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Ambiente

Dimar confirman que el descenso del nivel del mar en Coveñas es un fenómeno natural y no representa riesgo

 

La Dirección General Marítima (Dimar), a través de la Capitanía de Puerto de Coveñas, emitió un parte de tranquilidad a los habitantes y visitantes de este municipio tras el notable retiro temporal de la línea de costa observado en sus playas. De acuerdo con el Comunicado de Prensa No. 051 emitido desde Coveñas, esta situación corresponde a una variación completamente natural del nivel del mar, la cual está asociada de manera principal al ciclo de las mareas y cuyas magnitudes pueden verse influenciadas por las condiciones oceanográficas y meteorológicas habituales de la región.

La entidad explicó que, producto de esta dinámica litoral, es normal que durante ciertos periodos queden expuestas amplias zonas de playa, aclarando de forma enfática que este suceso no constituye en absoluto una condición extraordinaria por sí solo.
​Específicamente, los análisis técnicos señalan que durante los días 11 y 12 de julio la marea experimentó su nivel más bajo en el rango horario comprendido entre la 1:00 p.m. y las 2:00 p.m., llegando a registrar un descenso de aproximadamente 6 centímetros por debajo del nivel de referencia establecido para las mareas. La autoridad recalcó que este comportamiento es propio de la dinámica estacional de la época, razón por la cual no representa ningún tipo de riesgo ni significa una condición adversa o peligrosa para el Golfo de Morrosquillo. Actualmente, las condiciones oceanoatmosféricas de la zona se mantienen bajo los parámetros de normalidad, descartando así cualquier tipo de alerta vinculada a este fenómeno.

​Frente a la desinformación que suele circular en plataformas digitales ante este tipo de eventos naturales, la Capitanía de Puerto de Coveñas hizo una invitación formal a toda la comunidad y a los turistas para mantener la calma y evitar a toda costa la difusión de datos o rumores que no hayan sido debidamente verificados. Asimismo, instó a la ciudadanía a consultar únicamente los reportes oficiales expedidos por la Autoridad Marítima Colombiana. Por último, la Dimar ratificó su compromiso de mantener un monitoreo técnico permanente sobre todas las variables oceanográficas en su jurisdicción, asegurando que informará de manera oportuna en caso de que llegue a registrarse algún cambio real que llegue a representar una amenaza para la población costera.

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Política Nación

Récord en extradiciones, nueva política de drogas, Jurisdicción Agraria, Ley de Utilidad Pública y más de 4,5 millones de gestiones de acceso: hitos del Gobierno Petro en Justicia

 

Entre 2022 y 2026, el ministerio de Justicia y del Derecho impulsó una de las transformaciones más amplias del sector de las últimas décadas. La justicia, que durante años pareció lejana para millones de colombianos, hoy está más cerca de los territorios, de las víctimas y de quienes históricamente encontraron más barreras que respuestas.

A través de la estrategia Justicia para la Gente, el ministerio realizó más de 4,5 millones de gestiones en Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana, un 60% más que en el cuatrienio anterior, beneficiando directamente a los colombianos que no podían pagar un abogado con 5.060 personas atendidas en jornadas móviles y feria de servicios. 17.856 personas beneficiadas en Jornadas de Conciliatón.

El Ministerio impulsó las Comisarías Protectoras en 9 departamentos, articulando comisarios de familia y autoridades indígenas. Promoviendo la conciliación para construir paz territorial.

Extradicio​​nes
Uno de los resultados más contundentes fue el fortalecimiento de la cooperación judicial internacional. Con 913 extradiciones efectivas a 31 países, más de 560 de ellas a Estados Unidos, Colombia alcanzó el mayor registro de su historia reciente, golpeando las finanzas de organizaciones dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos, el abuso sexual de menores, secuestro, el homicidio y otros delitos transnacionales.

A ello se sumó la aprobación de la Ley PEIMAR, en articulación con el Ministerio de Defensa, que fortaleció las herramientas para perseguir las economías criminales en altamar.

Por primera vez, el ministerio de Justicia estructuró una Política Nacional de Drogas centrada en el oxígeno a la vida, sin renunciar a la asfixia de las economías criminales, ampliando las oportunidades para las comunidades más afectadas por el narcotráfico.

“Sembrando Vidas Desterramos el Narcotráfico» entrega una inversión superior a $52.000 millones a través del Banco de Proyectos, con más de 200.000 personas impactadas positivamente. Más de 34 mil participantes de una transformación cultural que previene el consumo y reduce estigmas.

Como legado institucional, el Gobierno y la UNODC dejan al país una hoja de ruta para mejorar la medición del indicador de Producción Potencial de Cocaína (PPC), una herramienta que permitirá medir mejor para tomar mejores decisiones frente al fenómeno de las drogas.

Humaniz​ación de penas

Gracias a la Ley de Utilidad Pública, más de 270 mujeres condenadas por delitos menores relacionados con estupefacientes y hurto, reparan a la sociedad sin separarse de sus familias beneficiando a 800 personas de su entorno. La medida contribuye a la resocialización, reduce el hacinamiento carcelario y protege a los niños y adultos mayores que dependen de ellas.

La Jurisdicción Agraria ya es irreversible y hace parte de la Constitución, en cumplimiento de los Acuerdos de Paz. El ministerio de Justicia, en coordinación con el ministerio de Agricultura, logró la sanción de la Ley Estatutaria 2570 de 2026, permitiendo que, por primera vez, más de 2,3 millones de habitantes rurales cuenten con jueces especializados para resolver sus conflictos relacionados con la tierra, sin violencia.

La protección de las víctimas del conflicto pasó del papel a una ruta concreta de restablecimiento de sus derechos. Con el Decreto 0063 de Mujeres Buscadoras, el Gobierno saldó una deuda histórica con más de 300 mil mujeres que durante años fueron invisibilizadas en la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

Por primera vez, el Gobierno hizo realidad el componente restaurativo del Sistema Integral para la Paz, convirtiendo las sanciones de la JEP en proyectos de reparación para las víctimas del conflicto, convirtiéndose en la primera entidad en entregarle 7 proyectos restaurativos construidos con víctimas. Como legado, creó junto con la UNODC la primera Bolsa de Recursos para Proyectos Restaurativos, 2.500 millones de pesos en 2025 para financiar futuras iniciativas de reparación en los territorios.

El Gobierno tuvo la voluntad política para humanizar el sistema penitenciario y carcelario para proteger a toda la sociedad, firmando el CONPES 4156 DE 2025 y asegurando 4,4 billones de pesos para los próximos años, una decisión de política pública sin precedentes para responder al estado de cosas inconstitucional que determinó la Corte Constitucional.

Se consolidó una justicia con enfoque diferencial para garantizar el acceso efectivo a los derechos de poblaciones históricamente discriminadas. Entre los principales avances se encuentran el Decreto No Binario para el reconocimiento de identidades de género diversas; el lanzamiento del programa de formación para funcionarios públicos frente a violencias basadas en género ‘No es Hora de Callar’; la protección de las mujeres con la entrega de la Guía para la valoración del riesgo feminicida; y la adopción del protocolo Sin Barreras para personas en situación de discapacidad, que incorpora estándares de accesibilidad, lenguaje claro y garantías para su acceso a la justicia.

Como legado para el país, el ministerio deja estructuradas las bases de la reforma a la justicia, construida con la Comisión Asesora para enfrentar la congestión, la impunidad y las barreras. Además, entrega la hoja de ruta para la actualización del Plan Decenal del Sistema de Justicia, con una visión al 2038 orientada a fortalecer la presencia del Estado en los territorios y ampliar el acceso de la ciudadanía a la justicia.

El Gobierno 2022–2026 fortaleció la lucha contra el crimen transnacional, amplió el acceso a la justicia, consolidó nuevas garantías para las víctimas, los campesinos y todos los colombianos, y sentó las bases de las transformaciones para la próxima década.

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Boletines

Capturan en flagrancia a un conductor con documentación falsa en puesto de control vial de Montería

Montería, Córdoba. En una contundente respuesta contra la delincuencia y la ilegalidad en los corredores viales de la capital cordobesa, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte de Montería, logró la captura en flagrancia de un sujeto que pretendía engañar la ley mediante el uso de documentación espuria.

El resultado operativo es el reflejo de la ofensiva permanente y la estricta rigurosidad que los uniformados mantienen en los diferentes puestos de prevención vial, cuyo objetivo no solo es regular el flujo vehicular, sino blindar los accesos de la ciudad contra cualquier manifestación delictiva.

El hecho se registró durante los intensos planes de registro y control ciudadano implementados en puntos estratégicos. En el lugar, los agentes requirieron al conductor de un vehículo para la verificación de su documentación.

Tras una minuciosa inspección técnica y el cruce de datos en las plataformas de identificación del Estado, la pericia de los uniformados de tránsito permitió descubrir las inconsistencias y la falsedad del documento presentado. En consecuencia, se procedió a la captura en flagrancia del sujeto, quien deberá responder ante la justicia por el delito de Uso de Documento Falso.

El capturado fue trasladado de forma inmediata a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación para iniciar formalmente su proceso de judicialización.

Con este contundente resultado, la Seccional de Tránsito y Transporte envía un mensaje directo y sin rodeos a quienes pretenden evadir los controles mediante la alteración o falsificación de documentos: la pericia policial en Montería está blindada y tecnológicamente preparada para detectar cualquier fraude.

«Nuestros puestos de prevención no son simples retenes de rutina, son muros de contención contra el delito en las vías. No vamos a permitir que se juegue con la fe pública ni que la ilegalidad transite libremente por nuestra jurisdicción. Quien intente engañar a la autoridad portando documentos falsos, terminará tras las rejas», enfatizó de manera categórica el Señor Teniente Jeysson Andrey Escobar Henao, Jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Montería, quien lidera esta ofensiva de control total.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad del área Metropolitana y hace un llamado a la comunidad para continuar denunciando cualquier acto delictivo que atente contra la integridad.

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Política Nación

Charles Chapman rompe el silencio tras ser apartado del empalme: «Nunca afirmé que el nuevo Gobierno fuera a expedir un decreto de trabajo por horas»

A través de una aclaración pública emitida este 12 de julio de 2026, Charles Chapman López se pronunció de manera oficial tras conocerse la decisión del Gobierno electo de apartarlo de sus funciones en el proceso de empalme, labor en la que venía participando bajo la modalidad ad honorem. Con total tranquilidad frente a la determinación tomada por la administración entrante, Chapman manifestó que considera indispensable realizar una única precisión pública con el fin de contrarrestar la serie de informaciones erróneas y malintencionadas que han venido circulando en los medios de comunicación y las redes sociales durante los últimos días.

​En su declaración, el jurista enfatizó de forma categórica que en ningún momento asumió la vocería del Presidente electo, del Gobierno entrante o del equipo general de empalme, una responsabilidad que, según sus palabras, nunca estuvo bajo su cargo. Chapman aclaró de manera puntual que siempre mantuvo una postura transparente frente al medio económico Valora Analitik y negó rotundamente haber afirmado que el nuevo Gobierno tuviera planeado expedir un decreto para reglamentar el trabajo por horas en el país.

El exintegrante del empalme detalló que las declaraciones que dieron origen a la controversia se registraron en el contexto de un congreso académico en el cual participó exclusivamente en calidad de panelista, una actividad académica que no guardaba relación alguna con sus gestiones en la transición de Gobierno. Asimismo, reveló que tras constatar que los titulares publicados no reflejaban lo expuesto en el foro, solicitó las correcciones pertinentes al periodista a cargo, quien admitió los errores técnicos y se excusó formalmente, dejando constancia de ello en registros de conversaciones que el propio Chapman conserva.

​Frente al fondo técnico del asunto, el abogado explicó que sus intervenciones se limitaron a un análisis estrictamente jurídico respecto a la reforma laboral vigente en el país, la cual incorporó de manera previa la posibilidad de cotizar por tiempo parcial, abarcando modalidades como semanas, días u horas.

Bajo esta premisa, Chapman calificó como improcedente y malintencionada la narrativa del gobierno saliente que busca atribuirle al nuevo mandatario electo una disposición legal que ya existe y fue aprobada con anterioridad, reiterando que sus palabras correspondieron a una lectura técnica de la norma y no a un anuncio oficial de políticas futuras. Finalmente, tras agradecer la oportunidad de haber contribuido desinteresadamente en esta etapa de transición, Chapman López reiteró su profundo respeto por las decisiones tomadas por el Ejecutivo entrante, haciendo un llamado a los colombianos a rodear al Gobierno electo, privilegiar el debate basado en hechos verídicos y no permitir que la desinformación genere divisiones frente a las verdaderas problemáticas de la nación.

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Política Región

Gobernadora de Sucre solicita pronunciamiento oficial a la Dimar por inusual comportamiento del nivel del mar en Coveñas

La gobernadora del departamento de Sucre, Lucy García Montes, solicitó este domingo un pronunciamiento oficial y un concepto técnico a la Dirección General Marítima (Dimar) para esclarecer el inusual comportamiento del nivel del mar registrado en las playas de Coveñas.

A través de su cuenta oficial en la red social X (@LucyGobernadora), la mandataria publicó el siguiente mensaje:“Ante el comportamiento inusual observado en el nivel del mar en Coveñas, Sucre, hemos solicitado a @Dimarcolombia

un pronunciamiento oficial y el correspondiente concepto técnico que permita establecer las causas de esta situación.

Desde la @GobSucre mantenemos seguimiento permanente, en coordinación con las autoridades locales, y estaremos informando oportunamente a la ciudadanía con base en información oficial y verificada. Invitamos a la comunidad a estar atenta a los canales institucionales oficiales.”

El fenómeno, que sorprendió a turistas y residentes este fin de semana, consistió en un retiro repentino del mar que dejó expuesta una amplia franja de arena y algas marinas en sectores como la Segunda Ensenada y El Edén. Videos y fotografías del hecho circularon rápidamente en redes sociales, generando asombro y algunas especulaciones entre quienes se encontraban en la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado ningún riesgo para la población. La Gobernación de Sucre indicó que se mantiene un monitoreo permanente en coordinación con las entidades locales y nacionales competentes

La administración departamental reiteró el llamado a la ciudadanía a informarse exclusivamente a través de canales oficiales mientras se espera el análisis técnico de la Dimar.

La gobernadora Lucy García Montes aseguró que se informará de manera oportuna una vez se cuente con el concepto oficial de la autoridad marítima.

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Política Nación

Récord en extradiciones, nueva política de drogas, Jurisdicción Agraria, Ley de Utilidad Pública y más de 4,5 millones de gestiones de acceso: hitos del Gobierno Petro en Justicia

Entre 2022 y 2026, el ministerio de Justicia y del Derecho impulsó una de las transformaciones más amplias del sector de las últimas décadas. La justicia, que durante años pareció lejana para millones de colombianos, hoy está más cerca de los territorios, de las víctimas y de quienes históricamente encontraron más barreras que respuestas.

A través de la estrategia Justicia para la Gente, el ministerio realizó más de 4,5 millones de gestiones en Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana, un 60% más que en el cuatrienio anterior, beneficiando directamente a los colombianos que no podían pagar un abogado con 5.060 personas atendidas en jornadas móviles y feria de servicios. 17.856 personas beneficiadas en Jornadas de Conciliatón.

El Ministerio impulsó las Comisarías Protectoras en 9 departamentos, articulando comisarios de familia y autoridades indígenas. Promoviendo la conciliación para construir paz territorial.

Extradicio​​nes

Uno de los resultados más contundentes fue el fortalecimiento de la cooperación judicial internacional. Con 913 extradiciones efectivas a 31 países, más de 560 de ellas a Estados Unidos, Colombia alcanzó el mayor registro de su historia reciente, golpeando las finanzas de organizaciones dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos, el abuso sexual de menores, secuestro, el homicidio y otros delitos transnacionales.

A ello se sumó la aprobación de la Ley PEIMAR, en articulación con el Ministerio de Defensa, que fortaleció las herramientas para perseguir las economías criminales en altamar.

Por primera vez, el ministerio de Justicia estructuró una Política Nacional de Drogas centrada en el oxígeno a la vida, sin renunciar a la asfixia de las economías criminales, ampliando las oportunidades para las comunidades más afectadas por el narcotráfico.

“Sembrando Vidas Desterramos el Narcotráfico» entrega una inversión superior a $52.000 millones a través del Banco de Proyectos, con más de 200.000 personas impactadas positivamente. Más de 34 mil participantes de una transformación cultural que previene el consumo y reduce estigmas.

Como legado institucional, el Gobierno y la UNODC dejan al país una hoja de ruta para mejorar la medición del indicador de Producción Potencial de Cocaína (PPC), una herramienta que permitirá medir mejor para tomar mejores decisiones frente al fenómeno de las drogas.

Humaniz​ación de penas

Gracias a la Ley de Utilidad Pública, más de 270 mujeres condenadas por delitos menores relacionados con estupefacientes y hurto, reparan a la sociedad sin separarse de sus familias beneficiando a 800 personas de su entorno. La medida contribuye a la resocialización, reduce el hacinamiento carcelario y protege a los niños y adultos mayores que dependen de ellas.

La Jurisdicción Agraria ya es irreversible y hace parte de la Constitución, en cumplimiento de los Acuerdos de Paz. El ministerio de Justicia, en coordinación con el ministerio de Agricultura, logró la sanción de la Ley Estatutaria 2570 de 2026, permitiendo que, por primera vez, más de 2,3 millones de habitantes rurales cuenten con jueces especializados para resolver sus conflictos relacionados con la tierra, sin violencia.

La protección de las víctimas del conflicto pasó del papel a una ruta concreta de restablecimiento de sus derechos. Con el Decreto 0063 de Mujeres Buscadoras, el Gobierno saldó una deuda histórica con más de 300 mil mujeres que durante años fueron invisibilizadas en la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

Por primera vez, el Gobierno hizo realidad el componente restaurativo del Sistema Integral para la Paz, convirtiendo las sanciones de la JEP en proyectos de reparación para las víctimas del conflicto, convirtiéndose en la primera entidad en entregarle 7 proyectos restaurativos construidos con víctimas. Como legado, creó junto con la UNODC la primera Bolsa de Recursos para Proyectos Restaurativos, 2.500 millones de pesos en 2025 para financiar futuras iniciativas de reparación en los territorios.

El Gobierno tuvo la voluntad política para humanizar el sistema penitenciario y carcelario para proteger a toda la sociedad, firmando el CONPES 4156 DE 2025 y asegurando 4,4 billones de pesos para los próximos años, una decisión de política pública sin precedentes para responder al estado de cosas inconstitucional que determinó la Corte Constitucional.

Se consolidó una justicia con enfoque diferencial para garantizar el acceso efectivo a los derechos de poblaciones históricamente discriminadas. Entre los principales avances se encuentran el Decreto No Binario para el reconocimiento de identidades de género diversas; el lanzamiento del programa de formación para funcionarios públicos frente a violencias basadas en género ‘No es Hora de Callar’; la protección de las mujeres con la entrega de la Guía para la valoración del riesgo feminicida; y la adopción del protocolo Sin Barreras para personas en situación de discapacidad, que incorpora estándares de accesibilidad, lenguaje claro y garantías para su acceso a la justicia.

Como legado para el país, el ministerio deja estructuradas las bases de la reforma a la justicia, construida con la Comisión Asesora para enfrentar la congestión, la impunidad y las barreras. Además, entrega la hoja de ruta para la actualización del Plan Decenal del Sistema de Justicia, con una visión al 2038 orientada a fortalecer la presencia del Estado en los territorios y ampliar el acceso de la ciudadanía a la justicia.

El Gobierno 2022–2026 fortaleció la lucha contra el crimen transnacional, amplió el acceso a la justicia, consolidó nuevas garantías para las víctimas, los campesinos y todos los colombianos, y sentó las bases de las transformaciones para la próxima década.

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Política Nación

Director de la ANT defiende convenio con la SAE ante denuncias del equipo de empalme:“Quieren regresarle la tierra a la mafia”

El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, respondió este lunes a los cuestionamientos del comité de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella sobre el convenio suscrito entre la ANT y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

En un video publicado en sus redes sociales desde la finca La Primavera, en Puerto López (Meta), Harman aseguró que el acuerdo cuenta con “todas las garantías jurídicas, fiscales y constitucionales” y que los recursos entregados funcionan como un fondo de garantías ante eventuales litigios.

Con este manto de duda lo que están buscando es regresarle la tierra a la mafia”, afirmó Harman, rechazando los señalamientos del denominado “Equipo Dorado Anticorrupción” del proceso de empalme.

El funcionario explicó que el mecanismo permite, en caso de un revés judicial, devolver el valor económico equivalente del predio y no la tierra misma, protegiendo así a las familias campesinas beneficiarias de la reforma agraria.

“Me siento orgulloso de quitarle tierra a la mafia y entregársela a los campesinos del país”, agregó.

Según Harman, el convenio (Contrato Marco No. 5100 y otros contratos interadministrativos de 2024) ha permitido avanzar en la entrega de predios a población rural y cuenta con respaldo de revisiones jurídicas y fiscales.

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Política Nación

Gobierno nacional radicará el 20 de julio proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia

El ministro de Energía, Edwin Palma entregó otras dos soluciones energéticas solares en el departamento del Cesar.

​El ministro de Energía, Edwin Palma entregó otras dos soluciones energéticas solares e​n el departamento del Cesar.

Para defender la iniciativa, el Gobierno del presidente Gustavo Petro presentará estudios científicos y ambientales en los que se demuestran los riesgos que implica esta práctica extractiva para las comunidades y el ecosistema.

La iniciativa será liderada por los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y contará con el respaldo legislativo de la bancada del Pacto Histórico, aseguró el jefe de la cartera energética, Edwin Palma Egea.

“Es una iniciativa para proteger el agua, la vida y nuestros ecosistemas. Durante años se intentó vender el fracking como la solución para el país; incluso hubo gobiernos que impulsaron esa apuesta y fracasaron. Nosotros defenderemos la transición energética y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que esta práctica ponga en riesgo nuestros territorios y el patrimonio ambiental de los colombianos», dijo el funcionario.

Energía limpia para el ​Cesar

El anuncio del proyecto legislativo lo formuló el ministro Palma Egea durante la puesta en marcha de dos proyectos de energía solar en Becerril y Curumaní, departamento del Cesar, donde la cartera entregó 2.494 paneles solares que transformarán la vida de más de 4.300 habitantes.

La inversión en los dos programas será de $36.000 millones, y generarán 1.870 MWh (megavatio-hora) de energía limpia al año ampliando el acceso a energía limpia, confiable y asequible como parte de la Transición Energética Justa, y tendrán una vida útil de 25 años.

Los dos proyectos solares hacen parte de la estrategia nacional de Comunidades Energéticas, una de las principales apuestas del Gobierno del Cambio para cerrar las brechas históricas en el acceso, la calidad y la asequibilidad del servicio de energía, especialmente en las Zonas No Interconectadas, los territorios dispersos y las poblaciones vulnerables.

A la fecha, Colombia cuenta con 848 comunidades energéticas implementadas, que benefician a 567.558 personas, atienden a 42.200 usuarios, suman 29,68 MWp (Megavatio Pico) de capacidad instalada y representan una inversión superior a 382.913 millones de pesos.

“Estos proyectos demuestran que la democratización de la energía es una realidad que llega a los territorios históricamente excluidos, llevando energía limpia, reduciendo las brechas sociales y fortaleciendo la participación de las comunidades en la construcción de un sistema energético más justo y sostenible para Colombia», agregó el ministro Palma.

El Ministerio de Energía informó que las Comunidades Energéticas hoy son la principal plataforma de transformación territorial que impulsa la generación de energía con fuentes limpias, fortalece la participación ciudadana y promueve un desarrollo más equitativo y sostenible.

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Política Nación

Petro ordena que ningún establecimiento militar sea usado para la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella

El presidente Gustavo Petro ordenó que ningún cuartel o establecimiento militar o policial se utilice para la ceremonia de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, el próximo 7 de agosto.

En su pronunciamiento, Petro reafirmó que permanece como comandante supremo de las Fuerzas Militares hasta el momento en que el nuevo presidente jure el cargo. “Los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento que el nuevo presidente jure (…).

» Ordeno que ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia”, indicó.

El mandatario recordó que la transmisión de mando debe realizarse ante el Congreso en sesión plena, según la Constitución y las leyes. La decisión se da en medio de la controversia por la solicitud del presidente electo de realizar el acto en una guarnición militar, la cual fue rechazada por el Gobierno.

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Política Nación

Ante la Fiscalía, Misión Colombia Transparente denuncia que casi 4 millones de votos a favor de Iván Cepeda fueron producto de constreñimiento

Un manto de duda sobre la transparencia de la pasada jornada electoral ha sido puesto por la Fundación Misión Colombia Transparente. El director de la organización, el abogado Sergio Alzate, reveló que han instaurado una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por un presunto constreñimiento al elector que habría beneficiado con 3.949.159 votos al entonces candidato presidencial Iván Cepeda durante la segunda vuelta del 21 de junio.

De acuerdo con Alzate, el volumen de votos atípicos fue identificado tras un riguroso análisis técnico de las bases de datos electorales cruzado con el mapa de conflicto del país. La investigación de la fundación —que recopila cuatro años de veeduría electoral— apunta a que los incrementos de votación más drásticos coinciden geográficamente con regiones con fuerte presencia de cultivos ilícitos, minería ilegal y dominio de estructuras de las FARC y el ELN.

El análisis de la fundación destaca un comportamiento estadístico inusual entre la primera y la segunda vuelta presidencial en varios municipios de Antioquia y Nariño, departamentos históricamente golpeados por el conflicto armado. El caso más crítico se registró en el municipio de Campamento, Antioquia, que presentó el mayor crecimiento porcentual con un 401 % a favor de Iván Cepeda. Le siguen Angostura con un 241 %, Anorí con un 202 %, Ricaurte con un 95 %, López de Micay con un 85 %, Tumaco con un 83 % y Remedios con un 75 %.

Para la veeduría, estos picos resultan inexplicables por la vía política orgánica. Alzate argumentó que Iván Cepeda no recibió adhesiones de otros candidatos de la primera vuelta que justificaran tal comportamiento en las urnas, marcando un fuerte contraste con la campaña de Abelardo de la Espriella (apoyada visiblemente por figuras del Centro Democrático como Paloma Valencia), la cual no evidenció crecimientos de esa magnitud en dichas regiones.

La denuncia de Misión Colombia Transparente sostiene que los grupos armados no solo recurrieron a las amenazas directas, sino que desplegaron un control social y territorial absoluto para direccionar el voto. Entre las modalidades descritas se encuentran presuntas presiones directas sobre las Juntas de Acción Comunal para ordenar el respaldo a Cepeda, restricciones de tránsito a través de peajes ilegales, manejo de horarios de transporte y la exigencia de carnetización armada. Asimismo, se reportaron exigencias económicas de hasta 50 millones de pesos a líderes locales de la campaña de De la Espriella bajo amenazas de destierro, así como persecuciones posteriores a los comicios. Alzate aseveró contar con testimonios directos, audios y mensajes de texto donde miembros de las FARC y el ELN exigían el voto en favor del candidato.

Debido a la gravedad de los hechos expuestos, el director de la fundación confirmó que las acciones legales no se limitarán al ámbito local. El expediente será trasladado a la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como a agencias del gobierno de los Estados Unidos —incluyendo el FBI y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)— bajo la premisa de que los grupos implicados habrían financiado estas operaciones de coacción con dineros provenientes del narcotráfico. Cabe precisar que esta información periodística se basa en las declaraciones públicas y la denuncia penal expuesta por el abogado Sergio Alzate, cuyos pormenores y cifras de crecimiento municipal fueron revelados originalmente en una entrevista exclusiva concedida a la cadena radial La FM de RCN (La FM Fin de Semana).

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