Guillermo Alfonso Jaramillo, el primer ministro bajo la lupa de la Comisión de Acusación
En un giro jurídico sin precedentes, el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha quedado en el ojo del huracán legislativo. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara abrió una indagación previa en su contra, un hecho calificado como «inédito», dado que esta célula judicial normalmente solo tiene competencia para investigar al Presidente de la República y otros altos aforados, pero no a ministros.
¿Por qué la Comisión de Acusación investiga a un ministro?
El punto clave radica en los hechos ocurridos a finales de octubre de 2025. En ese momento, Jaramillo no actuaba como titular de la cartera de Salud, sino como Presidente delegatario ante la ausencia de Gustavo Petro por un viaje al Medio Oriente. Bajo ese rol excepcional de funciones presidenciales, el ministro firmó la posesión de Bernardo Camacho como Superintendente de Salud, un acto que hoy lo tiene rindiendo cuentas.
La denuncia, que también está en manos de la Fiscalía y la Procuraduría, advierte que Jaramillo habría ignorado una «hoja de vida manchada» al momento de nombrar a Camacho. Según el expediente conocido por La FM, sobre el nuevo superintendente pesaban irregularidades de su época como interventor de la Nueva EPS.
Récord de arrestos: Más de 500 días de órdenes de arresto por desacatos judiciales.
Multas millonarias: Sanciones superiores a los $2.177 millones por incumplimiento de tutelas.
Dudas financieras: Se investiga el origen de los fondos usados para pagar dichas multas, insinuando un posible uso indebido de recursos de la salud.
A la controversia de las multas se suma el cuestionamiento ético y legal liderado por sectores de la oposición. Se alega que Camacho estaba inhabilitado para el cargo, ya que pasaba directamente de ser el interventor de la entidad más grande del país (Nueva EPS) a ser su máximo vigilante en la Supersalud.
«El ministro posesionó a Camacho pese a que los hechos eran objetivos y verificables», señala la denuncia, enfatizando que se vulneró el principio de transparencia administrativa.
Guillermo Alfonso Jaramillo se ha defendido asegurando que nunca ha abusado del poder ni cometido delitos. Sin embargo, al ser investigado bajo el fuero presidencial, el proceso adquiere una relevancia política máxima. La Comisión deberá determinar si el ministro incurrió en una falta al posesionar a un funcionario que, aparentemente, no cumplía con los requisitos de idoneidad o se encontraba inhabilitado, poniendo en jaque una de las carteras más sensibles del Gobierno Nacional.
