Mes: mayo 2024

Por: Jairo Torres Oviedo
Rector de la Universidad de Córdoba

Recientemente, la Cámara de Representantes retomó el proyecto de reforma de los Artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que rige la educación superior. Recordemos, que hace un año, la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate la reforma de los Artículos en mención, para de esta forma, avanzar en un nuevo modelo de sostenibilidad financiera de la universidad pública; un paso importante en el trámite de una reforma demandada por el sector de la educación superior pública. Hay que indicar que, el actual modelo de asignación y distribución de recursos financieros para las universidades que conforman el Sistema Universitario Estatal SUE consta de varios componentes, como son: el presupuesto destinado al funcionamiento e inversión.

Los recursos de funcionamiento, orientado al crecimiento sostenible y provistos por el Estado para el funcionamiento de las universidades públicas, y, consta de cuatro factores: presupuesto para el funcionamiento con ajustes por diferenciales salariales, productividad docente; aumentos de cobertura y cierre de brechas interinstitucionales. Estos recursos financieros tienen un indicador de transferencia IPC. En este sentido, desde 2019 el SUE construyó un nuevo modelo de asignación de recursos financieros para la sostenibilidad de las universidades estatales, que impida los déficits anuales originados en los costos educativos superiores al IPC. Estos costos, han producido el desfinanciamiento estructural de la universidad pública, y una tendencia progresiva a la autosostenibilidad.

La construcción del Ices (Índice de la Canasta Educativa) como modelo de transferencias para la asignación estatal de recursos al SUE; reconoce la complejidad del sistema y su diversidad; a la vez que, propende por el cierre de brechas regionales, institucionales y sociales. Cuál es el contenido del modelo propuesto por el SUE: El nuevo modelo recoge las experiencias vividas por el sistema, desde la aprobación de la Ley 30 de 1992, con incrementos en cobertura, al pasar de 152 mil estudiantes en el año 1993 a 650 mil en 2023; esta ampliación de cobertura está acompañada de otros cambios como la formación de los profesores, investigación, internacionalización, acreditación de programas e institucional. Este crecimiento implicó un proceso de mejoramiento en los factores que constituyen la política de aseguramiento de la calidad. Todos los costos asociados a la educación superior pública de calidad tienen crecimientos superiores al IPC; generando un desfinanciamiento estructural. El actual modelo de transferencia de recursos financieros de la nación a las universidades públicas está soportado en el IPC; insuficiente para el financiamiento del SUE.

Por consiguiente, el nuevo modelo de financiamiento propuesto corrige el desfinanciamiento y permite la sostenibilidad. El Ministerio de Hacienda debe reconsiderar la negativa de viabilidad económica de la reforma de los Artículos 86 y 87; desconociendo lo consignado en la Ley 2294 de 2023, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo; donde quedó establecido en el Parágrafo del Artículo 122, lo siguiente: «El Ministerio de Educación Nacional priorizará en la reforma de los Artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, atender los fines misionales de estas instituciones, con criterio de cierre de brechas y atención de las regiones».

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

El aumento del riesgo en nuestro país y la ocurrencia de calamidades y desastres no solo provienen de la acción de la naturaleza, sino de la vulnerabilidad manifiesta de nuestro tejido socioeconómico y del deterioro a gran escala del medio ambiente y los recursos naturales, incrementado por el crecimiento demográfico y la inadecuada utilización del espacio geográfico.

La consideración de estos aspectos determina en gran medida la formulación de actividades destinadas a evaluar el riesgo y generar medidas de prevención y mitigación, que requieren de un accionar logístico y humanitario encaminado a la atención con prontitud y máxima eficiencia en aras de brindarle a las comunidades damnificadas soluciones prontas por parte de los gobernantes departamentales y municipales.

De ahí, la importancia de descentralizar la destinación de los recursos manejados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en casos de emergencias naturales que no son previsibles.

La centralización de la gestión y los recursos por parte del Gobierno Nacional, a lo largo de los años, ha mostrado repetidamente sus limitaciones en la atención de miles de colombianos afectados por las sequías, épocas de lluvia y demás calamidades como incendios, inundaciones o deslizamientos. Cuando un desastre golpea a un departamento o municipio, cada minuto cuenta, y en estos casos las lentitudes del centralismo pueden costar vidas.

Es por ello que ante calamidades como la de Cara de Gato se requiere de un actuar rápido en el que se logre una transferencia del nivel central hacia las zonas afectadas para que los gobernantes tengan la posibilidad de brindar soluciones efectivas e inmediatas y no se caiga en errores como el de Mocoa, que luego de siete años de la tragedia por la avalancha que dejó 22.000 personas damnificadas no se han entregado la totalidad de las 1.209 casas proyectadas en el sector de Sauces I, o el caso de Montería en donde, luego de un incendio en 2021 en el sector de Zarabanda, la UNGRD se comprometió a la construcción de 100 viviendas que han quedado en el papel, pese a que desde el municipio se tenían listos los lotes para tal fin.

Desde mi concepción, es el momento de darle un giro al manejo de la gestión del riesgo en el país. Se debe conservar la centralización únicamente para la anticipación y planificación de hechos previsibles y se deben descentralizar los recursos para las eventualidades de fuerza mayor para una respuesta ágil y adaptada a las distintas realidades del territorio nacional.

Este es un paso que se debe dar de manera pronta, teniendo en cuenta el crecimiento de las cifras de personas damnificadas en el país. En lo corrido de 2024, 124.100 personas, de 11 departamentos, se han visto afectadas por la temporada seca, a las que se suman 40.282 personas damnificadas con los primeros embates de la temporada de lluvias.

Por su puesto que esta descentralización debe ser cuidadosamente planificada y ejecutada. No se trata simplemente de dividir los recursos existentes, sino de optimizar y aumentar la eficiencia del sistema de atención de emergencias y desastres, lo que implica no solo una redistribución de fondos, sino también la capacitación local, inversión en infraestructura propia y el desarrollo de metodologías acordes a los riesgos locales específicos.

A lo que se le debe sumar, la elaboración de un marco regulatorio para velar por la transparencia en el manejo de los recursos por parte de cada territorio y la construcción de un robusto marco de cooperación y coordinación intergubernamental, entre municipios y departamentos, para una gestión efectiva del riesgo, toda vez que las emergencias no conocen de límites administrativos

Se hace necesario articular acciones jurídicas y legislativas que conlleven a una atención efectiva y en tiempo real, para lo que me parece propicio trabajar en un modelo que integre asignación de recursos basada en los niveles de riesgo, participación comunitaria, uso de tecnología, revisiones y ajustes periódicos y la integración del modelo a los planes de desarrollo. Lo anterior con el propósito de asegurar una planificación urbanística y rural que tenga en cuenta los riesgos identificados.