Relevan a procurador de Cúcuta tras oponerse a la legalización de capturas por el crimen de Yulixa Toloza
La Procuraduría General de la Nación apartó de forma fulminante a Carlos Arturo Chávez, procurador 89 Judicial II Penal de Cúcuta, del caso que investiga el feminicidio de la joven Yulixa Toloza. La drástica medida, adoptada directamente por el procurador general Gregorio Eljach, se dio luego de que Chávez impugnara la legalización de captura de dos de los principales sospechosos, una postura que desató indignación en la Fiscalía y encendió las alarmas por el riesgo de que los procesados quedaran en libertad debido a un tecnicismo.
El detonante de la crisis ocurrió durante la audiencia de control de garantías en Cúcuta. Allí, Chávez apeló la decisión judicial que avalaba los arrestos de Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, argumentando supuestas fallas que viciaban la validez del procedimiento. La reacción de la Fiscalía fue inmediata y contundente: la fiscal del caso, Juana Acosta, tildó de «absolutamente irrespetuoso» el actuar del procurador, reclamándole públicamente haber atacado la legalidad de las detenciones sin haberse tomado el tiempo de revisar el expediente completo.
Ante el choque institucional y para blindar el avance del proceso, el Ministerio Público intervino de urgencia. A través de una resolución firmada por el procurador delegado para asuntos penales, Óscar Hernández Salazar, se ordenó la creación de una agencia especial basada en Bogotá. Con esta maniobra, el expediente fue retirado de la jurisdicción de Cúcuta y asignado al titular de la Procuraduría 36 Judicial II Penal de la capital, garantizando que un «formalismo» no termine beneficiando a los investigados con una excarcelación indeseada.
La nueva agencia especial de Bogotá asumirá el control total de las pesquisas no solo contra Hernández y Sequeira, sino también contra los demás implicados en el crimen. Entre ellos se encuentran Edinson Torres, María Fernanda Delgado y Eduardo Ramos, quienes actualmente permanecen retenidos en Venezuela a la espera de que se resuelva su trámite de extradición a Colombia.
