Fiscalía condiciona suspensión de capturas a cabecillas del Clan del Golfo hasta el inicio de zonas de ubicación

​La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ha determinado que no se procederá con la suspensión automática y generalizada de las órdenes de captura contra 29 integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), estructura criminal también conocida como el Clan del Golfo. A través de la Resolución 0142 de 2026, el ente acusador estableció que esta medida de seguridad jurídica para el tránsito de los combatientes solo entrará en vigor una vez se cumplan los compromisos de paz establecidos y se alcance la fecha estipulada del 25 de junio de 2026, día en que iniciará la implementación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).

Esta decisión implica que figuras de alto perfil criminal, entre las que destaca alias «Chiquito Malo», quien actualmente enfrenta una solicitud de extradición por parte de la justicia de los Estados Unidos, no gozarán de un cese inmediato de los requerimientos judiciales en su contra. La Fiscalía ha sido enfática en señalar que, mientras se llega a la fecha pactada, se realizará una verificación minuciosa de la información relativa al listado de personas remitido por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, analizando detalladamente la situación jurídica de cada individuo, la existencia de procesos nacionales vigentes y la solidez de sus nexos con la organización armada.

​La determinación de la jefa del ente investigador busca garantizar que el proceso de acercamiento hacia las zonas de ubicación no se traduzca en una impunidad procesal sin garantías previas. El documento oficial ordena además que se mantenga el rastreo sobre las competencias de la Fiscalía General de la Nación respecto a las órdenes de captura internacionales, asegurando que la transición hacia las ZUT sea un proceso verificado y condicionado al cumplimiento estricto del marco legal. Con esta resolución, el Gobierno y la justicia colombiana establecen una hoja de ruta donde la seguridad jurídica para los alzados en armas dependerá de la evolución de los diálogos y la transparencia en la identificación de los beneficiados.