Defensoría del Pueblo exige esclarecer la muerte de Donovan Balanta e investiga posibles hechos de discriminación racial
La Defensoría del Pueblo acompaña el caso de Donovan Balanta, un hombre afrodescendiente de 34 años que falleció el pasado domingo 20 de septiembre tras un procedimiento de la Policía Nacional realizado en el barrio Caracolí, en la zona limítrofe entre la localidad de Bogotá, Ciudad Bolívar, y el municipio de Soacha. Durante el procedimiento, Donovan fue reducido por uniformados de la Policía Metropolitana de Soacha y trasladado a un centro hospitalario, al que habría llegado sin signos vitales.
Las circunstancias del procedimiento están bajo investigación. La Policía Nacional abrió una investigación disciplinaria y separó del cargo a siete uniformados mientras avanzan las actuaciones, y Medicina Legal avanza en determinar las causas de la muerte. Desde que se tuvo conocimiento del caso, la Defensoría ha mantenido comunicación con allegados de la familia para brindarles orientación en la garantía de sus derechos, y ha hecho seguimiento a manifestaciones y plantones pacíficos. Asimismo, participó en una mesa técnica convocada por solicitud del Consejo Consultivo de Comunidades Negras de Soacha, con participación de la Alcaldía Municipal, donde se abordaron las preocupaciones sobre racismo y discriminación racial en el municipio. La institución expresó su solidaridad con la familia, seres queridos y amigos de Donovan, recalcando que tienen derecho a conocer lo ocurrido y a que las investigaciones establezcan la verdad y las responsabilidades con garantías de acceso a la justicia.
Este caso ocurre en un contexto donde, según lo constatado por el Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia y la Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley de las Naciones Unidas (EMLER) durante su visita al país en mayo de este año, persisten condiciones de racismo estructural, sistémico e histórico en Colombia. Entre los hallazgos de dicho Mecanismo se identificaron perfilamiento racial, uso excesivo de la fuerza contra jóvenes afrodescendientes y aplicación discriminatoria de comparendos y traslados.
Por todo ello, la Defensoría reitera que los procedimientos policiales deben estar libres de discriminación, garantizar un trato digno y desarrollarse con estricto respeto por los derechos humanos y el uso de la fuerza.
Ante estos hechos, la entidad solicitó a la Fiscalía General de la Nación avanzar en la investigación para determinar responsabilidades y establecer si hubo conductas asociadas a discriminación racial y perfilamiento. También instó a la Policía Nacional a avanzar en sus actuaciones internas con observancia del debido proceso y los estándares de derechos humanos aplicables, y reiteró a las autoridades la obligación de prevenir y erradicar la discriminación racial en sus actuaciones, cumpliendo las recomendaciones del Mecanismo de Expertos respecto a la prohibición del perfilamiento racial en la legislación y los protocolos policiales.
