Categoría: Política Región

Miles de personas permanecen atrapadas en sus territorios por las restricciones impuestas por grupos armados organizados. No pueden desplazarse con libertad para trabajar, estudiar, conseguir alimentos o acceder a servicios de salud. Aunque el confinamiento se registra desde hace más de una década en el país, sigue siendo una realidad poco visible.

En varias regiones de Colombia, salir de la casa no es una opción. Las amenazas, los controles que ejercen grupos armados organizados sobre los caminos o los ríos, los enfrentamientos y la presencia de minas antipersonal hacen que muchas personas tengan que limitar sus desplazamientos y permanecer dentro de sus casas o territorios.

El problema no es únicamente la imposibilidad de moverse. Estas mismas condiciones dificultan la llegada de ayuda humanitaria que puede salvar vidas y aliviar el sufrimiento de la población confinada. En territorios indígenas y afrocolombianos, además, las consecuencias pueden afectar sus formas de vida o llevar a cabo actividades de las que dependen para subsistir.

“El confinamiento es más que una cifra: es un hecho cruel que victimiza a la población y causa emergencias humanitarias. Afecta a comunidades enteras y restringe su posibilidad de acceder a derechos y servicios básicos para vivir. Visibilizar esta realidad es fundamental para que las personas afectadas dejen de ser silenciadas y se fortalezcan las acciones de prevención, protección y respuesta humanitaria en los territorios donde ocurre”, dice Giovanni Rizzo, director de país del Consejo Noruego para Refugiados (NRC).

Cuando moverse no es una opción

El confinamiento está estrechamente relacionado al control que ejercen los grupos armados organizados sobre los territorios donde tienen presencia. En ocasiones, las comunidades reciben órdenes sobre los horarios y lugares por los que pueden transitar. En otras ocasiones, las personas quedan atrapadas en medio de enfrentamientos entre actores armados o por el uso de artefactos explosivos. Tampoco tiene una duración definida. Puede extenderse durante días o prolongarse por meses.

Para las personas que son obligadas a vivir confinadas, quedarse en casa no siempre significa estar a salvo, pero salir tampoco es una opción. “A veces uno tiene miedo de salir a caminar. Para ir al cultivo o a buscar comida, toca pasar por ciertos caminos y uno no sabe qué le puede pasar. Entonces hay días en los que uno prefiere no salir, se queda quieto porque tiene miedo”, cuenta una habitante de uno de los territorios afectados.

Pedir permiso para vivir: radiografía de un país confinado

Las cifras permiten ver la dimensión de un fenómeno que afecta a comunidades de distintas regiones del país. Más de 780.000 personas han sido confinadas desde enero de 2017 hasta agosto de 2026 de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Los registros, además, muestran un crecimiento progresivo. Solo comparando los años 2023 y el 2025 hubo un incremento de más del 75% en el número de personas confinadas. Pero el número acumulado no es la única señal de la dimensión del problema. De acuerdo con las cifras de OCHA, durante la última década, en promedio, cada 7 días una comunidad, consejo comunitario o resguardo indígena ha enfrentado una situación de confinamiento.

Las comunidades indígenas y afrodescendientes son las que soportan el mayor impacto de esta crisis. Cerca del 90 % de las comunidades afectadas corresponde a estos grupos: los pueblos indígenas representan el 64,78 % y las comunidades negras y afrocolombianas, el 35,14 %. Los datos más recientes evidencian, además, que el confinamiento continúa. Entre enero y agosto de 2026, más de 103.000 personas fueron confinadas en el país.

Cuando estar aislado también significa ser invisible

Las cifras no evidencian toda la dimensión de la emergencia. Registrar estos casos es especialmente difícil y existen situaciones que pueden quedar por fuera de los registros oficiales. Las víctimas no siempre tienen la posibilidad de denunciar. En algunos territorios no existen condiciones para hacerlo y, en otros, el temor a las represalias puede llevar a las personas a guardar silencio. A esto se suma la dificultad para llegar a las zonas donde ocurren estos hechos. Son territorios apartados, con presencia estatal limitada y, con condiciones que dificultan el acceso de las organizaciones humanitarias y de los medios de comunicación.

Las diferencias entre los registros de las organizaciones que hacen seguimiento al confinamiento también reflejan esta dificultad. No siempre es posible identificar y documentar todos los casos. “Visibilizar el confinamiento es nuestro deber, así como el llamar la atención sobre la grave crisis humanitaria que continúa en el país, solo así se podrán salvar vidas”, señala Giovanni Rizzo, director de país del Consejo Noruego para Refugiados (NRC).

Una crisis humanitaria que no da espera

El desafío no está solamente en saber cuántas personas han sido confinadas. También es necesario entender mejor cómo se producen estas situaciones, qué puede hacerse para prevenirlas y cómo garantizar que la asistencia llegue a las comunidades mientras las restricciones continúan.

Si una situación de confinamiento es desatendida, la vulnerabilidad se profundiza. Responder de manera rápida no solo salva vidas, sino que siembra las bases para que las comunidades permanezcan en sus territorios con dignidad.

Por esta razón, la presencia institucional en los territorios es especialmente importante para las comunidades indígenas y afrodescendientes, donde las restricciones pueden agravar situaciones de vulnerabilidad que ya existen. Pero llegar hasta ellas tampoco siempre es posible. Los mismos controles y limitaciones que mantienen a las comunidades confinadas pueden dificultar el ingreso de la ayuda humanitaria.

El Derecho Internacional Humanitario es claro, todas las partes en el conflicto tienen la obligación de tratar con dignidad a civiles bajo sus áreas de influencia. Los atentados contra la dignidad, los tratos humillantes o degradantes están prohibidos y el acceso a la ayuda humanitaria debe garantizarse.

Por eso, para el Consejo Noruego para Refugiados, promover la respuesta humanitaria a las necesidades de las poblaciones afectadas es fundamental para crear un puente hacia las soluciones a largo plazo que necesita el país.

Hacer visible esta realidad es también reconocer a quienes la viven, poner sus historias y necesidades en el centro de la conversación pública y llamar la atención sobre una situación que requiere de atención urgente.

Donovan Balanta Paz, un hombre afrocolombiano de 34 años, padre de dos hijos y próximo a graduarse en criminalística, murió la noche del domingo 20 de septiembre después de un procedimiento de la Policía en el barrio Caracolí, en el límite entre Ciudad Bolívar y Soacha.

Su familia denuncia que lo golpearon y le aplicaron varias descargas de taser cuando ya estaba esposado en el piso. La institución admite el uso del dispositivo, dice que se descompensó dentro de la estación Cazucá y apartó a siete uniformados mientras avanza la investigación.​

Balanta Paz, conocido en el sector como Piri, era oriundo de Guachené, Cauca. Trabajaba en una farmacéutica, tenía una hija de 12 años y un hijo de 15, y sus allegados lo describen como un hombre trabajador, respetuoso y “echado para adelante”. También colaboraba en actividades deportivas y procesos comunitarios con jóvenes de Caracolí. Esa noche regresaba de recoger a su novia cuando topó con un operativo por una riña y por personas que consumían licor en la calle 77 Sur.​

Lo que dice la familia.

Según sus familiares, Donovan no participaba en la pelea. Relatan que rompió una botella a distancia de los uniformados y corrió al ver que se acercaban. La persecución duró cerca de una cuadra y media. Lo alcanzaron, lo redujeron y lo esposaron.​

A partir de ahí, la denuncia se vuelve más grave. La familia sostiene que, ya inmovilizado en el suelo, varios policías lo golpearon —incluso en el rostro— y accionaron el taser contra su espalda y su pecho. Aseguran que pidió auxilio porque no podía respirar y que solo lo atendieron cuando perdió el conocimiento. Una cuñada declaró a Citytv: “Llegaron los policías, como más de 15, más de 20 policías ahí a la cuadra y lo atacaron, lo esposaron y le pusieron el taser y le dieron para atrás”.​

Un total de 96 vehículos fueron inmovilizados durante la jornada del Día sin Carro y sin Moto en Montería, según el balance entregado por la Policía Metropolitana. De esa cifra, 93 correspondieron a motocicletas y tres a automóviles. Además, las autoridades impusieron 118 comparendos, de los cuales 94 fueron por incumplir la restricción establecida en el Decreto 0370 de 2026, expedido por la Alcaldía de Montería.

Los controles estuvieron a cargo de la Policía Metropolitana, la Seccional de Tránsito y Transporte y la Secretaría de Tránsito Municipal, con operativos en diferentes puntos de la ciudad. La restricción rigió entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., durante una jornada promovida por la administración del alcalde Hugo Kerguelén García para fomentar la movilidad sostenible y reducir las emisiones contaminantes.

El monteriano Joaquín Burgos fue designado como nuevo director encargado del Servicio Público de Empleo, por decisión de la ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes. Su llegada a la dirección plantea el reto de acercar a más colombianos a oportunidades laborales y fortalecer la articulación entre las entidades que integran la red de prestadores del servicio.

Entre los objetivos de su gestión se encuentra mejorar la conexión entre el talento humano y las empresas, así como promover el acceso al empleo bajo criterios de equidad, inclusión y transparencia. La nueva dirección también deberá impulsar acciones que permitan fortalecer los procesos de intermediación laboral y ampliar las oportunidades para quienes buscan acceder al mercado de trabajo.

La Gobernación de Sucre adelanta una reunión preparatoria para la visita del ministro de Agricultura, programada para este viernes en el departamento. El encuentro busca organizar la agenda institucional y generar expectativas entre los sectores relacionados con el campo, en medio de la necesidad de fortalecer la coordinación entre el Gobierno nacional y las autoridades territoriales.

Durante el espacio también se destacó la reciente visita del ministro de Ambiente a Sucre, en el marco del foro “Canal del Dique: una conversación necesaria para Sucre”. La Gobernación resaltó la importancia de mantener un trabajo articulado con los municipios y las comunidades para avanzar en acciones conjuntas que respondan a las necesidades del departamento.

Una compleja situación de orden público se registra a esta hora en Santa Marta tras la quema de una tractomula en la Troncal del Caribe, justo frente a las instalaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia. De acuerdo con los reportes preliminares, varios hombres fuertemente armados interceptaron al conductor del vehículo de carga pesada, lo obligaron a descender bajo intimidaciones y posteriormente le prendieron fuego, dejando el automotor envuelto en llamas sobre la vía.

Este grave suceso se suma a las tensiones y alteraciones de seguridad que afronta la capital del Magdalena en el marco del paro armado anunciado y atribuido a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), manteniendo en alerta a los habitantes y autoridades de la región.

Esteban Ramírez Parra, jefe de ventas de Coca-Cola en Armenia (Quindío), murió la noche del viernes 18 de septiembre tras ser herido de bala durante un robo en el sector de Belén Rosales, en Medellín.

El ejecutivo, de 37 años, regresaba con su hermana después de una cena familiar cuando una motocicleta se les atravesó. Según el relato de la mujer, los ocupantes habrían fingido un accidente para obligarlos a detenerse.

Uno de los hombres le arrebató una cadena y el celular a la hermana. Otro se acercó por el lado del copiloto y le exigió las pertenencias a Esteban. La víctima levantó los brazos y, en medio del hurto, recibió un disparo.

Su hermana intentó llevarlo de inmediato a un centro asistencial, pero en el trayecto sufrieron un accidente que retrasó la atención.

Las autoridades revisan las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la ruta de los responsables e identificar a quienes participaron en el hecho.

Ramírez Parra era profesional en Mercadeo y Publicidad y se encontraba en Medellín visitando a su familia.

Entre los desgarradores relatos de supervivencia que dejó el sismo registrado el pasado 10 de agosto en el país sobresale el de Stephany Echevarría, una madre de 36 años que se transformó en un escudo humano para salvar la vida de su pequeña hija de dos años, Sofía, tras el colapso del edificio Airuaní en la ciudad de Cali.

El colapso de la edificación la sorprendió en los pasillos, arrojándola a otro nivel mientras presenciaba la caída de su abuela; sin embargo, en un acto de valentía inquebrantable, logró aferrarse a la mano de la niña y cubrirla con su propio cuerpo durante las ocho angustiosas horas que permanecieron atrapadas bajo los escombros a la espera de los organismos de rescate.

Mientras soportaba el impacto del desastre, la mujer suplicó por la vida de su pequeña, aceptando mentalmente cualquier consecuencia sobre su propia integridad física. Aunque la menor fue rescatada a salvo, Stephany sufrió lesiones tan severas que obligaron a la amputación de su pierna izquierda y a la desarticulación de la derecha, un drama que le ha significado una larga recuperación con más de 15 cirugías y la esperanza actual de conseguir unas prótesis que le devuelvan la movilidad para seguir criando a su hija.

Las operaciones conjuntas de las autoridades permitieron la captura en el departamento del Cauca de alias ‘Bladimir’ o ‘Morcilla’, quien figuraba como uno de los ocho criminales más buscados por delitos ambientales en la región.

El Ejército Nacional señaló que este sujeto integra la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y se le señala de participar activamente en redes de minería ilegal que afectan gravemente al Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Por datos conducentes a su captura, las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 100 millones de pesos.

Un contundente golpe contra las redes de abastecimiento ilegal de armamento propinó un operativo conjunto entre el Gaula Militar, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, el cual dejó un saldo de seis personas capturadas en distintas ciudades del país.

La red desarticulada, que operaba de manera simultánea en Bogotá, Ibagué, Armenia, Florencia y Villavicencio, estaba integrada por dos civiles y cuatro militares en retiro, quienes presuntamente facilitaban el tráfico clandestino de armas y municiones con destino a organizaciones criminales en los departamentos del Meta y del Guaviare.

Los investigadores indagan ahora sobre los canales de extracción del material bélico al interior de los batallones y siguen la pista a un recluso recluido en la cárcel La Picota, señalado de articular parte de estas operaciones ilícitas desde su celda, mientras los procesados ya fueron cobijados con medidas a disposición de la autoridad judicial para responder por sus delitos.