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Disidencias de las FARC implementan falsos negocios para secuestrar a empresarios en el Valle del Cauca

​Una preocupante modalidad de secuestro selectivo está afectando a empresarios y personas de alto perfil económico en el departamento del Valle del Cauca, según reveló un informe de la revista Semana. La estructura armada conocida como columna Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las FARC, ha diseñado un sofisticado esquema de engaño basado en supuestas transacciones comerciales.

A través de este método, los criminales contactan a sus víctimas y mantienen comunicaciones durante semanas por llamadas y mensajes de WhatsApp, simulando un lenguaje corporativo real, enviando cartas de intención con membretes falsificados e incluso utilizando números de identificación tributaria de sociedades existentes para ganarse la confianza de los negociantes antes de citarlos.

​El perfil de los afectados corresponde principalmente a hombres de entre 45 y 65 años vinculados a sectores con alta movilidad de capital, como la construcción, la minería, la agroindustria y la maquinaria pesada. Muchos de ellos residen en otras regiones del país o en el exterior y viajan a la zona sin redes locales de apoyo, lo que facilita el accionar de los captores. Una vez que las víctimas llegan a la región, la intercepción se ejecuta con extrema rapidez en puntos estratégicos de alta afluencia de viajeros, como el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira o la terminal de transportes de Cali, impidiendo que puedan alertar a sus allegados.

​Tras ser retenidos, los empresarios son trasladados a las zonas rurales y montañosas del municipio de Jamundí, un área compleja donde el grupo armado cuenta con corredores de movilidad que dificultan el acceso de la fuerza pública. Las exigencias económicas a las familias para la liberación de los secuestrados oscilan entre los $200 y $800 millones de pesos, dependiendo del perfil financiero que los delincuentes hayan estructurado previamente mediante labores de inteligencia. El reporte advierte que esta práctica ha venido en aumento desde finales de 2025 y que el temor a represalias genera un alto subregistro de casos, ya que varias familias optan por pagar el rescate y guardar silencio tras la liberación de sus seres queridos.

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Presidente Petro lanza duros señalamientos contra los Char por educación y violencia en Barranquilla

En un discurso de cierre de gobierno en la capital del Atlántico, el presidente Gustavo Petro centró parte de su intervención en cuestionar de manera directa a la dirigencia política local, en especial a la familia Char, a la que pertenece el actual mandatario local, por el manejo de recursos públicos destinados a educación y por presuntas conexiones entre el poder político y estructuras criminales en la ciudad.

El mandatario sostuvo que, pese al aumento de transferencias nacionales para programas educativos como el Plan de Alimentación Escolar –PAE-, los resultados en cobertura y beneficiarios no reflejan el incremento presupuestal. En ese contexto, exigió explicaciones sobre el destino de los recursos en el Atlántico y el Distrito.

“¿En dónde está la plata señor Char (alcalde de Barranquilla? Yo aquí en esta plaza como presidente de la República de Colombia le demando qué pasó con los recursos que el Gobierno nacional le envió al departamento y al distrito para que la juventud del Atlántico tuviera más oportunidades de estudiar lo que se le diera la gana, pudiera terminar los bachilleratos y pudiera entrar a las sedes universitarias», le preguntó el mandatario ante la multitud que lo escuchaba.

El jefe de Estado argumentó que el deterioro en indicadores como la cobertura en educación superior en Barranquilla contrasta con el crecimiento nacional, lo que, según dijo, tiene efectos directos en la violencia urbana. A su juicio, la falta de acceso a la universidad facilita el reclutamiento de jóvenes por bandas criminales.

“Pues tengo que decirlo y debatirlo, la violencia ha crecido en Barranquilla porque se le cerró la puerta de la universidad a la juventud desde Barranquilla. y no solamente es por el PAE es por la inversión en las universidades aquí están las estadísticas. Claro que aumentamos la transferencia nacional de educación pública que volvimos gratuita en la ciudad. Los 16 mil nuevos cupos nos dan las cifras nuevos cupos adicionales a los que ya había para el primer semestre y una cuantía que nos llevó a que la mayoría de los 40 mil estudiantes de educación superior pública lo hagan gratuitamente», enfatizó el mandatario al señalar que mientras el país aumentó su cobertura, la ciudad retrocedió frente a niveles de años anteriores.

Más allá del frente educativo, el presidente Petro elevó el tono al vincular el aumento de la criminalidad con estructuras de poder político. “Pues tengo que decir que esos jóvenes y unos que no son tan jóvenes que integran esas bandas, están articuladas al poder político local de Barranquilla… tenemos un sistema político criminal que va desde el senador hasta el muchacho que al no encontrar universidad y esperanza se deja reclutar en la banda criminal. Esa es la explicación fundamental al lado de no abrir las puertas de la educación superior a la juventud desde el Atlántico, lo que está haciendo que fracasemos colectivamente, porque es un fracaso colectivo en la tarea de construir de la capital del Caribe un ejemplo de la paz y de la belleza para Colombia, para el mundo, para el Caribe todo», sostuvo.

Más adelante, el presidente cuestionó el modelo de desarrollo urbano de la ciudad, al señalar que ha privilegiado la expansión inmobiliaria sobre la inversión en conocimiento, educación y capacidades humanas.

“Porque aquí se ha visto que el desarrollo de una ciudad no se mide por conocimiento, no se mide por universidades, no se mide por profesoras y profesores, no se mide por el número de médicos médicas y enfermeras sino por el número de ladrillos que la especulación inmobiliaria hace en el norte de barranquilla, lavando activos de la mafia y eso no es desarrollo, hermanos y hermanas. Puede verse bonito los espejos de los empresarios del vidrio de la ciudad, podemos decir que hoy como es de moderna Barranquilla, pero los ladrillos no hacen el desarrollo, el cemento no hace el desarrollo lo que hace el desarrollo es el crecimiento físico y espiritual y académico del ser humano», explicó.

Finalmente, en otro de los puntos más críticos, el presidente cuestionó la falta de voluntad de la administración local para sacar adelante proyectos estratégicos de innovación, citando el fallido ´megadata center´ que se proponía instalar en Barranquilla, como nodo de inteligencia artificial para la región.

En ese contexto, el jefe de Estado lanzó un dardo directo a la dirigencia de la ciudad: “cuando le propuse hacer el megadata center para hacer de Barranquilla el primer nodo capaz de articularse a la gran red de la inteligencia artificial, ni siquiera se dio cuenta; yo creo que ni entendió qué era el computador cuántico», señaló, sugiriendo que la falta de comprensión y visión sobre las tecnologías del siglo XXI terminó cerrándole a la ciudad una oportunidad histórica de desarrollo basada en conocimiento y no en el modelo tradicional de expansión inmobiliaria.

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Tras más de 22 años sin control efectivo, administración de Said Bitar adelanta acciones contra Aqualia

El alcalde de Cereté, Said Bitar, participó en el debate de control político realizado en el Concejo Municipal a la empresa Aqualia, espacio al que solicitó ser invitado para explicar las acciones que desde su administración se vienen adelantando frente a la crisis del servicio de agua que afecta al municipio y a gran parte de la región del Medio Sinú.

Durante su intervención, el mandatario explicó que la problemática del agua en Cereté no comenzó recientemente, sino que es una situación que se arrastra desde hace más de 22 años sin que se ejerciera un verdadero control sobre la operación del servicio.

“Aquí hay que decir las cosas como son: este es un problema que lleva más de 22 años. Aqualia recibió la concesión hace aproximadamente cinco años y durante ese tiempo no se hicieron las intervenciones necesarias ni las inversiones oportunas para evitar la crisis que hoy está viviendo nuestra gente”, expresó el alcalde.

Said Bitar recordó además que en el año 2015 se otorgó una prórroga a la concesión y aseguró que solo hasta el año 2024, con su llegada a la administración municipal, fue que comenzaron las acciones contundentes de seguimiento y control por parte de la Alcaldía y de ERAS.

El alcalde también destacó que, junto a los mandatarios de Sahagún, Ciénaga de Oro y San Carlos, se impulsó el cambio de la gerencia de ERAS, entidad encargada de supervisar la concesión, permitiendo iniciar una nueva etapa de vigilancia y exigencia frente a la prestación del servicio.

Gracias a estas acciones, actualmente existen procesos sancionatorios y de seguimiento adelantados por diferentes entidades. Entre ellos, procesos ambientales por parte de la CVS, seguimiento especial de la Superintendencia de Servicios Públicos —donde ya se han encontrado hallazgos negativos— y recientemente la notificación por parte de ERAS a Aqualia sobre el inicio de procesos sancionatorios e imposición de multas por incumplimientos.

El mandatario señaló que la crisis actual es consecuencia de años sin correctivos técnicos, sin inversiones oportunas y sin actuaciones administrativas y jurídicas eficaces por parte de quienes tenían la responsabilidad de ejercer control.

Finalmente, Said Bitar reiteró que continuará trabajando de la mano de los alcaldes del Medio Sinú para exigir soluciones reales y garantizar que las comunidades puedan contar con un servicio de agua digno y de calidad.

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El ELN libera en Arauca a Iván Alfredo Guzmán, hijo de exalcalde de Tame, tras cuatro días de secuestro

En una operación humanitaria que se desarrolló en zona rural del departamento, el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó en libertad a Iván Alfredo Guzmán Valcárcel, hijo del exalcalde del municipio de Tame, Alfredo Guzmán Tafur, junto a un segundo ciudadano identificado como Plácido Ovallos Rangel.

Guzmán Valcárcel permanecía retenido por el grupo armado desde el pasado 25 de mayo, lo que había encendido las alarmas en la región del Sarare debido al perfil político de su familia. La entrega formal se realizó ante una comisión integrada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), quienes verificaron el estado de salud de los liberados antes de trasladarlos a una zona segura para el reencuentro con sus familiares.

​A través de un comunicado emitido por el mando político-militar estratégico de dicha estructura guerrillera, el ELN argumentó que los secuestros obedecieron a supuestas «rutinas de seguridad y control territorial» en la zona.

Respecto al caso de Iván Alfredo Guzmán, la organización armada señaló que tras realizar una supuesta investigación interna, no encontraron vínculos directos entre el joven y los cuestionamientos que el grupo insurgente sostiene históricamente contra su padre, el exmandatario local, a quien acusan de presuntos nexos con facciones paramilitares en la región durante las últimas dos décadas.

Por su parte, la liberación de Ovallos Rangel, un habitante de 58 años del municipio de Fortul, se justificó bajo los mismos términos tras descartar relaciones con estructuras delincuenciales de la zona. Las autoridades locales y los organismos humanitarios celebraron el retorno de ambos ciudadanos a la libertad, mientras instan a mantener abiertos los canales de diálogo para evitar que la población civil continúe expuesta a este flagelo en el oriente del país.

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Capturan en El Espinal a señalado agresor de una bebé de seis meses

Un operativo de alta tensión registrado en el municipio de El Espinal, Tolima, culminó con la captura de un hombre señalado como el presunto responsable de un grave delito de agresión en contra de una bebé de apenas seis meses de nacida. El procedimiento judicial, motivado por un hecho que ha generado una profunda indignación y repudio entre los habitantes de la región, derivó en una persecución por vías públicas y terminó en las instalaciones de un centro de educación superior, donde la comunidad civil intentó tomarse la justicia por mano propia ante la gravedad de las acusaciones que pesan sobre el indiciado.

​De acuerdo con los reportes del caso, el sospechoso emprendió la huida al percatarse de que patrullas de la Policía Nacional le seguían el rastro de cerca. En su intento por evadir el cerco de seguridad, el sujeto ingresó a un establecimiento comercial de venta de alimentos y se ocultó en el segundo nivel de la edificación, contigua a la sede de la universidad Uniespinal. La maniobra de evasión fue frustrada gracias a la astucia de un grupo de estudiantes de la institución académica, quienes detectaron el comportamiento sospechoso del individuo, lo identificaron y dieron aviso inmediato a los uniformados que ya mantenían acordonado el perímetro.

​El momento de la detención civil y posterior aseguramiento por parte de la fuerza pública desencadenó momentos de extrema complejidad para el orden público. Una vez que el personal policial logró reducir y esposar al implicado, una multitud enardecida, compuesta por alumnos y transeúntes que se agolparon en el lugar, intentó linchar al detenido como retaliación por el crimen contra la menor de edad. Los cuadrantes policiales debieron implementar maniobras de extracción rápida para salvaguardar la vida del capturado y retirarlo del recinto universitario en medio de agresiones verbales y reclamos ciudadanos, permitiendo así su traslado hacia las celdas de seguridad. El indiciado ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que un juez de control de garantías defina su situación jurídica, mientras la población civil exige celeridad y la aplicación de penas severas.

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Fuerza Pública frustra plan terrorista del ELN en la vía Medellín – Costa Caribe a días de las elecciones

Tropas del Grupo Liviano de Caballería N.° 9 del Ejército Nacional neutralizaron una grave amenaza terrorista en el departamento de Antioquia, tras hallar y destruir de manera controlada 13 artefactos explosivos de bajo poder pertenecientes al ELN. El material de guerra fue localizado en el sector conocido como La Frisolera, un punto estratégico del corredor vial que conecta a Medellín con la Costa Caribe, entre los municipios de Yarumal y Valdivia. Junto a las cargas explosivas, los uniformados incautaron una bandera alusiva a esa organización guerrillera, así como municiones y material de intendencia.

El hallazgo obligó a las autoridades a realizar un cierre preventivo de esta vital carretera nacional durante varios minutos, con el fin de garantizar la seguridad de los transportadores mientras los expertos en explosivos adelantaban las maniobras de detonación. Este hecho se registra en medio de un riguroso despliegue de la Fuerza Pública para blindar los comicios presidenciales de este domingo, evidenciando que, pese a los planes de seguridad vigentes en la región, el riesgo de acciones de sabotaje por parte de los grupos armados ilegales se mantiene latente en los ejes viales del departamento.

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Joven conductor fallece atrapado entre dos busetas tras intentar detener vehículo sin frenos en Sincelejo

Juan Andrés Meza Rocha, un joven conductor de 25 años oriundo de Tolú, falleció en la noche de este miércoles tras quedar atrapado entre dos busetas de transporte público en la avenida La Paz, cerca del conjunto residencial Las Acacias.

 De acuerdo con las versiones preliminares, el vehículo que la víctima conducía —el cual había sido estacionado previamente tras prestar servicio en un evento político en la capital de Sucre— sufrió una aparente falla en su sistema de frenos y comenzó a rodar en una zona inclinada.

En un intento por detener la marcha del automotor y evitar una tragedia mayor, Meza Rocha intervino en la maniobra, sufriendo graves lesiones en el abdomen y la pelvis al ser aprisionado por el vehículo. Aunque fue auxiliado por testigos y trasladado de urgencia a un centro asistencial de Sincelejo, el personal médico confirmó que llegó al lugar sin signos vitales.

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Condenan a 37 años de prisión a un hombre que provocó un incendio en el que murió su hijastra, de 13 años

El procesado generó la conflagración por represalia contra su expareja sentimental.

Las pruebas aportadas por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar permitieron que un juez de conocimiento condenara a 37 años de prisión a Tilson Cantillo Morales, tras hallarlo responsable de los delitos de homicidio agravado e incendio.

La decisión judicial obedece a hechos registrados el 23 de enero de 2022 en una vivienda del barrio El Líbano en Cartagena (Bolívar) hasta donde llegó el ahora sentenciado en estado de embriaguez, en búsqueda de su expareja sentimental, pero fue recibido por su hijastra, quien le informó que su mamá no se encontraba.

La Fiscalía demostró que luego de que la menor, de 13 años, ingresara a una habitación para descansar su padrastro decidió prenderle fuego a la casa y huir del lugar. El hombre fue detenido por vecinos del sector y lo entregaron a la Policía Nacional. La madre de la niña, alertada sobre los hechos ingresó para rescatar a su hija.

La joven presentaba quemaduras en el 70 por ciento de su cuerpo y falleció 12 días después en una clínica de Barranquilla (Atlántico) a donde había sido remitida por la complejidad de las lesiones.

A la pena de prisión impuesta al hombre de 37 años, se suma el pago de una multa de 36 salarios mínimos legales vigentes, y la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por 7 años.

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Choque fatal entre un vehículo particular y una volqueta cobra la vida de tres personas en carreteras de Sucre

​Un trágico siniestro de tránsito registrado este jueves 28 de mayo tiñó de luto al departamento de Sucre tras confirmarse el fallecimiento de tres ciudadanos. El siniestro tuvo lugar en el corredor vial que comunica a El Bongo con el municipio de San Pedro, propiamente en las inmediaciones del sector conocido como ‘El Bajo de la Alegría’.

​La emergencia se desencadenó cuando un automóvil colisionó violentamente contra un vehículo tipo volqueta por causas que están siendo analizadas por los peritos viales.

Debido a la magnitud del impacto, los tres ocupantes del carro —una mujer y dos hombres— perdieron la vida de forma instantánea en el lugar de los hechos. Unidades de la policía judicial y autoridades de tránsito se desplazaron hasta el tramo vial para acordonar la zona, coordinar la movilidad y adelantar las labores de inspección técnica, mientras se trabaja en establecer las identidades oficiales de las víctimas.

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Procuraduría pide garantizar derechos a la salud por posibles brotes de tuberculosis en la cárcel Ternera de Cartagena

Ante las alarmas por un posible brote de tuberculosis en la cárcel San Sebastián de Ternera, en Cartagena, la Procuraduría General de la Nación inició acciones preventivas para verificar la magnitud de esta situación.

El objetivo es establecer el número real de casos confirmados y sospechosos de tuberculosis, las pruebas médicas practicadas, los protocolos implementados y la disponibilidad de medicamentos e insumos necesarios para atender la situación sanitaria.

Asimismo, funcionarios de la Procuraduría Regional de Bolívar buscan verificar las condiciones de atención médica, diagnóstico, aislamiento y los planes adoptados para enfrentar brotes de propagación y garantizar derechos a la salud tanto de internos como del personal penitenciario.

En este sentido, el ente de control requirió información al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), a las autoridades de salud de Cartagena y Bolívar, y a la dirección del establecimiento penitenciario.

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