Categoría: Política Región

Una madrugada de horror se vivió en el barrio Simón Bolívar del municipio de Túquerres, Nariño, donde un patrullero de la Policía Nacional, identificado como Luis Manuel Yampuezán, protagonizó un ataque armado contra su propia familia. El saldo de la agresión es un menor de 4 años fallecido y una mujer que lucha por su vida en un centro asistencial.

El uniformado, quien se encontraba adscrito a la Estación Los Mangos de la Policía Metropolitana de Cali (MECAL), habría abandonado su jurisdicción en el Valle del Cauca portando su arma de dotación oficial. Según las primeras investigaciones, Yampuezán recorrió los departamentos de Valle, Cauca y Nariño sin ser interceptado por ninguna autoridad, hasta llegar a Túquerres con el aparente objetivo de encarar a su pareja.

Alrededor de las 03:00 horas de este viernes, tras una fuerte discusión motivada presuntamente por problemas sentimentales e intolerancia, el patrullero accionó su arma de fuego. En el ataque, su hijo de apenas 4 años recibió impactos de gravedad que le segaron la vida poco después de ingresar al hospital local. La madre del menor también resultó herida y permanece bajo pronóstico reservado.

El patrullero fue capturado en flagrancia y ya se encuentra en proceso de judicialización. Sin embargo, el caso ha desatado una fuerte polémica y cuestionamientos hacia la Policía Nacional sobre los filtros de incorporación y, especialmente, sobre los protocolos de control de armamento.

Las autoridades departamentales buscan establecer:

¿Cómo un uniformado logró movilizarse por vía terrestre a través de tres departamentos portando un arma oficial fuera de servicio?

¿Por qué no se activaron las alertas de abandono de puesto o jurisdicción a tiempo?

La institución lamentó el hecho y anunció el inicio de una investigación disciplinaria paralela a la penal, mientras la comunidad de Túquerres permanece consternada por la sevicia del ataque.

Tirso René Torres Cueto, un joven oriundo de Ciénaga de Oro, perdió la vida la mañana de este sábado en un aparatoso siniestro de tránsito ocurrido en la vía que comunica a los municipios de Tarazá y Valdivia en el departamento de Antioquia.

El siniestro se registró exactamente en el kilómetro 7, donde Torres Cueto, quien se movilizaba en una motocicleta, fue impactado por un vehículo de carga pesada tipo tractocamión. El choque fue de tal magnitud que el vehículo liviano quedó reducido a chatarra, mientras que el joven sufrió múltiples heridas que le causaron la muerte de manera instantánea.

Fueron los mismos habitantes de la zona y transportadores quienes, al acercarse a auxiliarlo, hallaron sus documentos de identidad, confirmando que la víctima era oriunda de Ciénaga de Oro, Córdoba. De inmediato, la noticia comenzó a circular en redes sociales para alertar a sus familiares en el municipio cordobés.

Unidades de criminalística se trasladaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue llevado a la morgue de Tarazá, Antioquia, donde se espera que sus seres queridos adelanten los trámites necesarios para el traslado fúnebre hacia su tierra natal.

La crisis de orden público en el suroccidente de Colombia alcanzó un nuevo punto crítico este sábado. Un artefacto explosivo fue activado en la Vía Panamericana, específicamente en el sector Pan de Azúcar del corregimiento de Mojarras (Mercaderes, Cauca), afectando directamente a un vehículo de transporte intermunicipal y a un bus tipo «chiva» que cubrían la ruta hacia el sur del departamento.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó que el balance de víctimas es de seis heridos, entre ellos un menor de edad. La situación más delicada la presenta el conductor del vehículo de servicio público, quien debido a la gravedad de sus lesiones fue trasladado, junto a los cinco pasajeros restantes, hacia centros asistenciales en Popayán.

Este hecho se convierte en el quinto ataque terrorista registrado en las últimas 24 horas en la región, consolidando una ofensiva criminal que ha puesto en jaque la movilidad y la vida en los departamentos del Valle y Cauca.

Ante la ola de violencia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, junto al comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López, se desplazaron a la zona para liderar un consejo de seguridad extraordinario en Palmira. El alto mando militar fue enfático al declarar que se han ordenado operaciones conjuntas inmediatas para recuperar el control de los corredores viales.

«No vamos a ceder un solo espacio al terrorismo ni a las estructuras que pretenden desestabilizar el noroccidente del país», sentenció el general López.

El gobernador Guzmán hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, subrayando que la Vía Panamericana es el pulmón económico y social de la región. El mandatario calificó el atentado como una «grave amenaza contra la vida y la integración» del país, exigiendo medidas permanentes de protección para los pasajeros y transportadores que hoy transitan con miedo por las carreteras del Cauca.

La situación de seguridad en el Valle del Cauca atraviesa un momento crítico tras confirmarse un nuevo atentado contra la institucionalidad. En la noche de este viernes, la subestación de Policía del corregimiento de Potrerito en el municipio de Jamundí, fue blanco de un violento hostigamiento con ráfagas de fusil y el lanzamiento de una granada.

Este hecho se convierte en el tercer ataque directo contra la Fuerza Pública en el departamento en menos de un día, sumándose a los atentados registrados previamente en Cali y Palmira. La incursión armada en Potrerito generó pánico entre los residentes de la zona, quienes quedaron en medio del intercambio de disparos mientras los uniformados repelían la agresión.

Las autoridades locales y la cúpula militar han reforzado el despliegue en el sur del Valle para identificar a los responsables. Aunque las investigaciones están en curso, en esta zona del departamento operan diversas estructuras de las disidencias de las FARC, grupo al que se le atribuyen gran parte de las acciones bélicas contra la Policía y el Ejército en el suroccidente del país.

El Gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Vías (Invías), puso en funcionamiento el puente sobre el río Mulatos, una obra que restablece la conectividad entre Necoclí y Arboletes, en un corredor estratégico para el Urabá antioqueño.

Con una inversión cercana a los $4.500 millones, la intervención incluyó la instalación de un puente metálico modular de 48,77 metros de longitud y 4 metros de ancho, así como obras complementarias como el transporte de la estructura, la demolición de elementos en riesgo, la construcción de soportes y su ensamblaje.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, destacó el impacto social y económico de la obra: “Hoy no solo estamos habilitando un puente, estamos devolviéndole la movilidad y la tranquilidad a más de 9.200 familias. Este es un paso fundamental para reactivar la economía del Urabá y garantizar que miles de personas puedan volver a conectarse con sus oportunidades. Además, por la habilitación de este puente se logró el paso de la estructura metálica para el puente San Juan y así dar inicio a la recuperación de la movilidad en este punto”.

La habilitación del paso beneficiará directamente a cerca de 21.000 personas y permitirá reactivar la dinámica productiva de la región, especialmente la comercialización de productos agrícolas provenientes de más de 10.000 hectáreas de cultivos de plátano.

El director general del Invías, Juan Guillermo Jiménez, resaltó el trabajo técnico y la respuesta oportuna ante la emergencia: “Esta intervención nos permitió recuperar la movilidad en un corredor clave para el Urabá en tiempo récord. Aquí hubo un trabajo técnico riguroso, pero también un compromiso total para responderle a la comunidad en medio de una situación crítica”.

El puente operará inicialmente con paso a un solo carril, con circulación alternada y una restricción de carga de hasta 50 toneladas, medidas adoptadas para garantizar la seguridad de los usuarios y la estabilidad de la infraestructura.

“Actuamos con rapidez y compromiso para atender esta emergencia. Hoy le cumplimos al Urabá con una solución que devuelve la conectividad en un punto clave del departamento”, agregó la ministra.

Con esta entrega, el Gobierno nacional avanza en la atención de la emergencia vial en la región y reafirma su compromiso con la conectividad y el desarrollo de los territorios.

En el marco de la estrategia Transformación Digital 2035, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, bajo el liderazgo del viceministro de Transformación Digital, Andrés López, realizó una nueva entrega de herramientas tecnológicas en los departamentos de Córdoba y Sucre.

En la Institución Educativa El Dorado, en Montería, se oficializó la entrega de 198 computadores destinados a fomentar el aprendizaje y la conectividad de los estudiantes. Simultáneamente, en Sincelejo, la Institución Educativa Simón Araújo recibió 30 equipos adicionales, reforzando la infraestructura educativa del territorio.

Estas entregas forman parte de una apuesta masiva por cerrar la brecha digital en el Caribe colombiano durante la administración del presidente Gustavo Petro. Según el balance presentado por el Ministerio, las cifras de impacto hasta la fecha son:

Departamento de Córdoba: Se han distribuido 7.119 computadores y se han instalado 200 laboratorios de innovación.

Departamento de Sucre: Se registra la entrega de 5.168 equipos*y la implementación de 135 laboratorios de innovación.

Con estas acciones, el Gobierno Nacional busca no solo dotar de hardware a las instituciones, sino crear ecosistemas de aprendizaje donde los jóvenes puedan crear y conectarse con las demandas del futuro, promoviendo una educación con dignidad y mayores oportunidades regionales.

Una mañana de pánico vivieron los habitantes de los barrios Meléndez y Nápoles, en el sur de Cali, tras la detonación de artefactos explosivos en inmediaciones de la Tercera Brigada del Ejército. El ataque, dirigido contra el Cantón Militar Pichincha, involucró un vehículo acondicionado con explosivos que generó una fuerte onda de choque, sentida en gran parte de la comuna 18 y sectores aledaños a la calle 5.

De acuerdo con el reporte oficial de la Tercera División del Ejército, el atentado se habría perpetrado mediante el lanzamiento de artefactos (presuntamente cilindros) desde el exterior de la unidad militar. Uno de los dispositivos logró detonar dentro del batallón, mientras que el vehículo utilizado quedó en las cercanías, obligando a un despliegue inmediato de unidades antiexplosivos y sobrevuelos con aeronaves no tripuladas (drones) para asegurar el área.

Pese al estruendo que provocó gritos y momentos de angustia entre los transeúntes, el Ejército confirmó que, hasta el momento, no se registran víctimas mortales ni heridos entre el personal militar o la población civil. Sin embargo, se reportan daños materiales en viviendas y edificaciones cercanas debido a la onda explosiva.

La zona permanece acordonada por la Policía y el Ejército, mientras organismos de socorro como Bomberos y ambulancias se mantienen en alerta. Las autoridades adelantan las verificaciones técnicas para establecer quiénes estarían detrás de este acto terrorista que rompe la tranquilidad en la capital del Valle.

La Defensoría del Pueblo de Colombia ha emitido una alarmante alerta tras identificar 19 casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes durante el primer trimestre de 2026. Según el registro oficial de la entidad, esta problemática sigue golpeando con fuerza a la juventud del país, concentrando la mayor parte de las denuncias en los departamentos de Norte de Santander, Antioquia y Caquetá, regiones históricamente afectadas por la presencia de actores armados.

​El informe detalla una marcada disparidad de género en las víctimas, revelando que el 63% de los menores reclutados son hombres, mientras que el 37% corresponde a mujeres. En cuanto a la caracterización étnica, el 90% de los afectados no se reconoce en ningún grupo específico, pero persiste una preocupante incidencia en comunidades vulnerables, con un 5% de víctimas pertenecientes a poblaciones indígenas y otro 5% de origen afrocolombiano.

​Respecto a los responsables de estos crímenes, la Defensoría señala al Estado Mayor de los Bloques y Frentes como el principal actor, vinculado al 42.1% de los casos, seguido por el ELN con un 31.4%. Otros grupos como los Comandos de Frontera, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y diversas disidencias también figuran en el reporte, evidenciando una compleja red de actores que continúan vulnerando los derechos fundamentales de la infancia en el territorio nacional.

La designación de Sarita Vives Gutiérrez como secretaria de Movilidad Multimodal y Sostenible de Santa Marta ha desatado una tormenta política y ética en la capital del Magdalena. El nombramiento, realizado por el alcalde Carlos Pinedo Cuello, se produce apenas dos meses después de que la pareja sentimental de la funcionaria, Luis Daniel Navarro, protagonizara un fatal siniestro vial bajo los efectos del alcohol.

El trágico suceso ocurrió el pasado 15 de febrero en la calle 30 con carrera 4, donde Navarro, a bordo de una camioneta Toyota blanca, arrolló al mototaxista wayuu Ritxio Fernández González. Tras el impacto, el conductor huyó del sitio sin prestar auxilio a la víctima, siendo capturado kilómetros adelante gracias a la persecución de testigos. Pese a la gravedad de los hechos, Navarro recuperó su libertad apenas 24 horas después, un beneficio que hoy genera suspicacias en la opinión pública.

De acuerdo con fuentes citadas por el medio El Expediente, la situación de Navarro es doblemente crítica: al momento del siniestro, el hombre conducía con una licencia cancelada debido a reincidencias previas por conducir en estado de embriaguez, además de contar con un extenso historial de comparendos. El medio también señala que la captura de Navarro se produjo justo cuando intentaba ingresar al sector de Rodadero Reservado, lugar de residencia del alcalde Pinedo, quien ha tenido que salir públicamente a negar cualquier tipo de injerencia en la liberación del investigado.

Resulta paradójico que la administración distrital presente a Vives Gutiérrez quien posee amplia experiencia en seguridad vial como la figura idónea para «fortalecer el control del orden» y garantizar el «respeto a las normas de tránsito», cuando su entorno más cercano se ha visto involucrado en el incumplimiento flagrante de estas mismas leyes con consecuencias letales.

Mientras la secretaria asume el mando de la movilidad en Santa Marta, el proceso penal por la muerte de Ritxio Fernández González sigue abierto, dejando a la comunidad indígena y a los gremios de transportadores a la espera de una justicia que, hasta ahora, parece circular por un carril de privilegios.

Ante la Fiscalía General de la Nación habría sido presentada una denuncia en la que se señala a Junior Peralta Martínez, conocido públicamente como Zaider y hermano del reconocido artista de champeta Jader Tremendo, por la presunta comisión de acoso, hostigamiento e intimidación.

El caso involucraría hechos que, según la denunciante —cuya identidad se mantendría en reserva por seguridad—, habrían ocurrido después de la finalización de una relación sentimental entre ambas partes.

Según el documento radicado estos incidentes habrían derivado en un profundo impacto emocional para la víctima, quien temería ahora por la posible difusión de un video de contenido íntimo.

La gravedad de la denuncia apuntaría a que, tras la ruptura, se habrían producido múltiples contactos insistentes a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y diversas plataformas digitales.

El elemento más preocupante, de acuerdo con lo señalado en la denuncia, radicaría en la presunta utilización de un video íntimo como mecanismo de presión para que la mujer reanudara la relación amorosa.

La denunciante habría indicado al medio La Lengua Caribe que su miedo constante radicaría en la amenaza de que su intimidad pudiera ser expuesta a través de redes sociales.

De acuerdo con lo consignado en la denuncia, los hechos objeto de investigación habrían comenzado tras la conclusión del vínculo sentimental entre la denunciante y Junior Peralta Martínez.

El relato indicaría que los contactos reiterados no se habrían limitado a plataformas específicas, sino que habrían involucrado tanto llamadas como mensajes en redes sociales.

El medio subraya que la acusación se sostendría en la afectación emocional evidente que atravesaría la víctima, quien habría debido modificar hábitos y rutinas por temor a que sus datos íntimos fueran difundidos en Internet.

Fuente: www.infobae.com