Ante la Fiscalía, Misión Colombia Transparente denuncia que casi 4 millones de votos a favor de Iván Cepeda fueron producto de constreñimiento

Un manto de duda sobre la transparencia de la pasada jornada electoral ha sido puesto por la Fundación Misión Colombia Transparente. El director de la organización, el abogado Sergio Alzate, reveló que han instaurado una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por un presunto constreñimiento al elector que habría beneficiado con 3.949.159 votos al entonces candidato presidencial Iván Cepeda durante la segunda vuelta del 21 de junio.

De acuerdo con Alzate, el volumen de votos atípicos fue identificado tras un riguroso análisis técnico de las bases de datos electorales cruzado con el mapa de conflicto del país. La investigación de la fundación —que recopila cuatro años de veeduría electoral— apunta a que los incrementos de votación más drásticos coinciden geográficamente con regiones con fuerte presencia de cultivos ilícitos, minería ilegal y dominio de estructuras de las FARC y el ELN.

El análisis de la fundación destaca un comportamiento estadístico inusual entre la primera y la segunda vuelta presidencial en varios municipios de Antioquia y Nariño, departamentos históricamente golpeados por el conflicto armado. El caso más crítico se registró en el municipio de Campamento, Antioquia, que presentó el mayor crecimiento porcentual con un 401 % a favor de Iván Cepeda. Le siguen Angostura con un 241 %, Anorí con un 202 %, Ricaurte con un 95 %, López de Micay con un 85 %, Tumaco con un 83 % y Remedios con un 75 %.

Para la veeduría, estos picos resultan inexplicables por la vía política orgánica. Alzate argumentó que Iván Cepeda no recibió adhesiones de otros candidatos de la primera vuelta que justificaran tal comportamiento en las urnas, marcando un fuerte contraste con la campaña de Abelardo de la Espriella (apoyada visiblemente por figuras del Centro Democrático como Paloma Valencia), la cual no evidenció crecimientos de esa magnitud en dichas regiones.

La denuncia de Misión Colombia Transparente sostiene que los grupos armados no solo recurrieron a las amenazas directas, sino que desplegaron un control social y territorial absoluto para direccionar el voto. Entre las modalidades descritas se encuentran presuntas presiones directas sobre las Juntas de Acción Comunal para ordenar el respaldo a Cepeda, restricciones de tránsito a través de peajes ilegales, manejo de horarios de transporte y la exigencia de carnetización armada. Asimismo, se reportaron exigencias económicas de hasta 50 millones de pesos a líderes locales de la campaña de De la Espriella bajo amenazas de destierro, así como persecuciones posteriores a los comicios. Alzate aseveró contar con testimonios directos, audios y mensajes de texto donde miembros de las FARC y el ELN exigían el voto en favor del candidato.

Debido a la gravedad de los hechos expuestos, el director de la fundación confirmó que las acciones legales no se limitarán al ámbito local. El expediente será trasladado a la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como a agencias del gobierno de los Estados Unidos —incluyendo el FBI y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)— bajo la premisa de que los grupos implicados habrían financiado estas operaciones de coacción con dineros provenientes del narcotráfico. Cabe precisar que esta información periodística se basa en las declaraciones públicas y la denuncia penal expuesta por el abogado Sergio Alzate, cuyos pormenores y cifras de crecimiento municipal fueron revelados originalmente en una entrevista exclusiva concedida a la cadena radial La FM de RCN (La FM Fin de Semana).