la voluntad de todos, y es algo que le conviene a Colombia”.
Igualmente mencionó que “el 15 de diciembre es una fecha en que tenemos que llegar a un acuerdo, y estamos seguros de que, la señora ministra, con su capacidad de concertación, va a lograrlo”.
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SENA forma en Cocina Colombiana a comunidad en zona rural de Montería

La tradición y la gastronomía fueron los protagonistas del curso complementario de 50 horas brindado por el SENA regional Córdoba.

35 habitantes de la Vereda Medellín Sapo, zona rural de Montería, vivieron una experiencia formativa al participar en un curso complementario de Cocina Colombiana desarrollado en la Finca La Quinta, ubicada a orillas del majestuoso Río Sinú. Esta iniciativa fue creada con el objetivo de fortalecer los conocimientos en cocina y el aprovechamiento de los productos que la tierra produce, buscando no solo mejorar la alimentación de los participantes, sino también fomentar futuros emprendimientos en el sector.

Marcela Doria, Chef e Instructora SENA a cargo de la formación, destaca: «La gente de la vereda fue, fueron las mamás, fueron las niñas, fueron las jóvenes, fueron los jóvenes. El impacto social que está teniendo SENA es que está capacitándolos para brindarles una nueva opción a las personas, de que no solo es el agua o la arena de río, sino que también es lo que está dentro del río, que pueden usar para sobrevivir.»

Durante el curso, Marcela explicó que la cocina colombiana implica «aprender a transformar todos los saberes y sabores de la cultura gastronómica», lo que incluye identificar influencias, trabajar con los productos locales disponibles y adaptar las técnicas culinarias a cada región. Por ejemplo, enseñó a los participantes a preparar masa de pizza con un toque colombiano usando cerdo, pollo; utilizando tomate guisado en lugar de pasta de tomate y queso costeño en lugar de mozzarella.

La formación complementaria se desarrolló en la Finca La Quinta, que además de ser un lugar turístico reconocido, se ha consolidado como un espacio clave para la formación y el desarrollo comunitario en la capital cordobesa.

Este curso complementario ha demostrado que la educación en cocina y el aprovechamiento de los recursos locales pueden generar impactos positivos en las comunidades rurales, abriendo nuevas oportunidades para el crecimiento y desarrollo sostenible.

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El Congreso de la República aprobó la ley contra el ruido

«La plenaria del Senado le abrió paso para sanción presidencial al proyecto de ley que endurece la legislación para bajarle el tono a los abusadores del ruido».

Con ponencia favorable de la senadora Andrea Padilla Vargas se establece una normativa que combate a quienes abusan del ruido afectando el bienestar de los ciudadanos y los ecosistemas.

Las multas serán el castigo a los abusadores del ruido. Al ser sancionada la ley al respecto, la legislación tendrá las herramientas para atender un problema de salud pública y que genera a diario quejas de residentes en las urbes del país.

La nueva legislación pretende establecer herramientas y lineamientos para la formulación de una Política de Calidad Acústica en el país, garantizando un ambiente libre de los impactos nocivos del ruido.

El articulado del proyecto establece la importancia de proteger a la flora y fauna, especialmente a las aves que habitan en las zonas verdes de las ciudades y municipios, de los efectos adversos del ruido excesivo. La exposición de motivos del proyecto detalla que las ciudades más ruidosas de Colombia son las que más se beneficiarían de esta regulación.

En zonas residenciales, para ilustrar, está prohibido sobrepasar los 65 dbA durante el día, y 55 en la noche (decibelios ponderados A). Pero en ciertas zonas, aunque residenciales, el tráfico, las motocicletas con escapes modificados y las festividades son algunas de las fuentes de ruido que contribuyen a esta problemática.

El proyecto de ley, liderado por el representante a la Cámara Daniel Carvalho, del partido Verde Oxígeno, fue el resultado de más de dos años de trabajo en colaboración con ciudadanos, expertos e instituciones, de acuerdo a lo que informó el mismo congresista.

Según Carvalho, en el país resultaba necesario reorganizar las 17 leyes nacionales que actualmente regulan el ruido, las cuales estarían dispersas y eran confusas.

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Sala De Instrucción acusó al congresista Migue: Polo Polo por el delito de injuria agravada y precluyoó por calumnia

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió llevar a juicio al representante a la Cámara por la circunscripción especial afro, Miguel Polo Polo, tras ser denunciado por injuria por el exsenador Gustavo Bolívar, actual director del Departamento de Prosperidad Social ( DPS).

El proceso judicial, liderado por el magistrado Marco Antonio Rueda, se originó a raíz de una denuncia presentada por Bolívar, quien denunció a Polo Polo por comentarios publicados en sus redes sociales. En dichos mensajes, el congresista dijo que Bolívar es responsable de los suicidios de Diego Díaz y Felipe Pasos, y de financiar a la denominada ‘primera línea’, grupo señalado por el congresista de haber cometido delitos durante el paro nacional de 2021.

Aunque la Corte los llamó a conciliar, no fue posible y por eso el proceso contra Polo avanzó. Y ahora, la Sala de Instrucción lo llamó a juicio por injuria, haciendo énfasis en que el congresista está usando medios masivos para hacer afirmaciones falsas y que afectan la honra de Bolívar.

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Corte asigna ponente en proceso contra Chagüi por presunto direccionamiento de contratos

La Corte Suprema asignó a la magistrada Cristina Lombana como ponente en el proceso contra el senador por Córdoba, Julio Elías Chagüi por presunto direccionamiento de contratos en Sahagún, un caso que se desprende de la investigación por el escándalo de la UNGRD.

Entre las pruebas allegadas a la Corte se encuentran chats entre Julio Elías Chagüi y Sneyder Pinilla, que sugieren un presunto direccionamiento de contratos. En particular, se menciona uno por un monto de hasta 28.000 millones de pesos para la ejecución de obras en Sahagún, Córdoba. Además, se destaca una reunión en las oficinas del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), en la que habría participado el exministro Luis Fernando Velasco.

De acuerdo con la investigación, los señalamientos contra Chagüi Flórez, basados en los testimonios del exdirector de la UNGRD, Olmedo López Martínez, involucran reuniones con el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en las que se habrían discutido votos a cambio de contratos. La investigación también apunta a una reunión entre Chagüi y López en el Café Vienés del Hotel Tequendama en Bogotá, donde se habría acordado que el senador recomendaría contratistas para un proyecto en Sahagún, relacionado con obras de protección contra inundaciones en la zona, y en donde López le habría presentado a Sneyder Pinilla, quien, al parecer, siguió en contacto con el congresista de Córdoba

Según testimonios, anexos en el proceso de la Corte, el 4 de diciembre de 2023, el congresista Julio Elías Chagüi Flórez habría sostenido una reunión en las oficinas del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), donde estuvo presente el exministro Luis Fernando Velasco. En este encuentro, se habría discutido un presunto acuerdo relacionado con votos a cambio de contratos, en el cual Chagüi Flórez sería señalado como el vocero de un grupo de congresistas de la Comisión Primera del Senado. Durante la conversación, también se habría abordado la disposición de recursos por cerca de 30.000 millones de pesos, provenientes de Invías, para ser gestionados por el senador Chagüi Flórez en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el fin de definir qué proyectos recibirían los fondos.

Aunque la Corte no encontró mérito en las pruebas para vincular a Chagüi con la presunta comisión de cohecho impropio en esta fase del proceso, es decir, con el proceso que se encuentra en curso contra los otros seis congresistas frente a la Comisión de Crédito Público, las investigaciones continúan en otro radicado diferente al de los seis congresistas salpicados por el escándalo de la UNGRD, quienes en las últimas dos semanas han asistido a la Corte.

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«Discusión del proyecto de ley que busca sacar de la facturación de energía el cobro de aseo y alumbrado público no puede dilatarse más » : senador Antonio Correa

A través de su cuenta de Twitter, el senador del partido de la U , Antonio Correa hizo un llamado a la Plenaria del Senado para que no se dilate más la discusión del proyecto de ley 220 que busca sacar de la facturación de energía el cobro del alumbrado público y de aseo en la Costa Caribe.

«Muchos diciendo que están preocupados por la Costa Caribe, pero a la hora de llevar soluciones reales no están para completar el quórum», expresó el congresista al término de la sesión plenaria en la que se discutía sobre este proyecto de ley, el pasado 10 de diciembre en el Senado de la República.

Y añadió, Será por lo que propone mi proyecto de ley que algunos no lo quieren votar? ¿Toca muchos intereses este proyecto de ley?.

De acuerdo con la exposición de motivos, la ley busca :
* No al cobro del alumbrado público, aseo y otros en la facturación de energía.

* No al cobro de alumbrado público, aseo y otros en la facturación de energía, ni en ninguna factura para los estratos 1 y 2.

* Existirá una tarifa unificada, reglamentada por el Ministerio de Energía y regulada y estandarizada por la CREG.

* Además que las operaciones privadas de servicios públicos tengan una excelente atención para generar una cultura de pago.

* No más arandelas en la factura de energía para obligar a los ciudadanos a pagar por un pésimo servicio.

* La facturación alterna deberá ser asumida por la empresa privada, demostrando un excelente servicio.

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Aprobado en primer debate proyecto de Ley de Jurisdicción Agraria por comisiones de Senado y Cámara

Con el voto de 17 senadores y de 30 representantes a la Cámara el proyecto de Ley Ordinaria de Jurisdicción Agraria, presentado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, fue aprobado este martes en primer debate por las comisiones primeras del Senado de la República y de la Cámara de Representantes.

“Pese a las diferencias y a las perspectivas opuestas que podamos tener, encontramos un camino que nos acerca a un acuerdo, que es recuperar ese campo productivo y en paz que nos permita hacer de la agricultura en Colombia un motor de la economía», enfatizó la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, al conocer el resultado de la votación de la iniciativa.

En el mismo contexto, la titular de la cartera del agro destacó que con esta decisión “el Congreso ha reconstruido el derecho agrario y nos permite decirles a los colombianos que se va a administrar justicia con la posibilidad de entender el campo más allá de la guerra, como un campo productivo, de suelo fértil que puede producir alimentos para el país y para el mundo».

Sobre el particular, la senadora Paloma Valencia reconoció el esfuerzo de la ministra Carvajalino y de los coordinadores ponentes por construir el proyecto de Jurisdicción Agraria Ya, con el apoyo de todas las fuerzas del Congreso.

«Permitieron un diálogo franco y la creación de un proyecto conjunto. Este es un ejemplo de lo que se puede lograr por un país. Es mejor un proyecto en el que todos quedamos tranquilos», dijo la congresista.

La Jurisdicción Agraria salda una deuda histórica que tiene el Estado con la ruralidad colombiana y ratifica la voluntad del Gobierno por cumplir los mandatos del Acuerdo Final de Paz. Además, es un logro del campesinado colombiano y se suma al conjunto de reformas que se adelantan en favor de las comunidades campesinas y rurales del país.

Esta jurisdicción les otorga poder a los jueces y magistrados para resolver, de manera exclusiva y especializada, los conflictos agrarios y rurales en el país.

De igual manera, ayudará a  resolver conflictos relacionados con la definición de derechos sobre predios agrarios, servidumbres agrarias, acciones de nulidad agraria sobre los actos de la Agencia Nacional de Tierras, lanzamientos por ocupaciones de hecho de predios agrarios, uso de recursos comunales en predios agrarios, uso del suelo rural y contratos agrarios, entre otros.

Con la aprobación en las comisiones conjuntas, el proyecto ahora debe pasar a debate en las plenarias de Senado y Cámara para completar su trámite.

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Con cartel de los más buscados y recompensas de más de $3.000 millones, Gobierno lanza Operación Themis 2.0 contra 78 jefes de grupos criminales

Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’, jefe del frente de mayor facción disidente del Estado Mayor Central (EMC); Gustavo Aníbal Giraldo, alias ‘Pablito’, jefe del frente de guerra oriental del ELN; José Gonzalo Sánchez, alias ‘Gonzalito’, segundo al mando del Clan del Golfo; y otros 75 cabecillas de organizaciones criminales son el objetivo de la Operación Themis 2.0, puesta en marcha por el Gobierno nacional para llevarlos ante la justicia.

El anuncio lo hizo el ministro de Defensa, Iván Velásquez, al presentar la estrategia desplegada por la Fuerza Pública para defender a la ciudadanía, proteger los derechos humanos y prevenir actos que atenten contra el bienestar público o interfieran en los esfuerzos de paz en todo el territorio nacional por parte de grupos armados criminales.

La Operación Themis 2.0 es la continuación de un plan implementado hace nueve meses con el objetivo de capturar a 363 miembros de organizaciones criminales responsables de asesinatos de líderes comunales, defensores de derechos humanos, desmovilizados y firmantes de paz. Hasta la fecha, se han detenido a 119 de las personas priorizadas en 270 días, logrando un promedio de un capturado cada 48 horas.

Entre los detenidos, hay 30 miembros de las disidencias y 27 del Clan del Golfo, lo que ha contribuido a una reducción del 6,4 % en los homicidios de defensores de derechos humanos y del 28,6 % en los asesinatos de firmantes de paz en lo que va de 2024.

Esta nueva fase de la Operación Themis se extiende a miembros de nuevos carteles. Las listas de los más buscados se ampliaron con más nombres, aunque se han priorizado 78 cabecillas de estas organizaciones criminales, por quienes se ofrecen recompensas de hasta 3.328 millones de pesos (equivalentes a 2.560 salarios mínimos mensuales legales).

‘Iván Mordisco’, quien encabeza las nuevas listas, es uno de los tres máximos cabecillas por quienes se ofrecen más de $3.000 millones. El jefe del EMC tiene siete órdenes de captura por los asesinatos de 16 líderes indígenas, un líder campesino y diez firmantes de paz.

“Renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando no solo en la prevención del homicidio, sino también en que las investigaciones permitan identificar a los autores intelectuales de estos delitos», manifestó el ministro Velásquez en el lanzamiento de la Operación Themis 2.0.

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