IPS de garaje estaban estafando por 80 mil millones en el Caribe: 28 en Atlántico, cinco en Córdoba y una en Magdalena
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), denunció una posible estafa por cerca de 80 mil millones de pesos por parte de 36 Instituciones Prestadoras Servicios (IPS) de garaje que facturaron servicios de salud, según El Colombiano.
La mayoría de estas IPS tiene su ubicación en la región Caribe: 28 municipios de Atlántico, cinco de Córdoba y uno en Magdalena. De las que se les suspendieron los pagos, solo a nueve se les resolvió favorablemente y cuatro más se encuentran en estudio.
En el material fotográfico compartido por la Adres, las sedes registradas de algunas de esas IPS eran droguerías de barrio, tiendas, restaurantes y casas con venta de minutos.
Pero de 52 instituciones, 26 no presentaron recurso de reposición y por tanto, la suspensión de los pagos quedó en firme. Mientras tanto, a diez que sí presentaron el recurso, les fue resuelto desfavorable, y las otras tres están siendo notificadas.
Las antes anotadas son sedes que no contaban con la infraestructura adecuada para prestar esos servicios y que hicieron reclamaciones por accidentes de tránsito de vehículos sin SOAT.
Las mencionadas sedes están en distintas zonas del país, según la Adres, tenían registro de habilitación para prestar servicios.
El director de la Adres, Félix Martínez, le pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar a 36 instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) por no contar con la infraestructura física necesaria para ello, a pesar a tener registro de habilitación para prestar los servicios.
El funcionario dijo que, el 12 septiembre de 2024, la entidad ordenó suspender los pagos a 52 hospitales y clínicas que radicaron cuentas por más de $70.000 millones de pesos.
Lo anterior, en virtud de que las auditorías realizadas desde 2023 evidenciaron que no contaban con infraestructura física al momento de realizar visitas en terreno. A todas estas reclamantes se les solicitó demostrar que tenían las capacidades para tal fin.
La Adres precisa que, las 36 IPS pretendían apropiarse ilegalmente de recursos de la salud por $79.511 millones, pretensión que se impidió mediante los controles recién establecidos.
Los cuales incluyeron desarrollos tecnológicos e informáticos capaces de señalar anomalías y desviaciones de las tendencias, como la implementación de auditorías en terreno para comprobar las irregularidades.
Las investigaciones se iniciaron debido al aumento desmesurado en la presentación de reclamaciones por servicios médico–quirúrgicos prestados a supuestas víctimas de accidentes de tránsito.
Estos estaban relacionados con vehículos sin el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) o fantasmas, una modalidad de fraude al sistema de salud muy repetido en distintas zonas del país.
Las conclusiones que se presentaron a la Fiscalía son el resultado de las tareas de auditoría en terreno por parte de tres firmas contratadas en 2024 por la Adres y un equipo interno de auditoría concurrente.
En ese momento se validaron las reclamaciones, junto a una labor de contrastación de la información por parte del Grupo de Innovación y Analítica de la entidad.
En el grupo de IPS que le facturaron a la Adres por la atención de heridos por accidentes de tránsito, sin contar con la infraestructura física que hiciera posible prestar servicios incluye a entidades registradas bajo el nombre de Grupo Soluciones RyM, Esperanza y Salud Integral SAS, Soltusalud IPS SAS y Health Médica Vital IPS SAS.
