Confinamiento en Colombia: emergencia humanitaria ocasionada por el conflicto armado

Miles de personas permanecen atrapadas en sus territorios por las restricciones impuestas por grupos armados organizados. No pueden desplazarse con libertad para trabajar, estudiar, conseguir alimentos o acceder a servicios de salud. Aunque el confinamiento se registra desde hace más de una década en el país, sigue siendo una realidad poco visible.

En varias regiones de Colombia, salir de la casa no es una opción. Las amenazas, los controles que ejercen grupos armados organizados sobre los caminos o los ríos, los enfrentamientos y la presencia de minas antipersonal hacen que muchas personas tengan que limitar sus desplazamientos y permanecer dentro de sus casas o territorios.

El problema no es únicamente la imposibilidad de moverse. Estas mismas condiciones dificultan la llegada de ayuda humanitaria que puede salvar vidas y aliviar el sufrimiento de la población confinada. En territorios indígenas y afrocolombianos, además, las consecuencias pueden afectar sus formas de vida o llevar a cabo actividades de las que dependen para subsistir.

“El confinamiento es más que una cifra: es un hecho cruel que victimiza a la población y causa emergencias humanitarias. Afecta a comunidades enteras y restringe su posibilidad de acceder a derechos y servicios básicos para vivir. Visibilizar esta realidad es fundamental para que las personas afectadas dejen de ser silenciadas y se fortalezcan las acciones de prevención, protección y respuesta humanitaria en los territorios donde ocurre”, dice Giovanni Rizzo, director de país del Consejo Noruego para Refugiados (NRC).

Cuando moverse no es una opción

El confinamiento está estrechamente relacionado al control que ejercen los grupos armados organizados sobre los territorios donde tienen presencia. En ocasiones, las comunidades reciben órdenes sobre los horarios y lugares por los que pueden transitar. En otras ocasiones, las personas quedan atrapadas en medio de enfrentamientos entre actores armados o por el uso de artefactos explosivos. Tampoco tiene una duración definida. Puede extenderse durante días o prolongarse por meses.

Para las personas que son obligadas a vivir confinadas, quedarse en casa no siempre significa estar a salvo, pero salir tampoco es una opción. “A veces uno tiene miedo de salir a caminar. Para ir al cultivo o a buscar comida, toca pasar por ciertos caminos y uno no sabe qué le puede pasar. Entonces hay días en los que uno prefiere no salir, se queda quieto porque tiene miedo”, cuenta una habitante de uno de los territorios afectados.

Pedir permiso para vivir: radiografía de un país confinado

Las cifras permiten ver la dimensión de un fenómeno que afecta a comunidades de distintas regiones del país. Más de 780.000 personas han sido confinadas desde enero de 2017 hasta agosto de 2026 de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Los registros, además, muestran un crecimiento progresivo. Solo comparando los años 2023 y el 2025 hubo un incremento de más del 75% en el número de personas confinadas. Pero el número acumulado no es la única señal de la dimensión del problema. De acuerdo con las cifras de OCHA, durante la última década, en promedio, cada 7 días una comunidad, consejo comunitario o resguardo indígena ha enfrentado una situación de confinamiento.

Las comunidades indígenas y afrodescendientes son las que soportan el mayor impacto de esta crisis. Cerca del 90 % de las comunidades afectadas corresponde a estos grupos: los pueblos indígenas representan el 64,78 % y las comunidades negras y afrocolombianas, el 35,14 %. Los datos más recientes evidencian, además, que el confinamiento continúa. Entre enero y agosto de 2026, más de 103.000 personas fueron confinadas en el país.

Cuando estar aislado también significa ser invisible

Las cifras no evidencian toda la dimensión de la emergencia. Registrar estos casos es especialmente difícil y existen situaciones que pueden quedar por fuera de los registros oficiales. Las víctimas no siempre tienen la posibilidad de denunciar. En algunos territorios no existen condiciones para hacerlo y, en otros, el temor a las represalias puede llevar a las personas a guardar silencio. A esto se suma la dificultad para llegar a las zonas donde ocurren estos hechos. Son territorios apartados, con presencia estatal limitada y, con condiciones que dificultan el acceso de las organizaciones humanitarias y de los medios de comunicación.

Las diferencias entre los registros de las organizaciones que hacen seguimiento al confinamiento también reflejan esta dificultad. No siempre es posible identificar y documentar todos los casos. “Visibilizar el confinamiento es nuestro deber, así como el llamar la atención sobre la grave crisis humanitaria que continúa en el país, solo así se podrán salvar vidas”, señala Giovanni Rizzo, director de país del Consejo Noruego para Refugiados (NRC).

Una crisis humanitaria que no da espera

El desafío no está solamente en saber cuántas personas han sido confinadas. También es necesario entender mejor cómo se producen estas situaciones, qué puede hacerse para prevenirlas y cómo garantizar que la asistencia llegue a las comunidades mientras las restricciones continúan.

Si una situación de confinamiento es desatendida, la vulnerabilidad se profundiza. Responder de manera rápida no solo salva vidas, sino que siembra las bases para que las comunidades permanezcan en sus territorios con dignidad.

Por esta razón, la presencia institucional en los territorios es especialmente importante para las comunidades indígenas y afrodescendientes, donde las restricciones pueden agravar situaciones de vulnerabilidad que ya existen. Pero llegar hasta ellas tampoco siempre es posible. Los mismos controles y limitaciones que mantienen a las comunidades confinadas pueden dificultar el ingreso de la ayuda humanitaria.

El Derecho Internacional Humanitario es claro, todas las partes en el conflicto tienen la obligación de tratar con dignidad a civiles bajo sus áreas de influencia. Los atentados contra la dignidad, los tratos humillantes o degradantes están prohibidos y el acceso a la ayuda humanitaria debe garantizarse.

Por eso, para el Consejo Noruego para Refugiados, promover la respuesta humanitaria a las necesidades de las poblaciones afectadas es fundamental para crear un puente hacia las soluciones a largo plazo que necesita el país.

Hacer visible esta realidad es también reconocer a quienes la viven, poner sus historias y necesidades en el centro de la conversación pública y llamar la atención sobre una situación que requiere de atención urgente.