Exsenador Álvaro Ashton Señala a Efraín Cepeda, Julio Gerlein y Armando Benedetti por Nexos con el Paramilitarismo
Un escándalo de grandes proporciones sacude a la élite política y empresarial de la Costa Caribe. Según reportó W Radio, el exsenador liberal Álvaro Ashton «prendió el ventilador» ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), detallando una supuesta red de alianzas políticas, económicas y electorales entre dirigentes, empresarios y el Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC.
La JEP aceptó la continuidad del sometimiento de Ashton por concierto para delinquir agravado, al considerar que sus declaraciones, dadas en audiencias en febrero, aportan verdad sobre la cooptación paramilitar en el Atlántico y el Magdalena.
El excongresista confirmó la existencia de pactos con estructuras paramilitares para manipular elecciones y controlar instituciones. Uno de los señalamientos más sensibles apunta directamente al expresidente del Senado Efraín Cepeda Sarabia, al empresario Julio Gerlein, y a David Char Navas, quienes, según Ashton, tuvieron «acercamientos o acuerdos indirectos» con sectores apoyados por las AUC, especialmente en Barranquilla y Soledad.
Ashton afirmó ante los magistrados que los políticos facilitaban la financiación paramilitar a través del presupuesto nacional:
“Asumimos que todos, incluyéndome a mí, ayudábamos a que del presupuesto nacional se aprobaran partidas que terminaron financiando proyectos manejados por el Frente José Pablo Díaz con la Alcaldía de Barranquilla. Con esos recursos se nutrían para seguir delinquiendo…», citó W Radio.
El exsenador también involucró al actual ministro del Interior, Armando Benedetti, al señalar que promovió activamente artículos que resultaban beneficiosos para las AUC durante el debate de la Ley de Justicia y Paz.
Ashton aseguró que Benedetti impulsaba la aprobación y apelación de artículos «fundamentales» para el grupo armado. W Radio destacó que el exsenador mencionó que Benedetti apeló artículos sobre sedición y alternatividad penal que habían sido negados inicialmente en comisiones.
Dada la gravedad y el alcance de los testimonios, que incluyen a otros políticos y empresarios, la JEP ordenó la compulsa de copias de las declaraciones a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia para las investigaciones correspondientes.
