Registraduría Analiza Impacto del Fallo que Frenó la Consulta Presidencial del Pacto Histórico.
El Registrador Nacional, Hernán Penagos, informó que la entidad electoral está evaluando las implicaciones legales y administrativas del reciente fallo del Tribunal Superior de Bogotá que puso en jaque la consulta interna del Pacto Histórico, programada para el 26 de octubre de 2025.
Aunque la Registraduría aún no ha recibido la notificación oficial de la decisión judicial, Penagos aseguró que su equipo jurídico ya está «avanzando en el estudio de esta decisión» y que pronto emitirá un pronunciamiento definitivo sobre el futuro del proceso.
El Registrador enfatizó la complejidad de la logística electoral con el tiempo en contra: «Este tipo de consultas tienen un nivel de alta exigencia desde el punto de vista administrativo por el corto tiempo de preparación».
La incertidumbre surge luego de que el Tribunal Superior de Bogotá declarara improcedente una tutela interpuesta por precandidatos del Pacto Histórico (inicialmente por Carolina Corcho y Gustavo Bolívar). Esta tutela había sido clave porque previamente permitió que los aspirantes, entre ellos Corcho, el senador Iván Cepeda y el exalcalde Daniel Quintero, se inscribieran a pesar de las objeciones del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El CNE había puesto en duda la participación de la coalición en una consulta popular por un requisito fundamental: el Pacto Histórico había solicitado el reconocimiento de su personería jurídica como partido político apenas en junio de 2025. El fallo del Tribunal Superior de Bogotá terminó dándole la razón al CNE y tumbó la medida provisional que había avalado la inscripción.
A pesar de la decisión judicial, los precandidatos Daniel Quintero y Carolina Corcho han insistido en que la consulta sigue «en firme» y que el fallo no ordena la suspensión explícita del proceso. Por su parte, el presidente Gustavo Petro se pronunció en redes sociales citando a Quintero e insistiendo en que «La consulta popular del Pacto Histórico está vigente», elevando la controversia sobre la legalidad de la jornada.
La decisión de la Registraduría es crucial, pues se requiere de una logística electoral robusta para que los más de 520 precandidatos inscritos (tanto presidenciales como al Congreso) puedan participar en el certamen del 26 de octubre.
