Mes: noviembre 2023

• La directora de Prosperidad Social intervino en el panel Economía popular, ¿una solución a la igualdad?, en el foro Misión 2024 Tendencia Colombia, que fue organizado por Prisa Media.

• Prosperidad Social destinó 341.134 millones de pesos a programas de inclusión productiva para 2024. Es 27, 2 % más del presupuesto asignado para 2023.

“La solución a la pobreza es generar productividad en los territorios e incluir la economía popular al sistema productivo del país”. La declaración es la directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia, que estuvo encargada de exponer las intenciones y las acciones que tiene en marcha el Gobierno del Cambio para ofrecer soluciones duraderas a la población vulnerable, este lunes, en el foro Misión 2024 Tendencia Colombia.

“La apuesta del Gobierno del Cambio es promover la productividad en la gente, para que empiece a generar ingresos, y formalizar a las pequeñas empresas. Las transferencias y los subsidios son una ayuda, que sirve de transición y de respuesta a las crisis, pero las políticas asistencialistas no van a generar transformaciones duraderas”, dijo.

De acuerdo con Sarabia, aunque la informalidad es muy alta ahora, les corresponde a las instituciones que esta se transforme, “con asociatividad y apoyo, para que los trabajadores informales se integren a los sistemas productivos”. La directora de la entidad intervino en el panel Economía popular, ¿una solución a la igualdad?, en el que también participaron Jaime Dussán, presidente de Colpensiones; María Clara Hoyos, presidente Asomicrofinanzas; y Mauricio Lizcano, ministro de las TIC. El foro fue organizado por Prisa Media.

Sarabia insistió en la necesidad de hacer alianzas ambiciosas entre el Estado, el sector privado y la economía popular, para ofrecer soluciones inclusivas y transformadoras. “Son importantes los empresarios, la banca, las organizaciones sociales. Necesitamos alinearnos y hacer sinergia entre todos para tener una economía popular real y productiva”, expresó. Recordó que el desarrollo de la economía popular fue uno de los temas centrales de la convocatoria al pacto nacional que les hizo el presidente Gustavo Petro a los empresarios, a los gremios y todos los sectores económicos.

“La alianza propuesta por el gobierno permitirá llevar soluciones de vivienda, soluciones de conectividad y soluciones educativas. Así nuestros territorios no dependerán de las transferencias monetarias, porque eso no los saca de la pobreza: sí puede ayudar a impulsar la asociatividad, para generar proyectos productivos”, agregó Sarabia.

Prosperidad Social tiene programas específicos de apoyo para la inclusión productiva. Para esto, asignó 341.134 millones de pesos en el presupuesto de 2024. Esto representa un incremento del 27,2 por ciento, con respecto al presupuesto asignado en 2023: 268.272 millones de pesos. Los recursos fortalecerán la oferta de programas como Familias en su Tierra, Iraca, Tiendas para la Gente, Negocios para la Paz o ReSA (Red de Seguridad Alimentaria), y el nuevo proyecto de Transferencias Hambre Cero. Estos programas apoyan unidades productivas conformadas por población vulnerable, como las víctimas de desplazamiento y las comunidades étnicas.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla se refirió sobre el porqué al país le puede generar un fenómeno del niño fuerte la necesidad de importar gas, pues según el alto funcionario, en los primeros análisis no habría suficiente gas interno por cuenta de este fenómeno por lo que se hace necesaria su importación.

Bonilla advirtió que Colombia requiere que las térmicas estén en marcha en el momento culminante del fenómeno del Niño que sería entre enero y mayo del 2024 pero dijo que es posible que ese evento climático se extienda hasta junio del año entrante, de allí la posibilidad de la importación de gas.

En este sentido, Venezuela y posiblemente más adelante Ecuador, serían economías claves en los planes de riesgo y protección a la soberanía energética que vienen estudiándose a manos del gobierno del presidente Petro.

Sobre ese plan, Bonilla sentenció que la importación de gas a Colombia tiene la opción de reactivar el contrato que se firmó en el año 2007 con Venezuela. “Nosotros sí les entregamos el gas y ellos no lo han devuelto. Este es el momento. Y tendríamos el gas para que las térmicas estén actuando”, sentenció Bonilla.

A la espera de que se definan los parámetros para la eventual importación de gas a Colombia, y en momentos en que no hay situaciones de estrés para la soberanía energética nacional, Bonilla explicó que se pueda ayudar a Ecuador.

Vale recordar que el gobierno de ese país le pidió al presidente Petro la ayuda por la crisis energética que se vive.

“La expectativa es que, en el momento en que tengamos el Fenómeno de El Niño, Ecuador haya superado su mal momento y nos pueda ayudar si eventualmente necesitamos un apoyo”, sentenció Bonilla.

La expectativa, lo ha mencionado el gobierno Petro, es que Colombia vea y tase los escenarios que le llevan a una importación de gas.

La delegación de paz del Gobierno Nacional para el proceso con el ELN anunció que el quinto ciclo de conversaciones se iniciará el próximo jueves 30 de noviembre en Ciudad de México, aunque el lugar exacto no ha sido confirmado.

En ese país se han realizado los cuatro ciclos anteriores, aunque el último –que terminó el 4 de septiembre pasado- se trasladó posteriormente a la ciudad de Caracas, Venezuela.

En su cuenta oficial de X, la delegación de paz​ confirmó que el quinto ciclo tendrá como tema central la erradicación del secuestro, práctica ilegal que generó la actual crisis del proceso con el ELN tras la retención ilegal de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista de la Selección Colombia Luis Díaz.

El ‘Mane’ Díaz fue secuestrado en su natal Barrancas, La Guajira, el pasado 28 de octubre y liberado 12 días después.

Por ese hecho, el entonces jefe de la delegación del Gobierno, Otty Patiño Hormaza, envió una misiva a su homólogo del ELN, ‘Pablo Beltrán’, expresando el “rechazo e indignación” que en el país generó este hecho, en la que además exige una “reunión urgente y extraordinaria” de las dos delegaciones antes de comenzar el quinto ciclo.

El pasado 3 de agosto las dos delegaciones suscribieron un cese el fuego por 180 días.

En los próximos días el presidente Gustavo Petro designará al nuevo jefe de la delegación de paz del Gobierno tras la salida de Danilo Rueda como Comisionado de Paz, cargo en el que lo sucederá Patiño Hormaza, hasta ahora jefe de la delegación en la mesa de diálogo con el ELN.

En carta dirigida a cada uno de los miembros de la comisión VII de la Cámara de Representantes, Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, propuso posponer el debate del proyecto de reforma laboral, por considerarla inconveniente e inoportuna, en momentos en que está en curso la negociación del salario mínimo legal.

De acuerdo con el vocero de los comerciantes, no es procedente discutir una reforma laboral en paralelo a la discusión del incremento del salario mínimo. Las consecuencias que esta reforma trae en materia de incremento de costos laborales, eliminación del derecho colectivo y la rigidez en la contratación, entre otras, podría ubicar a los empresarios en un difícil escenario con un aumento en sus costos laborales, entre un 30% a 40% para el año 2024, si se suma el incremento del salario mínimo y los efectos de la reforma laboral.

“Los empresarios se encuentran en una encrucijada como consecuencia de los altos impuestos, la contracción de la economía, las altas tasas de interés y el aumento del costo de vida. Así mismo, el alza del precio de la gasolina, que se viene registrando, y el del diésel y los peajes, que anunció recientemente el Gobierno, afectará sensiblemente la estructura de costos, lo que comprometería la viabilidad de muchas micro, pequeñas y medianas empresas del país y en consecuencia la generación de empleo formal”, afirmó Cabal.

De igual manera indicó, que cualquier decisión en materia del incremento del salario mínimo debe ser cautelosa y ponderada. Esta debe estar ajustada con base en la inflación y el índice de productividad para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores. Cualquier incremento adicional por encima, como ocurrió en los dos últimos años, puede traer efectos inflacionarios en momentos de desaceleración y contracción económica.

“La responsabilidad de cada uno de los congresistas con sus electores y con sus regiones en el trámite de estas reformas, como la laboral, va a ser determinante para el futuro económico, pero también político del país. Los ojos de todos los colombianos siguen con atención los debates y decisiones que se toman en el legislativo”, agregó.

Por último Cabal Sanclemente aseguró que la discusión del salario mínimo en el ámbito de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales es un trámite de orden constitucional y legal que, hasta ahora, ha permitido la discusión franca y respetuosa de los asuntos salariales. “El trámite de una reforma laboral, que no ha sido concertada con el sector productivo, dificultará las negociaciones, generando elementos adicionales a ser tenidos en cuenta por quienes hacen parte de la Comisión”, concluyó.

Una solicitud unánime al gobierno para que se tenga en cuenta al gremio arrocero con el fin de abordar con prontitud varios temas que son cruciales en el desarrollo del sector, hicieron los 19 presidentes de Comité de Arroceros de Fedearroz, que estuvieron reunidos al término de la semana anterior en el salón Rojo del Hotel Tequendama de Bogotá.

Los arroceros que representan las diferentes zonas productoras en el país coincidieron con el presidente de la junta directiva nacional de Fedearroz, el productor arrocero del Cesar, José del Carmen Rey Hernández, en que la situación de inseguridad como consecuencia de diversos hechos delictivos es crítica y merece una atención del gobierno a fin de no desincentivar esta actividad agrícola con miras a las siembras del 2024.

De igual manera, los presidentes de Comité, coincidieron en la necesidad de establecer un plan que lleve al sector a mejorar las condiciones de infraestructura, especialmente en materia de ampliación de riego, mejoramiento de vías terciarias y condiciones más favorables para incentivar la construcción de sistemas de secamiento y almacenamiento en finca, aspecto este último que tampoco ha avanzado, muy a pesar de existir una línea especial de crédito, ya que las tasas de interés son muy elevadas y los plazos muy reducidos, en consideración a los altos montos frente a los cuales deberían endeudarse los agricultores.

Por esta razón, otra de las peticiones en que coincidieron los productores arroceros, fue la solicitud para que se mantenga el incentivo al almacenamiento para los agricultores en el 2024, u otra herramienta con igual capacidad para brindar estabilidad a la comercialización de la cosecha el próximo año.

También se solicitó al Ministerio de Agricultura, el aval para refrendar los proyectos de asistencia técnica que con gran acierto viene implementando Fedearroz desde hace 10 años, proyecto que no ha sido posible retomar en el 2023.

 El Presidente de la Junta Directiva de la Federación recogiendo el sentir de todos los presidentes de Comité asistentes al encuentro nacional, expresó que “la dedicación desde nuestros campos es total, el fortalecimiento tecnológico sigue adelante y la disposición de contribuir gremialmente es permanente, pero seguimos necesitando el concurso del gobierno nacional, para que se mantengan los mecanismos que han servido para dar estabilidad de precios durante la cosecha y asimismo el soporte técnico para seguir avanzando en productividad, especialmente para los pequeños y medianos productores que somos la mayoría”, señaló el productor.

La asistencia técnica es un insumo determinante para aprovechar los avances que el gremio nos ofrece a través de programas de tanto valor como el de Adopción Masiva de Tecnología – AMTEC, reiteró el dirigente José del Carmen Rey.