Pacto Histórico respalda Emergencia Económica y pide a la Corte Constitucional validar el Decreto 1390
La coalición de gobierno, el Pacto Histórico, emitió un comunicado oficial en el que manifiesta su respaldo unánime al Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en Colombia por un periodo de 30 días.
El bloque oficialista argumentó que la medida es una respuesta necesaria ante la «crisis fiscal estructural» generada por el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso, hecho que dejó un vacío de 16,3 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación para 2026. Según el Pacto Histórico, este bloqueo legislativo puso en riesgo inminente la prestación de servicios esenciales como la salud, la seguridad alimentaria y los subsidios de energía para los sectores más vulnerables.
En el documento, la coalición hace un exhorto directo a la Corte Constitucional para que avale la legalidad de la declaratoria. Sostienen que el decreto se ajusta al artículo 215 de la Constitución, argumentando que los mecanismos ordinarios fueron insuficientes para conjurar una perturbación que amenaza la estabilidad macroeconómica del país.
«El Gobierno Nacional optó por no trasladar el ajuste fiscal a la gente ni recortar la inversión social», señala el comunicado, subrayando que la emergencia busca proteger los derechos fundamentales por encima de las rigideces normativas.
La declaratoria permite al Ejecutivo adoptar medidas urgentes, como la creación o modificación de tributos y la reasignación de recursos, para cubrir gastos ineludibles en salud (especialmente la financiación de la UPC para 2026) y la atención de desastres. El Pacto Histórico enfatizó que el presupuesto actual es «inflexible» en más de un 93%, lo que obligaba a una acción extraordinaria para evitar consecuencias «irreparables» en la economía nacional.
Con este respaldo, el oficialismo cierra filas en torno al mandatario mientras se espera el inicio del control político en el Senado y la revisión técnica del alto tribunal.
