Sandra Ortiz regresa al Congreso a pedir préstamos tras recuperar su libertad » Vine a pedir plata prestada»
La exconsejera presidencial, imputada por lavado de activos y tráfico de influencias, reapareció en los pasillos del Congreso argumentando una severa crisis de iliquidez tras recuperar su libertad.
La fisonomía del poder en el Capitolio Nacional registró este martes un contraste difícil de ignorar. Sandra Ortiz, quien en los albores del actual Gobierno se paseaba por las comisiones legislativas como la poderosa e influyente Consejera Presidencial para las Regiones, volvió a pisar el epicentro de la política de una forma radicalmente distinta: desprovista de su antiguo ropaje oficial, procesada por la justicia y buscando auxilio económico entre sus antiguos conocidos.
La exfuncionaria, vinculada formalmente por la Fiscalía General de la Nación en el entramado de corrupción que desvalijó las arcas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), sorprendió a legisladores, asesores y reporteros al transitar por las comisiones y pasillos del complejo legislativo. Lejos de las agendas programáticas y las negociaciones de las reformas gubernamentales que antes lideraba, los motivos de su visita actual obedecen a un panorama estrictamente personal y financiero.
“Vine aquí al Congreso de la República, primero, a activar mis cuentas. Aquí está mi cuenta de origen. Entonces, vine a pedir plata prestada y activar mis cuentas. Es un préstamo porque estoy liquidada; duré dos años sin trabajar. Yo vivo de mis salarios”.
— Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones
El argumento de la exconsejera apunta a las secuelas de un proceso judicial que la mantuvo privada de la libertad durante casi veinticuatro meses, una condición de la que apenas emergió hace unas semanas tras obtener un cambio en su estatus de reclusión. Según sus propias declaraciones ante los medios institucionales, el largo periodo de parálisis laboral y los bloqueos inherentes a las indagaciones financieras le han generado un estado de asfixia económica que la obligó a recurrir a su «cuenta de origen» en el Congreso para reactivar canales monetarios y solicitar créditos personales.
No obstante, la escena en los pasillos no logra disociarse de la gravedad de los cargos que pesan en su contra. La justicia penal mantiene una sólida imputación en su contra por los presuntos delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. El núcleo de la tesis fiscal apunta a que Ortiz habría operado como una pieza de engranaje clave —un «enlace de confianza»— para transportar y entregar la millonaria suma de 3.000 millones de pesos en efectivo a Iván Name, en ese entonces presidente del Senado. El propósito de dichos fondos, presuntamente extraídos del erario de la UNGRD a través de contratos sobrevalorados como el de los carrotanques de La Guajira, habría sido aceitar el trámite y asegurar los votos necesarios para las reformas de la administración central.
