Categoría: Política Nación

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó en última instancia las condenas contra tres exfuncionarios de la administración municipal de Arauca por el manejo irregular de 16.000 millones de pesos de regalías petroleras, en un proceso que tardó 18 años en resolverse.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2008, cuando el entonces alcalde William Alfonso Reyes Cadena acordó invertir dichos excedentes de liquidez en títulos de tesorería a través de intermediarios como la firma comisionista Serfinco y Probolsa S.A. Sin embargo, el alto tribunal determinó que la entidad no estaba autorizada ni vigilada por la Superintendencia Financiera para realizar operaciones tipo Repo. Del total de los recursos, 9.147 millones de pesos fueron apropiados por el representante de Probolsa, Héctor Jairo Bonilla López, para atender gastos personales y de la sociedad.

Tras revocar las absoluciones emitidas en estrados anteriores, la Corte confirmó las penas de prisión: 165 meses para el exmandatario Reyes Cadena, 120 meses para Córdoba García y 100 meses para el exesorero Andrés Aníbal Herrera Bernal, además de multas superiores a los 13.000 millones de pesos para cada uno. Aunque la defensa alegó que el exalcalde intentó frenar la transacción a finales de diciembre de 2008, la corporación concluyó que esto no desvirtúa su responsabilidad en la apropiación de los dineros. Finalmente, se ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para iniciar acciones de extinción de dominio que permitan resarcir el daño al erario.

En un fallo histórico para el país, la Corte Constitucional avaló la mayoría de la Reforma Pensional, la ley por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte.

Con una votación de 7 a 1, el alto tribunal declaró exequible el corazón de la reforma impulsada por el Gobierno Nacional, garantizando su vigencia. La decisión fue tomada este 25 de agosto de 2026.

La Corte solo devolvió 9 artículos puntuales a la Cámara para que se subsanen vicios de trámite, pero mantuvo en firme más de 80 artículos que transformarán la vida de los colombianos más vulnerables.

¿Qué significa esta aprobación para los adultos mayores?

Esta es una reforma con rostro humano. Su pilar fundamental es el Pilar Solidario, que entregará por primera vez una renta digna a más de 2 millones de abuelos y abuelas que nunca tuvieron la oportunidad de pensionarse, que trabajaron toda su vida en el campo y en la informalidad.

Es una ley que deja de pensar la pensión como un privilegio y la convierte en un derecho para la vejez digna.

El liderazgo clave de Andrés David Calle Aguas.

Este triunfo social no habría sido posible sin el liderazgo firme ejercido desde la Presidencia de la Cámara de Representantes por el cordobés Andrés David Calle Aguas.

Fue bajo su presidencia, en junio de 2024, en plena recta final de la legislatura, que Calle Aguas garantizó las condiciones democráticas para que la reforma no se hundiera. En una jornada maratónica y contrarreloj, logró la aprobación de la ponencia positiva con 103 votos a favor y convocó a sesiones incluso el fin de semana para asegurar el debate.

“Vamos a citar sesión este fin de semana, por lo menos el sábado”, dijo en ese momento el presidente Calle, reafirmando su compromiso con las reformas sociales.

Gracias a esa gestión, la Cámara aprobó el texto que ayer la Corte respaldó en su mayoría, superando la estrategia de la oposición de romper el quórum para hundir el proyecto.

Hoy, dos años después, la Corte le da la razón a ese trámite liderado por Andrés Calle. Las normas ya declaradas constitucionales entrarán en vigencia a partir del 1 de abril de 2027, marcando el inicio de una vejez con dignidad para Colombia.

Una reforma aprobada en la presidencia de Andrés Calle, y que hoy se convierte en justicia para nuestros adultos mayores.

Un nuevo capítulo judicial sacude a la cúpula del ente investigador luego de que Lucy Marcela Laborde Betancourt, quien se desempeñara como fiscal del proceso contra Nicolás Petro Burgos, presentara una denuncia penal formal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. El recurso legal, contenido en un documento fechado el 25 de agosto de 2026, apunta directamente a la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo Garzón.

La acción jurídica se fundamenta en hechos que, según la denunciante, le constan de manera directa y personal por su participación en reuniones, diligencias y decisiones del proceso. En el escrito se advierte la posible configuración de múltiples delitos e irregularidades administrativas, entre los que se enlistan el prevaricato por acción y omisión, el abuso de función pública, la revelación de secretos, la utilización indebida de información oficial privilegiada y la falsedad ideológica en documento público. Asimismo, la exfuncionaria —que cuenta con 22 años de trayectoria en la entidad— incluyó dentro de los señalamientos presuntos actos de constreñimiento al servidor y persecución laboral, solicitando además que se compulsen copias para indagar sobre la posible implicación de terceros no aforados.

El Gobierno Nacional, a través del Decreto 1302 del 25 de agosto de 2026, oficializó la designación del administrador de empresas y magíster Camilo Naman Louis Castaño como el nuevo cónsul general central de Colombia en Nueva York, Estados Unidos.

El nuevo representante consular es oriundo del municipio de Ciénaga de Oro, en el departamento de Córdoba, y cuenta con una sólida trayectoria de 14 años en el sector público. Entre sus experiencias previas se destacan su paso por la Presidencia de la República y su labor en la coordinación de programas enfocados en la sustitución de cultivos ilícitos. Asimismo, su perfil académico incluye una maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable cursada en la University College London, logro respaldado por su distinción como becario Chevening.

La medida, firmada por el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar, establece que Castaño asumirá las funciones de jefe de la Oficina Consular, encargándose de coordinar la atención, los trámites y los servicios destinados a los ciudadanos colombianos residentes en esa zona estadounidense. El nombramiento entró en vigencia a partir de su expedición y se fundamenta en las facultades ordinarias del servicio exterior conferidas por la Constitución y la normativa vigente.

La ceremonia se llevará a cabo en el campo de paradas de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, en Bogotá, donde el Jefe de Estado entregará la Orden de San Carlos a la cúpula saliente. En el acto participarán también el Cuerpo Diplomático acreditado en Colombia, el Ministro de Defensa y familiares de los altos mandos entrantes y salientes.

El Director de la Policía Nacional es el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña. La nueva Cúpula de las Fuerzas Militares está conformada por los siguientes altos oficiales:

—Comandante General de las Fuerzas Militares, mayor general Erick Rodríguez Aparicio

—Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, mayor general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez

—Comandante del Ejército Nacional, mayor general José Bertulfo Soto Sánchez

—Comandante de la Armada Nacional, vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla

—Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, mayor general Juan Jaime Martínez Ossa.

Misión, recuperar la seguridad perdida

Con esta nueva cúpula “vamos a ganarles de manera decidida y contundente la guerra al crimen y al narcoterrorismo», expresó el Presidente De la Espriella en Barranquilla, el pasado 20 de agosto, al presentar a los altos mandos que lo acompañarán en la tarea de recuperar la seguridad para el país.

“Que nadie se equivoque: esta cúpula vendrá a combatir el crimen en todas sus manifestaciones. No habrá un metro de la geografía nacional que no sea patrullado por nuestras fuerzas. No habrá delincuente que se pueda burlar del Estado y del Gobierno y seguir sometiendo a nuestra sociedad», dijo.

Y puntualizó: “En la Era del Tigre, en el Gobierno de la Patria Milagro, impondremos la ley y la Constitución» y “vamos a traerle paz a nuestro pueblo, pero no la paz que se negocia con los bandidos arrodillando al Estado, sino la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República».

Con la elección de sus nueve nuevos integrantes por parte del Congreso de la República, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inicia un nuevo periodo constitucional que marca el comienzo de una etapa clave para la institucionalidad del país.

La conformación del cuerpo de magistrados quedó integrada por Cielo Rusinque, Ana Jimena Bautista, Nubia Stella Martínez, Silvio Carrasquilla, Juan Carlos Wills, Juan Felipe Lemos, José Antonio Parra Fandiño, Plinio Alarcón Buitrago y Gersel Pérez, quienes fueron seleccionados tras la votación de tres planchas. Esta nueva plana directiva asume la máxima autoridad electoral con el reto fundamental de robustecer las garantías de participación, blindar la transparencia en los procesos venideros y recuperar la confianza ciudadana en la democracia colombiana.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella está promoviendo una estrategia llamada Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (REMAS), que tiene como objetivo evitar que los líderes de grupos criminales sigan dando órdenes desde las prisiones. La propuesta incluye el uso de barcos de la Armada Nacional como lugares de reclusión para internos que son considerados muy peligrosos, con la intención de incrementar su aislamiento e impedir cualquier comunicación con las estructuras delictivas que se encuentran en libertad.

A través de la estrategia, se prevé también fortalecer el bloqueo de las comunicaciones ilegales en los recintos penitenciarios, con la colaboración del Ministerio TIC, la Policía y las compañías de telefonía móvil. La propuesta está en la fase de evaluación y podría suscitar debate debido a sus consecuencias operativas, penitenciarias y jurídicas, particularmente por las condiciones que deberían asegurarse para mover y mantener a estos internos en instalaciones marítimas.

Bravo, plataforma que comienza el proceso con un diagnóstico financiero sin costo para determinar la capacidad de pago y el nivel de endeudamiento de cada usuario, ofrece una opción de negociación de deuda a aquellos individuos que tienen múltiples compromisos pendientes, están en mora o están a punto de incumplir sus pagos. Después, la empresa negocia directamente con los acreedores para encontrar acuerdos que permitan reestructurar las obligaciones y, en función de cada caso y de las condiciones aprobadas, conseguir rebajas que pueden alcanzar hasta el 50 %.

Además, los usuarios tienen acceso gratuito a la Academia Bravo, que incluye información acerca del presupuesto, ahorro, tarjetas de crédito y gestión responsable de las deudas. La compañía explica que se trata de una plataforma para el intercambio de deudas y no una entidad financiera que recolecta dinero del público, por lo cual las personas interesadas deben examinar con antelación los términos, costos y rasgos del programa antes de comenzar el proceso.

Un proyecto de ley radicado en el Congreso por el representante a la Cámara Luis Miguel López, del Partido Conservador, busca prohibir y penalizar la maternidad subrogada en Colombia con penas de hasta 15 años de cárcel, al considerarla una forma de explotación reproductiva.

La iniciativa, que cuenta con un inusual consenso entre diferentes sectores políticos y feministas, busca frenar un negocio donde más del 80% de los clientes son extranjeros y las agencias manejan contratos superiores a los 200.000 dólares mientras las gestantes reciben una fracción mínima.

Aunque no existen cifras oficiales precisas por la falta de regulación, los autores estiman la magnitud de la problemática basándose en cerca de 8.000 impugnaciones de paternidad registradas el año pasado, lo que situaría al país entre los principales referentes mundiales de esta práctica.