Mes: junio 2026

​El comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente determinó detener el proceso de recolección de firmas y retirar el proyecto de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

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​La decisión de frenar este mecanismo obedece a un cambio de estrategia que prioriza la unidad. El comité explicó que busca concentrar toda su fuerza organizativa y social en la consolidación de un «Gran Acuerdo Nacional», una alianza más amplia orientada a blindar la democracia y abrir espacios de diálogo frente a las reformas sociales que consideran urgentes. Asimismo, argumentaron que la medida busca frenar el avance de sectores de extrema derecha que, según el colectivo, ponen en riesgo la paz y la estabilidad de los derechos ciudadanos.

​A través de un comunicado firmado por su vocero, Armando Urvina Valbuena, los organizadores expresaron su gratitud a las miles de personas que respaldaron la propuesta con su firma dentro y fuera del país. Para el comité, este apoyo no es un esfuerzo en vano, sino el reflejo de una ciudadanía activa que exige transformaciones profundas en materia de justicia social, ampliación de derechos y fortalecimiento institucional. Con este retiro, el movimiento reafirma que mantendrá activa su agenda de movilización pacífica, pero ahora enfocada en construir puentes con otros sectores democráticos y populares afines.

El Pacto Histórico ha decidido dar un giro drástico en su estrategia política de cara a la segunda vuelta presidencial. En las próximas horas, el comité promotor de la asamblea nacional constituyente, encabezado por Armando Wouriyu, anunciará de manera oficial el retiro de esta iniciativa, la cual venía siendo impulsada con vehemencia por el presidente Gustavo Petro.

Se espera que, posterior a este anuncio, el candidato presidencial del oficialismo, Iván Cepeda, ofrezca una alocución pública a las 11:00 a. m. para explicar los motivos de esta determinación que cambia el rumbo de la campaña de la izquierda.

​Este replanteamiento responde a un riguroso análisis interno tras los resultados de la primera vuelta, donde se evidenció la necesidad de ajustar las velas frente al panorama electoral actual. Con el candidato de derecha Abelardo de la Espriella liderando la ventaja en votos, el petrismo identificó que mantener la propuesta de la constituyente se había convertido en un obstáculo insalvable para consolidar alianzas clave, especialmente con los sectores de centro, cuyo respaldo es indispensable para definir la presidencia.

​Hasta hace apenas una semana, el propio presidente Petro insistía activamente a sus simpatizantes en la recolección de firmas para respaldar el mecanismo. Sin embargo, el pragmatismo electoral parece haber ganado terreno en el oficialismo, obligándolo a archivar una de sus banderas más polémicas y debatidas en pro de la viabilidad política y la sumatoria de nuevas fuerzas de cara al tramo final de la contienda.

Durante un acto realizado este miércoles en Chinchiná (Caldas), el mandatario destacó que la reducción de las tarifas en los peajes busca facilitar la movilidad de los ciudadanos, impulsar el desarrollo económico regional y fortalecer el turismo en el Eje Cafetero.

El jefe de Estado explicó que los usuarios del corredor vial en la región, que anteriormente pagaban 17.800 pesos por el paso en los peajes, ahora cancelarán únicamente 700 pesos.

“El pueblo trabajador de Caldas debe tener libre movilidad y este fue un ejemplo, pero que no es solo para Caldas, sino para toda Colombia”, indicó.

La implementación de una tarifa diferencial de 700 pesos para vehículos de las categorías I y II en los peajes de la concesión Autopistas del Café beneficiará a miles de habitantes de Caldas, Risaralda y Quindío que utilizan diariamente este corredor vial.

En el mismo contexto, el mandatario manifestó que “quitar los peajes progresivamente en toda Colombia es un objetivo progresista”, mientras que “llenar de peajes todo el territorio nacional, como lo hemos visto hasta este momento, es un objetivo de la codicia de los banqueros”.

Asimismo, el presidente Petro reiteró la posición de su Gobierno frente a las concesiones viales, al señalar que la política oficial no contempla extender los contratos más allá de su vigencia, sino avanzar en su reversión al Estado una vez concluyan los acuerdos establecidos.

“Quiero que tengan claro que la política del Gobierno acerca de las concesiones no es extenderlas en el tiempo, sino revertirlas al Estado apenas se acabe; no vamos a dañar ningún contrato. Y revirtiendo al Estado el mantenimiento de las vías, se paga por el presupuesto nacional. Puede haber otras formas, pero se paga por el presupuesto nacional y no los pasajeros”, agregó.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte, las tarifas diferenciales beneficiarán a residentes de los municipios de Manizales, Chinchiná, Palestina, Villamaría, Santa Rosa de Cabal y Circasia, ubicados en el área de influencia de los peajes Tarapacá I y II, San Bernardo del Viento y Las Pavas.

Los beneficiarios deberán acreditar ante las alcaldías municipales su lugar de residencia y registrar el vehículo que accederá al descuento.

Las entidades también informaron que continúan las discusiones para ajustar las tarifas correspondientes a las categorías III a VII. El borrador de estas modificaciones será remitido al Ministerio de Transporte para su revisión y posterior publicación.

La ANI recordó que la concesión Autopistas del Café se encuentra actualmente en proceso de reversión y que su operación finalizará en febrero de 2027.

La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) socializó esta semana la Guía Técnica de Implementación del Sistema de Interoperabilidad para la Electromovilidad, una iniciativa que establece las reglas y estándares necesarios para conectar la información de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos en Colombia y avanzar hacia un ecosistema de movilidad eléctrica más confiable, transparente y eficiente.

Indira Portocarrero, directora de la UPME, destacó que con esta guía Colombia da un paso clave en la construcción del Sistema de Interoperabilidad para la Electromovilidad.

“Este es un sistema que permitirá integrar bajo un mismo estándar la información de los puntos de carga para vehículos eléctricos del país, facilitando el intercambio seguro y automatizado de datos entre operadores, aplicaciones, prestadores del servicio de carga y entidades públicas”, indicó.

Como gestor técnico del sistema, la UPME liderará su implementación y acompañará a los operadores y prestadores del servicio de carga en las etapas de integración y habilitación, promoviendo un ecosistema de movilidad eléctrica más conectado, eficiente y preparado para el crecimiento que demanda el país.

La implementación de este sistema fortalecerá la confianza de los usuarios en la movilidad eléctrica y permitirá avanzar hacia una red de carga más visible, organizada y accesible para todos.

Para lograrlo, la guía adopta un estándar internacional ampliamente utilizado en mercados de movilidad eléctrica alrededor del mundo, y establece los lineamientos para que los Operadores de Puntos de Carga y los Proveedores de Servicios de Movilidad intercambien información de manera segura, automática y bajo un mismo lenguaje tecnológico.

Una vez entre en operación, el Sistema de Interoperabilidad permitirá que los usuarios de vehículos eléctricos consulten información sobre la ubicación de los puntos de carga, su disponibilidad, los tipos de conectores y las condiciones de uso de la infraestructura.

Además, el sistema permitirá consolidar información estratégica para identificar dónde se requieren nuevos puntos de carga y orientar futuras inversiones en infraestructura.

Con la socialización de esta guía, el Gobierno nacional, a través de la UPME, continúa fortaleciendo la transformación digital del sector energético y avanza en la construcción de herramientas que faciliten el crecimiento ordenado de la movilidad eléctrica, la toma de decisiones basada en datos y la transición energética del país.

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia profirió sentencia condenatoria en contra del exgobernador del departamento de Arauca Julio Enrique Acosta Bernal por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Acosta Bernal quien además es dirigente y coordinador de la campaña del candidato Abelardo de la Espriella en ese departamento, fue condenado a una pena de 51 meses de prisión; 62 meses y 18 días de inhabilitación de derechos y funciones públicas; y una multa de $20.860.420. Los hechos están relacionados con el contrato 322 de 2005 con el Consorcio Castell Camel Cadena Fawcett, que tenía por objeto la construcción y ampliación de una torre del hospital San Vicente de Arauca.

Se demostró que el exmandatario, actuando con pleno conocimiento de que en la fase precontractual se presentaron irregularidades sustanciales que conllevaron la trasgresión de los principios de economía y planeación, no solo decidió suscribir el contrato cuestionado, sino que, además, incrementó su valor en el año 2007.

“Contaba con todas las facultades necesarias para poder determinar su actuación de tal manera que se respetaran los principios de la contratación pública. Su capacidad de entendimiento le permitía razonar que al no respetar los principios de economía y planeación se estaba lesionando a la administración pública y, aun así, optó libremente por proseguir con la actuación”, dice la sentencia.

Por otra parte, se negó a Acosta Bernal la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad, en tanto que se le concedió el sustituto de la prisión domiciliaria, privación de la libertad que se producirá una vez adquiera firmeza la sentencia.

​El día después de las elecciones presidenciales ha dejado claro que la estrategia de la campaña de Iván Cepeda dio un giro inmediato hacia la moderación y la conquista del voto independiente. Tras el preconteo de la primera vuelta, Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y estratega clave del Pacto Histórico, salió al paso en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio para fijar la postura de la campaña: pasar la página de la confrontación institucional y concentrarse en las propuestas.

​Para Cristo, insistir en discursos de sospecha electoral es, llanamente, “una equivocación”.

Durante meses, los sectores más radicales de la oposición agitaron fantasmas institucionales. Se habló de la suspensión del calendario electoral, de una posible prórroga del mandato actual mediante la conmoción interior y de un control absoluto sobre la Corte Constitucional. Sin embargo, la jornada del domingo demostró lo contrario.

​“Lo que tenemos hoy es un proceso democrático ejemplar”, afirmó Cristo, siendo categórico al asegurar que “aquí no hubo fraude” y respaldando la legitimidad del proceso basándose en los informes de las Misiones de Observación de la Unión Europea y la OEA.

​El estratega también aclaró que el candidato Iván Cepeda jamás utilizó la palabra «fraude»; simplemente guardó prudencia durante las horas del preconteo antes de reconocer formalmente los resultados. De paso, Cristo lanzó un mensaje de tranquilidad institucional para los próximos cuatro años: no habrá Asamblea Nacional Constituyente.

Con la segunda vuelta en el horizonte, el foco del Pacto Histórico ya no está en la base radical, sino en el centro político y en aquellos que decidieron quedarse en casa. Históricamente, el balotaje en Colombia moviliza entre un millón y medio y dos millones de electores nuevos que no participaron en la primera cita.

​La campaña de Cepeda entiende que el triunfo depende de convencer a ese colombiano desencantado o indeciso. Para lograrlo, la consigna explicada por Cristo es clara: menos polémicas mediáticas y más soluciones concretas. La carrera por la Casa de Nariño se reactiva, y esta vez, se ganará en el terreno de la moderación.