Categoría: Política Nación

El Gobierno Nacional, a través del Decreto 1302 del 25 de agosto de 2026, oficializó la designación del administrador de empresas y magíster Camilo Naman Louis Castaño como el nuevo cónsul general central de Colombia en Nueva York, Estados Unidos.

El nuevo representante consular es oriundo del municipio de Ciénaga de Oro, en el departamento de Córdoba, y cuenta con una sólida trayectoria de 14 años en el sector público. Entre sus experiencias previas se destacan su paso por la Presidencia de la República y su labor en la coordinación de programas enfocados en la sustitución de cultivos ilícitos. Asimismo, su perfil académico incluye una maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable cursada en la University College London, logro respaldado por su distinción como becario Chevening.

La medida, firmada por el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar, establece que Castaño asumirá las funciones de jefe de la Oficina Consular, encargándose de coordinar la atención, los trámites y los servicios destinados a los ciudadanos colombianos residentes en esa zona estadounidense. El nombramiento entró en vigencia a partir de su expedición y se fundamenta en las facultades ordinarias del servicio exterior conferidas por la Constitución y la normativa vigente.

La ceremonia se llevará a cabo en el campo de paradas de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, en Bogotá, donde el Jefe de Estado entregará la Orden de San Carlos a la cúpula saliente. En el acto participarán también el Cuerpo Diplomático acreditado en Colombia, el Ministro de Defensa y familiares de los altos mandos entrantes y salientes.

El Director de la Policía Nacional es el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña. La nueva Cúpula de las Fuerzas Militares está conformada por los siguientes altos oficiales:

—Comandante General de las Fuerzas Militares, mayor general Erick Rodríguez Aparicio

—Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, mayor general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez

—Comandante del Ejército Nacional, mayor general José Bertulfo Soto Sánchez

—Comandante de la Armada Nacional, vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla

—Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, mayor general Juan Jaime Martínez Ossa.

Misión, recuperar la seguridad perdida

Con esta nueva cúpula “vamos a ganarles de manera decidida y contundente la guerra al crimen y al narcoterrorismo», expresó el Presidente De la Espriella en Barranquilla, el pasado 20 de agosto, al presentar a los altos mandos que lo acompañarán en la tarea de recuperar la seguridad para el país.

“Que nadie se equivoque: esta cúpula vendrá a combatir el crimen en todas sus manifestaciones. No habrá un metro de la geografía nacional que no sea patrullado por nuestras fuerzas. No habrá delincuente que se pueda burlar del Estado y del Gobierno y seguir sometiendo a nuestra sociedad», dijo.

Y puntualizó: “En la Era del Tigre, en el Gobierno de la Patria Milagro, impondremos la ley y la Constitución» y “vamos a traerle paz a nuestro pueblo, pero no la paz que se negocia con los bandidos arrodillando al Estado, sino la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República».

Con la elección de sus nueve nuevos integrantes por parte del Congreso de la República, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inicia un nuevo periodo constitucional que marca el comienzo de una etapa clave para la institucionalidad del país.

La conformación del cuerpo de magistrados quedó integrada por Cielo Rusinque, Ana Jimena Bautista, Nubia Stella Martínez, Silvio Carrasquilla, Juan Carlos Wills, Juan Felipe Lemos, José Antonio Parra Fandiño, Plinio Alarcón Buitrago y Gersel Pérez, quienes fueron seleccionados tras la votación de tres planchas. Esta nueva plana directiva asume la máxima autoridad electoral con el reto fundamental de robustecer las garantías de participación, blindar la transparencia en los procesos venideros y recuperar la confianza ciudadana en la democracia colombiana.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella está promoviendo una estrategia llamada Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (REMAS), que tiene como objetivo evitar que los líderes de grupos criminales sigan dando órdenes desde las prisiones. La propuesta incluye el uso de barcos de la Armada Nacional como lugares de reclusión para internos que son considerados muy peligrosos, con la intención de incrementar su aislamiento e impedir cualquier comunicación con las estructuras delictivas que se encuentran en libertad.

A través de la estrategia, se prevé también fortalecer el bloqueo de las comunicaciones ilegales en los recintos penitenciarios, con la colaboración del Ministerio TIC, la Policía y las compañías de telefonía móvil. La propuesta está en la fase de evaluación y podría suscitar debate debido a sus consecuencias operativas, penitenciarias y jurídicas, particularmente por las condiciones que deberían asegurarse para mover y mantener a estos internos en instalaciones marítimas.

Bravo, plataforma que comienza el proceso con un diagnóstico financiero sin costo para determinar la capacidad de pago y el nivel de endeudamiento de cada usuario, ofrece una opción de negociación de deuda a aquellos individuos que tienen múltiples compromisos pendientes, están en mora o están a punto de incumplir sus pagos. Después, la empresa negocia directamente con los acreedores para encontrar acuerdos que permitan reestructurar las obligaciones y, en función de cada caso y de las condiciones aprobadas, conseguir rebajas que pueden alcanzar hasta el 50 %.

Además, los usuarios tienen acceso gratuito a la Academia Bravo, que incluye información acerca del presupuesto, ahorro, tarjetas de crédito y gestión responsable de las deudas. La compañía explica que se trata de una plataforma para el intercambio de deudas y no una entidad financiera que recolecta dinero del público, por lo cual las personas interesadas deben examinar con antelación los términos, costos y rasgos del programa antes de comenzar el proceso.

Un proyecto de ley radicado en el Congreso por el representante a la Cámara Luis Miguel López, del Partido Conservador, busca prohibir y penalizar la maternidad subrogada en Colombia con penas de hasta 15 años de cárcel, al considerarla una forma de explotación reproductiva.

La iniciativa, que cuenta con un inusual consenso entre diferentes sectores políticos y feministas, busca frenar un negocio donde más del 80% de los clientes son extranjeros y las agencias manejan contratos superiores a los 200.000 dólares mientras las gestantes reciben una fracción mínima.

Aunque no existen cifras oficiales precisas por la falta de regulación, los autores estiman la magnitud de la problemática basándose en cerca de 8.000 impugnaciones de paternidad registradas el año pasado, lo que situaría al país entre los principales referentes mundiales de esta práctica.

La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes conformó su nueva Comisión Asesora de Crédito Público, designando a los congresistas María Camila Salas, del Partido Conservador; Héctor Chaparro, del Partido Liberal; Santiago Castro, del Centro Democrático; junto a Jorge Tovar y Karen López en representación de las curules de paz (CITREP).

Esta elección define a los delegados que asumirán el seguimiento y análisis en materia de endeudamiento y finanzas estatales dentro de esta célula legislativa.

El Gobierno de la Patria Milagro fortalece su agenda laboral con cooperación internacional. La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, sostuvo una reunión de alto nivel con el representante del Grupo BID en Colombia, Ramiro López Ghio, para avanzar en una alianza estratégica que permita movilizar capacidades técnicas y cooperación hacia tres prioridades: más empleo formal, una inspección laboral moderna y respuestas efectivas para proteger a los trabajadores y reactivar los territorios afectados por la emergencia sísmica del 10 de agosto.

En el encuentro participaron la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Juliana Morad Acero, y la viceministra de Empleo y Pensiones, Elianne Ema Forero Pérez.

La ministra presentó los avances de la estrategia de formalización laboral en Marmato, Caldas, mediante la cual trabajadores vinculados históricamente a la actividad minera avanzan hacia condiciones de trabajo formal, acceso a derechos laborales y mayor protección social, con articulación entre el Gobierno, el sector empresarial y las autoridades competentes.

La agenda con el BID también contempla el fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control, mediante modernización tecnológica, mejor gestión de la información y mayores capacidades territoriales. El propósito es consolidar hacia 2030 un Ministerio más moderno, preventivo y cercano a trabajadores y empleadores.

Frente a la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto, la cartera laboral presentó su estrategia para proteger y recuperar el empleo en las zonas afectadas, mediante mecanismos dirigidos a preservar puestos de trabajo, respaldar a trabajadores independientes y acompañar la reactivación de las economías locales.

“La recuperación de nuestros territorios también pasa por proteger el empleo y devolver oportunidades a las familias. Estamos gestionando alianzas que se traduzcan en resultados: más formalización, mejores herramientas para proteger los derechos laborales y nuevas oportunidades para quienes hoy necesitan volver a levantarse. Esa es la Patria Milagro que estamos construyendo desde el Ministerio del Trabajo”, afirmó la ministra Natalia López Fuentes.

Asimismo, se identificaron oportunidades de cooperación en formación para el trabajo, articulando las capacidades del SENA, la academia y el sector productivo con las necesidades de talento humano de cada región.

Con esta gestión, el Ministerio del Trabajo fortalece su capacidad para atraer cooperación, conocimiento y herramientas técnicas que permitan convertir la política laboral en empleo, formalización, protección y oportunidades reales en los territorios.