Estos fueron los acuerdos que permitieron levantar la protesta minera en el Bajo Cauca y Sur de Córdoba
Tras intensas jornadas de negociación en Caucasia, el Gobierno Nacional y los voceros de la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba han suscrito un acta de compromisos que marcaron el levantamiento oficial de la protesta pacífica en la región. El documento, firmado el 27 de marzo de 2026 bajo la mediación de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, establece una hoja de ruta clara para la formalización de la pequeña minería, la revisión de títulos inactivos y la creación de mecanismos de inclusión financiera para el gremio.
Entre los puntos más relevantes destaca el reconocimiento explícito por parte del Estado de que los integrantes de esta movilización son mineros tradicionales amparados por la ley y no pertenecen a grupos armados ilegales, una validación fundamental para la seguridad y legitimidad de las comunidades mineras.
El acuerdo contempla compromisos técnicos de gran envergadura, como la intervención de la Agencia Nacional de Minería para agilizar el acceso real a áreas de explotación y la recuperación de títulos que no cumplen una función social o ecológica.
Asimismo, se ha pactado la creación de una mesa técnica interinstitucional con la participación del Banco Agrario y la Superintendencia Financiera para el próximo 13 de abril en Bogotá, con el fin de resolver las barreras históricas que impiden a los mineros acceder al sistema bancario.
Por otro lado, entidades ambientales como Corantioquia y el Ministerio de Ambiente trabajarán en la actualización de la información del denominado Polígono 8, buscando compatibilizar la actividad minera con la protección de los recursos naturales en municipios como Cáceres, Tarazá y Zaragoza.
En un gesto de voluntad hacia la legalidad, los mineros se han comprometido a iniciar un proceso de concertación para el desmantelamiento voluntario de dragas y «dragones» en un plazo de 15 días, bajo un esquema de parqueo vigilado por la fuerza pública en puntos estratégicos.
Aquellos que decidan formalizarse podrán establecer contratos de operación con titulares mineros existentes, mientras que el equipo mecanizado que no sea reportado o que se encuentre fuera de las zonas acordadas será destruido por las autoridades. Este pacto no solo busca la reactivación económica del territorio, sino que refuerza el compromiso estatal de combatir la extracción ilícita a gran escala mientras protege y formaliza la tradición de la pequeña minería en el sur de Córdoba y el nordeste antioqueño.
