Categoría: Política Nación

La audiencia de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, culminó sin éxito tras ser declarada fracasada por el juez a cargo.

La decisión judicial se tomó al determinar que la fiscal Lucy Laborde no contaba con la competencia necesaria para adelantar dicha diligencia en el proceso.

​Este caso, en el que se investiga la presunta violación de datos personales en perjuicio de Day Vásquez, quedará en pausa mientras las autoridades competentes asignan a un nuevo fiscal que asuma formalmente el expediente.

Una vez realizada la designación, el despacho judicial reprogramará la fecha para llevar a cabo la audiencia.

El Senado de la República aprobó la primera proposición para adelantar un debate de control político que citará al Consejo Nacional Electoral (CNE), la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, con el fin de rendir explicaciones sobre las garantías y el desarrollo de la segunda vuelta presidencial celebrada el pasado 21 de junio. La iniciativa aprobada, promovida por el senador Héctor Olimpo Espinosa del Partido Liberal, busca esclarecer las denuncias sobre presiones al electorado en zonas afectadas por la violencia que requerirían una investigación exhaustiva, sumándose también a las pretensiones de bancadas como el Pacto Histórico —lideradas por la senadora Isabel Zuleta— que insisten en revisar presuntas irregularidades en el escrutinio, las auditorías a los sistemas tecnológicos y la transparencia general del proceso. El debate apuntará a verificar si la institucionalidad electoral cumplió con los mandatos constitucionales para garantizar la voluntad popular en las urnas, mientras el Congreso avanza en sus primeras decisiones legislativas, entre las que destaca la venia otorgada por la plenaria del Senado para que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, pueda llevar a cabo su acto de posesión en el departamento del Cauca.

El presidente saliente Gustavo Petro lanzó duras críticas a través de su cuenta de X contra el mandatario electo, Abelardo de la Espriella, a quien cuestionó por priorizar revisiones judiciales sobre la preparación inmediata ante el fenómeno climático que enfrentará el país. Petro señaló que, mientras el gobierno entrante enfoca su atención en la búsqueda de eventuales irregularidades en los ministerios salientes, se pierde un tiempo determinante para mitigar los efectos de una «supersequía» proyectada entre diciembre y mayo de 2027.

«Si Abelardo ha decido ponerle como condición a los ministros y ministras que pondrá buscar delitos las ministras y los ministros que salen, cosa que a mi no me importa porque la orden dada por mi es no rabarse un peso, pero si ocurre eso, se hasta el tiempo que se necesita para atender el fenómeno de la supersequía que vendrá de diciembre a Mayo del 2027 sin mitigar sus efectos», escribió Petro en la red social X.

Ante este panorama, el jefe de Estado anunció que decretará traslados presupuestales hacia frentes prioritarios como agua potable, producción de alimentos, pozos, plantas desalinizadoras y paneles solares.

«Ni raja ni presta el hacha. Mientras vamos a decretar los traslados de dinero hacia los frentes más críticos de la supersequía: agua potable, agua para alimentos, subsidio. fertizantes, desalinizadoras, pozos de agua, acueductos, y muchísimos paneles solares. Si el señor Abelardo se queda soñando en que gobernar es usar el código penal, que el mismo no se aplica para sí, entonces va a dejar morir a los colombianos de hambre y sed en la megasequía. Es ahora que toca tomar decisiones , si Abelardomlas tomanunnmes antes ya no sirve para nada, por eso debió ir al empalme», afirmó Petro.

Asimismo, instó a su sucesor a documentarse sobre la crisis climática para prevenir emergencias humanitarias, al tiempo que reflexionó sobre el costo personal de su mandato, asegurando que deja el cargo con su patrimonio reducido y sus cuentas bancarias bloqueadas debido a sus posturas internacionales.

«Yo entré con una casa propia y una cuenta de banco que me servía, y ahora salgo con media casa y una cuenta de banco que me bloquearon por o ponerme a un genocidio». Concluyó.

La excandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, lanzó este jueves una dura advertencia contra el Decreto 0765 del 15 de julio de 2026, expedido por el Gobierno nacional. En un hilo publicado en su cuenta de X, la dirigente afirmó que la norma “pone en riesgo la propiedad privada en Colombia” al exceder de manera peligrosa las facultades legales y modificar, por vía administrativa, el Estatuto Registral.

Según Valencia, el decreto permite a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) cancelar gravámenes, tomar “posesión inmediata” de predios “en el papel” sin necesidad de entrega física y generar efectos registrales a partir de una simple promesa de compraventa. “Esto no es reglamentar la ley; es modificar el Estatuto Registral por decreto y saltarse a jueces y registradores”, señaló.

La senadora destacó además la celeridad con la que se tramitó la norma. El Gobierno abrió el periodo de comentarios en el portal SUCOP únicamente entre el 2 y el 8 de julio, y firmó el decreto el 15 de julio con ministros encargados.

“Lo hicieron, además, a toda velocidad”, criticó.Valencia alertó sobre las consecuencias prácticas: aunque el decreto sea declarado ilegal e inconstitucional por el Consejo de Estado, mientras tanto generará “afectaciones a la propiedad y transferencias de tierras sumamente difíciles de revertir”.

Cuando llegue el “desastre”, predijo, el Gobierno recurrirá al “libreto de siempre” y dirá que “les quitaron la tierra a los campesinos”. “No. Quien tendrá que responder será el Gobierno por haber expedido un decreto improvisado, contrario al Estatuto Registral y a la Constitución”, afirmó.La dirigente insistió en que “la reforma agraria no puede construirse destruyendo el Estado de derecho”.

Para ella, “la verdadera protección para los campesinos es la seguridad jurídica. También lo es para cualquier colombiano que haya trabajado toda su vida para tener una propiedad”.

El resultado práctico, según Valencia, será “la asfixia del pequeño y mediano productor”. Con un “código especial de utilidad pública o reforma agraria” inscrito en el folio de matrícula, “ningún banco o entidad financiera le renovará un crédito ni le prestará un peso a ese agricultor.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, designó este miércoles una comitiva de alto nivel para representar al Gobierno entrante en la ceremonia de posesión de Keiko Fujimori como presidenta de la República del Perú, prevista para el próximo martes 28 de julio en Lima.

La delegación estará integrada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo; el canciller designado, Omar Bula Escobar; y el ministro de Comercio, Industria y Turismo designado, Mauricio Gómez Amín.

Según el documento oficial, la decisión reafirma “la importancia de la relación estratégica entre Colombia y Perú” y la voluntad del nuevo gobierno de fortalecer los lazos diplomáticos, comerciales y de cooperación con los países de la región.

La comitiva asistirá a la investidura y sostendrá encuentros protocolarios con autoridades peruanas y representantes de otros gobiernos presentes.

El presidente del Senado de la República, Honorio Henríquez, anunció el inicio de gestiones institucionales para concretar una reunión de alto nivel entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Con esta iniciativa, el titular de la corporación busca abrir un espacio de diálogo constructivo encaminado a consolidar la unidad nacional y rebajar las tensiones de la intensa polarización política que enfrenta el país.

El Gobierno electo del presidente Abelardo De La Espriella rechaza la intención del Gobierno saliente de promover una nueva reforma tributaria para trasladarles a los colombianos el costo de cuatro años de desorden fiscal, endeudamiento y manejo irresponsable de los recursos públicos. Resulta inaceptable que quienes condujeron al país a un deterioro sin precedentes de las finanzas públicas pretendan ahora que sean los ciudadanos, las familias, los emprendedores y los sectores productivos quienes asuman las consecuencias de esa gestión.

​La crisis fiscal que hoy enfrenta Colombia no es producto de los colombianos, sino de decisiones equivocadas que comprometieron la estabilidad económica del país. Pretender resolver ese problema mediante una nueva carga tributaria, constituye una falta de respeto con millones de ciudadanos que ya soportan el impacto de la desaceleración económica, el aumento del costo de vida y la incertidumbre generada durante los últimos años. El país necesita recuperar la confianza, estimular la inversión, fortalecer la producción y generar empleo, no castigar nuevamente a quienes sostienen la economía con su trabajo y esfuerzo.

​El Gobierno electo del presidente Abelardo De La Espriella reitera que a partir del 7 de agosto impulsará una política económica orientada a la disciplina fiscal, la eficiencia del gasto público y el crecimiento. La reconstrucción de la Patria Milagro estará basada en un Estado que administre con responsabilidad los recursos de todos los ciudadanos y que haga del manejo transparente de las finanzas públicas un principio irrenunciable.

Con una votación de 55 votos a favor y 32 en contra, la plenaria del Senado de la República aprobó la proposición presentada por el senador Enrique Gómez para que la ceremonia de posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, se lleve a cabo en el departamento del Cauca.

 La decisión marca un giro inesperado en la agenda del traspaso de mando, trasladando el acto protocolario de la tradicional sede legislativa hacia el suroccidente del país, en una medida que busca enviar un mensaje político e institucional en medio de las tensiones regionales y los debates sobre las garantías de seguridad para el inicio del nuevo mandato.

Plataformas digitales, instituciones educativas, familias y entidades públicas tendrán nuevas responsabilidades para prevenir la violencia en línea y proteger la privacidad de niñas, niños y adolescentes. Así lo establece el Decreto 0769 de 2026, expedido por el Gobierno nacional para reglamentar la Ley 2489 de 2025 y avanzar en la construcción de entornos digitales sanos y seguros.

La normativa plantea una respuesta conjunta al ciberacoso, la explotación y el abuso sexual en internet, la captación por medios digitales, la exposición a contenidos inapropiados y el uso indebido de datos personales. Para enfrentar estos riesgos, incorpora acciones de alfabetización mediática y digital, herramientas de control parental, canales de reporte y criterios de seguridad y privacidad desde el diseño de los servicios tecnológicos.

“Con este decreto damos un paso fundamental para garantizar que niñas, niños y adolescentes aprovechen las oportunidades que ofrece la tecnología en condiciones más seguras. La protección de sus derechos en el entorno digital es una responsabilidad compartida, que requiere el compromiso de las familias, las instituciones educativas, las empresas y el Estado», afirmó la ministra TIC, Carina Murcia Yela.

Uno de los principales cambios recae en las empresas tecnológicas. Los proveedores de plataformas, aplicaciones, videojuegos, sistemas de inteligencia artificial y otros servicios digitales deberán identificar y gestionar riesgos, adoptar medidas de protección de datos, ofrecer mecanismos accesibles para presentar quejas y rendir informes semestrales al Ministerio TIC sobre los avances alcanzados.

En el sector educativo, las estrategias para prevenir el ciberacoso y otras violencias digitales deberán incorporarse en los Proyectos Educativos Institucionales y en los Manuales de Convivencia. También se promoverán talleres para estudiantes, familias, docentes y cuidadores sobre navegación segura, privacidad, mediación tecnológica y uso de herramientas de control parental.

El decreto ordena formular, en los próximos doce meses, una política pública nacional sobre entornos digitales sanos y seguros. Además, dispone la creación de un repositorio gratuito con contenidos pedagógicos y buenas prácticas para familias, estudiantes y docentes. Su acceso no podrá condicionarse al registro ni a la entrega de datos personales de menores de edad, y tampoco incluirá publicidad dirigida a esta población.

La norma también pone en marcha un Sistema Integral de Monitoreo, Evaluación y Desarrollo Tecnológico, en el que participarán los ministerios de Educación y Defensa Nacional, el ICBF y la Fiscalía General, bajo la coordinación técnica del MinTIC. Esta articulación permitirá mejorar la prevención, detección y atención de riesgos y violencias digitales.

Las obligaciones se implementarán de manera gradual, teniendo en cuenta el nivel de riesgo, las características de cada servicio y la capacidad técnica de los actores involucrados. El decreto aclara que las medidas no podrán justificar censura previa, vigilancia generalizada de comunicaciones privadas ni el debilitamiento de los sistemas de cifrado.

Antes de su expedición, el proyecto fue sometido a dos periodos de consulta pública: del 31 de diciembre de 2025 al 21 de enero de 2026 y del 16 al 29 de abril de 2026. Durante estas etapas se recibieron más de 500 observaciones y propuestas de ciudadanos, gremios y organizaciones sociales. En su elaboración participaron entidades como el ICBF, la Policía Nacional, la Comisión de Regulación de Comunicaciones y organizaciones de padres de familia.

Estas disposiciones complementan el trabajo adelantado por CiberPaz, estrategia mediante la cual el ministerio de las TIC realizó cerca de 3,4 millones de sensibilizaciones sobre ciudadanía digital responsable, empática y basada en la autoprotección. Las actividades llegaron a 805 municipios de los 32 departamentos, incluidos colegios, barrios, juntas de acción comunal y comunidades rurales y urbanas.

Entre las poblaciones vinculadas se encuentran 1’431.146 mujeres, 968.269 adolescentes, 508.815 niñas y niños, 75.725 personas indígenas, 57.061 integrantes de comunidades NARP, 7.355 personas con discapacidad y 863 víctimas del conflicto armado. Con estas acciones el Gobierno nacional busca ampliar la apropiación segura de la tecnología y reducir las brechas de acceso, conocimiento y protección digital.

Las mesas de transición entre la administración saliente del presidente Gustavo Petro y el equipo del mandatario electo, Abelardo De La Espriella, retomaron su actividad con un encuentro clave en la Casa de Nariño. La reunión está centrada en afinar todos los detalles logísticos, diplomáticos y de seguridad para la ceremonia oficial de transmisión de mando, programada para el próximo 7 de agosto.

​En la mesa de trabajo participan figuras estratégicas de ambos sectores, entre ellas Andrés Barreto, designado como futuro secretario jurídico del gobierno entrante, junto a la jefa de Protocolo del Congreso de la República, Emma Elisa Illera. A las conversaciones se sumaron también delegados de la Cancillería saliente y del equipo de Comunicaciones de la Presidencia.