Mes: mayo 2023

El senador Marcos Daniel Pineda García denunció un trato discriminatorio frente al anuncio de congelación de tarifas por parte de EPM realizado recientemente por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que no cobija a los usuarios de las empresas que prestan el servicio en región Caribe, a pesar de que estas hacen parte del Grupo EPM.

“No es justo que las regiones del país sigan siendo rehenes de las decisiones tomadas desde Bogotá y Medellín. Mientras el alcalde de Medellín anuncia la congelación de tarifas de energía por parte de EPM, cuatro millones de costeños esperamos un tratamiento no discriminatorio y un alivio necesario para nuestra región”, aseveró Pineda García.

El congresista agregó: “Mi pregunta es ¿por qué esta decisión se toma solo para Medellín y la costa Caribe operada por Afinia, que también hace parte del grupo EPM, no recibe el beneficio y sigue con unos incrementos desmedidos? ¿Dónde está entonces la justicia social? ¿la La equidad regional? ¿La empresa puede congelar tarifas solo donde están sus electores? Todos en el Caribe estamos mamados de este viacrucis”.

El Senador solicitó a la junta directiva de Afinia adoptar una medida similar para los usuarios de Córdoba Sucre y Bolívar. “En la Colombia Potencia Mundial de la Vida no se debe discriminar a los cerca de 4 millones de usuarios de esta región”, concluyó Marcos Daniel Pineda.

Luego del escándalo protagonizado por el senador en Cartagena el 2 de septiembre de 2022, la entidad abrió proceso disciplinario y falló en su contra.

Tras el escándalo que protagonizó el senador Alex Flórez el pasado mes de septiembre de 2022 en Cartagena, la Procuraduría le abrió un proceso disciplinario y finalmente falló en contra del congresista sancionándolo a 8 meses de inhabilidad especial por involucrar a un servidor público.

La Procuraduría falló en contra del congresista Álex Flórez por llamar “asesinos” a policías en medio de una borrachera en Cartagena el pasado 2 de septiembre de 2022. Durante el escándalo, Flórez los señalaba de ser responsables del asesinato de tres jóvenes en Chochó, Sucre, y tiempo después dijo que no se iba a disculpar por lo dicho.

Por esa situación, la Procuraduría le formuló un pliego de cargos por los comentarios de calumnia contra los uniformados, pues ellos no tuvieron ningún vínculo con lo señalado por el congresista. Así las cosas, luego de estudiar las pruebas, para el Ministerio Público fue claro que Flórez incurrió en una falta grave a titulo de dolo porque tenía conocimiento de lo que estaba haciendo, a pesar de que su defensa siempre trató de demostrar lo contrario aduciendo a un alto estado de alicoramiento. Sin embargo, para la Procuraduría no fue suficiente esa defensa y decidió emitir una sanción compuesta por una inhabilidad de 8 meses, decisión que estará suspendida hasta que el Consejo de Estado la revise y la defensa presente su apelación.

“El señor Flórez estuvo en Cartagena como congresista y consumió alcohol por un prolongado lapso de tiempo. A las 3 a.m se presentó en el hotel con una mujer pero no pudo ingresar por no portar su documento de identidad. Ante la negativa, aumentó la exaltación y se expresó contra el recepcionista pero el senador estaba alicorado y cada vez más exaltado. Ante la llegada de los uniformados, el senador arremetió contra ellos con expresiones calumniosas”, señaló Andrea Nataly Bermúdez, procuradora encargada.

Frente a eso, ya la defensa en audiencias anteriores, había alegado que precisamente el alto estado de alicoramiento del senador era una de las razones para no someterlo a una sanción porque no sabía lo que hacía. Durante su intervención, el abogado del senador presentó las pruebas recogidas que incluyen exámenes periciales y testimonios, tanto de los policías como de uno de sus escoltas, que confirman el estado de embriaguez del senador. Por eso, al momento de analizar el material probatorio, la defensa concluyó que no se podía hacer responsablemente penalmente de sus actos porque no tenía control de sus acciones a raíz de la ingesta excesiva de alcohol. Además, el abogado señaló que al llamarlos “asesinos” fue más bien contra la institución y no contra los tres uniformados.

Sin embargo, para el Ministerio Público esa no fue una razón válida. “No comparte la sala el argumento de la defensa en el sentido de que lo de asesinos no fue contra el uniformado sino contra la Institución, eso es desconocer todo el contexto”, se leyó en el fallo.

Así las cosas, en el caso de Álex Flórez, la Procuraduría estableció que existen dos atenuantes: la ausencia total de antecedentes y haber resarcido el daño por iniciativa propia. En ese mismo sentido, dejó sentados dos agravantes porque se demostró que el senador causó grave daño social estructurado en el cargo que ocupa, es decir de congresista, algo que para el Ministerio Público es un detalle importante porque es uno de los más altos del Estado, por lo que se espera mayor ética y transparencia por parte de los funcionarios públicos. Además, la conducta de Flórez “dio un mal ejemplo a la sociedad y afectó los derechos fundamentales de los agentes: su dignidad”.

Luego de las consideraciones, el Ministerio Público resolvió declarar disciplinariamente responsable a Álex Flórez como autor de la falta grave cometida a título de dolo. Imponer la sanción de suspensión e inhabilidad especial durante 8 meses por involucrar a un servidor público. Esa inhabilidad estará suspendida hasta que el Consejo de Estado la revise y se pronuncie.

Por su parte, el senador aceptó la responsabilidad de los hechos pero accedió al recurso de apelación. “Fue algo que nunca debió ocurrir, fue un estado lamentable. Acepto la sanción porque me la merezco, es un ejemplo para el país, porque nadie debe estar por encima de la ley y eso me incluye a mi. Haremos uso del recurso de apelación para que revisen el tiempo de la sanción, quisiera volver antes al ejercicio de mis labores.

Ajusto ya 9 meses de una transformación personal de no consumir alcohol y quiero reiterar el pedido de disculpas a la Policía Nacional y a los colombianos, a mis colegas del Congreso por haber defraudado las expectativas que depositan en nosotros”, dijo Flórez.

_• El Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, resaltó que la aprobación en primer debate del proyecto de ley que transforma la salud en Colombia mantiene su estructura original, con la prevención y promoción como el pilar fundamental._

_• Afirmó que “ha habido un triunfo de la gente, de la gente de a pie”, que es el sector de la población más afectado por la falta de acceso a los servicios de salud._

Luego de la aprobación en primer debate del proyecto de ley para la transformación del sector salud en el país, el Gobierno del Cambio busca seguir concertando en el Congreso de la República para lograr el mayor consenso y entregarles la mejor salud a los colombianos y colombianas, con énfasis en los sectores más vulnerables.

Así lo indicó este miércoles el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en entrevista con Colombia Hoy Radio, espacio informativo de la Presidencia de la República en el que afirmó: “Hemos ido conciliando puntos para que la reforma se vaya mejorando, de acuerdo a que no estamos interesados en imponer, sino en lograr el consenso más importante para que los colombianos tengan la mejor salud”.

Al respecto explicó que “logramos consensuar desde atender a los pacientes, a las IPS, a las EPS, a los trabajadores, a los campesinos, a los afros, a los indígenas, a los sectores políticos y a la sociedad para que, entre todos, hubiéramos paulatinamente llegado a un acuerdo”.

El titular de la cartera de Salud resaltó que este consenso favorable se ha logrado al tiempo que se mantiene “la estructura, como la ha planteado el señor Presidente” y “vamos a continuar por ese camino”.

Igualmente, destacó que se logró “consensuar un tema que tenía que ver con hacerles llegar algunos recursos a los entes territoriales, departamentales y distritales, para que puedan planificar y tener cómo organizar y coordinar todos estos nuevos e importantes trabajos en lo que van a hacer la atención primaria, que es la fortaleza del proyecto de reforma”.

*Un triunfo de la gente de a pie*

El titular de la cartera de Salud destacó, además, que este primer paso favorable de la iniciativa en el Legislativo significa que “ha habido un triunfo de la gente, de la gente de a pie”, que es el sector de la población más afectado por la falta de acceso a los servicios de salud.

“Eso no es de imposición sino de consenso, de diálogo, de entendimiento, manteniendo, por supuesto, las líneas muy claras de qué es lo que hoy nuestro Presidente Gustavo Petro desea, que es, vuelvo y repito, hacer llegar la salud a los rincones más abandonados y desprotegidos del país”, sostuvo.

En este sentido, subrayó que “este proyecto de ley, esta reforma a la salud, tiene que ver muy especialmente con favorecer a la gente de a pie”, ya que “hay muchos sitios recónditos a donde no llega el médico o el odontólogo, no llega la atención, no tienen cómo sacar sus enfermos”.

Y agregó: “Tenemos que entender que hay un país que es urbano y hay un país que es rural”, con “700 municipios que hoy están desprotegidos y en donde queremos lograr esa posibilidad”.

De acuerdo con el Ministro Jaramillo, “hacia allá estamos orientando eso, y el Presidente así lo ha querido. El grupo ministerial, en cabeza de la doctora Carolina Corcho (exministra de Salud), con su equipo de trabajo, hicieron la tarea, nosotros la hemos continuado y aspiramos a que, entrando ya a plenaria de la Cámara, podamos seguir concertando” para hacer realidad la transformación de la salud en Colombia.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Emilio Tapia Aldana por su presunta participación en distintos actos de corrupción identificados en el trámite y celebración de contratos que se seguían en dos entidades públicas distintas.

De esta manera, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción agrupó tres procesos que se seguían en contra de Tapia Aldana, en los que quedaron en evidencia maniobras ilíicitas similares para quedarse con la contratación pública y apropiarse de recursos destinados a cubrir las necesidades ciudadanas.

Dos de los eventos que se le atribuyen al procesado están relacionados con el contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información Comunicaciones (MinTic) y la unión temporal ‘Centros Poblados’, el cual pretendía llevar Internet a 7.000 escuelas rurales.

Tapia Aldana habría contactado a dos personas para que prestaran los nombres, experiencia y capacidad financiera de sus empresas para conformar la unión temporal. A cambio, les pagaría 4.000 millones de pesos. De esta manera, ‘Centros Poblados’ se constituyó, licitó y con la información falsa sobre su conformación, indujo a error a los funcionarios de MinTic que le otorgaron el contrato.

Estas entidades no tendrían ninguna participación en el contrato, pero su presencia era determinante para reunir los requisitos esenciales para garantizar la adjudicación de la millonaria licitación.

Posteriormente, el hoy acusado, al parecer, conoció de la obtención de pólizas falsas para respaldar ante MinTic la seriedad de la oferta, la firma del contrato y recibir un desembolso de 70.000 millones de pesos, por concepto de anticipo.

En la investigación se conoció que Emilio Tapia Aldana recibió 6.182 millones de pesos de los recursos iniciales entregados a la unión temporal. De esta suma, presuntamente, giró 1.118 millones de pesos a los dueños de las empresas que vendieron la experiencia de sus compañías.

 El resto, algo más de 5.064 millones, los habría usado para gastos no plasmados en el plan de inversión como compra de obras de arte, apartamentos, tiquetes aéreos, vehículos de gama alta, y el pago de honorarios a abogados.

Por estos hechos, la Fiscalía lo acusó por los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado.

Con respecto a Inconsistencias en proyectos de tratamiento de agua en Cali, el material probatorio indica que Tapia Aldana estaría involucrado en la falsificación de varios documentos que fueron presentados en procesos licitatorios surtidos ante las Empresas Municipales de Cali (Emcali), en 2021, para desarrollar dos proyectos relacionados con la planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino fase uno, los cuales ascendían en valor a 3.798 millones de pesos y 2.414 millones, respectivamente.

Uno de los requisitos exigidos a los oferentes era presentar el aval comercial de un banco que garantizara un crédito por el 30% del valor de cada uno de los contratos. Esta obligación no la cumplía el consorcio del hoy procesado. Por esta razón, habrían sido adulterados dos papeles denominados Certificados de Cupo de Crédito Aprobado, los cuales fueron presentados como soporte ante Emcali.

De esta manera, los funcionarios públicos incurrieron en error y permitieron que las empresas de Tapia Aldana participaran en la licitación y se quedaran con los contratos.

En ese sentido, la Fiscalía los acusó por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado.

Desde las Comisiones Económicas del Congreso de la República, el Representante a la Cámara por Córdoba, Wadith Manzur, mostró su inconformismo y señaló que las miradas del Gobierno no están puestas en la costa caribe.

Manzur manifestó que se destinarán recursos para proyectos en Bogotá, mientras que en la costa, los recursos serán nulos para problemáticas como el servicio de la energía y el injusto cobro de la inscripción para ingresar a la universidad pública.

“El Gobierno Nacional le dio aval a un artículo que puede costar unos 17 billones de pesos para construir el metro subterráneo de Bogotá y a mí me fueron negadas dos proposiciones, para que los estudiantes no tuvieran que comprar un bendito pin para poder ingresar a la universidad”, enfatizó.

Por otro lado, el representante también indicó que le rechazaron un aval para mitigar el problema de la energía en la costa.” Me negaron el aval por unos quinientos mil millones de pesos para poder corregir el servicio de la energía en toda la costa caribe y lograr que el Estado asumiera el costo de las perdidas no técnicas que es lo que está asfixiando hoy a todos los costeños” , precisó.

El Congresista, dejó en evidencia su descontento ante el Gobierno Nacional por no encontrar un plan de inversión en el Plan Nacional de Desarrollo para atender y resolver las grandes necesidades que atraviesa la costa caribe.

De la fuerte pelea que tuvieron el presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa todavía quedan algunos roces. En su más reciente entrevista para Noticias RCN, el mandatario volvió a referirse al episodio que involucró hasta las altas cortes, reiteró su posición de jefe de Estado y pidió un informe detallado sobre lo que ha hecho la Fiscalía con los asesinatos de líderes sociales.
Durante un viaje presidencial a Guainía, el director de ese medio, José Manuel Acevedo, preguntó por la relación que ahora mantiene el presidente Petro con Barbosa y sobre la posibilidad de volver a conversar. Frente a eso, Petro respondió que la hora del diálogo se terminó.
“Yo hablé con él mucho. Siempre de buena manera. Incluso caso que accedí a temas que a mí me parecían de preorgullo porque ya los teníamos, pero él armaba un problema de algo que nosotros no habíamos producido. Yo aceptaba y le decía: no tranquilo, y salía a la prensa como si nos estuviera enseñando, pero en realidad eso se agotó”, aseguró el mandatario.

Así mismo, Petro se refirió al tema que desató inicialmente la disputa con Barbosa: la impunidad, y aseguró que va a pedir un informe detallado sobre lo que se ha hecho frente al asesinato de líderes sociales, argumentando que la Constitución se lo permite.

“Hay una inmensa realidad que ya no puede resolver, así quisiera, por los tiempos de ejercicio que quedan de su cargo. Y es la impunidad. Si queremos reducir el crimen en el tiempo y su barbarie, pues hay que acabar con la impunidad (…) La Constitución me permite solicitar informes sobre hechos que alteran el orden público. Quiero un informe pormenorizado sobre lo que ha hecho la Fiscalía al respecto”, dijo Petro. Además, concluyó que según los resultados de ese informe, van a tomar medidas en el asunto.