Consejo de Estado rechaza tutela de alias ‘Pinocho’ y ordena enviarla a un juzgado administrativo
En medio de la persecución judicial y los operativos en su contra, Carmen Evelio Castillo Carrillo, conocido en el mundo criminal con el alias de «Pinocho» y señalado como máximo cabecilla de las Autodefensas de la Sierra, ha decidido acudir a los mecanismos de protección constitucional. A través de una acción de tutela interpuesta de manera conjunta con Fredy Castillo Carrillo, el procesado busca frenar los efectos de recientes decisiones expedidas por la administración central.
El recurso jurídico apunta de manera directa contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia y del Derecho, pretendiendo tumbar o frenar el alcance de las Resoluciones Números 348 y 349 del 28 de agosto de 2026, así como las resoluciones ejecutivas 353 y 354 emitidas apenas días después, el pasado 2 de septiembre.
Los accionantes argumentan que dichas normativas gubernamentales vulneran garantías sustanciales como el debido proceso, la defensa, la seguridad jurídica, la confianza legítima y la libertad personal.
No obstante, el intento de frenar el andamiaje jurídico del Gobierno ante la alta instancia de lo contencioso administrativo se estrelló con una pared de competencia. El Consejo de Estado dejó en claro que no cuenta con las facultades legales para asumir el estudio de este recurso. Citando las disposiciones vigentes del Decreto 799 de 2025 —el cual modificó el Decreto 1069 de 2015—, el alto tribunal recordó que cualquier acción de tutela dirigida contra actuaciones del presidente de la República o contra directrices de seguridad nacional debe surtir su primera instancia ante los jueces de circuito o autoridades de igual categoría.
En consecuencia, el expediente no fue admitido por la corporación y se ordenó su reasignación inmediata a un despacho de juzgado administrativo para que sea dicha instancia la que evalúe si admite o rechaza los reclamos del cabecilla armado, mientras este continúa siendo objetivo prioritario de la fuerza pública.
