Mes: junio 2026

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, formuló un vehemente llamado a la juventud colombiana para que acuda masivamente a las urnas en las próximas elecciones presidenciales, revelando una preocupante radiografía sobre la participación política de este sector. Según el alto funcionario, aunque en el país hay alrededor de 6 millones de jóvenes habilitados para sufragar, la tasa de abstención dentro de esta población alcanza un alarmante 60 %, una cifra que frena el impacto real de sus decisiones en el rumbo democrático de la nación.

​Quiroz enfatizó el enorme poder electoral que acumulan las nuevas generaciones si deciden movilizarse de forma masiva hacia los puestos de votación. El presidente del tribunal electoral explicó que este grupo poblacional representa el 15 % del censo electoral de todo el país, una fuerza estadística más que suficiente para inclinar la balanza en la contienda por la Casa de Nariño. «Si los jóvenes salen a votar, pueden elegir al presidente», aseguró de manera contundente el magistrado, reiterando la urgencia de que este sector transforme su potencial numérico en una participación efectiva que reduzca los históricos niveles de apatía en las urnas.

En medio de la tensión preelectoral, el candidato presidencial Abelardo De La Espriella negó categóricamente las acusaciones de su contendor, Iván Cepeda, quien lo señaló de recibir un pago irregular de 18.000 millones de pesos por parte de la intervenida EPS Salud Vida. El abogado calificó la cifra de falsa, asegurando que los honorarios reales de su firma oscilaron entre los 2.500 y 3.000 millones de pesos por una representación legal de varios años.

De La Espriella anunció que hará público el contrato para demostrar que su labor se limitó estrictamente a la defensa jurídica de la entidad, sin tener participación alguna en el manejo de los fondos del sistema sanitario, al tiempo que tildó la denuncia como una estrategia de difamación electoral.

​Más allá de la controversia, el aspirante expuso su propuesta para enfrentar la crisis del sector. De llegar a la Presidencia, impulsará un plan de choque inicial de 10 billones de pesos destinado a estabilizar la atención médica, garantizar la entrega de medicamentos y ponerse al día con las obligaciones pendientes en clínicas y hospitales. Finalmente, defendió el modelo mixto y la participación del sector privado bajo una estricta vigilancia estatal, marcando distancia con las reformas del gobierno actual y proponiendo respaldar institucionalmente a las EPS que cumplan con los estándares exigidos.

​ La senadora animalista Andrea Padilla respondió de manera contundente al presidente Gustavo Petro, luego de que el mandatario publicara en su cuenta de la red social X un mensaje sobre un jaguar que llegó en delicado estado de salud a las instalaciones de la Universidad de la Amazonía.

En su publicación, el jefe de Estado había intentado vincular la aparición del felino con la gestión de su gobierno y la narrativa de la educación pública, afirmando que el animal acudió a una institución «fortalecida por nosotros» y sugiriendo, de forma metafórica, que era «como si nuestro felino ancestral americano se mostrara para defender la universidad pública».

​Ante esta afirmación, la congresista reaccionó pidiéndole al mandatario no instrumentalizar la situación del animal con fines políticos.

«Presidente, con el mayor respeto: no diga bobadas», sentenció Padilla en la misma plataforma, aclarando que la realidad del felino distaba mucho de un acto simbólico.

Según explicó la senadora, el jaguar llegó al campus universitario exhausto, herido y «seguramente huyendo de cazadores». A partir de este hecho, Padilla cuestionó la gestión de la cartera ambiental del Gobierno, asegurando que el Ministerio de Ambiente no ha trabajado eficazmente en la materia y que las promesas de proteger a la fauna silvestre en el país se quedaron exclusivamente en palabras.

En medio de la creciente expectativa política y los debates sobre el respeto a los resultados de la próxima segunda vuelta presidencial para el periodo 2026-2030, las Fuerzas Militares de Colombia fijaron una postura clara y tajante: su única lealtad es con la Constitución. El comandante de la institución, el general Hugo López Barreto, salió al paso de las especulaciones sobre un eventual desconocimiento de los escrutinios dominicales, recordando cuál es el verdadero norte de las tropas en una democracia.

El alto oficial afirmó de manera contundente durante un evento público que el país debe remitirse a la Constitución y la ley, específicamente al artículo 217, el cual es muy claro al señalar que la fuerza militar tiene una misión por cumplir y le corresponde, ante un escenario como el que se está colocando o cualquier otro escenario, cumplir estrictamente con la Carta Magna.

​Esta postura del general López Barreto cobra especial relevancia ante los análisis de diversos constitucionalistas, quienes han recordado que la validez de los comicios en Colombia no está supeditada al veredicto o aceptación de ningún líder político, incluido el actual jefe de Estado, ya que las Fuerzas Militares tienen como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional.

Más allá de la retórica, el compromiso militar ya se tradujo en acciones operacionales sobre el terreno tras concluirse la verificación del despliegue estratégico del Plan Democracia en el centro del país. Esta revisión exhaustiva incluyó las condiciones de seguridad, el empleo de las capacidades militares y la coordinación interinstitucional orientada a garantizar unas elecciones seguras, ratificando el mensaje de la institución castrense de que la democracia se protege con presencia institucional, articulación y capacidad operacional, asegurando así la estabilidad democrática sin importar el panorama político del próximo domingo.

En el Consejo de Ministros televisado de este martes, el director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF), Wilmar de Jesús Mejía, afirmó que el entramado contra el sector salud estaría configurando delitos como concierto para delinquir, peculado por apropiación, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, falsedad en documento privado y falsedad procesal.

Mejía indicó que los resultados de la investigación de inteligencia, recopilada en un documento de 130 páginas, son de tal magnitud que este 17 de junio va a presentar la denuncia respectiva a la Fiscalía General de la Nación.

“Es la primera vez que un director de la UIAF, el día de mañana (17 de junio), se va a acercar a la Fiscalía General de la Nación a instaurar una denuncia penal contra aproximadamente 168 actores en una red que ha generado una estructura, soporte, para desfalcar los recursos de la salud”, aseveró Mejía en el Consejo.

En el mismo sentido, agregó que el caso también es conocido por el FBI en Estados Unidos pues gran cantidad de los recursos de la salud fueron desviados a cuentas en ese país

“Sobre esto también decirle que hemos venido trabajando con el FBI para efectos de comenzar a darle traza a estos recursos que se están moviendo en Estados Unidos y que no son pocos. Solo dos personas concentran alrededor de 20.000 millones de pesos, de los cuales el 50 % son movimientos en efectivo que no sabemos de dónde están apareciendo. Cuando la plata se mueve en efectivo se vuelve difícil rastrear esos recursos”, manifestó.

Asimismo, el director de la UIAF recalcó que el entramado tiene relación con una EPS que agrupa a por lo menos 3,5 millones de colombianos.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro reveló que se trata de Coosalud EPS y otras EPS. Además, señaló que detrás del entramado hay uno de los grandes operadores de medicinas en el país.

“Es uno de los grandes operadores de medicinas en Colombia, grandísimo, porque sus negocios alcanzan 35 billones en contratos de medicinas. Y ya descubrimos que 5 billones de dinero público destinado al pueblo de Colombia están en fondos internacionales, incluido Estados Unidos”, destacó el mandatario.

45 millones de facturas sin sustento

Sobre los detalles de la investigación, el director de la UIAF añadió que 45 millones de facturas sin sustento fueron ingresadas en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

“En este análisis, presidente y miembros del gabinete, encontramos y logramos identificar a 83 profesionales dedicados a la contaduría que fungen de contadores, pero también de revisores fiscales, y es por allí por donde comienza a tejerse toda esta red dedicada al desvío de activos”, destacó Mejía.

Puso de presente que estas personas ya están plenamente identificadas, que algunas son asalariadas, pero afirmó que otras reciben recursos de la salud de los colombianos objeto del lavado de activos.

Hemos identificado 17 EPS con vínculos societarios y beneficiarios finales que integraron esta red. Hemos identificado a 25 personas naturales que fungen de representantes legales, que fungen de representantes principales y suplentes, pero también a sus juntas directivas principales y suplentes”, resaltó.

Además, en la supuesta red criminal se ha identificado a 43 personas jurídicas, entre las cuales hay tres entidades financieras.

“Estamos hablando de cómo unas personas naturales con su esposa, sus hijos y otros amigos crearon un conglomerado de empresas que son controladas de manera estratégica para poder movilizar los recursos de la EPS hacia las IPS y de las IPS hacia cuentas en Colombia y cuentas en el extranjero”, puntualizó Mejía.

Compraventa de votos

De otra parte, el director de la UIAF denunció en el Consejo de Ministros que también se va a presentar una denuncia a la Fiscalía sobre la presunta compraventa de votos.

“Tiene que ver con el proceso electoral del Congreso de la República. Instauraremos denuncia penal contra aproximadamente 2.900 colombianos que se dedicaron a hacer transacciones de pagos por compra de votos y aproximadamente contra unos 3.200 colombianos que se dedicaron a vender los votos”, dijo Mejía.

En los próximos días, después de elecciones del 21 de junio, la UIAF también va a generar las noticias criminales de los fenómenos irregulares que se dieron alrededor del proceso electoral de la primera vuelta presidencial.

A pocas horas del debut de Colombia en el Mundial, el presidente Gustavo Petro invitó a todas y todos los colombianos a vestir la camiseta de la Selección como una muestra de apoyo y unidad alrededor del equipo que representa al país en la cita orbital.

Durante el Consejo de Ministros de este martes, el mandatario recordó que la camiseta de la Selección no pertenece a ningún sector político ni a una corriente particular, sino a todos los colombianos.

“Invito a toda la sociedad colombiana a usar la camiseta, que no es de un partido, es de toda Colombia”, expresó.

El presidente Petro recalcó que el llamado es para que la ciudadanía acompañe libremente a la tricolor en su primer partido mundialista y convierta la camiseta amarilla en un símbolo de encuentro nacional.

“No es diciendo que no se ponga la camiseta, es que se la ponga todo el mundo, libremente, porque aquí este gobierno ha sido un gobierno de libertad y vida”, afirmó.

El jefe de Estado también compartió que ya tiene lista la camiseta con la que seguirá el encuentro junto a su familia. “A mí y a mi hija ya me regalaron las de ahora, entonces nos las pondremos”, comentó.

La invitación del presidente se suma a la despedida que días atrás ofreció a la Selección Colombia antes de su viaje al Mundial, donde destacó que el equipo representa el esfuerzo, los sueños y la esperanza de millones de colombianos dentro y fuera del país.

Así lo informó el Gobierno nacional luego de la expedición del Decreto 0603, firmado por el presidente de la República y el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez. La medida busca garantizar el traslado del grupo armado hacia la denominada Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal, ubicada en zona rural de Valle del Guamuez.

De acuerdo con el Gobierno del presidente Gustavo Petro la decisión se enmarca en los compromisos dentro de la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

La suspensión de operaciones comenzará a regir desde las 00:00 horas del 14 de junio y se extenderá hasta las 23:59 horas del próximo 19 de junio, tiempo durante el cual, las Fuerzas Militares y la Policía deberán abstenerse de realizar operaciones ofensivas y procedimientos especiales contra los integrantes de la estructura que hayan sido incluidos en los listados reconocidos por la Consejería Comisionada de Paz.

La medida aplicará únicamente en los corredores y rutas definidos para el desplazamiento de los integrantes del grupo armado hacia la zona de ubicación. Adicionalmente, informó la Consejería, que la información relacionada con esos recorridos tendrá carácter reservado con el propósito de proteger la seguridad de quienes participen en el proceso.

Según la entidad, la medida tiene como objetivo “adelantar el proceso de tránsito a la vida civil de sus integrantes y contribuir en la terminación del conflicto armado, de forma paralela y articulada con las dinámicas de transformación territorial derivadas de la efectiva sustitución de economías ilegales por procesos productivos legales y sostenibles”.

El Gobierno nacional creó un Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV), integrado por delegados del Ejecutivo, representantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y miembros de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), como parte de la implementación del Decreto 0603.

El decreto ordena además la creación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), liderado por la Gobernación de Putumayo, para coordinar a las entidades responsables del seguimiento a las fases de desplazamiento, preagrupamiento y ubicación de los integrantes de la organización armada.

La puesta en marcha de la zona en Valle del Guamuez marca el inicio de una fase en la que integrantes de esa organización estarán ubicados temporalmente mientras avanza el proceso de tránsito a la vida civil, afirma la Consejería Comisionada de Paz.