Categoría: Política Región

Empresarios del bloque regional y compradores de China cierran jornadas de negocios en Armenia enfocadas en destinos sostenibles, tras un proceso de fortalecimiento técnico liderado por las agencias de promoción de los cuatro países.

Con la participación de delegaciones de Chile, Colombia, México y Perú, concluyó el pasado 24 de abril en Armenia la VIII Macrorrueda de Turismo de la Alianza del Pacífico. El encuentro, que reunió a 111 empresarios —50 compradores de mercados estratégicos como China y el bloque regional, junto a 61 exportadores de los países de la Alianza—, enfocó sus esfuerzos en la comercialización de destinos sostenibles y la consolidación de la oferta exportable de la región.

En esta edición, se cumplieron 973 citas de negocios, las cuales arrojaron expectativas comerciales totales por US$ 10,7 millones. Estas proyecciones se concertaron en reuniones “uno a uno” orientadas a promocionar productos de alto valor agregado. Del total de los negocios proyectados, el 51% (US$ 5,5 millones) se estima concretar en un plazo menor a seis meses, mientras que el 49% restante (US$ 5,2 millones) se proyecta a más de medio año

La presidente de ProColombia, Carmen Caballero, destacó la relevancia del encuentro: “La realización de esta Macrorrueda en el Quindío es un paso firme hacia la internacionalización sostenible de nuestros destinos. Lograr estas expectativas de negocio por US$ 10,7 millones demuestra que el trabajo conjunto entre las agencias de promoción permite que la Alianza del Pacífico se posicione como un bloque altamente competitivo, atrayendo viajeros de alto gasto bajo un modelo de respeto por el entorno”.

La sede en Armenia destaca la consolidación del Paisaje Cultural Cafetero y su infraestructura para la industria de reuniones (MICE), turismo romance y deportivo. El evento regresa a la presencialidad tras ocho años.

En cuanto a la oferta, los productos que despertaron mayor interés y volumen de negocios fueron liderados por el turismo cultural, seguido por el turismo de naturaleza y aventura. Asimismo, destacaron los segmentos de sol y playa, bienestar y, finalmente, el producto de cruceros.

Gestión del GTAP: diez años de promoción conjunta

Este evento es el resultado de la gestión del Grupo Técnico de Agencias de Promoción (GTAP) de la Alianza del Pacífico, que desde 2014 ha liderado el eje turístico para posicionar al bloque como un destino integrado. En la última década (2014-2024), el GTAP ha ejecutado más de 40 actividades de promoción conjunta, incluyendo siete macrorruedas previas que generaron expectativas superiores a los US$ 75 millones, fortaleciendo tanto el turismo intra-alianza como el posicionamiento en mercados de larga distancia.

Para Gerardo Serrano Gasca, encargado de la Coordinación para la Integración Regional de América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, “la participación de México en la VIII Macrorrueda de Turismo en Armenia, Quindío confirmó el valor estratégico de este espacio de la Alianza del Pacífico como una plataforma eficaz para convertir la cooperación en oportunidades económicas, conectando al sector turístico con mercados globales como China. Asimismo, destacó que, para la Presidencia Pro Tempore de México en 2026, estos encuentros son clave para impulsar una agenda renovada que fortalezca el turismo como motor de integración con enfoque en sostenibilidad, inclusión y nuevas generaciones”.

De otro lado, los países miembros de la Alianza del Pacífico recibieron en 2025 más de 63 millones de viajeros, lo cual representó el 48% del turismo receptivo de Latinomérica. Además, participó con el 42% del gasto internacional en la región con US$ 49.165 millones.

Para 2025, los países de la Alianza del Pacífico recibieron alrededor de 14,9 millones de viajeros originarios de Latinoamérica. A su vez, se espera que para 2026, esta cifra de viajeros llegue a 15,2 millones de viajeros.

Foco en el mercado chino

La Macrorrueda contó con la presencia de 10 compradores de China como mercado estratégico. Previo a las mesas de negocios, estos empresarios realizaron un fam trip por la región para conocer de primera mano la oferta del Paisaje Cultural Cafetero, además de Bogotá y Medellín. Como resultado de esto, más los esfuerzos de posicionamiento de sus destinos de Chile, México y Perú en este mercado lejano, las expectativas de negocios generadas específicamente con el mercado chino se fijaron en US$ 3,6 millones.

El director nacional del Servicio Nacional de Turismo de Chile, Cristobal Benitez Villafranca, señaló: “este tipo de acciones ratifica la relevancia de avanzar como bloque para posicionarnos en mercados de larga distancia como China, caracterizados por su alto gasto y estadías prolongadas. Actualmente, cerca del 50% del turismo receptivo de Latinoamérica se concentra en los países de la Alianza, lo que evidencia que Chile tiene un alto potencial en productos destacados por los participantes, como turismo de naturaleza y aventura”.

Por su parte, Freddy José María Solano González, presidente ejecutivo de PROMPERÚ, explicó: “participar en la VIII Macrorrueda de Turismo de la Alianza del Pacífico ha sido una gran oportunidad para promover los destinos turísticos sostenibles de los países del bloque a nivel intrarregional y para tener un acercamiento con empresarios de China que participaron en el evento. Esto nos ha servido para seguir posicionándonos como un gran destino de viaje que ofrece experiencias únicas y diversas”.

Quindío como epicentro de la industria de reuniones y de sostenibilidad

La sede en Armenia, Quindío, permitió destacar la infraestructura local para el turismo de romance, cultura, naturaleza y el turismo de la industria de reuniones. En este contexto, José Manuel Cimadevilla Acevedo, director del Quindío Convention Bureau, destacó: “Armenia y el Quindío son un destino preparado para albergar grandes eventos, congresos, reuniones y viajes de incentivos. La Macrorrueda no solo fue un escenario comercial, sino también el reflejo del trabajo articulado entre los sectores público y privado, que ha permitido consolidar un verdadero ecosistema MICE en Armenia y el Quindío como puerta de entrada al Paisaje Cultural Cafetero de Colombia”

Y agregó: “este esfuerzo ha derivado en una oferta turística diversificada, competitiva y de alto valor, posicionando al destino como un imperdible dentro del mapa turístico colombiano. Asimismo, este tipo de eventos cobra especial relevancia por su capacidad de dinamizar la economía en temporadas bajas, atrayendo visitantes de alto gasto. Se estima que, durante los tres días de la Macrorrueda, la derrama económica alcanzó los $1.500 millones de pesos”, subrayando el impacto económico que tuvo la región con el encuentro que regreso a la ciudad después de 8 años, reafirmando su proyección internacional con el turismo, y atracción de la industria de reuniones a nivel internacional.

La VIII Macrorrueda es un componente del Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la Internacionalización Sostenible, que incluyó formación técnica para los empresarios entre el 14 y 20 de abril de 2026, asegurando que la oferta presentada cumpla con los más altos estándares de competitividad internacional. Y el último componente del programa constará en el seguimiento conjunto de las oportunidades comerciales para medir el impacto de los negocios generados y orientar futuras estrategias del bloque.

El caso de la subteniente Jennifer Marciales, comandante de la estación de Policía de Providencia hallada sin vida con un disparo en la cabeza, ha dado un giro punzante tras las declaraciones de su familia. En diálogo con medios nacionales, Leidy Marciales, hermana de la oficial, rompió el silencio para denunciar que la uniformada era víctima de una persecución sistemática y que su muerte no puede ser tratada como un simple hecho autoinfligido.

Leidy Marciales fue enfática al señalar que su hermana no solo se sentía acosada, sino que ya había oficializado las quejas ante la institución. La denuncia apunta directamente hacia un superior: el teniente Daniel Felipe Medina Guzmán.

Según la familia, Jennifer había recopilado audios, documentos y asesoría legal para sustentar el acoso laboral y la desautorización pública de la que era objeto. La oficial habría acudido a valoraciones médicas que confirmaron cuadros de ansiedad derivados del ambiente hostil en la isla.

La familia cuestiona por qué, tras reportar el riesgo, la subteniente fue enviada nuevamente a cumplir funciones en el mismo lugar donde se sentía desprotegida.

La versión preliminar de las autoridades sugiere que nadie escuchó la detonación dentro de la estación de Policía entre las 11:00 a.m. y las 2:00 p.m., hora en que fue encontrado el cuerpo. Para Leidy, esto resulta inverosímil: “¿Cómo puede ocurrir algo así en una unidad policial sin que nadie note nada?”, cuestionó.

Además, descartó de plano la depresión como móvil, asegurando que Jennifer tenía planes concretos a corto plazo, como asistir al baby shower de su hermana en julio y continuar con su destacada carrera de 16 años en la institución.

El caso está siendo impulsado por la familia y su abogado, David Felipe Sánchez, bajo la premisa de una posible violencia de género institucional. La defensa sostiene que el liderazgo de Jennifer fue socavado deliberadamente frente a sus subordinados, afectando su dignidad y mando.

Mientras la Policía Nacional asegura haber iniciado las investigaciones internas y ofrece condolencias, la familia Marciales advierte que posee pruebas contundentes dejadas por la subteniente antes de morir. El país queda a la espera de los resultados de balística y necropsia, en un caso que pone bajo la lupa cómo la Policía protege —o desprotege— a sus mujeres en los rangos de mando.

El conflicto armado volvió a ensañarse con la inocencia en zona rural de Caucasia, Antioquia. Lo que comenzó como un hallazgo curioso en medio de las labores cotidianas de un menor de edad, terminó en una explosión que le segó la vida y dejó a tres miembros de su familia heridos en la vereda Garrapata.

La tragedia se desencadenó cuando el niño, de apenas 12 años, transitaba por un potrero cercano a su vivienda y encontró un objeto metálico desconocido. Sin sospechar que se trataba de una granada de fragmentación abandonada, el menor la recogió y la llevó hasta su hogar.

El caos estalló minutos después dentro de la vivienda. Al manipular el artefacto, este se activó, provocando una detonación devastadora. El niño murió de forma instantánea, mientras que las esquirlas alcanzaron a tres jóvenes que lo acompañaban: un adolescente de 15 años (con heridas graves en sus extremidades), una mujer de 18 y un hombre de 20 años.

Los heridos fueron evacuados de urgencia hacia centros asistenciales de Caucasia, donde reciben atención médica bajo pronóstico reservado. Mientras tanto, unidades de la Policía y el Ejército hicieron presencia en la vereda para asegurar el área y verificar que no existan más remanentes explosivos que pongan en riesgo a la población civil.

Este lamentable hecho pone de manifiesto, una vez más, el peligro latente que representan los artefactos explosivos dejados por grupos armados en zonas de tránsito de campesinos y niños. Las autoridades han lanzado una alerta máxima en el Bajo Cauca, instando a los habitantes a no tocar, mover ni recoger objetos extraños en campo abierto, y a dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad.

La administración municipal de Caucasia lamentó profundamente el suceso y anunció el inicio de un acompañamiento psicológico y social para la familia afectada, que hoy enfrenta el luto por la pérdida de un pequeño cuya curiosidad fue truncada por los restos de una violencia que no da tregua.

La violencia que azota al sur del departamento de Bolívar cobró una nueva vida en las últimas horas. Como Elizabeth Velázquez, una joven oriunda del municipio de Yolombó, Antioquia, fue identificada la mujer asesinada durante un ataque sicarial registrado en la vereda El Jardín, zona rural de San Pablo.

Según el reporte de las autoridades y testimonios de la comunidad, el hecho se produjo cuando sujetos fuertemente armados irrumpieron en el sector y dispararon de manera indiscriminada contra un grupo de ciudadanos. Elizabeth, quien había llegado a esta región del país con la esperanza de encontrar mejores oportunidades laborales para sustentar a su familia, murió de forma instantánea en el lugar de los hechos.

En el mismo atentado, otras cuatro personas resultaron heridas por impactos de bala. Los lesionados fueron auxiliados por los habitantes de la zona y trasladados de urgencia a centros asistenciales, donde a esta hora permanecen bajo pronóstico reservado.

La muerte de Elizabeth ha causado un dolor profundo tanto en su natal Yolombó como en San Pablo. La joven era madre de un niño de corta edad, quien hoy queda bajo el amparo de sus familiares tras este acto de violencia irracional. Allegados la describen como una mujer trabajadora y dedicada, cuyo único pecado fue buscar un futuro en una zona marcada por el conflicto.

Aunque las autoridades no han señalado oficialmente a los responsables, la principal hipótesis apunta a una retaliación o disputa territorial entre los grupos armados ilegales que operan en el sur de Bolívar. Esta zona ha experimentado una degradación del orden público en los últimos meses debido al control de economías ilícitas.

Unidades de investigación judicial ya se encuentran en el territorio recolectando testimonios para dar con el paradero de los sicarios, mientras la comunidad exige la presencia permanente de la Fuerza Pública para evitar que masacres como esta sigan enlutando a las familias colombianas.

La muerte de la subteniente Jenyfer Alexandra Marciales Londoño, hallada sin vida en las instalaciones de la estación de Policía de la isla de Providencia, ha dejado de ser un reporte judicial de rutina para convertirse en un caso que sacude las estructuras de la Policía Nacional. Mientras las autoridades avanzan en los peritajes, el entorno de la oficial exige que el proceso no se cierre prematuramente bajo una única hipótesis.

Marciales Londoño, quien ostentaba el cargo de comandante de la unidad en la isla, habría dejado un rastro de alertas antes de su deceso. Según revelaciones de sus familiares, la oficial manifestó en repetidas ocasiones sentirse víctima de presunto acoso laboral por parte de un oficial superior.

Estas comunicaciones, enviadas días antes del hallazgo, son hoy piezas clave en la investigación. Sus allegados sostienen que el ambiente de presión al que estaba sometida era «insostenible», lo que ha llevado a la familia a solicitar que la Fiscalía contemple todas las posibilidades, incluyendo un posible homicidio o una inducción al trágico desenlace derivada de la persecución interna.

El caso ha trascendido la tragedia familiar para reabrir un debate nacional sobre los protocolos de salud mental y protección al denunciante dentro de las instituciones uniformadas. Expertos en derechos humanos cuestionan la efectividad de los canales internos cuando las denuncias escalan contra mandos superiores en estructuras de estricta jerarquía.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha emitido un juicio definitivo sobre la causa del fallecimiento, a la espera de los resultados de necropsia de Medicina Legal y el análisis de criminalística en el lugar de los hechos. El país permanece atento a los resultados de esta investigación, que pone a prueba la transparencia institucional frente a denuncias de maltrato laboral en sus propias filas.

Popayán intenta procesar una de las jornadas más oscuras de su historia reciente. El lunes 4 de mayo, la ciudad despertó sumida en el luto tras confirmarse que las víctimas fatales del aparatoso accidente en la exhibición de camionetas gigantes eran tres jóvenes estudiantes de reconocidas instituciones educativas de la capital caucana.

Las víctimas fueron identificadas como Hellen Mariana Velarde Muñoz, Luna Saray Toro Hurtado y María Camila Fierro. Las jóvenes, quienes asistieron al evento en el lote Bulevar Rose buscando una tarde de esparcimiento, pertenecían a los colegios Las Franciscanas y Las Bethlemitas, centros educativos donde hoy las clases han sido reemplazadas por oraciones y homenajes espontáneos.

Compañeros y docentes describen a las menores como estudiantes ejemplares y llenas de metas, cuya partida deja un vacío irreparable en las aulas. «Eran jóvenes brillantes, queridas por todos. Hoy Popayán no solo llora un accidente, llora el futuro de tres familias», manifestó una allegada a la comunidad educativa.

Desde tempranas horas, las fachadas de las instituciones se han llenado de flores blancas y mensajes de despedida. Mientras tanto, el clamor ciudadano por justicia aumenta. La comunidad exige que se esclarezcan las fallas en los protocolos de seguridad que permitieron que el vehículo de exhibición rompiera el perímetro y alcanzara la zona donde se encontraban las víctimas.

Las autoridades locales, en articulación con la Fiscalía, avanzan en las investigaciones técnicas del siniestro para determinar responsabilidades penales y administrativas sobre los organizadores del espectáculo. Por ahora, Popayán se une en una sola voz de solidaridad para abrazar a los padres y amigos de Hellen, Luna y María Camila en este difícil momento.

La comunidad de Casanare se encuentra sumida en el dolor tras confirmarse que las cuatro víctimas fatales del brutal choque ocurrido en la vía que comunica a Yopal con Aguazul pertenecían a un mismo núcleo familiar. El siniestro que involucró a un bus de la empresa Transportes Morichal y un automóvil particular, apagó la vida de dos destacadas profesionales de la salud que eran pilares del Hospital Regional de la Orinoquía (HORO).

El siniestro cobró la vida de Martha Judith Lozano León, jefe de enfermería y líder administrativa del HORO, y de su esposo, Enrique Galán Roa. Junto a ellos viajaba su hija, Tatiana Galán Lozano, una joven médica pediatra del mismo centro asistencial quien, según confirmaron allegados, se encontraba en estado de embarazo. La tragedia alcanzó también a la tercera generación de la familia con el fallecimiento de la menor Gabriela Rivera Galán, nieta de la pareja.

La noticia ha provocado un vacío profundo en el gremio médico de la región. Madre e hija eran ampliamente reconocidas no solo por su rigor profesional en la administración y la pediatría, sino por su carisma y entrega a los pacientes más vulnerables de la Orinoquía. «Eran el corazón del hospital», manifestaron colegas que hoy rinden tributo a su memoria en los pasillos de la institución.

Las autoridades de tránsito de Casanare trabajan en la reconstrucción de los hechos para determinar si el accidente fue producto de una invasión de carril o de una falla mecánica por parte de alguno de los vehículos involucrados. Mientras se esclarecen las causas, el departamento se prepara para despedir a una familia que, irónicamente, dedicó sus mejores años a preservar la vida de los llaneros.

Lo que prometía ser una tarde de adrenalina y esparcimiento familiar en el lote Bulevar Rose de Popayán, se transformó en una pesadilla este domingo 3 de mayo. Un vehículo de exhibición tipo «Monster Truck» perdió el control durante una maniobra, rompió las barreras de seguridad y embistió violentamente a la multitud, dejando un saldo desgarrador: dos menores de edad fallecidos y al menos 37 personas lesionadas.

De acuerdo con los registros audiovisuales captados por los asistentes, el accidente ocurrió cuando una de las camionetas gigantes, conducida por una mujer, se dirigió inexplicablemente hacia las graderías tras una pirueta. El pánico se apoderó del recinto mientras los espectadores intentaban huir del paso de las enormes ruedas. Lamentablemente, varias personas no lograron reaccionar a tiempo y fueron arrolladas por la estructura del automotor.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó la magnitud del siniestro a través de sus canales oficiales:

«Lamentamos profundamente el accidente… hemos dispuesto toda nuestra capacidad institucional y la articulación con la red hospitalaria pública y privada, bomberos y red de ambulancias para atender la situación».

La Secretaría de Salud del departamento informó que de los 37 heridos, varios presentan cuadros clínicos de extrema gravedad, por lo que permanecen bajo pronóstico reservado en centros asistenciales de la capital caucana.

Tras la atención de la emergencia por parte de los Bomberos de Popayán y la Policía Nacional, se abre ahora un riguroso proceso de investigación. Las autoridades competentes deberán establecer si el evento contaba con las pólizas de seguro vigentes, si las barreras de protección cumplían con las normas internacionales para este tipo de espectáculos de alto riesgo y las razones técnicas por las cuales la conductora perdió el control del vehículo.

La ciudad de Popayán se declara en luto tras este incidente que enluta a dos familias y pone en tela de juicio los protocolos de seguridad en eventos masivos de este formato en el país.

Conmoción en Caldas, municipio de Antioquia. María Teresa Martínez, de 45 años, fue asesinada en su propia vivienda ubicada en el barrio El Pombal.

El principal sospechoso del crimen es su hijo, un joven de 26 años con antecedentes de adicción y trastornos mentales.

El señalado agresor, según declaraciones de allegados, padece de esquizofrenia y enfrenta una fuerte adicción a estupefacientes, factores que habrían detonado su comportamiento agresivo.

El capturado ya registraba anotaciones judiciales por concierto para delinquir agravado y lesiones personales.

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Tras el ataque, el joven intentó autolesionarse. Actualmente se encuentra bajo custodia policial.

Un violento ataque contra una comisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) se registró en el sector conocido como el Alto de Sanín Villa, jurisdicción del municipio de Río de Oro, Cesar. Sujetos armados interceptaron el vehículo oficial que cumplía una misión de traslado, dejando como saldo el robo de armamento de dotación y la destrucción total del automotor.

El incidente ocurrió mientras los funcionarios se desplazaban desde Santa Marta con destino a Ocaña, custodiando a un detenido que debía cumplir una medida de arresto domiciliario. Según el reporte oficial, los atacantes abrieron fuego contra el vehículo para obligar a los dragoneantes a detenerse. Una vez neutralizados, los uniformados fueron despojados de sus armas de fuego.

A diferencia de las versiones iniciales que circulaban en la zona, las autoridades confirmaron que el detenido no fue liberado y permaneció bajo custodia, mientras que el personal del INPEC resultó ileso tras la agresión.

Tras el asalto y el robo del armamento, el vehículo institucional fue incendiado en plena vía pública, lo que generó el bloqueo momentáneo de este importante corredor que comunica al Cesar con Norte de Santander. El humo y las llamas consumieron la buseta antes de que las autoridades pudieran intervenir para su recuperación.

La Policía del Cesar y el Ejército Nacional han reforzado la vigilancia en el sector para dar con los responsables. Este nuevo hecho de violencia en la región del Catatumbo y el sur del Cesar enciende las alarmas sobre la seguridad en los traslados penitenciarios, en una zona con fuerte presencia de grupos armados ilegales.