Mes: mayo 2026

La exconsejera presidencial, imputada por lavado de activos y tráfico de influencias, reapareció en los pasillos del Congreso argumentando una severa crisis de iliquidez tras recuperar su libertad.

​La fisonomía del poder en el Capitolio Nacional registró este martes un contraste difícil de ignorar. Sandra Ortiz, quien en los albores del actual Gobierno se paseaba por las comisiones legislativas como la poderosa e influyente Consejera Presidencial para las Regiones, volvió a pisar el epicentro de la política de una forma radicalmente distinta: desprovista de su antiguo ropaje oficial, procesada por la justicia y buscando auxilio económico entre sus antiguos conocidos.

​La exfuncionaria, vinculada formalmente por la Fiscalía General de la Nación en el entramado de corrupción que desvalijó las arcas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), sorprendió a legisladores, asesores y reporteros al transitar por las comisiones y pasillos del complejo legislativo. Lejos de las agendas programáticas y las negociaciones de las reformas gubernamentales que antes lideraba, los motivos de su visita actual obedecen a un panorama estrictamente personal y financiero.

​“Vine aquí al Congreso de la República, primero, a activar mis cuentas. Aquí está mi cuenta de origen. Entonces, vine a pedir plata prestada y activar mis cuentas. Es un préstamo porque estoy liquidada; duré dos años sin trabajar. Yo vivo de mis salarios”.

— Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones

​El argumento de la exconsejera apunta a las secuelas de un proceso judicial que la mantuvo privada de la libertad durante casi veinticuatro meses, una condición de la que apenas emergió hace unas semanas tras obtener un cambio en su estatus de reclusión. Según sus propias declaraciones ante los medios institucionales, el largo periodo de parálisis laboral y los bloqueos inherentes a las indagaciones financieras le han generado un estado de asfixia económica que la obligó a recurrir a su «cuenta de origen» en el Congreso para reactivar canales monetarios y solicitar créditos personales.

​No obstante, la escena en los pasillos no logra disociarse de la gravedad de los cargos que pesan en su contra. La justicia penal mantiene una sólida imputación en su contra por los presuntos delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. El núcleo de la tesis fiscal apunta a que Ortiz habría operado como una pieza de engranaje clave —un «enlace de confianza»— para transportar y entregar la millonaria suma de 3.000 millones de pesos en efectivo a Iván Name, en ese entonces presidente del Senado. El propósito de dichos fondos, presuntamente extraídos del erario de la UNGRD a través de contratos sobrevalorados como el de los carrotanques de La Guajira, habría sido aceitar el trámite y asegurar los votos necesarios para las reformas de la administración central.

Una tensa situación de orden público y confrontación política se registró en el sector de Llanogrande, en el Oriente antioqueño, a las afueras de la residencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El exmandatario se vio obligado a cancelar su agenda oficial en Medellín para regresar de urgencia a su hogar, luego de que un numeroso grupo de manifestantes simpatizantes del Pacto Histórico se agolpara en la entrada de su propiedad.

La movilización, que provocó el cierre temporal de la calzada vial en la zona, incluyó la pintura de un mural alusivo a la coalición de izquierda en los muros exteriores de la vivienda del líder del Centro Democrático. Tras su arribo, custodiado por la Fuerza Pública, el propio Uribe Vélez tomó una brocha y comenzó a tapar con pintura el mural, lo que desató una fuerte confrontación verbal entre simpatizantes de ambos sectores políticos.

Cruces verbales y señalamientos de Uribe

A través de sus canales oficiales en la red social X, el expresidente Uribe lanzó duros señalamientos contra los promotores de la jornada, acusando directamente al congresista electo Hernán Muriel y al candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

«Esta actitud hostil contra la residencia de mi familia es provocación de la violencia, muy propia de Cepeda que es un apache solapado escondido en el eslogan de la paz», afirmó el exmandatario, añadiendo que Muriel habría sido elegido supuestamente «por votos impuestos por el terrorismo».

Tensión que finalizó en diálogo

A pesar de los duros reproches mutuos y los momentos de tensión inicial con el parlamentario electo Muriel, la situación se fue desescalando con el paso de las horas. Mientras borraba la pintura de los muros, el expresidente Uribe instó a los manifestantes al diálogo y a evitar provocaciones contra su núcleo familiar.

El episodio concluyó con un inesperado acercamiento. Cuando la multitud se dispersó, el único manifestante que permanecía en el lugar sostuvo una breve conversación con el exmandatario sobre la necesidad de realizar debates políticos con argumentos, sellando el encuentro con un apretón de manos en señal de respeto.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, lanzó un contundente llamado al presidente Gustavo Petro ante la crítica situación de orden público que afronta el territorio nacional. A través de sus canales oficiales, el mandatario departamental cuestionó la efectividad de las mesas de diálogo enmarcadas en la política de la «paz total», señalando que las estructuras criminales con las que el Gobierno Nacional negocia continúan ensañándose contra la población civil y la Fuerza Pública.

Zuleta calificó de imperativo que la Casa de Nariño exija un cese inmediato a la violencia por parte de estas organizaciones ilegales, las cuales según denunció son responsables de la ola de homicidios que sacude al país. El gobernador enfatizó que las principales víctimas de este panorama de confrontación siguen siendo los jóvenes de las zonas rurales y la periferia del país.

Aumento exponencial de la violencia en 2026

Para sustentar su reclamo, el mandatario cordobés expuso alarmantes balances sobre el deterioro de la seguridad ciudadana en lo que va del año. Detalló que las ofensivas y ataques letales contra policías y militares han registrado un incremento exponencial en comparación con las métricas del año 2025.

Asimismo, Zuleta alertó sobre la vulnerabilidad extrema de los defensores de derechos humanos en el país, revelando que en lo corrido de 2026 ya se registran más de 65 líderes sociales asesinados. El gobernador cerró su intervención reprochando de manera enérgica los hechos recientes ocurridos en el nororiente de Colombia, donde un reconocido líder comunitario fue masacrado junto a cinco de sus acompañantes en el departamento de Norte de Santander.

La Superintendencia Nacional de Salud anunció la puesta en marcha del ‘Plan 100’, una estrategia especial de inspección, vigilancia y control con la que busca detectar y frenar posibles casos de acaparamiento de medicamentos, así como las barreras que continúan afectando a miles de usuarios en el acceso oportuno a sus tratamientos.

El anuncio fue realizado por el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, quien explicó que durante los próximos 10 días se adelantarán visitas sorpresa a dispensarios y operadores farmacéuticos en 25 departamentos del país.

Para desarrollar el operativo, equipos territoriales de la Supersalud ya comenzaron desplazamientos a distintas regiones con el objetivo de verificar directamente las condiciones de entrega de medicamentos y establecer si existen irregularidades que estén afectando a los pacientes.

“Ante los graves descubrimientos de acaparamiento de medicinas en dispensarios, donde le niegan la medicina a la gente, y hemos encontrado que la medicina sí está, por orden del señor Presidente de la República, esta Superintendencia de Salud realizará un plan de choque: el Plan 100. En los próximos 10 días vamos a hacer inspección, vigilancia y control como nunca se había hecho”, aseguró el funcionario.

La entidad advirtió que no permitirá que continúen prácticas que limiten el acceso de los usuarios a tratamientos y tecnologías en salud. En ese sentido, el superintendente reiteró que las entidades responsables están obligadas a garantizar la entrega de los medicamentos formulados.

“Los medicamentos se tienen que entregar”, enfatizó Quintero Calle, al señalar que quienes incumplan con esta obligación podrán ser objeto de investigaciones y sanciones conforme a la ley.

La Supersalud indicó además que el ‘Plan 100’ busca fortalecer la presencia institucional en los territorios, mejorar la respuesta frente a las denuncias de los ciudadanos y garantizar una atención más efectiva para los pacientes en todo el país.

La estrategia de defensa jurídica impulsada por el Gobierno del presidente Petro permitió evitar condenas contra la nación por más de $545 billones durante 2025, según informó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) durante la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas de la entidad.

El director general de la ANDJE, César Palomino Cortés, explicó que este resultado corresponde a procesos judiciales en los que la Agencia intervino para proteger los intereses del Estado colombiano, mediante una estrategia enfocada en la prevención del daño antijurídico, la defensa técnica y la articulación institucional.

“Estamos cambiando la historia. Durante décadas, el Estado fue visto como un litigante perdedor”, afirmó Palomino Cortés, al destacar que los resultados obtenidos reflejan un fortalecimiento del Sistema de Defensa Jurídica del Estado.

El funcionario aseguró que el impacto de los recursos protegidos tiene una dimensión directa sobre la inversión social y la infraestructura del país. “No es una cifra abstracta. Son recursos equivalentes a más de 3.200 puestos de salud o 545 mil kilómetros de carreteras”, señaló.

La entidad también destacó avances en escenarios internacionales. Durante 2025, Colombia alcanzó el primer acuerdo de transacción de su historia dentro de un arbitraje internacional de inversión. En el caso de Aris Mining, la estrategia jurídica del Estado evitó una eventual condena que habría podido superar los 380 millones de dólares.

Reparación y reconocimiento a víctimas

La Agencia informó además que durante el último año se cerraron 169 casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, uno de los mayores niveles de efectividad alcanzados por el Estado colombiano en este tipo de instancias internacionales.

De acuerdo con la ANDJE, en 2025 la tasa de éxito en los procesos judiciales en los que participó la entidad se acercó al 81 %, consolidando una política de defensa jurídica con enfoque preventivo y estratégico.

Durante su intervención, César Palomino Cortés insistió en que la defensa del Estado también debe incluir medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas. “Defender al Estado también significa reconocer errores y reparar con dignidad”, expresó.

En ese contexto, la Agencia reportó la firma de 14 Acuerdos de Solución Amistosa ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la realización de 17 Actos de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional.

Finalmente, la entidad destacó la certificación de calidad otorgada por el Dane a la operación estadística “Actividad Jurídica de las Entidades Públicas del Orden Nacional”, que obtuvo un índice global de calidad de 98,3 %.