Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada destapa infiltración criminal en empresas de seguridad y ordena suspensión de licencias
En una acción contundente contra la ilegalidad en el sector de la vigilancia privada, el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Larry Álvarez Morales, anunció la suspensión de 31 licencias de funcionamiento a empresas presuntamente infiltradas por estructuras criminales.
Entre las decisiones adoptadas se encuentran medidas contra compañías en distintas regiones del país, como Barranquilla, sede de las empresas Atenas Seguridad Privada Ltda. y Maximus Seguridad Privada Ltda., a las cuales se les canceló la licencia en fallo de primera instancia.
Adicionalmente, la Superintendencia informó que próximamente ocho empresas más van a ser sancionadas como resultado de investigaciones en curso.
«Todas las actuaciones se adelantan garantizando el debido proceso, pero bajo una postura firme frente a cualquier irregularidad» explicó el superintendente Larry Álvarez, señalando que «el patrón identificado muestra empresas que obtienen licencias legales para operar, pero posteriormente ponen personal, armas o recursos al servicio de organizaciones ilegales».
En el marco de investigaciones judiciales se han detectado armas autorizadas vinculadas a hechos delictivos y personal relacionado con estructuras criminales. Estas prácticas podrían estar asociadas a delitos como el lavado de activos y otras economías ilegales, lo que refuerza la gravedad de los hallazgos.
Uno de los pilares de esta ofensiva ha sido la articulación con entidades del Estado, especialmente con el sector Defensa y la Fiscalía General de la Nación.
Este trabajo conjunto ha permitido:
Fortalecer el control de armas en manos de particulares
Avanzar en investigaciones con impacto judicial
Mejorar el cruce de información para detectar irregularidades
