PNG abre investigación contra Irene Vélez por presuntas fallas en el control de la hidroeléctrica Urrá
La Procuraduría General de la Nación oficializó la apertura de una investigación disciplinaria contra Irene Vélez, actual directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y otros seis funcionarios de alto nivel. El proceso busca determinar presuntas omisiones en el control y seguimiento del proyecto hidroeléctrico Urrá I, tras las devastadoras inundaciones que afectaron la cuenca del río Sinú en febrero de 2026.
A diferencia de la tesis de un desastre natural fortuito, el ente de control sostiene que la emergencia fue la materialización de un riesgo previamente identificado. Según el informe de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, las autoridades y la empresa URRÁ S.A. E.S.P. habrían actuado con negligencia al ignorar las alertas técnicas y los protocolos de seguridad del embalse.
La investigación apunta a una serie de fallas técnicas y administrativas que habrían agravado la situación:
Prioridad económica sobre la seguridad: Se presume que la empresa priorizó la generación de energía eléctrica por encima de la regulación de caudales necesaria para proteger a las poblaciones ribereñas.
Violación de límites técnicos: El embalse habría operado recurrentemente por encima de la curva Guía Máxima establecida por la Comisión Nacional de Operación (CNO), superando los niveles de seguridad permitidos.
Fallas en alertas tempranas: El ente de control identificó deficiencias críticas en la ejecución de los planes de gestión del riesgo y una respuesta tardía en los sistemas de contingencia.
Además de Irene Vélez, la medida vincula a directivos de la Superintendencia de Servicios Públicos, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) y la propia hidroeléctrica. La Procuraduría enfatizó que la evidencia documental sugiere que no se trató de un evento imprevisto, sino de un incumplimiento sistemático del Plan de Manejo Ambiental (PMA).
Con esta decisión, se abre una etapa probatoria para establecer si existió dolo o culpa gravísima por parte de los funcionarios encargados de vigilar la operación de la represa, en un caso que pone en entredicho la eficacia de los controles ambientales en el país.
