Tras sostener un encuentro con autoridades tradicionales y líderes de los pueblos indígenas del país, el presidente Abelardo de la Espriella anunció una nueva etapa en la relación entre el Estado y las comunidades originarias. A través de sus redes sociales, el mandatario destacó que «reconozco el mandato constitucional de proteger nuestra diversidad étnica y garantizo el derecho a la consulta previa, con reglas claras que eviten que este mecanismo sea distorsionado por intermediarios».
El jefe de Estado señaló su interés en consolidar una política donde «las comunidades participen desde el origen en los proyectos estratégicos de regiones como la Amazonía, el Pacífico, La Guajira, la Orinoquía y las zonas de frontera». Asimismo, advirtió que se implementarán medidas de vigilancia rigurosas, afirmando que «ejerceremos un riguroso control fiscal para garantizar que cada peso destinado a estas comunidades se traduca en resultados concretos: escuelas dignas, salud, agua potable y mejores condiciones de vida».
Frente a las tensiones territoriales que atravesó el pueblo Misak de Guambía, el mandatario informó que «dispuse la revisión jurídica de los actos administrativos de la ANT que agravaron los conflictos territoriales y ordené la presencia de la Fuerza Pública para salvaguardar la vida y proteger a las comunidades frente a las amenazas de grupos armados organizados». El pronunciamiento concluyó con un llamado a la unidad nacional, reiterando que el objetivo es «que la extraordinaria diversidad de nuestra Patria nunca sea una razón para dividirnos, sino una fuerza que nos una y un motivo para sentirnos profundamente orgullosos de Colombia».
