“Me exigieron acusar a ministros”: Sandra Ortiz denuncia presiones de la Fiscalía en el caso UNGRD
Desde su reclusión en la Escuela de Carabineros en Bogotá, la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz , rompió el silencio con una grave acusación: asegura que su imputación y medida de aseguramiento son el resultado de una presión política por parte de la Fiscalía General de la Nación, al no haber entregado testimonios contra altos miembros del gabinete del presidente Gustavo Petro.
Ortiz, señalada como la presunta «mensajera» de $3.000 millones destinados a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, afirmó que el ente acusador le condicionó su libertad a cambio de pruebas incriminatorias.
“Me dijeron: si usted no acusa a ministros y no tiene chats, la vamos a imputar. Entendí que esto no era un tema jurídico, sino político”, sentenció Ortiz durante la audiencia, sugiriendo que su situación es una represalia por su cercanía al Jefe de Estado.
A pesar de sus declaraciones, la justicia mantiene un cerco firme sobre la exconsejera. Ortiz enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias, en un proceso que hoy se encuentra en la etapa de audiencias preparatorias.
Mientras tanto, la defensa aguarda que el Tribunal Superior de Bogotá resuelva una apelación contra la medida de aseguramiento, intentando desmontar la tesis de la Fiscalía que la ubica como pieza clave en el engranaje de corrupción de la UNGRD.
