La Defensoría del Pueblo exige recursos y soluciones estructurales a tres meses del sismo en el Chocó.
A tres meses del sismo de magnitud 7,4 que sacudió al país con epicentro en San José del Palmar (Chocó), la Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta sobre los múltiples obstáculos que aún enfrentan las comunidades damnificadas para recuperar sus condiciones de vida. De acuerdo con el balance institucional, la tragedia ha dejado más de 776.000 personas afectadas y supera las 123.000 viviendas destruidas o inhabitables, dejando en evidencia una preocupante brecha en la respuesta estatal y en la garantía de derechos fundamentales como la salud, la educación, la vivienda y las ayudas humanitarias.
El organismo defensorial advirtió que el Registro Único de Damnificados (RUD) presenta barreras significativas que impiden la incorporación de nuevos registros, la corrección de errores y la atención a daños ocasionados por réplicas, obstaculizando el acceso de las familias a los beneficios oficiales. A esto se suman las dificultades para la entrega oportuna de subsidios de arrendamiento y apoyos económicos —los cuales resultan insuficientes frente a unos tiempos de reconstrucción estimados entre 12 y 18 meses—, así como la falta de alternativas habitacionales seguras antes de proceder al cierre de los alojamientos temporales.
En el ámbito social, la situación sigue siendo crítica. Las verificaciones en terreno revelan una reducción en la capacidad de atención hospitalaria y demoras en consultas especializadas, entrega de medicamentos y autorizaciones en departamentos como Quindío y Risaralda. Del mismo modo, el sector educativo atraviesa una crisis profunda, con miles de estudiantes que aún no han regresado a la presencialidad, escuelas que operan en condiciones precarias —como carpas sin acceso adecuado a energía o servicios sanitarios— y retrasos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Por su parte, la población campesina, los trabajadores informales y los pequeños emprendimientos exigen apoyos urgentes para reactivar sus medios de vida y evitar una mayor profundización de su vulnerabilidad.
Uno de los hallazgos más alarmantes del informe es la enorme brecha de financiación que presenta el Plan de Acción Específico (PAE), la cual asciende a 50,08 billones de pesos, ya que el costo total estimado del proceso de recuperación se calcula en 58,29 billones y solo se cuenta con 8,21 billones identificados inicialmente. Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado imperativo al Gobierno Nacional, a la UNGRD y a las autoridades territoriales para garantizar la asignación de recursos reales, superar las trabas burocráticas y adoptar la gestión del riesgo de desastres como una estrategia de desarrollo sostenible con enfoque preventivo, diferencial y territorial.
