El Gobierno nacional ultima los detalles de una nueva ley de sometimiento dirigida a las organizaciones armadas del país, con la expectativa de ver sus primeros resultados en un plazo de dos semanas. La iniciativa, impulsada conjuntamente por la Presidencia y los ministerios de Justicia e Interior, busca abrir una vía rápida de desarme y sometimiento a la justicia para estructuras criminales de gran impacto, entre las que destacan los Comandos de la Frontera.
Según dio a conocer el ministro de Justicia, Iván Cancino, los acercamientos ya se encuentran en una fase operativa mediante mesas de trabajo concertadas con la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y diversas autoridades del sector. El jefe de la cartera ministerial enfatizó que el diseño legal está estructurado bajo lineamientos estrictos para evitar dilaciones o vacíos jurídicos: no contempla esquemas de impunidad, descarta los procesos de negociación prolongados en el tiempo y fija límites claros a los beneficios penales, evitando rebajas de penas desproporcionadas para los integrantes de estos grupos megastructurados.
