En Audiencia Pública en esta subregión, convocada por el senador Julián Gallo, pobladores de los municipios de La Unión, San Marcos, El Roble, Sahagún y Pueblo Nuevo, tuvieron oportunidad de expresar sus opiniones y denuncias ante el compromiso firmado en 2015 con ésta multinacional, a pesar de inasistencia de funcionarios del gobierno nacional citados al ejercicio democrático.
Por Nancy Piedad Sánchez Pérez
Este fin de semana, en el municipio de La Unión – Sucre, se llevó a cabo Audiencia Pública descentralizada convocada por el senador Julián Gallo, Partido Comunes, en torno al Acuerdo Jobo, celebrado entre las comunidades organizadas de los municipios de La Unión, San Marcos (Sucre), Sahagún, Pueblo Nuevo (Córdoba) y la Multinacional CANACOL ENERGY, en el que se pactaron 40 puntos, distribuidos entre 17 aspectos laborales, 17 en el ámbito social, 4 ambientales y 2 de bienes y servicios, que los pobladores presentes consideran se han incumplido flagrantemente.
En la instalación del evento democrático, tras saludar a las comunidades presentes, el senador Julián Gallo lamentó la inasistencia de funcionarios del gobierno nacional, a quienes hizo un llamado vehemente, toda vez que, “no es una invitación, sino una citación, y están obligados a asistir a estos espacios democráticos… Nosotros, cuando éramos un partido de oposición, siempre reclamamos que los funcionarios llegaran a las audiencias a escuchar de viva voz a las comunidades; ahora que somos partido de gobierno, vamos a pedir una explicación por su inasistencia a esta audiencia pública, ya que estos espacios se convocan es para dar respuesta inmediata a las comunidades”, precisó.
Se refirió además, el senador del Partido Comunes, al compromiso de su bancada con las comunidades de Córdoba y Sucre, que han sufrido los impactos y efectos colaterales de la explotación de gas de esta multinacional energética, y expresó contundente que esto no se puede quedar en una conversación: “Vamos a seguir adelante con este proceso; los acuerdos Jobo tienen una larga trayectoria de lucha, de resistencia, de organización de las comunidades de estos municipios en defensa de lo que es fundamental hoy en día para modificar el modelo económico que nos impusieron hace más de 30 años y que ha causado tanto daño a los pueblos, la defensa del territorio, de las relaciones sociales que se tejen entre las comunidades, de la riqueza de la naturaleza, la defensa del ambiente, para que la vida se desarrolle en el planeta”, ratificó.
Y a manera de corolario, remató el senador Julián Gallo, ante unos pobladores ávidos de una voz esperanzadora, de una respuesta del Congreso y el Gobierno Nacional: “ Es así como el Presidente Gustavo Petro lo señala, de convertir al país en una potencia de la vida, productora de alimentos; eso tiene que ver con alejarnos de este modelo extractivista, minero energético, que ocasiona tantos daños a las comunidades”.
Por su parte, Silvano Calvo, delegado de la senadora Aida Avella Esquivel, Unión Patriótica, en su intervención, transmitió el mensaje de la congresista en el sentido que les preocupa que en los últimos 10 años el desarrollo de la industria del gas en estas regiones de Sucre y Córdoba, se pueda convertir de riqueza minera a un conflicto social y ambiental: “Es un reto que tiene hoy la humanidad, de hacer una transformación del modelo minero energético; un tránsito, como lo dijo el Presidente Gustavo Petro, de energías que contaminan a energías amigables con el medio ambiente, entre ellas el gas… Que puedan tener un equilibrio sostenible con la producción agropecuaria de los territorios, vocación de este territorio, que además es una reserva ambiental para el país, que no se puede destruir por la explotación del gas, sin desconocer su importancia para el desarrollo del país. Primero el agua; y el desarrollo debe ir acompañado de las comunidades”, precisó.
Por su parte, Daniel Lobo Arrieta, habitante de Sahagún, zona de influencia directa, manifestó con extrañeza la ausencia de los ministerios de Minas, del Interior y de Trabajo, “porque en el acuerdo Jobo hay incumplimiento en todos los aspectos, y por esta razón era importante su asistencia”, expresó. Hizo a su vez un balance de la producción del gas en los llamados Clarinetes, ubicados en el corregimiento de Rodania: Clarinete 2, produce 20 millones de pies cúbicos diarios; Clarinete 5, 18 millones de pies cúbicos; y Clarinete 7, 7 millones de pies cúbicos, y ante estas cifras cuestionó: “¿A Ustedes les parece justo, que ante tremenda producción, solo de Rodania, imagínense los demás pozos de la zona, que las vías de estos municipios estén dañadas, y no porque sea responsabilidad de CANACOL ENRGY, yo sé que la responsabilidad es de los alcaldes, pero las vías la utilizan con maquinarias pesadas”…
En su intervención, Lobo Arrieta hizo una denuncia pública con respecto a los PBC (Programas en Beneficio de las Comunidades), proyectos de Inversión Social que deben orientarse a contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las Zona de Influencia de las Operaciones: “La multinacional CANACOL ENERGY visita las comunidades y dice que los PBC cambiaron… Están engañando a nuestra gente; las personas que formaron parte de la construcción de los acuerdos Jobo en su momento han cambiado, y algunos no tienen conocimiento de ello, pero en ningún momento, ni por sanción presidencial, ni por directrices del ministerio, han cambiado. Los PBC, determinan las cuantías de inversión social que se deben hacer en las comunidades ¿A Ustedes les parece justo que en Clarinete 7 den 17 millones de pesos de inversión social? Es una miseria y una cachetada a la moral de un municipio”, reclamó.
Pidió por último que cuando el ministerio decida escuchar la situación, no lo haga a espaldas de las comunidades y solo invite a los alcaldes para que ellos decidan. Reiteró los incumplimientos del acuerdo Jobo ya que son generalizados, “cuando se habló de masificación de gas, no solo era para los municipios de Sahagún, San Marcos y la Unión; el acuerdo Jobo señala que en la medida del crecimiento de nuevos bloques, a los municipios de El Roble y Sampués, que son nuevos, también los cobija todos los beneficios consignados en el acuerdo”.
La comunidad de Zipataca se pronunció en la audiencia pública a través de su lideresa la Sra. Martha, quien denunció porqué esta reserva hídrica se ha visto afectada, porque la empresa PETROSEN, contratista de CANACOL, ha usurpado la ciénaga y sus arroyos y ha instalado veinte cargas; ya ha explotado 7, y todavía hay 13 sin explotar. La comunidad recogió los cables y las batería para impedir que exploten el resto de cargas… Han buscado a personas para que hagan el trabajo a escondidas de explotar el resto de cargas y no haya evidencia alguna. Ésta pobladora afectada, casi suplicó al Congreso y al Gobierno Nacional, a través del senador Julián Gallo: “No nos dejen morir, nuestra ciénaga es la que nos da de comer”.
A su vez, Oky Ricardo, Alguacil Mayor, pidió al gobierno nacional instalar mesas de diálogos para el cumplimiento de los acuerdos, y denunció el atropello y la barbarie que hizo la empresa PETROSEN en apoyo de CANACOL ENERGY con la sísmica de Charango 3D y Timbal 3D, y sostuvo finalmente: “Las quejas son sociales y ambientales”.
La Personera del municipio, Viviana Tejada, pidió, “que quede en acta que se convoque a ANLA y a la ANH como responsables directos de Las licencias ambientales y de los programas que se ejecutan en las diferentes regiones”.
Por su parte, Daniel Gaviria, en representación de la Vicepresidenta Francia Márquez, propuso que se cree un comité interdisciplinario de seguimiento y vigilancia al cumplimiento de los acuerdos, “para ver dónde se invirtieron, y a dónde llegaron esos recursos, y hacer una denuncia nacional e internacional sobre lo que está haciendo esta multinacional en el territorio; también, que se haga una denuncia pública ante los medios de comunicación que CANACOL y los alcaldes dejaron al pueblo sucreño tirado como una basura”, declaró vehemente.
Ante tantas y sentidas reclamaciones de los lugareños, el senador Julián Gallo expresó que se compromete a todo lo que se pueda hacer desde la bancada del Partido Comunes y del Pacto Histórico, para que esta problemática se ponga en conocimiento a través de los ministerios; y a su vez propuso que se nombre una delegación de líderes para que viaje a Bogotá y logren activar la mesa técnica de seguimiento al acuerdo, y así dar una solución directa.
También asumió el compromiso de recoger la información para elaborar unos derechos de petición para dirigirlas a los ministerios y las demás entidades que tienen que ver con la problemática, para llamar la atención de estas entidades; si no hay una respuesta, esos derechos de petición nos abren la puerta para hacer el ejercicio democrático de citar a debate de control político para que los ministerios den un respuesta y sean escuchados a través de sus dirigentes. Ratificó toda la disposición y el compromiso de hacer seguimiento a esta preocupante situación.
