Categoría: Política Nación

El presidente Abelardo de la Espriella informó este jueves un operativo militar contra campamentos que atribuye a la facción de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, en zona rural de El Retorno (Guaviare).

Según el mandatario, la Fuerza Pública ejecutó en la madrugada la Operación Amón contra estructuras del Bloque Jorge Suárez Briceño.

El balance preliminar, dijo, es de ocho “terroristas dados de baja”, 11 fusiles y cinco ametralladoras incautados, además de “abundante material de intendencia”.

La operación, agregó, continúa. “Colombia debe saber que estamos pasando a la ofensiva. Los grandes cabecillas y sus estructuras criminales no tendrán escondite ni santuario en ninguna parte del territorio nacional”, escribió en X.

El anuncio, firmado con las iniciales A.D.L.E., se produjo 20 días después de su posesión y encaja en el discurso de “mano dura” con el que llegó al poder.

Al cierre de esta nota, ni el Ministerio de Defensa ni el Comando General de las Fuerzas Militares habían publicado un comunicado con nombres de las víctimas, unidades participantes, verificación de identidades ni detalles sobre si hubo heridos en las tropas o afectación a civiles.

El propio presidente calificó las cifras como preliminares.

“Es lamentable que las cárceles de Colombia hayan dejado de ser centros de reclusión para convertirse en antros de criminalidad», manifestó el Presidente Abelardo De La Espriella durante la ceremonia de reconocimiento de tropas, realizada este miércoles en la Escuela Militar de Cadetes en Bogotá.

​Dentro del propósito de cortar de tajo con dicha situación, anunció que mantiene intacto su compromiso de construir megacárceles de máxima seguridad para recluir a los terroristas más peligrosos del país.

“Esas cárceles se van a construir para aquellos que tanto daño le han hecho a la República, para que paguen con creces el dolor que le han generado al pueblo colombiano», dijo.

El Jefe de Estado manifestó que mientras avanzan las obras de las megacárceles, ha ordenado reforzar la seguridad de los establecimientos penitenciarios, buscando “poner orden donde ha habido descontrol, corrupción y complacencia».

De otro lado, reveló que impartió instrucciones precisas al INPEC para trasladar de cárcel a cientos de delincuentes.

“Mientras estoy aquí parado frente a ustedes, me satisface ver el terror en sus caras cuando los sacamos de sus cómodas cárceles, de las cómodas guaridas donde delinquen. Esa cara de terror es la misma cara de terror que siente el pueblo colombiano cuando ellos lo sojuzgan. Vamos a hacer que el pueblo colombiano deje de sentir miedo en la era del Tigre», dijo.

“Un penal no es un club, lo reitero, no es una oficina y mucho menos puede ser la base de operaciones de una organización terrorista», sostuvo.

El Presidente De La Espriella afirmó que “a los bandidos se les acabó la fiesta. Van para cárceles de verdad, alejados de la sociedad, sin otra posibilidad que cumplir la pena que les ha sido impuesta. La corrupción en el INPEC se arranca de raíz».

La Junta Directiva del ICETEX, presidida por la ministra de Educación Nacional, Viviane Morales Hoyos, aprobó la suspensión durante tres meses del cobro de los créditos educativos, así como el congelamiento de los intereses corrientes y moratorios, además, se suspenden las acciones de cobro administrativo, prejurídico y jurídico, el reporte a centrales de riesgo, la expedición de recibos de pago y el proceso de traslado al cobro de las obligaciones.

Bogotá, D. C., 27 de agosto de 2026. En respuesta a la emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto, el Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX anunciaron un paquete de alivios económicos para 44.411 beneficiarios de crédito educativo que residen en los departamentos de Valle del Cauca (29.680), Caldas (5.443), Risaralda (5.253), Quindío (3.267) y Chocó (768), y que se establecen en el marco los decretos 1171 del 11 de agosto de 2026 (que declara la Situación de Desastre de Carácter Nacional) y 1261 del 19 de agosto de 2026 (que declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica).

Las medidas aprobadas por la Junta Directiva del ICETEX, presidida por la ministra de Educación Nacional, Viviane Morales Hoyos, buscan proteger la permanencia de los estudiantes en la educación superior y aliviar la situación financiera de las familias afectadas por el terremoto. Entre ellas se encuentran la suspensión temporal de las acciones de cobro, el congelamiento de las cuotas del crédito y de la generación de intereses, así como otras de protección financiera.

De manera complementaria a estos alivios extraordinarios, el Ministerio de Educación Nacional continúa con la ejecución de las medidas de apoyo previstas para 2026. En esta vigencia, la cartera destina 520 mil millones de pesos para financiar el subsidio a la tasa de interés, el subsidio de sostenimiento y las condonaciones por graduación, en beneficio de los usuarios del ICETEX.

Sobre el alcance de estas decisiones, la ministra de Educación Nacional y presidenta de la Junta Directiva del ICETEX, Viviane Morales Hoyos, afirmó: “Acabamos de aprobar por unanimidad una serie de medidas de alivio financiero, en cinco de los departamentos más impactados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Estos beneficios representan el esfuerzo del Gobierno Nacional por seguir respondiendo, de la manera más eficaz, a las personas que han sido afectadas por esta emergencia”.

A su turno, el presidente del ICETEX, Richard Caicedo, destacó el trabajo adelantado por la entidad para poner en marcha estos alivios: «Los beneficiarios del ICETEX afectados por el terremoto no están solos. Desde la entidad los estamos acompañando con acciones reales. Luego de analizar con el Gobierno nacional el balance de afectación en estas regiones, la Junta Directiva definió este paquete de medidas, que representa un importante esfuerzo económico para las personas que han contado con el ICETEX para estudiar.»

Medidas adicionales

El ICETEX amplió hasta el 15 de septiembre el calendario de postulaciones y renovaciones de crédito para el segundo semestre de 2026, brindará acompañamiento personalizado a los estudiantes en sus trámites y diseñará una convocatoria especial de subvenciones para instituciones de educación superior en las zonas afectadas, orientada a la recuperación de los territorios.

Las medidas se destinarán con recursos propios del ICETEX y tendrán lugar sin perjuicio del beneficiario/a. Es decir, quien lo desee puede seguir realizando abonos a su crédito a través del portal transaccional de la entidad (https://n9.cl/cxs1e), los cuales se aplicarán directamente a capital. Así mismo las personas focalizadas que no deseen tomar estos alivios deberán comunicarlo a través de los canales oficiales del ICETEX (que se encuentran en www.icetex.gov.co).

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó “profundo dolor” por el asesinato del intendente Edilberto Pinilla Cárdenas, de la Sijín de la Policía Metropolitana, y dio instrucción de no descansar hasta detener a todos los integrantes de la banda a la que atribuye el crimen.

El uniformado murió anoche tras un enfrentamiento durante la persecución de un grupo de traficantes que opera en Ciudad Bolívar y que, según las autoridades, sería responsable de un triple homicidio.

Pinilla Cárdenas, de 39 años, oriundo de Cunday (Tolima) y con nueve años de servicio, estaba casado y tenía un hijo de nueve años. Recibió un impacto de bala —según Blu Radio, en el rostro— cuando la Sijín verificaba a los presuntos autores de tres asesinatos ocurridos en la invasión La Carbonera, en hechos vinculados a disputas por microtráfico.

Fue llevado al Hospital de Meissen, donde falleció. El cruce de disparos se registró en la calle 78D sur con carrera 15D, sector de El Mochuelo, cerca del barrio Divino Niño.

“El General Cristancho se puso al frente de las operaciones de inmediato y la rápida reacción de la Policía ya permitió la captura de tres personas armadas, que estarían involucradas en el asesinato del intendente Pinilla Cárdenas”, escribió Galán. Añadió su solidaridad con la familia del oficial y con la Policía de Bogotá.

Del triple homicidio al tiroteo.

El brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana, explicó la secuencia: primero, tres hombres fueron asesinados en La Carbonera por disputas de estupefacientes. Después, mientras los investigadores de la Sijín hacían verificaciones, se toparon con los presuntos responsables. Hubo intercambio de disparos y uno de los policías resultó herido de gravedad.

Tras el ataque se activó un plan candado con Sijín, Sipol y cuadrantes. Tres personas fueron capturadas y se incautaron tres armas de fuego, enviadas a dactiloscopia para determinar si se usaron contra el intendente. Cristancho dijo que “todas las capacidades institucionales están volcadas” en la captura de los demás implicados.

Galán coincidió en esa línea: “La instrucción a la Policía es no descansar hasta capturar a todos los miembros de la banda responsables de este lamentable hecho”.

«Este artículo contó con la asistencia de IA para la recopilación de datos y estructuración de párrafos, bajo estricta revisión y edición editorial de un periodista»

Un juez de Bogotá ordenó al presidente Abelardo de la Espriella ofrecer disculpas públicas al país por considerar que su ceremonia de posesión, celebrada el 7 de agosto en Cali, vulneró la neutralidad religiosa del Estado.

El fallo, de primera instancia, también alcanza al presidente del Congreso y obliga a expedir una directiva para que los servidores públicos no asocien los actos oficiales con un credo particular.

La decisión del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá resolvió una tutela presentada por el ciudadano Omar Alberto Franco Becerra, quien alegó la violación de sus derechos a la libertad de conciencia y de culto. Según el despacho, la inclusión de un espacio de “invocación y alabanza”, la intervención de representantes de tres sectores religiosos y la presencia de una imagen de la Virgen de Fátima en el recinto de la Arena USC desconocieron el deber de neutralidad que deben observar las autoridades cuando actúan en nombre del Estado.

El juez precisó que los funcionarios conservan su libertad de religión, pero que, al ejercer el poder público, no pueden vincular sus funciones institucionales a una confesión específica.

Qué ordenó el fallo.

La tutela ampara los derechos del accionante y fija tres mandatos principales:

El presidente debe ofrecer disculpas al pueblo colombiano en alocución de radio y televisión, a más tardar el martes 30 de septiembre de 2026, a las 7:00 p. m., y comprometerse a no incurrir en conductas que impliquen inclinación hacia la Iglesia católica o cualquier otro credo.

La Presidencia debe expedir una directiva para que los servidores públicos respeten y hagan respetar la neutralidad religiosa en todos los actos oficiales.

Colombia parece estar desempolvando una de sus fórmulas más severas de aislamiento criminal, pero con un giro adaptado al siglo XXI. La propuesta liderada por el gobierno de Abelardo De la Espriella de habilitar buques oficiales de la Armada Nacional como cárceles transitorias de alta seguridad (Estrategia Remas) revive el fantasma de una de las épocas más oscuras de la historia penitenciaria del país: el confinamiento rodeado de agua.

Entre 1960 y 1984, la Isla de Gorgona operó como el «Alcatraz colombiano», un penal de máxima seguridad incrustado en el Pacífico donde la selva espesa, las serpientes venenosas y las corrientes infestadas de tiburones funcionaban como un cerco natural infranqueable. Aquel infierno de concreto, clausurado en los años 80 tras graves denuncias por violaciones a los derechos humanos y torturas, buscaba cortar de raíz cualquier intento de fuga o contacto con el exterior.

Decenios después, la iniciativa del gobierno De la Espriella recupera ese mismo concepto de aislamiento rodeado por el mar, pero reemplazando la selva tropical por estructuras de acero, tecnología militar y radares navales. Las similitudes y diferencias entre ambas épocas reflejan tanto la persistencia de la crisis carcelaria como la evolución del crimen organizado:

Infraestructura e Incomunicación: Mientras que en Gorgona los reclusos sufrían las inclemencias del clima bajo el régimen de un penal insular tradicional, el plan abanderado por De la Espriella plantea convertir camarotes en celdas blindadas de 4x 4 metros sin acceso a televisión, radio ni equipos de comunicación. La meta prioritaria es neutralizar el 12% de las extorsiones que hoy se originan desde los centros penitenciarios terrestres.

Régimen y Control: El antiguo penal insular sometía a los prisioneros a trabajos forzados de tala y labores agrícolas bajo una estricta vigilancia. Por su parte, la rutina diseñada para las embarcaciones de la Armada contempla apenas 30 minutos de exposición diaria al sol bajo esposas, el deber de participar en el mantenimiento del buque, una dieta idéntica a la de la tripulación y visitas restringidas a solo una vez al mes.

Enfoque en las Redes Criminales: Gorgona albergaba a todo tipo de condenados por delitos graves para aislarlos físicamente del país. En contraste, la propuesta impulsada por el presidente De la Espriella apunta específicamente a una cúpula inicial de 40 reclusos de alta peligrosidad —incluyendo cabecillas de estructuras como Los Costeños y Los Pepes— para inhabilitar el mando a distancia que continúan ejerciendo sobre redes de extorsión, homicidios y narcotráfico en regiones como Barranquilla.

Aunque el antecedente más directo de reclusión en alta mar se remonta a 2007 —cuando narcotraficantes como alias Macaco y Don Diego fueron aislados temporalmente durante 47 días en fragatas del Caribe—, la propuesta de De la Espriella evidencia cómo el Estado busca respuestas radicales cuando el sistema penitenciario en tierra pierde el control frente al crimen organizado.

El Mandatario anunció este miércoles la entrega efectiva a la justicia de los Estados Unidos de cinco ciudadanos colombianos cuyas extradiciones ya estaban autorizadas por el Gobierno Nacional desde 2025, pero permanecían suspendidas debido a su participación en distintos procesos de paz con la administración anterior.

Se trata de Willington Henao Gutiérrez, alias ‘El Mocho Olmedo’ (considerado segundo cabecilla del frente 33 de las disidencias de las Farc); Carmen Evelio Castillo Carrillo alias ‘Muñeca’ (señalado líder de ‘Los Pachencas’ también conocidas como ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada’), y Geovanni Andrés Rojas alias ‘Araña’ (vocero negociador del grupo ‘Comandos de la Frontera’, disidencia de las Farc). Estas tres personas se encuentran actualmente bajo custodia de las autoridades colombianas.

La decisión presidencial también cobija a Gabriel Yepes Mejía alias ‘H.H.’ (considerado el líder de ‘Comuneros del Sur’, disidencia del Eln), y Freddy Castillo Carrillo alias ‘Pinocho’ (a quien se señala de ser el máximo líder de ‘Los Pachenca’ y hermano de alias ‘Muñeca’), quienes permanecen prófugos de la justicia. “Ese par de delincuentes no se encuentran a buen recaudo de la justicia, pero ya los vamos a encontrar”, afirmó el Jefe de Estado.

El Mandatario, así mismo, ordenó a las autoridades “avanzar sin dilación” en procura de capturarlos para materializar su extradición a los Estados Unidos.

“Estas personas están siendo solicitadas por autoridades judiciales en los Estados Unidos por graves delitos relacionados, según cada caso, con narcotráfico, concierto para delinquir, lavado de activos, porte de armas y narcoterrorismo”, explicó el Presidente De La Espriella.

Y agregó que luego de verificar cada caso con la oficina del Consejero Comisionado de Paz –de la que adelantó ya no se llamará así en este Gobierno-, “no encontramos acreditados aportes verificables ni resultados concretos de estas personas a la consecución de la paz. Todo lo contrario, han seguido delinquiéndose, burlándose de la justicia y de la sociedad colombiana”.

El Jefe de Estado agregó que las propias resoluciones ejecutivas mediante las cuales se suspendió la extradición de estas personas estaba condicionada a sus aportes a la paz, y facultaron al Gobierno Nacional para hacer efectiva la extradición cuando estos cesaran o no se acreditaran. “Ese momento llegó, por eso he ordenado proceder con la entrega de estos peligrosos criminales”, enfatizó el Mandatario colombiano.

Afirmó que los procesos de diálogo de paz “no pueden convertirse en refugios frente a la justicia, ni la palabra paz puede utilizarse como salvoconducto para mantener privilegios mientras persisten graves requerimientos judiciales. Quien quiera transitar hacia la legalidad deberá demostrarlo con hechos concretos y verificables”, concluyó el jefe de Estado.

Las cinco extradiciones a los Estados Unidos fueron firmadas por el Presidente De La Espriella y el ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino González.

Este miércoles, a través de su cuenta en la red social X, el Presidente De La Espriella informó que solo en los primeros 16 días de su mandato “he firmado más de 30 extradiciones, y continuaré haciéndolo con absoluta determinación. El mensaje para los criminales es claro: no habrá refugio, privilegios ni contemplaciones. En la era del Tigre, la seguridad y la grandeza de nuestra Patria se defienden con carácter, autoridad y mano firme”.

El departamento de Córdoba continúa ganando protagonismo en la administración central bajo el liderazgo del presidente Abelardo De la Espriella, con la designación de dos profesionales oriundas de la región en entidades clave del Estado. La abogada monteriana Angélica María Rodríguez Andrade asumirá el cargo de secretaria general de la Dirección Nacional del Sena, aportando su sólida trayectoria en los ámbitos público y privado para fortalecer la gestión de la institución. De igual manera, la diseñadora Angela Ramos Garcés fue nombrada gerente general de Artesanías de Colombia, consolidando su liderazgo en este sector gracias a su amplio recorrido y experiencia profesional. Estos nombramientos reafirman el reconocimiento al talento cordobés dentro de la cúpula del actual Gobierno nacional.

En Colombia, los grupos armados siguen reclutando a niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con un informe de Human Rights Watch, que se basa en registros de la Defensoría del Pueblo y otros datos, más de 1.500 niños han sido reclutados desde 2021; no obstante, la organización alerta que no hay un registro completo de todos los casos. La mayoría de los reportes analizados se enfocan en Cauca, a la vez que aproximadamente la mitad de los casos registrados corresponden a niños y niñas indígenas.

El informe además alerta que las agrupaciones armadas se están acercando a los niños y niñas mediante el uso de elementos como la exclusión social, la violencia intrafamiliar, las dificultades para acceder a la educación y la pobreza. Además, se ha registrado un aumento en el uso de TikTok y Facebook, en los cuales Human Rights Watch identificó 41 publicaciones y 72 cuentas que fomentaban la vida armada o alentaban a la entrada de menores a estos grupos. La organización también puso en tela de juicio la respuesta institucional y solicitó que se intensifiquen las medidas de protección y prevención para impedir que más niños sean utilizados por estructuras armadas.